Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El sábado 22 de junio de 2024 comenzó como un día frío y lluvioso en el municipio de Subachoque. Jenny Esperanza González, de 35 años, había trabajado hasta el mediodía y regresó a casa para compartir con su madre y su hija de 13 años. Según el testimonio de Pastora Castro en entrevista con Más Allá del Silencio del Rafael Poveda, su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, “llegó harto tomado” y desde temprano repetía que “le habían dañado los planes”. Almorzaron juntos, pero la tarde avanzó entre más licor y discusiones. “Que yo no quiero más, Lorenzo, yo no quiero más”, le habría dicho Jenny en medio de la madrugada, mientras él insistía: “Écheme más porque yo quiero más”.De acuerdo con el relato de la madre, la tensión se extendió hasta el amanecer. Hacia las seis de la mañana, Pastora decidió irse del lugar junto con su nieta. Horas después, sobre las 2:30 o 3:00 de la tarde, recibió una llamada desde el celular de su hija. “Doña Pastora, salga a la avenida que voy con Jenny, que se prendió candela”, le dijo el conductor de la ambulancia. Minutos más tarde, el propio Lorenzo la contactó para darle su versión: “Esa loca se prendió candela, yo no sé con qué, con whisky”. Cuando la madre le preguntó por qué no la acompañaba, él respondió: “No, por mi estado, yo no fui”.Jenny fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Facatativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo, principalmente la espalda y el torso. Durante varios días permaneció sedada, pero alcanzó a declarar ante las autoridades. Según su testimonio, estaba agachada en el patio cuando sintió “el fogonazo en la espalda” y en cuestión de segundos el fuego se extendió al pecho. “Yo empecé a gritar… le decía que me auxiliara”, relató. También contó que sus dedos quedaron desollados al intentar apagarse las llamas. “Mírenme las uñitas, mírenme los deditos”, alcanzó a decir.El 23 de agosto de 2024, tras dos meses de lucha médica, Jenny falleció por la gravedad de las heridas. Antes de morir, pidió volver a hablar con la Fiscalía. “Hagan el favor y llamen otra vez a la fiscalía”, solicitó al personal médico cuando le permitieron ver la profundidad de sus quemaduras. Para su madre, no hay dudas sobre lo ocurrido ese día: “Eso no se le hace ni al peor enemigo”, afirma. El caso generó indignación en Subachoque y abrió un proceso judicial en el que el señalado fue acusado de homicidio agravado, mientras la familia insiste en que se haga justicia por lo que Jenny denunció antes de morir.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).Por otra parte, desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas, donde fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.Varias ya han sufrido problemas de salud, de las cuales una de ellas se desmayó un par de veces y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó ocurriría "a más tardar" este pasado viernes.Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.
Deportivo Cali tomó aire este domingo al vencer por 1-0 al Atlético Nacional con un gol del argentino Juan Ignacio Dinenno, un resultado que frenó el invicto del conjunto verdolaga y alivió la presión sobre el técnico Alberto Gamero en la séptima jornada de la liga colombiana.El delantero marcó el único tanto del partido en el comienzo del segundo tiempo con un golpe de cabeza tras un centro de Luis Manuel Orejuela, en un encuentro jugado en el estadio Palmaseca.El portero peruano Pedro Gallese también fue clave para el triunfo del equipo azucarero al evitar el empate con varias intervenciones.Con este resultado, el Cali frenó una racha irregular en el campeonato, mientras que Nacional sufrió su primera derrota de la temporada tras tres partidos que llevaba invicto.El sábado, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 y se mantuvieron en la cima del campeonato con 14 puntos.El equipo nariñense se adelantó con un autogol del defensor Carlos Vivas, pero Internacional igualó posteriormente con un tanto de Larry Vásquez tras un tiro libre.Deportes Tolima venció este domingo por 2-1 a Once Caldas con un gol en los minutos finales de Kevin Flórez y llegó a 12 puntos, con lo que se mantiene en la pelea por los primeros lugares.Millonarios gana, pero preocupa FalcaoMillonarios derrotó el sábado por 2-1 a Llaneros en Bogotá con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, en un partido en el que el delantero de 40 años Radamel Falcao García salió lesionado.El atacante abandonó el campo al final del primer tiempo por molestias musculares, al igual que Contreras, lo que generó preocupación en el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos.Esta fue la segunda victoria consecutiva del equipo capitalino, que lo aleja de los últimos puestos de la clasificación.Por su parte, Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira pese a jugar la mayor parte del partido con diez hombres tras la expulsión de Francisco Chaverra.El equipo visitante se adelantó con un gol de Marco Pérez, pero Léider Berrío rescató el empate para el conjunto local en la segunda mitad.La séptima jornada continuará este lunes con el partido entre Fortaleza y Boyacá Chicó en Bogotá, mientras que el martes se disputarán los encuentros Alianza Valledupar-Cúcuta Deportivo y Jaguares-Independiente Santa Fe.El miércoles se cerrará la fecha con el duelo entre Junior y América de Cali en Barranquilla.
