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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo un llamado al Estado Colombiano para que investigue el operativo militar del pasado 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el cual murieron 11 personas que el Ejército asegura eran disidentes de las Farc, pero, según los residentes de la zona, algunos de ellos eran civiles, pues pertenecían a comunidades indígenas y campesinas.
La CIDH, “insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.
Asimismo, explican que el Estado debe fortalecer su presencia en las zonas del país que se han visto afectadas por la violencia, pero hacen un llamado especial para la implementación integral del acuerdo de paz, manifestando que esto podría ayudar a resolver la situación de orden público.
Dicho lo anterior, explican que se debe “garantizar un diálogo con las organizaciones de los grupos étnico-raciales, comunidades tribales y campesinas del país a los efectos de concertar acciones que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos étnicos y comunidades campesinas del país”.
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