Durante su visita a Ecuador, la canciller Rosa Villavicencio se reunió con su homóloga Gabriela Sommerfeld para abordar la necesidad de un protocolo que garantice los derechos y la dignidad de los connacionales privados de la libertad en ese país y en proceso de deportación a Colombia.
Desde el 25 de julio, más de 1.000 colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas han sido enviados al país. Según cifras oficiales, solo 11 con órdenes de captura vigentes fueron entregados a la justicia; el resto quedó en libertad.
Aunque el Gobierno de Daniel Noboa defiende la legalidad de estas expulsiones, existe un acuerdo binacional vigente para 2024 y 2025 que fija procedimientos específicos, como la entrega de expedientes, plazos definidos y razones humanitarias. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que la actual repatriación masiva plantea interrogantes sobre el cumplimiento de esos tratados.
El convenio establece que el traslado solo procede si el delito es punible en Colombia, el condenado lo solicita, cumple un tiempo mínimo de pena y se verifican su identidad y nacionalidad. Con la deportación masiva que inició Ecuador, varios de estos pasos no se están respetando, lo que podría afectar la cooperación judicial entre ambos países.
Durante su visita a Ecuador la canciller abordó este y otros temas como el combate de la criminalidad en las fronteras y la conexión eléctrica.
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