El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez se reunió el miércoles con directivos de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que operan en el país bajo restricciones por las sanciones de Estados Unidos, informó la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Venezuela aprobó bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que administra la comercialización de crudo venezolano.El petróleo venezolano está embargado por Estados Unidos desde 2019 pero, tras la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones.Las reuniones se concretaron "en aras de seguir afianzando la soberanía energética" y con el objetivo de "consolidar alianzas estratégicas" que potencien la producción, según publicaciones de Pdvsa en Telegram.Rodríguez, que asumió el poder tras la caída el 3 de enero del mandatario Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, no hizo declaraciones sobre la reunión, en la que también participó el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.Repsol y Maurel & Prom operan desde hace años en Venezuela a través de "empresas mixtas", un modelo de propiedad compartida donde el Estado venezolano es accionista mayoritario.Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos. Analistas estiman que la producción incremente progresivamente bajo este nuevo marco jurídico.
Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros en las "productivas" conversaciones mantenidas en Abu Dabi bajo la mediación de Washington, dijo este jueves el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien destacó que aún queda trabajo por delante."En el día de hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar a 314 prisioneros — el primer intercambio de este tipo en cinco meses", anunció Witkoff en redes sociales."Este resultado se logró a partir de conversaciones de paz que han sido detalladas y productivas", aunque "queda mucho trabajo por hacer", añadió.NegociacionesUcrania y Rusia continúan este jueves sus negociaciones de paz en presencia de representantes estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión constante por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev.Las conversaciones, en las que Estados Unidos interviene como mediador, son el último capítulo de una serie de esfuerzos para parar la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022."El segundo día de conversaciones en Abu Dabi empezó. Estamos trabajando en los mismos formatos que ayer: consultas trilaterales, trabajo en grupo y el posterior alineamiento de posiciones", declaró el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov.Al término de la primera jornada de conversaciones el miércoles, Kiev indicó que las negociaciones fueron "sustanciales y productivas", aunque sin ningún progreso aparente, excepto un nuevo intercambio de prisioneros "en un futuro próximo", según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en diálogos anteriores celebrados en Turquía en 2025.Pero el negociador de Moscú, Kirill Dmitriev, sostuvo este miércoles que sí que "hay un avance".
El movimiento político Pacto Histórico anunció oficialmente su retiro de la consulta denominada “Frente por la Vida”, prevista para el próximo 8 de marzo de 2026, según un comunicado dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE), con copia a la Procuraduría General de la Nación. La decisión se produce tras la reciente determinación del CNE de revocar la inscripción del precandidato Iván Cepeda Castro en dicho mecanismo de participación.En el documento, fechado el 4 de febrero de 2026 en Bogotá, los representantes legales del Pacto Histórico manifestaron que la medida adoptada por la autoridad electoral desconoce —según su interpretación— derechos fundamentales asociados a la participación política, así como la autonomía de los partidos para configurar sus procesos internos. El movimiento sostiene que la revocatoria afecta el alcance y los efectos jurídicos de la consulta partidista celebrada el 26 de octubre de 2025.De acuerdo con el comunicado, el Pacto Histórico considera que la decisión del Consejo Nacional Electoral vulnera principios constitucionales relacionados con la libertad de organización interna de los partidos políticos y el carácter vinculante de sus decisiones democráticas. En ese sentido, los firmantes señalan que la determinación constituye un obstáculo para el ejercicio pleno de la democracia interna, citando disposiciones de la Constitución Política que, a su juicio, protegen estos derechos.Como consecuencia de este escenario, el movimiento informó que desistirá de participar en la consulta del 8 de marzo y procederá a inscribir directamente a Iván Cepeda Castro como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones programadas el 31 de mayo de 2026. Esta ruta, según el comunicado, responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proceso político bajo las reglas que consideran compatibles con su interpretación constitucional.El Pacto Histórico también solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar el logo, símbolos o elementos gráficos del movimiento, así como la imagen del precandidato, en cualquier material electoral relacionado con la consulta. El documento advierte que el uso de signos que puedan inducir a confusión en el electorado estaría en contravía de las disposiciones legales vigentes, específicamente lo contemplado en la Ley 130 de 1994.Adicionalmente, el movimiento informó que remitió la comunicación a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de la decisión y adopte las medidas necesarias para proteger lo que consideran sus derechos políticos. El texto indica que buscan evitar eventuales vulneraciones derivadas de la actuación institucional en el marco del proceso electoral.Este es el comunicado del Pacto Histórico
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 4 de febrero:El cantante Luis Alfonso realizó un homenaje a su amigo Yeison Jiménez.En la sección 'Tutoriales radiales', el experto en ciberseguridad David Pereira explicó a los oyentes cómo evitar que lo hackeen y así no perder información sensible.
