Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El sábado 22 de junio de 2024 comenzó como un día frío y lluvioso en el municipio de Subachoque. Jenny Esperanza González, de 35 años, había trabajado hasta el mediodía y regresó a casa para compartir con su madre y su hija de 13 años. Según el testimonio de Pastora Castro en entrevista con Más Allá del Silencio del Rafael Poveda, su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, “llegó harto tomado” y desde temprano repetía que “le habían dañado los planes”. Almorzaron juntos, pero la tarde avanzó entre más licor y discusiones. “Que yo no quiero más, Lorenzo, yo no quiero más”, le habría dicho Jenny en medio de la madrugada, mientras él insistía: “Écheme más porque yo quiero más”.De acuerdo con el relato de la madre, la tensión se extendió hasta el amanecer. Hacia las seis de la mañana, Pastora decidió irse del lugar junto con su nieta. Horas después, sobre las 2:30 o 3:00 de la tarde, recibió una llamada desde el celular de su hija. “Doña Pastora, salga a la avenida que voy con Jenny, que se prendió candela”, le dijo el conductor de la ambulancia. Minutos más tarde, el propio Lorenzo la contactó para darle su versión: “Esa loca se prendió candela, yo no sé con qué, con whisky”. Cuando la madre le preguntó por qué no la acompañaba, él respondió: “No, por mi estado, yo no fui”.Jenny fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Facatativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo, principalmente la espalda y el torso. Durante varios días permaneció sedada, pero alcanzó a declarar ante las autoridades. Según su testimonio, estaba agachada en el patio cuando sintió “el fogonazo en la espalda” y en cuestión de segundos el fuego se extendió al pecho. “Yo empecé a gritar… le decía que me auxiliara”, relató. También contó que sus dedos quedaron desollados al intentar apagarse las llamas. “Mírenme las uñitas, mírenme los deditos”, alcanzó a decir.El 23 de agosto de 2024, tras dos meses de lucha médica, Jenny falleció por la gravedad de las heridas. Antes de morir, pidió volver a hablar con la Fiscalía. “Hagan el favor y llamen otra vez a la fiscalía”, solicitó al personal médico cuando le permitieron ver la profundidad de sus quemaduras. Para su madre, no hay dudas sobre lo ocurrido ese día: “Eso no se le hace ni al peor enemigo”, afirma. El caso generó indignación en Subachoque y abrió un proceso judicial en el que el señalado fue acusado de homicidio agravado, mientras la familia insiste en que se haga justicia por lo que Jenny denunció antes de morir.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).Por otra parte, desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas, donde fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.Varias ya han sufrido problemas de salud, de las cuales una de ellas se desmayó un par de veces y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó ocurriría "a más tardar" este pasado viernes.Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.
Deportivo Cali tomó aire este domingo al vencer por 1-0 al Atlético Nacional con un gol del argentino Juan Ignacio Dinenno, un resultado que frenó el invicto del conjunto verdolaga y alivió la presión sobre el técnico Alberto Gamero en la séptima jornada de la liga colombiana.El delantero marcó el único tanto del partido en el comienzo del segundo tiempo con un golpe de cabeza tras un centro de Luis Manuel Orejuela, en un encuentro jugado en el estadio Palmaseca.El portero peruano Pedro Gallese también fue clave para el triunfo del equipo azucarero al evitar el empate con varias intervenciones.Con este resultado, el Cali frenó una racha irregular en el campeonato, mientras que Nacional sufrió su primera derrota de la temporada tras tres partidos que llevaba invicto.El sábado, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 y se mantuvieron en la cima del campeonato con 14 puntos.El equipo nariñense se adelantó con un autogol del defensor Carlos Vivas, pero Internacional igualó posteriormente con un tanto de Larry Vásquez tras un tiro libre.Deportes Tolima venció este domingo por 2-1 a Once Caldas con un gol en los minutos finales de Kevin Flórez y llegó a 12 puntos, con lo que se mantiene en la pelea por los primeros lugares.Millonarios gana, pero preocupa FalcaoMillonarios derrotó el sábado por 2-1 a Llaneros en Bogotá con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, en un partido en el que el delantero de 40 años Radamel Falcao García salió lesionado.El atacante abandonó el campo al final del primer tiempo por molestias musculares, al igual que Contreras, lo que generó preocupación en el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos.Esta fue la segunda victoria consecutiva del equipo capitalino, que lo aleja de los últimos puestos de la clasificación.Por su parte, Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira pese a jugar la mayor parte del partido con diez hombres tras la expulsión de Francisco Chaverra.El equipo visitante se adelantó con un gol de Marco Pérez, pero Léider Berrío rescató el empate para el conjunto local en la segunda mitad.La séptima jornada continuará este lunes con el partido entre Fortaleza y Boyacá Chicó en Bogotá, mientras que el martes se disputarán los encuentros Alianza Valledupar-Cúcuta Deportivo y Jaguares-Independiente Santa Fe.El miércoles se cerrará la fecha con el duelo entre Junior y América de Cali en Barranquilla.