Hay conmoción en Las Cruces, Nuevo México, tras la captura de Sonia Cristal Jiménez, de 38 años, señalada de presuntamente causar la muerte de su hija recién nacida. El caso salió a la luz el pasado 7 de febrero, cuando la mujer ingresó al Memorial Medical Center con signos recientes de parto, pero sin el bebé. El personal médico notificó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a una investigación que se extendió hasta el sector de Burn Lake Road.De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo de la menor fue hallado dentro del tanque de retención de un baño portátil ubicado en esa zona. Según el reporte policial, la pareja de la mujer la había llevado al hospital al notar una emergencia médica, bajo la creencia de que se trataba de un aborto espontáneo. Las autoridades indicaron que previamente ambos habían estado en el área donde se encontraba el sanitario. Un equipo del Departamento de Bomberos realizó la recuperación del cuerpo.El resultado de la autopsia estableció que la bebé nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El dictamen forense señaló la presencia de líquido químico en las vías respiratorias y el estómago de la recién nacida, lo que confirmó que respiró antes de fallecer. El jefe de la Policía local calificó el caso como uno de los más graves y perturbadores atendidos por la institución.Jiménez fue imputada por abuso infantil intencional con resultado de muerte, un delito grave de primer grado, y permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana. Las autoridades precisaron que su pareja no enfrentará cargos, al no existir evidencia de que tuviera conocimiento del parto ni de lo ocurrido en el baño portátil. Por ahora, el proceso judicial continúa.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dio a conocer que el pasado 9 de mayo se reunieron con el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro para presentarle las propuestas programáticas que tenían para aportar a su plan de gobierno.En ese evento, Petro les sugirió que la Iglesia católica y los pueblos indígenas deberían ser mediadores de “la paz grande”, que ha propuesto en unas posibles conversaciones con los grupos armados como el ELN.Este pronunciamiento se dio en medio de una rueda de prensa que ofrecieron diferentes organizaciones indígenas en la que denunciaron los asesinatos de los miembros de su comunidad.Hicieron especial énfasis en el asesinato de los indígenas Awá Juan Orlando Muriano, Jhon Faber Nastacuas y Carlos García de la comunidad Inda Sabaneta, en el municipio de Tumaco en Nariño, el pasado domingo 3 de julio.Rechazaron nuevamente los pronunciamientos del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que la muerte de estos indígenas se dio por disputas del narcotráfico en ese departamento.“Es una mentira. Como siempre estamos acostumbrados a la difamación y estigmatización de los pueblos indígenas. A nosotros nos están matando porque defendemos el territorio y la vida. Que se retracte de lo que dice o que nos muestre las pruebas”, aseguró una de las mujeres que hace parte de la comunidad Awá.Según las cifras reveladas por las comunidades indígenas, desde el año 2000 se han registrado más de 140 presiones contra el pueblo Awá; 32 de ellas han sido asesinatos.Asimismo, desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 se han registrado al menos 350 hechos de agresión: 95 homicidios, en el 2022 se han cometido 11 de ellos; 16 desapariciones forzadas; alrededor de 50 amenazas de los líderes de ese pueblo indígena, así como 13 hechos de desplazamiento forzado y hay 1.292 víctimas que no han podido regresar a sus resguardos.Escuche el podcast Al pelo con Tata
La Comisión de la Verdad publicó la agenda que cumplirá el padre Francisco de Roux, presidente del organismo, desde este martes hasta el próximo 15 de julio en Estados Unidos, con el fin de presentar el informe final que la comisión reveló al país el pasado 28 de junio a la ONU y el gobierno norteamericano."Durante esta visita, se sostendrán reuniones con las más altas instancias bilaterales y multilaterales de definición de la política internacional que tienen sede en Nueva York y Washington. La comisión agradece el permanente apoyo recibido por el nodo y el gobierno de Estados Unidos y espera lograr un respaldo para la implementación efectiva de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado en Colombia", explicó la Comisión de la Verdad.Oficialmente la agenda empezará este miércoles, 13 de julio, día en el que el padre de Roux le presentará y entregará al secretario general de la ONU, António Guterres, el