La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4941 la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 2.600 millones de pesos.Premio Mayor de la Lotería de ManizalesEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el 3630 de la serie 221. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!Recuerda que para ganarla hay que comprarla. El billete de la lotería tiene un valor de $12.000, y también puedes adquirir una fracción por solo $3.000, participando por grandes premios mientras apoyas la salud y el desarrollo de la región.Ganadores de los secos de la Lotería de ManizalesA continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.2 Secos de $300 MillonesNúmero: 0023 – Serie: 090Número: 2101 – Serie: 1073 Secos de $200 MillonesNúmero: 1356 – Serie: 346Número: 9474 – Serie: 289Número: 9894 – Serie: 3215 Secos de $100 MillonesNúmero: 2346 – Serie: 237Número: 2856 – Serie: 145Número: 6143 – Serie: 153Número: 9283 – Serie: 188Número: 3792 – Serie: 32710 Secos de $80 MillonesNúmero: 4384 – Serie: 316Número: 8206 – Serie: 273Número: 4740 – Serie: 102Número: 6434 – Serie: 040Número: 8265 – Serie: 145Número: 5408 – Serie: 057Número: 1179 – Serie: 163Número: 7770 – Serie: 216Número: 2949 – Serie: 325Número: 3934 – Serie: 00510 Secos de $60 MillonesNúmero: 0260 – Serie: 040Número: 9962 – Serie: 013Número: 7096 – Serie: 115Número: 4663 – Serie: 234Número: 7864 – Serie: 140Número: 0270 – Serie: 271Número: 3592 – Serie: 292Número: 8121 – Serie: 101Número: 3577 – Serie: 285Número: 7961 – Serie: 07910 Secos de $50 MillonesNúmero: 9904 – Serie: 202Número: 6380 – Serie: 057Número: 6842 – Serie: 141Número: 0588 – Serie: 161Número: 4378 – Serie: 299Número: 8095 – Serie: 017Número: 3828 – Serie: 167Número: 2313 – Serie: 312Número: 4470 – Serie: 053Número: 4217 – Serie: 05110 Secos de $40 MillonesNúmero: 3473 – Serie: 248Número: 7786 – Serie: 242Número: 9153 – Serie: 290Número: 3613 – Serie: 171Número: 6580 – Serie: 182Número: 2068 – Serie: 133Número: 8480 – Serie: 348Número: 4118 – Serie: 085Número: 7220 – Serie: 084A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4941 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.Esta lotería juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. o 11:00 p.m. Si el miércoles es festivo, el sorteo se realizará el martes o jueves, dependiendo de la elección del sorteo.¿Cómo reclamar los premios?Reclamar los premios de la lotería es un proceso que varía según el monto del premio. Es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos generales:Tiene un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Si no lo hace dentro de este período, el derecho a cobrarlo prescribe.Documentos esenciales para cualquier premio:Billete original en perfecto estado: El billete debe estar sin tachaduras, manchas, dobleces excesivos o enmendaduras que puedan dificultar su validación.Cédula de ciudadanía original: Es tu documento de identificación.Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Este documento es necesario, especialmente para premios grandes, ya que los premios de lotería están sujetos a retenciones de impuestos.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Suprema de Justicia en una decisión reciente cuestionó algunas designaciones de gestores de paz que ha hecho el Gobierno nacional, argumentando que no está primando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.En esa misma decisión, la Corte dice no estar de acuerdo con la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, aunque esta posición no afecta la situación de Mancuso pues Justicia y Paz le otorgó anteriormente la libertad.En las últimas horas Mancuso se refirió a este tema, asegurando que se vulneran los compromisos y propósitos de paz.“La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al intentar impedir que actores del conflicto actúen como gestores de paz vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz”, aseguró el exjefe paramilitar.En el mismo sentido dijo que en la sociedad colombiana la redención de los desmovilizados se da a cambio de que asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y cuenten la verdad.Por otro lado, cuestionó el sistema de justicia transicional en Colombia.“El sistema de justicia transicional nacido de las negociaciones con las autodefensas enfrenta hoy una profunda crisis de inseguridad jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados y muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las trincheras. Hoy el sistema de justicia transicional en Colombia, lejos de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra, generando más víctimas, pobreza y desigualdad”, agregó Mancuso.Finalmente, dice que sin justicia no hay redención y que sin redención no habrá paz.“Una de las razones de ser de la justicia transicional es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar los derechos de aquellos que han cumplido con las penas y sanciones a una segunda oportunidad para empezar de nuevo”, mencionó el exjefe de las Autodefensas.
