En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El nuevo régimen laboral argentino, convertido este viernes en ley tras ser ratificado por el Congreso, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores y limita el derecho a la huelga, entre otros cambios radicales de las condiciones de trabajo en un país con una larga historia de lucha obrera.La nueva ley, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor y que llegó al Legislativo a instancias del presidente argentino, Javier Milei, modifica una normativa de 1976.A continuación se detallan los principales cambios que implementa la nueva normativa:Indemnizaciones por despidoLa nueva ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y excluye del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.Las empresas podrían abonar las condenas judiciales en cuotas: hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes.Se creará, además, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.Salarios y antigüedadLa nueva ley permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional.El antiguo régimen contemplaba mantener la antigüedad de un trabajador que se reincorpore a un puesto de trabajo, pero la nueva normativa no computa los años trabajados en el pasado si han transcurrido dos años entre el cese de la actividad y la reanudación del vínculo.Vacaciones y horas extrasLas vacaciones se podrán fraccionar a partir de ahora en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival, en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.Mientras la ley anterior establece el pago de las horas extra, la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite que el tiempo extra trabajado se pueda acumular como un saldo a favor del trabajador y ser compensado con días libres o jornadas de trabajo reducidas.Derecho a la huelgaLa norma amplía el listado de sectores considerados esenciales: no se podrá prestar menos del 75 % del servicio en caso de huelga.A los ya previstos —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Y las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100 % de su prestación.Se crea la categoría “servicios de importancia trascendental”, que deberían asegurar al menos el 50 % de su funcionamiento, entre ellos, transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.Representación sindicalSe modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, al establecer que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.La norma tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a una medida de fuerza.Y habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.Convenios colectivosLa nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo sigue vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. Así, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.Dispone que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los de mayor alcance, es decir, los sectoriales.La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigor 180 días después de la sanción de la ley.
El contact center en Colombia deja de ser mero soporte para convertirse en el "cerebro relacional" de las empresas, impulsado por IA y analítica avanzada en un 2026 clave para la transformación digital.“En Colombia, la experiencia del cliente ya no se construye solo desde la tecnología. Se construye desde las personas, el conocimiento que se genera en cada interacción y la capacidad de transformar esos datos en decisiones que impactan el negocio”, señaló Sandra Gibert, CEO de Intelcia Spanish Region.Transformación EstratégicaEn febrero de 2026, el sector CX colombiano evoluciona rápidamente: de resolver incidencias a generar inteligencia empresarial mediante datos de interacciones diarias, según el Observatorio AEERC 2025 y expertos de Intelcia. Solo el 5 % de empresas globales aplica IA con impacto real, pero en Colombia el talento local y hubs como Bogotá posicionan al país como referente BPO de alta complejidad. Esto humaniza la tecnología, priorizando empatía y métricas como Customer Lifetime Value (CLV) sobre tiempos de atención.Tendencias 2026 en CXLa IA generativa y agentes inteligentes resuelven hasta el 55 % de casos para 2027, liberando humanos para tareas complejas, alineado con proyecciones locales de ventas adicionales del 20% vía IA. Hiper-personalización predictiva y optichannel anticipan necesidades, mientras Colombia acelera adopción: 90 % de líderes CX ven IA como motor principal. Intelcia, con operaciones en Bogotá y Medellín, lidera vía su hub Evoluciona, integrando analítica ética y supervisión humana.“La innovación que realmente transforma es la que se funciona en operaciones reales. En Colombia, el reto no es adoptar IA, sino aplicarla con sentido, supervisión humana y un impacto claro en la experiencia del cliente y en los resultados del negocio”, agregó Gibert.El desafío no es adoptar IA, sino integrarla con contexto cultural para cerrar la "brecha de valor AI", como advierte Boston Consulting Group. En un mercado maduro, contact centers aportan visión estratégica y gobernanza ética, fortaleciendo fidelización y diseño de productos. Para empresas colombianas, 2026 marca "no retorno" a la IA en atención al cliente, potenciando competitividad global.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de azar hace parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el resultado oficial con la ilusión de ganar.Resultado oficial Sinuano Noche – 27 de febrero de 2026En el sorteo realizado el viernes, 27 de febrero de 2026, el número ganador fue: 6390 - 9.Detalle del resultado:Número ganador: 6390.Dos últimas cifras: 90.Tres últimas cifras: 390.La quinta: 9.Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda siempre contrastar la información con los canales oficiales del operador autorizado para evitar errores o confusiones.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión.Este horario fijo permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y saber exactamente cuándo revisar si su número resultó favorecido.Modalidades de juego del Sinuano NocheUno de los grandes atractivos del Sinuano Noche es la variedad de opciones para apostar. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.Las principales modalidades son:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.Gracias a esta estructura, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y sencilla.Cómo jugar Sinuano Noche en línea en ColombiaEl Sinuano Noche también puede jugarse en línea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.El proceso para jugar en línea incluye:Crear una cuenta en un operador autorizado.Validar la identidad del usuario, requisito obligatorio según la normativa colombiana.Recargar saldo mediante métodos habilitados como PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales.Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de apuesta.Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.Esta alternativa permite apostar sin desplazarse a puntos físicos y consultar los resultados en tiempo real.Requisitos para reclamar un premio del Sinuano NocheEl proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.Documentos requeridosTiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el monto (UVT)Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.Cumplir con estos requisitos agiliza el trámite y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.Últimos resultados del Sinuano NocheEstos fueron los números ganadores en los días anteriores:26 de febrero de 2026: 4396 - 525 de febrero de 2026: 8640 - 024 de febrero de 2026: 6328 – 423 de febrero de 2026: 5057 – 5El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la expectativa constante de miles de jugadores que, cada noche, esperan que la suerte esté de su lado.
