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El más reciente boletín del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la Coalico, que analiza el periodo enero a junio de 2025, revela un panorama alarmante: 362.243 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de hechos asociados al conflicto armado y las violencias conexas en el país.
Durante el semestre, se registraron 125 eventos que implicaron afectación directa a esta población, confirmando que la niñez sigue siendo uno de los sectores más vulnerables frente a la guerra.
Los departamentos más golpeados por estas dinámicas fueron Cauca, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, territorios donde confluyen actores armados ilegales y una alta presencia de economías ilícitas.
Entre los hechos documentados se encuentran ataques y ocupación de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles; bloqueos de suministros y servicios básicos, desplazamientos forzados y refugios masivos, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes; así como violaciones a la vida, la integridad y la libertad personal.
Estas acciones no solo vulneran los derechos fundamentales, sino que, además, profundizan la crisis humanitaria en comunidades históricamente marginadas.
El informe también detalla la presunta responsabilidad de los actores armados ilegales. El ELN aparece como el principal señalado (56,98 % de los casos), seguido por los Shotas/Espartanos (20,93 %), las disidencias de las Farc-EP (19,77 %) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (2,33 %).
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A ellos se suman otras estructuras como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera y diferentes frentes disidentes.
El ONCA advierte que la situación refleja una deuda persistente del Estado colombiano en la protección integral de la niñez en contextos de conflicto, al tiempo que ratifica la urgencia de implementar medidas efectivas de prevención, atención y reparación para esta población.
En conclusión, el informe confirma que la guerra en Colombia continúa cobrándose la vida, la libertad y la dignidad de miles de niñas, niños y adolescentes, lo que exige acciones inmediatas y coordinadas del Estado y de la comunidad internacional para frenar estas graves vulneraciones.
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