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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado pidió a la Fiscalía que la reconozca como “interviniente” para participar en el proceso penal que se adelanta por los presuntos casos de corrupción originados en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Blu Radio conoció la carta de seis páginas enviada por el director de la Agencia, John Jairo Camargo Motta a la fiscal 79 especializada anticorrupción, Andrea Muñoz Arango, en la que le informa que la Agencia “ha seleccionado para intervención, atendiendo la relevancia del caso y en búsqueda de la protección del patrimonio del Estado, la investigación penal que actualmente adelanta su despacho, con ocasión de la denuncia que fue presentada por el secretario de Transparencia de Presidencia en el mes de febrero del año en curso”.
Dice la Agencia en el documento radicado ante la Fiscalía, que según información publicada por los medios de comunicación, “se tiene conocimiento que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se adelantó un proceso de contratación para adquirir 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos cuyo propósito era atender la situación de emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira” y posteriormente detalla las presuntas irregularidades cometidas en el caso".
Posible colusión de las tres empresas invitadas a cotizar en el proceso de adquisición de los bienes, para excluir a cualquier otro potencial oferente.
Hubo omisión de vigilancia por parte del ordenador del gasto, que redundó en la ineficiente gestión de los recursos públicos y en la materialización de sobrecostos.
Según la Contraloría no se sustentó la necesidad de contratar los carrotanques, no se efectuó un estudio de mercado que justificara su valor unitario, no hubo selección objetiva e idónea de las empresas que presentaron cotización y pudo existir un sobrecosto superior a los 7.000 millones de pesos.
El argumento para la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ante la Fiscalía para ser interviniente en el proceso penal de los carrotanques tiene que ver con que los hechos denunciados pueden constituir delitos contra la administración y el patrimonio públicos, en los cuales podrían ser víctimas la Unidad de Gestión de Riesgo y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo.
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Por eso, la petición de la Agencia es conocer y dilucidar el modo en el que ocurrieron los hechos y el presunto contexto de corrupción que se presentó en la compra de los 40 carrotanques, “para así evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir al interior de entidades públicas, prevenir los daños antijurídicos que estos actos de corrupción puedan haber causado y aminorar la responsabilidad patrimonial del Estado que la conducta de los exservidores públicos investigados pudiera generar”.
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