El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en Colombia. Gracias a su amplia presencia en distintas regiones del país y a su mecánica sencilla, miles de jugadores revisan cada noche los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.Número ganador de Caribeña Noche – 27 de febrero de 2026En el sorteo realizado el viernes, 27 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 4358 - 2.Detalles del resultado:Número ganador: 4358.Dos últimas cifras: 58.Tres últimas cifras: 358.Quinta balota: 2.Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar siempre la información con los canales oficiales del operador para confirmar cualquier premio.La constancia del sorteo durante todo el año y la facilidad para participar han convertido al Caribeña Noche en una de las alternativas preferidas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia.¿A qué hora juega Caribeña Noche?El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. Este horario fijo permite a los apostadores saber con precisión cuándo revisar sus números y confirmar si resultaron ganadores, facilitando el seguimiento diario del juego.Modalidades de apuesta en Caribeña NocheCaribeña Noche ofrece diferentes modalidades de juego, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio. El valor a pagar depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan.Entre las principales opciones se encuentran:Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar la posición.Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra (uña): coincide únicamente el último dígito.Este esquema mantiene una dinámica clara, práctica y fácil de entender para todo tipo de jugador.Valor de las apuestas en Caribeña NocheUno de los factores que impulsa la participación es su rango de inversión accesible:Valor mínimo: $500 pesosMonto máximo por apuesta: $10.000 pesosEsta flexibilidad permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.Cómo jugar chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.El proceso habitual para apostar al Caribeña Noche por internet incluye:Crear una cuenta en un operador legal autorizado.Validar la identidad del usuario (requisito obligatorio).Recargar saldo mediante medios habilitados como PSE o transferencias bancarias.Seleccionar el sorteo Caribeña Noche, elegir el número y la modalidad de apuesta.Confirmar la transacción y conservar el comprobante digital.Utilizar plataformas oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para quienes participan diariamente.Últimos resultados de Caribeña NocheA continuación, el historial reciente del sorteo:26 de febrero de 2026: 9429 - 2.25 de febrero de 2026: 7581 - 624 de febrero de 2026: 5771 - 523 de febrero de 2026: 7958 - 7Con sorteos diarios y múltiples modalidades de juego, Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia.
Alias ‘Jairo Mechas’ aseguró que sus hombres están en tres zonas preagrupados y que el Ejército está notificado de sus movimientos. “Un incumplimiento flagrante de la orden presidencial del cesa bilateral al fuego”, dijo alias ‘Jairo Mechas’ a Noticias Caracol. Aseguró que sus dos compañeros asesinados en Santa Rosa de Lima, sur de Bolívar, fueron atacados en forma deliberada por parte del Ejército. “En el momento que estaba llamando por teléfono fue atacado por una patrulla del Ejército. Le disparó un francotirador y lo asesinó. La compañera Mónica al percatarse del hecho que había ocurrido se acercó y también la asesinaron”, relató. Según alias ‘Mechas’, los guerrilleros muertos no estaban delinquiendo, sino socializando los acuerdos. Las Farc han expresado su confianza en que pronto se solucione este impase con el informe de la Comisión de Monitoreo y Verificación.