Hay conmoción en Las Cruces, Nuevo México, tras la captura de Sonia Cristal Jiménez, de 38 años, señalada de presuntamente causar la muerte de su hija recién nacida. El caso salió a la luz el pasado 7 de febrero, cuando la mujer ingresó al Memorial Medical Center con signos recientes de parto, pero sin el bebé. El personal médico notificó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a una investigación que se extendió hasta el sector de Burn Lake Road.De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo de la menor fue hallado dentro del tanque de retención de un baño portátil ubicado en esa zona. Según el reporte policial, la pareja de la mujer la había llevado al hospital al notar una emergencia médica, bajo la creencia de que se trataba de un aborto espontáneo. Las autoridades indicaron que previamente ambos habían estado en el área donde se encontraba el sanitario. Un equipo del Departamento de Bomberos realizó la recuperación del cuerpo.El resultado de la autopsia estableció que la bebé nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El dictamen forense señaló la presencia de líquido químico en las vías respiratorias y el estómago de la recién nacida, lo que confirmó que respiró antes de fallecer. El jefe de la Policía local calificó el caso como uno de los más graves y perturbadores atendidos por la institución.Jiménez fue imputada por abuso infantil intencional con resultado de muerte, un delito grave de primer grado, y permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana. Las autoridades precisaron que su pareja no enfrentará cargos, al no existir evidencia de que tuviera conocimiento del parto ni de lo ocurrido en el baño portátil. Por ahora, el proceso judicial continúa.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
En medio de la crisis que se vive en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y la expectativa por la reunión extraordinaria para solicitar estas diferentes, se conoció un nuevo pronunciamiento de esta guerrilla. El encargado de hacerlo fue Antonio García, máximo comandante del grupo armado ilegal, insistió en que el gobierno debe reconocer su error.Luego de que el ELN asegurara que el anuncio de un cese del fuego bilateral con el Gobierno no había sido pactado, lo que causó una ruptura en la mesa, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que estas organizaciones delictivas tendrían dos puertas: "O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar".Ante esto, García respondió al jefe de estado en la misma red social y dejó en claro la postura de este grupo."A veces se dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada", publicó. Y posteriormente, agregó: "El ELN no tiene disyuntivas para tomar un camino u otro, desde hace 60 años hemos sido y somos de Liberación o Muerte".Para el líder de la insurgencia, "El ELN existe para ayudar a que Colombia sea más justa y más democrática. Para que Colombia sea para todos. Y concluyó: "A mucho honor somos Camilistas".Esta respuesta del comandante del ELN se dio a conocer a pocos días para que se reanuden las negociaciones del ELN con el Gobierno en Caracas, Venezuela, para poner fin a las dificultades que se han registrado desde el anuncio hecho por el presidente Petro de un cese al fuego bilateral.Le puede interesar:
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió en Noticias de la Mañana de Blu Radio acerca de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, pese a la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco del proyecto de la paz total.De acuerdo con Cepeda, esta determinación del organismo investigador va a tener que ser cambiada, debido a que en su concepto desconoce la ley, pues hay un precepto jurídico, el parágrafo segundo del artículo 8 de la la Ley 2272 del 2022, que le permite a Petro solicitar la suspensión de estas órdenes."Ahí dice claramente que grupos que se estén siendo parte de un proceso de sometimiento a la justicia, sus representantes pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento; sino que para esos efectos recibir el levantamiento de órdenes de captura", manifestó el congresista.Desde su óptica, el fiscal general, Francisco Barbosa, "ha desconocido olímpicamente esa norma" y por lo tanto tendrá que cambiar su decisión. Así que dijo estará atento a ver mediante qué vía legal se produce este hecho, en pro de avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal."Nadie ha planteado que con el Clan del Golfo y con otros grupos ligados a las economías ilícitas se esté planteando un proceso de diálogo político. No sé de dónde surge esa afirmación en la carta del fiscal. Una vez corrija ese malentendido, que puede ser parte de una lectura equivocada, pues puede proceder a levantar las órdenes de captura", manifestó Cepeda.Para el senador, este un proceso que debe surtirse con eficacia y para lo cual debe haber toda la colaboración de la Fiscalía. Del mismo modo, espera que con un diálogo constructivo se supere esta situación. "Están ocurriendo hechos de violencia que conocemos