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Embajada de EEUU en Colombia responde denuncias de explotación sexual de niñas indígenas en Guaviare

El cuerpo diplomático del país norteamericano se pronunció frente al presunto abuso y violencia sexual contra menores de varias comunidades indígenas en el sur del país.

BLU Radio. Menor de edad // Foto referencia AFP
BLU Radio. Menor de edad //
Foto: referencia AFP

La embajada de los Estados Unidos se pronunció en los últimos minutos frente a las denuncias de presuntos abusos sexuales en contra de niños indígenasde las etnias jiw y nukak.

El comunicado lo firma el portavoz de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Jhon Rhatigan, quien sostiene que el Ejército estadounidense no tiene presencia en el departamento del Guaviarey que no hubo presencia de soldados de ese Ejército en 2019, desvirtuando que un militar de ese país estaría implicado en estos graves hechos en el que se habría abusado de menores a cambio de comida y dinero.

Cierra el comunicado señalando que los Estados Unidos se toma en serio cualquier acusación y que están comprometidos a trabajar con las autoridades colombianas para investigar cualquier señalamiento de falta grave.

Vale recordar que la Procuraduría General de la Nación solicitó el martes a la Gobernación de ese departamento, así como a la Alcaldía de San José del Guaviare, el Icbf y la Defensoría del Pueblo que presentaran un informe detallado para conocer los pormenores y dar claridad a la situación que implicaría a menores de edad, con el objetivo de proteger los derechos de las comunidades jiw y nukak.

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De hecho, la Procuraduría también enfatizó que en ese informe se debe detallar las estrategias que se han implementado en el territorio para prevenir la explotación, acoso sexual y consumo de sustancias psicoactivas contra los menores de edad.

Ese Ministerio Público, en materia penal, solicitó a la Fiscalía, Icbf y Defensoría del Pueblo información detallada de las denuncias de explotación y violencia sexual de menores de edad entre 2019 y 2022. Lo anterior, para verificar y analizar si hay posibilidad de que haya algún presunto responsable de la fuerza pública, Policía Nacional o funcionario público.

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