El Ministerio de Salud y Protección Social dejó claro su respaldo al aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco, una decisión que, según la entidad, representa una acción clave para proteger la salud pública y fortalecer la estabilidad económica del país. El pronunciamiento se dio en el marco del decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca responder de manera integral a problemáticas estructurales que afectan a la población colombiana.
Desde el ministerio se insistió en que esta medida no es únicamente fiscal, sino profundamente social. La entidad sostiene que elevar los impuestos a estos productos contribuye a salvar vidas, reducir enfermedades prevenibles y disminuir las muertes asociadas a su consumo. Al mismo tiempo, recalca que esta política permite reducir la presión sobre el sistema de salud y generar recursos esenciales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
El enfoque del Ministerio parte de una premisa clara: los llamados impuestos saludables benefician a toda la sociedad. Al encarecer productos nocivos, se desincentiva su consumo, se previene que niños y jóvenes inicien hábitos perjudiciales y se reduce la carga de enfermedad que hoy afecta a miles de familias. Para la entidad, esta es una herramienta efectiva para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.
Frente al alcohol, la entidad advirtió que esta sustancia se ha convertido en el principal factor de riesgo de muerte en personas entre 15 y 49 años. En ese contexto, el aumento de precios busca reducir el consumo intensivo y atacar de manera directa las enfermedades, lesiones y muertes asociadas. Las proyecciones oficiales indican que el consumo de vino disminuiría en un 20 %, pasando de 31,5 millones a 25,2 millones de litros. De igual forma, las bebidas con mayor grado de alcohol registrarían una reducción del 16 %, al pasar de 115 millones a 95 millones de litros consumidos.
En el caso del tabaco, el Ministerio recordó que, de acuerdo con el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Colombia mantiene precios de cigarrillos por debajo de los dos dólares, siendo de los más bajos de la región. Con el aumento de los impuestos, se proyecta que la comercialización de cajetillas de 20 unidades se reduzca de 409 millones a 244 millones. Este impacto estaría asociado a la posibilidad de triplicar la tarifa impositiva a los cigarrillos, lo que, según las estimaciones, permitiría salvar hasta medio millón de vidas.
A este panorama se suma el uso de vapeadores. Entre 2022 y 2024, cerca de 500 mil estudiantes en Colombia tuvieron acceso a estos dispositivos. Con la nueva medida tributaria, el consumo pasaría de 134 millones de mililitros a 67 millones de mililitros, una reducción que, para el Ministerio, resulta clave para frenar el avance de esta práctica entre niños y jóvenes.
La entidad también enfatizó que el consumo de alcohol y tabaco no solo genera altos costos en salud, sino que limita el desarrollo del país, amplía brechas sociales y afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, afirmando que el aumento de los impuestos no pone en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recursos departamentales. Por lo que, rechazó, de manera categórica los discursos que relacionan estas medidas con un aumento del comercio ilícito, señalando que esa narrativa ha sido impulsada por intereses industriales y no por evidencia independiente.
“Los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales”, señaló el Ministerio de Salud.
Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que su respaldo al aumento de impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco que fortalece la capacidad del gobierno para regular protege a la población de riesgos evitables y marca un avance decisivo hacia una política pública centrada en el bienestar colectivo.
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