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El debate sobre el manejo de la transición energética en Colombia escaló de tono con la aparición de nuevas voces que reclaman acciones urgentes de los órganos de control. Entre ellas, la del abogado Carlos Roncancio, representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), quien presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para investigar el destino de los recursos públicos asignados a este proyecto.
Su denuncia sostiene que la transición energética nunca se ejecutó de manera real y que pudo haberse convertido en una fachada para el uso irregular de fondos.
Roncancio asegura que el país fue engañado con la promesa de un cambio profundo hacia las energías limpias, mientras que en la práctica el proceso “nunca inició”.
Sus señalamientos se centran en OCENSA y en su presidente, David Alfredo Riaño Alarcón, a quien acusa de haber dirigido la empresa hacia un deterioro institucional marcado por la improvisación, el nepotismo, la desarticulación técnica y la ausencia total de liderazgo.
“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el jurista. Según él, la compañía se convirtió en el símbolo del engaño institucional: lo que el Gobierno impulsó como una estrategia seria, técnica y transformadora terminó reducido a una estructura burocrática sin resultados y plagada de intereses particulares.
Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico sino humano y moral. Señaló que no faltaron recursos ni tecnología: lo que faltó fue liderazgo capacitado. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.
El abogado también advirtió sobre el deterioro institucional en otras compañías del grupo, como CENIT, que —según dice— mantiene graves incumplimientos en materia laboral, incluyendo la negativa a instalar la mesa de negociación colectiva, en presunta violación de derechos fundamentales de los trabajadores.
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Por todo ello, Roncancio pidió a la Procuraduría asumir un papel más activo en la investigación de estos hechos y determinar responsabilidades en lo que considera el colapso de un proyecto que debió transformar el futuro energético del país. A su juicio, la transición energética, presentada como una idea innovadora y de impacto nacional, terminó convertida en “una mentira política sin resultados ni visión de país”, producto de la designación de “malos gerentes y peores asesores”.
El llamado de Roncancio se suma a una creciente presión social y gremial para que los organismos de control tomen medidas frente al uso de recursos, las fallas administrativas y la pérdida de credibilidad de una política que prometió transformar la matriz energética de Colombia, pero que —según estas nuevas denuncias— se quedó en el discurso.
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