En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques "de gran envergadura" contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán."Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense."Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que "la hora de su libertad está al alcance de la mano"."Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", añadió.Además, les recomendó que por el momento, "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren "inmunidad". De lo contrario afrontarán una "muerte segura".De acuerdo con Trump, Teherán había "rechazado todas las oportunidades" de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.Irán intentaba "reconstruir su programa nuclear" y quería "desarrollar misiles de largo alcance" que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense."A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura", amenazó.Trump apuntó que Irán era culpable de "terrorismo de masas" en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que "no lo toleraremos más".
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5059 el viernes 27 de febrero de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde Bucaramanga.cEl gran ganador de la noche fue el número 6787 de la serie 068, que se quedó con el premio mayor y se convirtió en el protagonista principal del sorteo 5059.Premios secos Lotería de Santander 5058Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de premios secos en distintas categorías:Mayor Invertido7876 – Serie 068Seco de $700 millones4731 – Serie 1922 Secos de $500 millones6332 – Serie 2607496 – Serie 0553 Secos de $300 millones0452 – Serie 0634675 – Serie 2394907 – Serie 1664 Secos de $200 millones0360 – Serie 1114221 – Serie 0345767 – Serie 2906311 – Serie 1687 Secos de $100 millones4061 – Serie 3246405 – Serie 1806498 – Serie 0916818 – Serie 1568819 – Serie 3389085 – Serie 1499118 – Serie 3137 Secos de $50 millones2041 – Serie 1793984 – Serie 1815225 – Serie 1307322 – Serie 1487674 – Serie 2038219 – Serie 2439794 – Serie 07910 Secos de $20 millones0871 – Serie 1681615 – Serie 3213674 – Serie 1973753 – Serie 0573842 – Serie 0696972 – Serie 3008380 – Serie 3188642 – Serie 0748867 – Serie 2179577 – Serie 24215 Secos de $10 millones0085 – Serie 1400722 – Serie 0670786 – Serie 0803418 – Serie 1453677 – Serie 2023831 – Serie 2344587 – Serie 0485858 – Serie 1655973 – Serie 0466411 – Serie 1786847 – Serie 2967126 – Serie 0677833 – Serie 1208948 – Serie 0689906 – Serie 17620 Secos de $5 millones0119 – Serie 1350649 – Serie 0621492 – Serie 2771837 – Serie 1081911 – Serie 0192713 – Serie 1572932 – Serie 2372988 – Serie 0373192 – Serie 2643515 – Serie 3054568 – Serie 1345449 – Serie 2045607 – Serie 2796921 – Serie 2077246 – Serie 0677251 – Serie 1257526 – Serie 2307713 – Serie 1998725 – Serie 3079302 – Serie 115Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el billete en perfecto estado.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original, sin enmendaduras y en buen estado.Premios superiores a $3 millonesDeben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación y el proceso de pago correspondiente.Premios menores a $3 millonesPueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde fue adquirido el billete.
La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4824, realizado el viernes 27 de febrero de 2026, una jornada que generó gran expectativa entre miles de jugadores en Colombia. El gran protagonista de la noche fue el número 8885 de la serie 150, ganador del Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas entregadas en lo que va del 2026 en el país. Premios secos del sorteo 4824 de la Lotería de MedellínAdemás del premio principal, el plan de premios del sorteo 4824 incluyó múltiples premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según informó la entidad a través de sus canales oficiales.2 Secos de $1.000 millones2325 – Serie 4039300 – Serie 3452 Secos de $700 millones5811 – Serie 4379694 – Serie 3022 Secos de $500 millones2053 – Serie 1645834 – Serie 0366 Secos de $100 millones3070 – Serie 0043723 – Serie 0364883 – Serie 0577034 – Serie 3857134 – Serie 1197326 – Serie 0477 Secos de $50 millones1713 – Serie 2812723 – Serie 2672866 – Serie 3783564 – Serie 0813779 – Serie 3104385 – Serie 0008952 – Serie 38110 Secos de $20 millones0615 – Serie 0486421 – Serie 4301783 – Serie 0357247 – Serie 4433644 – Serie 3947395 – Serie 0235148 – Serie 3788583 – Serie 3926311 – Serie 1759536 – Serie 03315 Secos de $10 millones0435 – Serie 3382909 – Serie 2424673 – Serie 4126639 – Serie 1917029 – Serie 2270627 – Serie 4524159 – Serie 2675700 – Serie 1156666 – Serie 2679594 – Serie 4651616 – Serie 2124514 – Serie 3625711 – Serie 2606924 – Serie 0059630 – Serie 205Si alguno de estos números coincide con su billete, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado con la imagen oficial publicada por la entidad antes de iniciar el proceso de reclamación.Un sorteo que mantiene la confianza de los colombianosCada edición de la Lotería de Medellín concentra la atención de jugadores en distintas regiones del país. Más allá del atractivo económico de sus premios, esta entidad se ha consolidado por su trayectoria, transparencia y credibilidad.En el sorteo 4824, miles de personas siguieron la transmisión oficial con la ilusión de convertirse en nuevos millonarios. Además, la lotería continúa destacándose por su compromiso social, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia.