La JEP imputó por 18.677 casos de reclutamiento de menores a seis excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc. En el documento que dio a conocer la jurisdicción hace referencia en un capítulo a la operación Berlín, desarrollada por la Quinta Brigada del Ejército en contra de la Columna Móvil Arturo Ruiz, CMAR, de las Farc, a partir de noviembre del 2000. La JEP empieza relatando que ese hecho dejó en evidencia casos de reclutamiento desde los 12 años.Por parte de la guerrilla algunas de las víctimas le contaron a la JEP que habían sido obligadas a a hacerle frente a la tropa sin tener experiencia en combates."Los registros contrastados por la sala refieren la presencia de hasta 201 niños y niñas en la CMAR, incluso menores de 15 años, y la participación de altos mandos de la organización, incluso del Secretariado y del EMC, en la creación de esta subestructura. A su vez, los relatos de las víctimas recibidos por la Sala narran distintas violencias sufridas por estos niños y niñas, que incluyeron malos tratos y sufrimientos físicos y psicológicos, homicidios y múltiples sufrimientos, violencias sexuales y violencias reproductivas. A su vez, el proceso de salida de niños y niñas de esta estructura aparejó otras violencias tanto por parte de las antiguas FARC-EP como de la Fuerza Pública" señala la JEP.La CMAR fue creada en el año 2000 con el fin de reforzar el Bloque Magdalena Medio, BMME, que se enfrentaban a las Autodefensas en el Catatumbo. Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien comandó el Bloque Magdalena Medio, se refirió en su versión ante la JEP a este tema."Yo no tuve nada que ver en la selección de los integrantes de esa columna, ellos la integran allá el Bloque Oriental. No quiero quitarme responsabilidades, porque el compromiso que hicimos en La Habana […] De manera colectiva estamos asumiendo esa responsabilidad y, por eso, cuando yo lo digo es la realidad, no tuvimos nada que ver con eso, pero asumo la responsabilidad de las cosas que no se hicieron bien hechas", señaló Londoño a la magistratura.Por su parte, Joaquín Gómez, respondiendo a una pregunta de los magistrados sobre las razones para que se registrara un elevado número de menores de edad en las filas de las Farc, entregó información también relacionada con la operación Berlín."Bajo la euforia esa de que estamos en el proceso de paz, las conversaciones con Pastrana, veían muchachos nuestros que iban en camionetas para arriba, camionetas para abajo, no sé qué, y muchos muchachos, inclusive, muchos con el consentimiento de los papás, porque una de las fallas que hubo ahí, fuera de la otra de que muchos eran menores, fue que apenas salieron de El Caguán y entraron al Meta, entonces eran despedidas, hubo fiestas, hubo de todo donde participaban los mismos familiares de los muchachos. El Ejército los fue siguiendo, los fue siguiendo, los van siguiendo, se iban, "Van por tal parte, van por tal parte", cuando llegan a un sitio, al páramo Berlín que es un sitio de muerte, entonces ellos atacan. Entonces, la pregunta sería dónde hubo más perversidad, si cuando se meten los muchachos estos que ingresan o el Ejército que los iba siguiendo, eran menores de edad y para anotarse un triunfo con menores de edad entonces los ataca y hace prácticamente una masacre, porque murieron unos 70, 80 muchachos de esos", señaló Joaquín Gómez a la JEP.En total, 15 víctimas que se acreditaron ante la JEP e hicieron parte de la CMAR fueron reclutadas a las edades de 11, 12, 13, 14 y 15 años, bajo 3 modalidades: el engaño, la persuasión y mediante la amenaza o uso de la fuerza."Nos pusimos a tomar cerveza y entonces el muchacho nos comentó […] ´¿ustedes no quisieran entrar a la guerrilla? Pa milicianos que no sé qué’, entonces nosotros le dijimos ‘sí, claro nosotros queremos entrar a la guerrilla’ […] Al otro día a las 6 de la mañana dijo ´nos vamos´. Entonces ya la cosa como ya en serio, entonces como ´no, ya no queremos, ya no´, entonces nos llevaron por allá y dijeron hermano, ya no hay cómo echar pa atrás, acá no hay cómo echar pa atrás”, dijo una de las víctimas.Sobre su llegada a la columna móvil 'Arturo Ruíz' han dicho algunas víctimas que no completaron un entrenamiento básico, en el caso de las niñas, la preparación incluyó una jornada masiva de anticoncepción forzada, mediante plantación de dispositivo intrauterinos.