"Es una degradación a la función pública": ex SuperSociedades por decreto del Gobierno Petro

Francisco Reyes Villamizar, exsuperintendente de Sociedades, calificó como una “degradación profunda de la función pública” la flexibilización de requisitos para nombrar superintendentes tras el Decreto 0226 del 8 de marzo de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro. "Suprimir los requisitos es reducir el nivel al mínimo posible como ha ocurrido en otros ámbitos, como el cuerpo diplomático”, señaló en entrevista con Mañanas Blu, sobre el decreto que reemplaza el 1817 de 2015, que exigía 10 años de experiencia específica y maestría obligatoria, por criterios mínimos que reducen la idoneidad de los funcionarios.Reyes recordó que la pertenencia de Colombia a la OCDE buscaba “poner al país al nivel de los más avanzados del mundo”. Sin embargo, considera que los nuevos decretos generan un retroceso en la calidad de la función pública. “Lo que estamos presenciando es una reducción de la calidad de los funcionarios y una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos”, afirmó, destacando que estas normas eliminan garantías de idoneidad e independencia que antes eran fundamentales.El exfuncionario advirtió sobre la improvisación que podría generar el decreto en entidades como la Superintendencia de Sociedades, la SIC y la Superfinanciera. “Habría que ver cómo resuelve el Consejo de Estado; es probable que diga algo contra los actos administrativos si decide que el nombramiento fue ilegal”, explicó. Según él, la eliminación de los requisitos genera riesgos graves para la gestión de estas entidades, que históricamente habían contado con personal altamente calificado y con manejo técnico sofisticado.Reyes también cuestionó la coherencia del Gobierno frente a los compromisos internacionales. “¿Para qué está pagando Colombia para pertenecer a la OCDE sino quiere cumplir las pautas? Es absurdo gastar semejante cantidad de recursos para no cumplir nada de la OCDE, que también le da prestigio al país”, afirmó. La flexibilización, según Reyes, afecta la reputación del país y la confianza en la administración pública, debilitando los estándares internacionales que se habían logrado.El nuevo decreto mantiene el libre nombramiento y remoción presidencial y deja opcional la invitación pública, mientras los requisitos de experiencia se reducen a un mínimo de 12 meses y un máximo de 84 meses según el nivel directivo. Reyes insistió en que esta medida representa un retroceso frente a la profesionalización de la función pública y alertó que sus efectos podrían manifestarse “hacia el futuro” con el nombramiento de individuos que no cumplan los requisitos mínimos establecidos por la ley.