La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. El número ganador del premio mayor fue: 7211 de la serie 093. Este premio, que actualmente asciende a una cifra cercana a $2.333 millones, concentró gran parte de la atención durante la noche, convirtiéndose en el gran protagonista del sorteo.Seco El Gordo de la Risaralda – $300.000.000Número 3105 – Serie 260Seco Ángel de la Suerte – $200.000.000Número 2731 – Serie 141Seco Mula Millonaria – $150.000.000Número 3735 – Serie 118Seco Milagro Millonario – $80.000.000Número 9435 – Serie 030Secos Guaca de Oro – $60.000.000Número 5003 – Serie 235Número 5522 – Serie 244Número 0115 – Serie 045Escalera Millonaria – $60.000.000Número 4733 – Serie 090Secos Cofre de Diamantes – $50.000.000Número 7774 – Serie 094Número 8509 – Serie 087Número 7909 – Serie 287Número 3971 – Serie 249Número 3309 – Serie 214Secos Trébol de la Fortuna – $40.000.000Número 6924 – Serie 208Número 7352 – Serie 123Número 9307 – Serie 051Secos de Perla – $35.000.000Número 2593 – Serie 144Número 8039 – Serie 088Número 9284 – Serie 031Número 4550 – Serie 249Número 7456 – Serie 232Secos Cosecha Millonaria – $30.000.000Número 4803 – Serie 011Número 2237 – Serie 159Número 7200 – Serie 054Número 2737 – Serie 031Número 4691 – Serie 005Número 9577 – Serie 149Número 6083 – Serie 136Número 4500 – Serie 226Número 1477 – Serie 116Número 2420 – Serie 091Número 6001 – Serie 231En la siguiente imagen, verifique con exactitud los resultados de la Lotería de Risaralda.Una lotería con impacto socialMás allá de la emoción que despierta cada sorteo, la Lotería de Risaralda cumple un papel fundamental en la región. Los recursos recaudados se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo el sector de los juegos legales en Colombia.Con una trayectoria sólida y un plan de premios atractivo, la Lotería de Risaralda continúa posicionándose como una de las loterías más importantes y confiables del país, manteniendo la expectativa viva en cada nueva jornada.
La jornada de juegos de suerte y azar en Colombia del viernes 27 de febrero de 2026 cerró con noticias significativas para los apostadores de Miloto. Tras la realización del sorteo número 493, la entidad informó que el premio mayor no fue despachado, lo que genera un incremento automático en el botín principal, situándolo en la atractiva cifra de $400 millones de pesos para la próxima edición.Pese a que el premio mayor quedó vacante, la dinámica de premiación de Miloto demostró una alta efectividad en las categorías secundarias. Según el reporte oficial, un total de 17.622 personas resultaron ganadoras en todo el territorio nacional, distribuyéndose una bolsa de premios total que ascendió a los $123.143.450.Resultados y cifras detalladas del sorteo #493 de MiLotoLas balotas que marcaron la suerte en la noche de este viernes fueron: 09, 10, 11, 24 y 27. Esta combinación, caracterizada por una secuencia numérica inicial muy estrecha (9, 10 y 11), puso a prueba las estrategias de los jugadores que suelen apostar por fechas o patrones específicos.El desglose de los ganadores por categorías de aciertos se presentó de la siguiente manera:5 aciertos: 0 ganadores. El premio de esta categoría quedó vacante, permitiendo que el acumulado que estaba en $350 millones subiera a los $400 millones mencionados.4 aciertos: 80 ciudadanos lograron esta combinación, recibiendo cada uno un premio individual de $275.750. En total, esta categoría repartió $22.060.000.3 aciertos: Un grupo numeroso de 2.001 ganadores obtuvo esta cifra, con un premio de $19.450 por persona, sumando una premiación sectorial de $38.919.450.2 aciertos: Esta fue la categoría con mayor volumen de beneficiados, alcanzando los 15.541 ganadores, quienes recuperaron o multiplicaron su inversión con un premio de $4.000 cada uno.
BLU Radio conoció que está lista la ponencia que define la demanda presentada en contra del Acto Legislativo para la Paz que fue aprobado en julio de 2016 y que otorga las facultades especiales al presidente Juan Manuel Santos para expedir decretos con fuerza de ley. Cabe recordar que la Corte Constitucional analiza dentro de esta demanda el artículo al cual se refiere “que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. La demanda advierte que habría una sustitución de facultades al transferirle al Gobierno competencias que el constituyente primario le dio al Congreso con exclusividad. La Sala Plena tendrá hasta el 10 de diciembre para pronunciarse sobre la ponencia que aún se desconoce si va a favor o en contra del acto legislativo por la paz.