“Eso era una fila larga, la fila que usted le toca hacerse ese proceso y listo no hubo ningún consentimiento de que, si quería, no quería, no hubo preguntas si uno había tenido relaciones sexuales, si le había llegado, si estaba en sus días de una mujer, nada, eso fue así, directo a allá con el doctor allá que le pongan esas cosas” dijo una víctima.Además también se presentaron casos de abortos forzados, según contó otra mujer ante la JEP."Yo siempre, en todos los lugares a los que fui, vi cosas feas. Ahí fue donde le hicieron un legrado a una muchacha. Ella quedó embarazada y le hicieron un legrado; entonces, le sacaron su feto y lo echaron en un tarrito transparente, como ver este vaso. Ella quedó muy mal por eso; estuvo acostada toda la noche. Al otro día se levantó y vio el feto en la botella. Ver eso le causó muchísimo daño, y ella lloraba", señaló otra de las víctimas.Antes de empezar un recorrido de 6 meses, hubo una reunión con el 'Mono Jojoy' y 'Timochenko'."Nos decía que nos preparáramos porque vamos para el Magdalena Medio a tomar unas tierras que estaban en manos de las autodefensas, que nos preparáramos, que vamos a morir o vivir. Nos concientizó ahí a qué íbamos, nos dijo la verdad", se lee en otro relato sobre Rodrigo Londoño. En el recorrido, que duró seis meses, se hicieron juicios guerrilleros, varios niños habrían sido sometidos a castigos excesivos y malos tratos, incluso se presentaron casos en los que algunos combatientes, menores de edad, se quitaron la vida."12 años tenía ese niño cuando se quitó la vida, qué hicieron, cogerlo de los pies lo arrastraron por donde quiera que andaba ese niño, iba dejando sus sesitos, hicieron un hueco y lo tiraron allá, otro que, que se mató, lo único que decían, uno menos, y lo único que hacía el comandante Rogelio era, sentarse ahí a echarse aire no más" dijo en una audiencia otra de las víctimas.Excesos por parte de la fuerza públicaPara la JEP durante la operación Berlín se cometieron excesos también por parte de la fuerza pública, sobre el departamento de Santander. En el momento que se desataron las confrontaciones, se hicieron evidentes las falencias en temas de entrenamientos y experiencia, pero los niños fueron forzados a combatir por amenaza de sus comandantes."Empezaron a preguntar usted cuántos años tiene, 15, eche pa allí, usted 14, 16, 17, uno que tenía 15 años dijo yo tengo 19 años, pues demostraba más años, pero era un niño, pues que hicieron, lo corrieron a 3 metros y le dispararon y lo mataron, el ejército, el mismo Ejército […] cuando llegó el helicóptero con nosotros, por nosotros, envolvieron al muchacho, al compañero de nosotros en una sábana blanca y le pusieron ahí, muerto en combate”, dijo a la JEP una de las víctimas.Las víctimas aseguran que sufrieron golpes, humillaciones y malos tratos, así como torturas psicológicas y físicas por parte de miembros del Ejército, después del sometimiento."En cercanías al municipio de Cucutilla, Norte de Santander, registrada en el diario de operaciones de la Fuerza Pública. De acuerdo con información aportada por el Ministerio de Defensa, el comandante de la operación, brigadier general Martín Orlando Carreño Sandoval, recibió una medalla por servicios distinguidos en orden público el 29 de junio de 2001. En su momento, la operación fue documentada por la prensa nacional como “la más exitosa ofensiva del Ejército contra laguerrilla”. Lo anterior, a pesar de que esta operación ofensiva da cuenta de las limitaciones del Estado en la protección de los niños y niñas reclutadas para participar en las hostilidades, como contempla el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", concluyó la jurisdicción.