y que deja un saldo lamentable y es una situación que debe ser objeto de tratamiento", indicó.El parlamentario explicó que una vez que hay un acercamiento y se verifica que hay una voluntad real de estos grupos de adelantar un proceso, el paso siguiente es identificar cuáles son los demás requerimientos para que el acogimiento a la justicia y la reincorporación social se produzca. Por lo pronto, el primer requisito para avanzar es el de suspender las órdenes vigentes.Es claro para el congresista que se está "ante una política que se está estrenando en el país, la de paz total, que tiene unas visiones diferentes e innovadoras a los parámetros que tradicionalmente se han adoptado y es comprensible que haya debates jurídicos. Pero poco a poco se entrará en una normalidad y en la ejecución de las decisiones de una manera eficaz", precisó el senador.Frente a este tema, el ministro del Interior y vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, dejó en claro que el Gobierno respeta la decisión tomada por el ente acusador de negar la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra estos insurgentes, pero que desde el Ejecutivo se insistirá en esta petición.Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pidió que se levantaran los procesos judiciales en contra está Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo': quien pasó a ser el máximo cabecilla del 'Clan del Golfo', tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Después de que el ELN se pronunciara el pasado 9 de enero y advirtiera que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por “imposiciones unilaterales”, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla.El primer mandatario replicó unas declaraciones que hizo en la tarde de este martes, 12 de enero, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras. “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, vaticinó Petro, haciendo referencia al ELN.Barreras, en los comentarios a los que complementó el jefe de Estado, advirtió que, el ELN de no construir una paz total, pasaría a la historia como una guerrilla que “se degeneró en narcotráfico”."El ELN empezó su insurgencia hace 60 años, con unas ideas de exigencias sociales (...) O pasan a la historia como constructores de la paz total, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico", sostuvo el presidente del Senado.Cabe recordar que el anuncio de esta guerrilla llegó después de que Petro decretara un cese al fuego bilateral con diferentes grupos armados del país, sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el ELN, argumentaron ellos, porque “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.En el mismo comunicado del pasado 9 de enero, el ELN aclaró que, pese a este encontrón con el Gobierno, siguen “pendiente para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos acordado.Además, se conoció este martes también una carta que envió Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, en la que invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno.Le puede interesar:
En una carta corta, pero concreta, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno, según ha dicho la guerrilla.“De este modo, estaré presto a conversar con usted, Antonio, si así lo desea, en el lugar y condiciones que el Gobierno, el presidente Petro y las autoridades lo permitan. Mi deseo es aportar un grano de arena en la titánica tarea de lograr la paz total que anhela la nación colombiana”, escribió Londoño.Dice Londoño que este tipo de desencuentros y contradicciones que surgieron por el anuncio de un cese al fuego bilateral, que no había sido acordado, pueden ser propias de este tipo de conversaciones, pero debe ser atendido con rapidez y para ello es vital la participación de facilitadores externos y expertos.“Confío en que las deliberaciones internas en el conjunto de la militancia del ELN nutrirán con propuestas encaminadas a alcanzar con prontitud un acuerdo de paz con el Estado colombiano, para tales efectos pongo a disposición la experiencia de las extintas Farc”, agregó Londoño.Entre los argumentos que presentó el hoy líder político está que ellos, en su proceso para llegar al acuerdo de La Habana, se enfrentaron a muchos obstáculos, incluso, de personas que hacían parte del Gobierno.“Los acuerdos (...) nos mostraron que los enemigos de la paz son fuertes y poderosos. Sin embargo, ninguno de ellos hace parte del actual Gobierno y, por el contrario, acechan cualquier intento de solución negociada al conflicto que persiste en el país, pero este Gobierno (...) está profundamente comprometido con lograr un silenciamiento de los fusiles…”, puntualizó.Le puede interesar:
La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo este jueves Human Rights Watch (HRW).En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.Como consecuencia, unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las Farc.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, agrega el informe.Le puede interesar:
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.