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En medio de un proceso que ha generado tanto expectativas como controversias, el Gobierno y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), dieron a conocer los primeros compromisos de la mesa de diálogo instalada en Qatar. El jefe negociador por parte del Gobierno, Álvaro Jiménez, explicó los alcances de un plan piloto que se desarrollará en cinco municipios de Chocó y Antioquia, regiones históricamente afectadas por la violencia y la ausencia estatal.
“El horizonte de estas conversaciones es la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz en los territorios”, afirmó Jiménez en entrevista con Mañanas Blu, desde Doha.
El primer acuerdo contempla un plan piloto que abarcará los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en Chocó, y Dabeiba, en Antioquia. Estos territorios, donde el Estado ha tenido históricamente una presencia débil, han sido epicentro de la expansión del Clan del Golfo y sus economías ilegales, desde cultivos ilícitos hasta la minería no regulada.
Son municipios donde por décadas la institucionalidad ha sido insuficiente y en donde se han consolidado economías ilegales como la coca, la minería o el tráfico de madera. El propósito es disminuir la violencia y construir Estado social de derecho
El gobierno busca transformar estas dinámicas mediante inversión social, presencia institucional y garantías de derechos, especialmente para la niñez.
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Uno de los puntos centrales de los compromisos alcanzados es la protección de niños, niñas y adolescentes en los territorios priorizados. El Clan del Golfo se comprometió a cesar el reclutamiento forzado y a permitir la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para verificar y acompañar los procesos de restitución de derechos.
“No puede haber niños que aguanten hambre, que no tengan padres, que no tengan escuelas o acceso a la salud. Si un espacio no es seguro para los niños, no lo es para la comunidad entera”, señaló Jiménez, subrayando que esta será la primera prueba del cumplimiento del acuerdo.
Según lo pactado, el ICBF conformará un grupo de trabajo en el que participarán autoridades locales y voceros autorizados del EGC, con el objetivo de iniciar las restituciones desde el 1 de octubre.
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En línea con la política del presidente Gustavo Petro, el proceso busca reemplazar las economías ilegales por alternativas sostenibles y legales. En la región persiste la explotación ilícita de minerales, el cultivo de hoja de coca y el tráfico de cocaína.
Vamos a construir Estado social de derecho donde no lo hay, y eso implica transformar las economías ilegales en legales, con participación de las comunidades
No obstante, este enfoque ha generado debate, pues críticos consideran que el Estado debería ejercer su autoridad en estos municipios sin necesidad de pactar con estructuras criminales.
Aunque en la mesa aún no se han discutido beneficios jurídicos o penales, el Congreso colombiano tramita un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que definiría eventuales incentivos para la desmovilización.
“Todavía no hemos abordado la discusión de beneficios penales o entrega de bienes. Eso dependerá de la ley que se apruebe en el Congreso”, aclaró Jiménez, cerrando el debate sobre posibles concesiones anticipadas.
La elección de Doha como escenario de negociación también despertó interrogantes. Según Jiménez, la decisión respondió a motivos de seguridad y a la experiencia del Estado qatarí como mediador internacional en conflictos complejos.
“Qatar tiene una política de mediación reconocida y ofrece condiciones seguras para los equipos negociadores. Han acompañado procesos en Afganistán, Medio Oriente y América Latina, y esa experiencia fue clave para elegirlos”, detalló el jefe negociador.
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Aunque sectores políticos han criticado la elección por la cercanía de Qatar con grupos como Hamas, el Gobierno colombiano ha insistido en que la mediación es neutral y responde a un cálculo de garantías internacionales.
Finalmente, Jiménez confirmó que la negociación se adelanta con delegados autorizados por el Estado Mayor del Clan del Golfo, algunos de los cuales tienen órdenes de captura suspendidas desde hace diez meses. Los nombres de los voceros fueron incluidos en un documento público firmado al inicio de esta fase.
“Estamos con las personas que el Estado Mayor del grupo delegó como voceros. Algunos actúan como facilitadores, otros son parte de la estructura, pero todos tienen la responsabilidad de representar al EGC en esta mesa”, precisó Jiménez.
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El proceso con el Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más poderosas de Colombia, abre un nuevo capítulo en la política de paz total del presidente Petro. Si bien la iniciativa despierta escepticismo, el plan piloto en Chocó y Antioquia será la primera prueba para medir el compromiso del grupo y la capacidad del Estado de garantizar presencia institucional duradera.
Lo que buscamos es desmovilización, paz en los territorios y una oportunidad para construir un país diferente en las regiones más golpeadas por la guerra
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