A través de una carta firmada por el presidente de la colectividad, David Barguil, el Partido Conservador le pidió al presidente Juan Manuel Santos que el nuevo acuerdo de paz sea refrendado nuevamente por los colombianos. Barguil expresó su “preocupación” por la posibilidad de que el nuevo acuerdo no sea sometido a la votación popular lo cual asegura garantizará la “sostenibilidad del mismo”. Asegura que el Partido reconoce el esfuerzo por parte de las partes negociantes por mejorar los acuerdos logrados en La Habana por lo cual piden al presidente que se “ despejen todas las dudas que hoy existen en torno a la refrendación del nuevo acuerdo de paz”. Agregan que esperan que se confirme “con grandeza democrática, que será el pueblo con su voto el que decidirá nuevamente si lo acordado tiene una aceptación lo suficientemente amplia para empezar a implementarse”. Esta es el carta completa: “Respetado Señor Presidente, me dirijo a usted con el fin de expresarle mi preocupación por la tesis que ha venido defendiendo un sector importante de los partidos que integran la coalición de Gobierno, en el sentido de que no es necesario que el nuevo acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC sea refrendado popularmente por los colombianos. Desde el Partido Conservador reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Gobierno Nacional y las FARC por mejorar lo inicialmente acordado en la Habana y celebramos el compromiso y el esfuerzo de alcanzar esa paz que anhelamos todos los colombianos; sin embargo, consideramos que la legitimidad y el consenso político que necesita este nuevo acuerdo para que ponga fin no solo a la polarización de la sociedad sino para que sea sostenible en el tiempo, depende de que sea el pueblo el que lo avale. Si bien es posible iniciar la implementación del nuevo acuerdo de paz por vía congresional, haciendo uso de las mayorías con las que cuenta el Gobierno en esta corporación, tal decisión no sería otra cosa que un atropello a la voluntad de los colombianos que ya se manifestó en las urnas expresando su desacuerdo con lo inicialmente pactado. Lo que negó el pueblo solo puede ser viabilizado nuevamente por ese mismo pueblo. Por esta razón, le solicitamos señor presidente que se despejen todas las dudas que hoy existen en torno a la refrendación del nuevo acuerdo de paz suscrito con la guerrilla de las Farc, confirmando, con grandeza democrática, que será el pueblo con su voto el que decidirá nuevamente si lo acordado tiene una aceptación lo suficientemente amplia para empezar a implementarse. No olvidemos que la Constitución de 1991 hizo el transito de una soberanía nacional a una soberanía popular. No busquemos salidas traseras, apelemos al pueblo y busquemos su apoyo mayoritario. Enseñémosle a las FARC y a los demás grupos alzados en armas como se resuelven las diferencias en democracia. Cordial saludo, DAVID BARGUIL ASSISPresidente Partido Conservador”
En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos un grupo importante de empresarios celebraron el nuevo acuerdo de paz y calificaron como positivas algunas de las modificaciones que se realizaron. “Sin duda, el nuevo acuerdo representa un mejoramiento sustantivo frente al anterior, con cambios positivos en prácticamente todos los temas que preocupan los colombianos. Se destacan avances en los temas de justicia, reparación y no repetición, que constituyen el eje de la negociación”, dice la misiva. También destacan que haya una narrativa positiva frente al “papel fundamental de la libre empresa, y en general de la iniciativa privada, en el desarrollo del país”. “Consideramos que, en los procesos de reglamentación e implementación, habrá espacios para perfeccionar lo acordado (…). Desde el sector empresarial reiteramos nuestro interés y nuestra responsabilidad de participar en estas próximas etapas”, señala el texto. Esta es la carta
Pastrana, en un comunicado emitido través de sus redes sociales, manifestó: “Tras su victoria en las urnas los partidos del no se acercaron patrioticamente al gobierno para buscar un nuevo acuerdo con las Farc y gobierno recibió sus propuestas y la llevó a la Habana en pocos días sin admitir presencia ni de unidades no se firmó en consulta mente en contra del resultado electoral”. Pastrana además agregó que “contra lo prometido el texto se ocultó mientras el presidente lo anunciaba en Bogotá a su manera y las Farc lo celebraban desde Cuba”. También crítico fuertemente al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que va en contravía de la ley y de una resolución judicial, emitida por la corte constitucional que le ordena respetar la voluntad de la mayoría o sea él no en el plebiscito. El expresidente Pastrana fue uno de los líderes del no en el plebiscito por la paz que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Hay pronunciamiento de la Organización de Estados Américanos expresando su preocupación por el aumento de los asesinatos de líderes de izquierda, de cara a la puesta en marcha del proceso de paz. -El expresidente Andrés Pastrana lanzó duras críticas al nuevo acuerdo de paz y pidió que haya otro plebiscito para su refrendación. -En confusos hechos, dos personas resultaron heridas y un policía murió tras atender una riña. -Se reunieron brevemente los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Uno de los temas tiene que ver con las opciones que se evalúan para reducir la violencia en Siria. -Ángela Merkel oficializó hace pocos minutos en Berlín su candidatura a un cuarto mandato como canciller en 2017 y advirtió que las elecciones del próximo año en Alemania serán unas de las más difíciles que haya enfrentado. -Hay elecciones atípicas en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, para elegir a su alcalde. El registrador nacional Juan Carlos Galindo, dijo que trasladó a las autoridades las denuncias que ha venido recibiendo sobre posibles irregularidades, pero dice que la jornada ha transcurrido con normalidad y transparencia.
Miembros de las Farc recluidos en la cárcel de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, le solicitaron a la comisión tripartita de la ONU que verifique de manera rápida las circunstancias en las cuales murieron los guerrilleros en el sur departamento de Bolívar. Los guerrilleros presos hacen este llamado luego que a mitad de semana resultaran muertos alias ‘Juaco’ y alias ‘Mónica’, en combates con el Ejército, y que según estos últimos los enfrentamientos se produjeron porque ellos (guerrilleros) estaban involucrados con bandas criminales. “Preguntamos al Gobierno de Juan Manuel Santos, si este es el escenario que nos espera en la civilidad, donde enemigos de la paz se agazapan y atrincheran en atentados, amenazas y provocaciones, y luego con mentiras salen a justificar sus venalidades y felonías”, añade el comunicado. El cierre de la carta es: “La paz vino para quedarse, no dejemos que los enemigos de la paz frustren esta oportunidad histórica”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".