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La comisión accidental sesionó en Cúcuta para analizar los decretos derivados del estado de conmoción interior. Sin embargo, ven con preocupación que hasta la fecha no han conocido la totalidad de ellos.
A pesar de que la fecha para entregar el informe final es el 12 de febrero, algunos integrantes de la comisión expresaron su preocupación debido a la falta de información sobre algunos de los decretos que se están evaluando.
El presidente de la comisión, Duvalier Sánchez, lideró la audiencia pública que se realizó en Norte de Santander. En ella participaron gremios, líderes comunales, defensores de derechos humanos, asociaciones, alcaldes y el gobernador del departamento, quienes aprovecharon el espacio para expresar sus inquietudes. Sánchez comentó que, aunque se ha trabajado para escuchar a todos los actores sociales, persisten varias dudas sobre el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Uno de los temas que surgió durante la sesión fue la falta de condiciones para el retorno de los habitantes a las zonas más afectadas por la violencia, como los municipios, veredas y corregimientos del Catatumbo y otras áreas del departamento, golpeadas por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Farc. Los asistentes coincidieron en que aún no existen garantías de seguridad para los habitantes desplazados, lo que genera una creciente incertidumbre en la región.
Además, se expresó la preocupación de que los decretos no generen recursos adicionales para atender la emergencia, sino que simplemente flexibilicen los recursos ya destinados a la región. Esto podría comprometer la inversión en otros sectores clave como salud, educación y acueductos. En este sentido, Duvalier Sánchez subrayó que los decretos deben garantizar un traslado efectivo de recursos económicos para la atención humanitaria y el desarrollo de las zonas afectadas.
El presidente de la comisión también mencionó que aún no se ha recibido información sobre los decretos pendientes por parte de los Ministerios de Salud y Hacienda, necesarios para generar el recaudo estimado en un billón de pesos para la emergencia. Este aspecto será crucial para determinar la viabilidad de las medidas y su impacto real en las comunidades.
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Mañana, en Bogotá, se llevará a cabo otra audiencia pública en la que se espera contar con la presencia de varios ministros del gabinete, quienes explicarán los detalles de los decretos expedidos y su propósito para atender las necesidades de la población afectada.
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