La ONU mostró su confianza de que el nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Farc para poner fin a 52 años de conflicto pueda convertirse esta vez en realidad. "Estoy muy animado y feliz de ver que hay un nuevo acuerdo revisado", dijo en rueda de prensa el secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson. "Esperamos que (el presidente Juan Manuel) Santos pueda ir a Oslo y que el acuerdo sea una realidad, no solo una intención", agregó. El Gobierno colombiano y las Farc anunciaron el pasado 12 de noviembre un nuevo acuerdo de paz luego de incorporar propuestas de los promotores del "no", opción que triunfó en el plebiscito del 2 de octubre. El nuevo acuerdo incorpora algunas de las demandas de los que abogaron por rechazarlo, por lo que a priori tendría que tener un amplio apoyo popular. Sin embargo, Santos aún no ha decidido cómo se refrendará el acuerdo, si se convocará un nuevo referéndum, si se le entregará al Congreso para aprobación o si se traslada a los concejos municipales. Santos fue el galardonado con el premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por alcanzar la paz, distinción que se entrega en una ceremonia en Oslo. "Tengo mucha admiración por Santos y por su trabajo y el de sus colegas", agregó el diplomático sueco. Eliasson dijo que los esfuerzos llevados a cabo por Colombia para lograr la paz tienen el apoyo total y sin fisuras del Consejo de Seguridad, "y hay que reconocer que ésta es una de las pocas áreas en las que hay completa unidad en el Consejo", admitió.
Las Farc pidieron este jueves "un peritaje forense" para determinar "si realmente hubo combates" en Bolívar donde murieron dos rebeldes en medio del cese al fuego que guerrilla y gobierno sostienen desde agosto en el marco de los diálogos de paz. Alias ‘Carlos Antonio Lozada’, integrante del equipo negociador de paz del grupo guerrillero, dijo que reclamarán "un peritaje forense para determinar si realmente hubo combates o no y en qué circunstancias se produjo el asesinato de nuestros dos camaradas", ocurrido el domingo pasado en el norte del país.
Este programa busca generar oportunidades en zonas que han tenido una alta incidencia del conflicto armado y una numerosa presencia de víctimas, desplazados y desmovilizados. "Elegimos a Florencia para el lanzamiento de este programa porque es precisamente desde lo local donde se construye la reconciliación y porque reconocemos el valor de una región que ha sufrido tanto el conflicto armado y al mismo tiempo cambiar su historia", sostuvo Rebeca Hammel, asesora Jurídica de Usaid. Florencia es el municipio que fue elegido para el lanzamiento del programa, zona que tiene un amplio sector turístico, cultural y gastronómico. Según el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo, el 50 por ciento de los habitantes de esa capital son desplazados por la violencia. La capital de Caquetá tiene una informalidad del 60 por ciento. Tiene problemas graves en el acueducto y alcantarillado "es muy precario y se presentó un proyecto de 30 mil millones de pesos".
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó que todos los partidos políticos en Colombia ya le han manifestado el apoyo al nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, menos el Centro Democrático, colectividad del expresidente Álvaro Uribe. “El nuevo acuerdo ha generado un gran respaldo de parte de muchos de los gurpos que se habían declarado por parte del NO. Todavía no hemos encontrado una respuesta del Centro Democrático, aunque todos los demás partidos ya se manifestaron a favor del nuevo acuerdo”, manifestó Santos. “Muchos de los sectores cristianos que se habían opuesto al acuerdo ahora dicen que les satisface, muchos empresarios y muchos sectores ya están a favor. Los militares retirados en ACORE también ya se sintieron satisfechos, eso mejora el acuerdo, tengo que reconocer que este es un mejor acuerdo”, agregó. El presidente también dijo que la implementación del nuevo acuerdo de paz debe ser en el Congreso de la República. Al término de las reuniones que sostuvo con políticos demócratas y republicanos en Washington, Santos también expresó que ya hay un consenso en la mayoría del país. “Vine a explicarles el nuevo acuerdo que logramos con las Farc. Cómo después del plebisciito iniciamos una serie de conversaciones con los líderes del NO para escuchar y organizar sus propuestas y cómo esas propuestas fueron en su mayoría introducidos en el nuevo acuerdo”, destacó. Santos Calderón narró que pidió mantener la relación bipartidista al llegar el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que recibió “una muy buena respuesta de que estaba interesados en mantener dicha relación”. Finalmente, se mostró confiado en que se aprueben los recursos de Paz Colombia, pues incluso le explicó a los congresistas en qué se utilizarán los recursos que se entreguen. “Esperamos que el nuevo Gobierno mantenga la nueva relación y se vea reflejado en el Congreso de la República de Estados Unidos, el Plan Colombia, ahora Paz Colombia, es uno de los casos más exitosos y esperamos que pueda continuar”, finalizó.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".