El gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación por las presuntas inconsistencias en la firma de un contrato entre la Gobernación y la Fundación Chocó Saludable, por más de 2.000 millones de pesos.
El Ministerio Público evidenció que la mencionada fundación no tendría facultades jurídicas para cumplir con las actividades suscritas en el contrato.
De acuerdo con las autoridades, esa fundación debía adelantar ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental.
Además, esta debía adelantar formación en lactancia materna, sexualidad, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todo esto enfocado dentro de la pandemia del coronavirus.
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Para la Procuraduría, en este contrato no se soportó de que forma el contratista podía subcontratar con otras personas el desarrollo de estas actividades, lo que se constituye en una carecía de la capacidad técnica y administrativa.
El contrato fue firmado el 15 de abril de este año en plena crisis sanitaria y el Ministerio Público le reprochó al Gobernador la presunta vulneración de los principios de legalidad y responsabilidad de la función administrativa.
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Asimismo, la Procuraduría calificó la presunta falta del gobernador como gravísima a título de culpa en la apertura de pliego de cargos y argumentó que al mandatario le faltó planeación a la hora de suscribir el contrato y prever que “no iban a producir efectos reales para garantizar la salud de los chocoanos y la efectiva protección al personal médico”.
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