informe final elaborado por el organismo. El padre estará acompañado por los comisionados Alejandra Miller y Saúl Franco.El jueves la presentación del informe se hará ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión donde se discutirá sobre los avances que ha tenido la implementación del acuerdo de paz en Colombia en los últimos tres meses.Ese mismo día el director para las Américas del PNUD, Luis Felipe López, sostendrá una reunión con los comisionados, y en horas de la tarde habrá una reunión ampliada con delegados de diferentes países para hablar sobre justicia transicional. La agenda termina el 15 de julio en Washington cuando la comisión le entregue al Departamento de Estado el informe final.Le puede interesar: escuche el podcast Fragmentos:
El próximo 14 de julio se llevará a cabo una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, en la cual Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, presentará su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en el país.Posteriormente a la intervención de Ruiz Massieu, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, va a presentar el informe final de este organismo que fue revelado en Colombia hace algunos días.En su exposición, el padre de Roux explicará ante la ONU los principales hallazgos que hizo la Comisión frente al conflicto armado en Colombia, así como las recomendaciones que hacen en el documento para reparar a las víctimas y lograr frenar la violencia en el país.Es importante recordar que en el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia, la ONU aseguró que sigue siendo un desafío el capítulo étnico y la seguridad de los excombatientes de las Farc.Por su parte el padre Francisco de Roux estará acompañado por los comisionados Saul Franco y Patricia Tobón.Además el 15 de julio, en Washington, el padre y los comisionados presentarán el informe al Departamento de Estado de Estados Unidos.Escuche el podcast El Camerino:
Este martes el presidente electo, Gustavo Petro, anunció que está buscando llevar a cabo un cese al fuego bilateral del ELN para poder restablecer los diálogos de paz que fueron suspendidos con esta guerrilla, tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó un saldo de al menos 22 personas muertas. Asimismo, en las últimas horas se conoció un comunicado del ELN en el cual reiteran su disposición de reiniciar conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro.En Blu Radio hablamos con el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre estos dos mensajes que fueron recibidos de manera positiva en este organismo, ya que para ellos muestra una voluntad de las dos partes en buscar caminos hacia la paz."Ya están especificando uno de los elementos de esa reanudación, como puede ser un cese al fuego bilateral y son pasos en esa dirección, entonces lo vemos claramente de manera muy positiva", explicó Ruiz Massieu.Desde la ONU resaltan que las condiciones de los diálogos dependen es de las dos partes, gobierno y guerrilla del ELN, pero que un cese al fuego ayudaría a disminuir la violencia."Ciertamente, los ceses bilaterales e incluso unilaterales traen la reducción de violencia por la cual es positivo, pero es ciertamente voluntad de las partes las condiciones sobre las cuales están dispuestos a sentarse en la mesa, en el pasado se han dado pasos de manera unilateral el ELN ha declarado ceses unilaterales en el marco de las elecciones, eso trae consecuencias positivas, esos pasos siempre se pueden dar, pero dependen de las partes", indicó.Para el representante se destacó la voluntad que han expresado las dos partes en buscar vías de diálogo, pues para la ONU esta es la mejor vía para la resolución de conflictos, por otro lado, muestran su disposición para realizar labores que las dos partes consideren podría aportar este organismo."Estamos listos para apoyar estos esfuerzos, en el pasado hubo un cese y nosotros verificamos junto con la iglesia, y en los procesos las funciones son variables, de facilitación, mediación, acompañamiento y estaremos atentos a lo que el gobierno y el ELN requieran de nosotros", señalaron.Por último, destacaron desde la ONU que el presidente electo Gustavo Petro manifestó que va a respetar los protocolos que ya se habían establecido con el ELN para avanzar en los diálogos, resaltando que esto puede llevar a que las negociaciones ya tengan una buena base y se pueda reanudar con más facilidad el diálogo.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recibió el premio León Zuleta "Nuestras diferencias nos enorgullecen" por ser una entidad pública incluyente, lo anterior por sus estrategias y asesoría para tener en cuenta personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa en sus labores de búsqueda."Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que hace parte del Sistema Integral para la Paz junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repettición -CEV- y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, este galardón constituye un reconocimiento a la importancia del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz", expresaron desde la entidad al recibir el premio.La UBPD además destacó que para lograr una búsqueda de personas desaparecidas efectiva es de vital importancia tener en cuenta el enfoque de género, por lo que implementaron algunas medidas especiales coordinadas en la búsqueda de personas LGBTIQ+ que desaparecieron en el marco del conflicto armado en Colombia. Muchas de las víctimas sufrieron de estigmatización y violencia, lo que llevó a que por estas razones desaparecieran.Este galardón lo entregó la mesa de trabajo LGBTI y con esto se buscó reconocer a las entidades o grupos que fortalecen sus acciones para reconocer los derechos de la población LGBTIQ+.Le puede interesar:"La Mesa LGBT valoró que la Unidad de Búsqueda desarrolle estrategias de participación y asesoría técnica con organizaciones de la sociedad civil y líderes LGBTIQ+ para garantizar la participación de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa en la búsqueda de las personas desaparecidas con enfoque de género", explicó la UBPD.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
Entre los hallazgos de la Comisión de la Verdad hay un apartado que explica el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Según el trabajo realizado por el organismo, el 47 % de las personas que fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado son responsabilidad de los grupos paramilitares, por lo que, para la Comisión de la Verdad, se convierten en el actor amado más violento.Asimismo, cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario pues el 91.5 % de sus víctimas fueron objeto de asesinatos selectivos, masacres o desaparición forzada.Por otro lado, el informe resalta que el proceso de desmovilización de las AUC, que adelantó el gobierno entre 2003 y 2006 logró desescalar la violencia paramilitar y desarmar parte importante del control territorial. Sin embargo, aclaran que se caracterizó por falta de transparencia y de participación ciudadana y de las víctimas. Pero también explican que los términos pactados en el Acuerdo de Ralito nunca se conocieron, de manera formal, esto, según el documento, ha minado la legitimidad y efectividad del proceso de negociación y desmovilización colectiva de las AUC y ha tenido efectos en el surgimiento de grupos sucesores del paramilitarismo, cuestionan, además, que algunos jefes paramilitares hayan sido extraditados, pues con ello se perdió parte de la verdad de las víctimas."Los principales comandantes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. Estos obstáculos en el proceso fueron señalados como una traición por los exparamilitares, que se vieron envueltos en largos procesos jurídicos y administrativos que les impiden aún una reintegración completa y que ocasionaron el desamparo de sus víctimas debido a la extradición, en sus exigencias de verdad especialmente", añaden.El Informe de la Comisión de la Verdad pone de ejemplo algunos encuentros que tuvieron excomandantes de las AUC con empresarios y también políticos. Por ejemplo, en un reconocido café cerca al Centro comercial Andino y en un parqueadero cerca a Unicentro en Bogotá."La expansión del paramilitarismo y la consolidación de las alianzas que lo sostuvieron ocurrieron ante la mirada de los organismos de control del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, instituciones que por distintos motivos no garantizaron un control dentro de sus áreas", detallan.Para la comisión, el fenómeno del paramilitarismo se dio en parte debido a la vinculación de civiles al conflicto armado lo que, según el organismo, le dio legitimidad a los paramilitares."Las recomendaciones de misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) derivaron en el Decreto 1381 de 1963339, el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 de Defensa Nacional, a través de los cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado. Estas normas fueron el sustento legal que amparó la proliferación de grupos paramilitares en el marco de las estrategias de seguridad y defensa del Estado", enfatiza el informe.Le puede interesar: escuche el podcast Fragmentos