Un duro pronunciamiento hizo la defensora del Pueblo, Iris Marín, frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, esto, a través de una resolución, en la que el Ejecutivo normaliza la designación de los exjefes paramilitares para abrir la que sería la décima mesa de negociación de la política de la paz total del Gobierno Petro.La defensora cuestionó cómo confiar en estos excomandantes y preguntó por qué “nombrarlos gestores de paz si han sido gestores de guerra”.“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado, se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, señaló la defensora.Y es que es una decisión muy polémica porque el Gobierno designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. En esta lista aparecen Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo, aligas ‘Jorge 40’ y Herbert Veloza conocido con el alias de ‘HH’.Incluso, la defensora del Pueblo dice que estos exparamilitares no pueden ser referentes morales de la construcción de paz en el país.“Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional, algunos de ellos se acogieron a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo", dijo.Para Iris Marín sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.
El ELN anunció un paro armado que ya completa 4 días en 3 ríos del departamento del Chocó, al menos 45.000 personas podrían estar confinadas según denunció la Iglesia Católica.El frente de guerra occidental de la guerrilla emitió un comunicado en el que no levantan el paro armado, a pesar de la difícil situación humanitaria que viven las comunidades, quienes también se han visto afectadas por la ola invernal.“Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en las zonas donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario desde el día 13 de noviembre, para que puedan llegar las ayudas humanitarias”, dijo la guerrilla en un comunicado.Es importante recordar que el paro armado fue anunciado justo después de que el Gobierno y el ELN se reunieran en Caracas para hablar sobre la posibilidad de retomar los diálogos de paz.“Las embarcaciones que se movilicen por el río deben llevar de manera visible los logos institucionales que los identifiquen, para evitar incidentes, en ningún caso se permite la movilidad nocturna”, asegura la guerrilla en el comunicado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento del excongresista César Augusto Andrade Moreno, quien fue fue condenado en la justicia ordinaria por sus alianzas con grupos paramilitares al mando de ‘El Alemán’.La JEP decidió rechazar el sometimiento asegurando que incumplió de manera grave sus compromisos, pues no aportó verdad plena.“Andrade Moreno fue condenado en la justicia ordinaria por concierto para delinquir agravado para promover grupos armados ilegales al margen de la ley. Según sentencia anticipada del 31 de agosto de 2011, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la contienda electoral de 2002, Andrade se valió del apoyo del movimiento ‘La Nueva Forma de hacer Política’, para aspirar y ser elegido representante a la Cámara en Antioquia. Este movimiento se fundió con el grupo político ‘Por una Urabá Grande Unida y en Paz’, creado y liderado por paramilitares bajo el mando de Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’”, señaló la JEP.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también explicó que Andrade no presentó un compromiso claro, concreto y programado sobre la información que entregaría a la jurisdicción.“Estos incumplimientos graves y recurrentes determinan el rechazo de la solicitud de sometimiento Andrade Moreno, quien no podrá acceder a los beneficios de la Justicia Transicional Restaurativa”, asegura la JEP.
El 1 de noviembre de 1998 se dio la toma guerrillera de las extintas Farc en Mitú, Vaupés. En este lamentable hecho 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.Tras 26 años de la toma, un grupo de firmantes de paz y de víctimas realizaron el conversatorio “26 años de historia, en Mitú se hace memoria”, para rendirle un homenaje a las víctimas y avanzar hacia la reconciliación.“Tuvimos una velatón, se prendieron unas velas flotantes por el río Vaupés, que significan las vidas que se perdieron y esa luz brillaba en el corazón de las personas y los familiares que recuerdan a sus seres queridos que perdieron, esa luz nos indica la esperanza en la paz y en la reconciliación”, aseguró el sargento (r) de la Policía César Lasso, quien fue secuestrado durante la toma.También se realizó una Eucaristía y estos actos estuvieron acompañados por la comunidad internacional e impulsados por la Fundación Agape, que coordinó y gestionó la logística.“Al final del conversatorio tuvimos la participación de las víctimas, escuchando sus ideas, reflexiones y dolores”, agregó Lasso.La Misión de la ONU en Colombia también hizo presencia en este evento y se refirieron al tema desde su cuenta de X.“La conmemoración fue promovida por las víctimas del hecho de 1998 y de los firmantes, con el fin de impulsar iniciativas tendientes a la búsqueda de la paz, la reparación del daño causado y la no repetición permitiendo la construcción de un nuevo capítulo en la historia de Colombia”, aseguran desde Naciones Unidas.