La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Una explosión registrada en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá, en límites entre Cundinamarca y Boyacá, dejó a seis mineros atrapados en su interior. La emergencia fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en X.De acuerdo con la información oficial, las labores de rescate se han visto seriamente dificultadas por la alta acumulación de gases dentro de la mina y por la gran cantidad de material que bloquea el acceso. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no es posible establecer si hay sobrevivientes, ya que solo se podrá confirmar cuando se logre contacto visual con los trabajadores atrapados.Las tareas de búsqueda y rescate están siendo coordinadas por el grupo especializado de la Agencia Nacional de Minería (ANM), con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Policía de Cundinamarca, la Alcaldía de Guachetá y la ESE Hospital de Guachetá, que dispuso ambulancias para la atención de la emergencia.Las autoridades y cuerpos de rescate continúan trabajando en la zona mientras avanzan las maniobras para ingresar de forma segura a la mina.
La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización de su sorteo número 2832, efectuado en la noche del jueves jueves 5 de febrero de 2026.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2832El gran protagonista de la noche fue el número: 2815 de la serie 456, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premios secos de la Lotería de BogotáAdemás del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones5020 – Serie: 305Premios Duendes de los Deseos – $500 millones8117 – Serie: 3658676 – Serie: 366Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones4850 – Serie: 2496452 – Serie: 2848653 – Serie: 044Premios Alcañías de los Sueños – $50 millones2641 – Serie: 1343200 – Serie: 0574784 – Serie: 1843138 – Serie: 3023208 – Serie: 4174889 – Serie: 214Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0960 – Serie: 4103152 – Serie: 1713521 – Serie: 3633635 – Serie: 4325076 – Serie: 4496618 – Serie: 1686972 – Serie: 4217160 – Serie: 3879049 – Serie: 0319084 – Serie: 065Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0022 – Serie: 3866835 – Serie: 3366000 – Serie: 2494276 – Serie: 3272964 – Serie: 2342155 – Serie: 1870558 – Serie: 0610170 – Serie: 0997129 – Serie: 2796177 – Serie: 3114906 – Serie: 2063159 – Serie: 4082422 – Serie: 1571280 – Serie: 3680170 – Serie: 2568583 – Serie: 1116267 – Serie: 4305032 – Serie: 0733389 – Serie: 1932558 – Serie: 3911588 – Serie: 3240258 – Serie: 4099645 – Serie: 4426354 – Serie: 2115682 – Serie: 3663698 – Serie: 4412603 – Serie: 2751895 – Serie: 2750468 – Serie: 2569890 – Serie: 315Sorteo en vivo Lotería de BogotáEste sorteo destacó por su atractivo plan de premios y por la presencia de ganadores en varios departamentos, un factor que sigue fortaleciendo la confianza y el interés de los jugadores. Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como una de las favoritas entre quienes buscan probar su suerte semana a semana.Además del componente económico, este juego mantiene un fuerte valor simbólico y social, ya que parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso permite garantizar transparencia, seguridad y el pago oportuno, evitando fraudes o intermediarios no autorizados.Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil mediante las siguientes opciones:Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.Premios mayoresEn el caso de premios de mayor valor, el trámite debe hacerse de forma presencial en las oficinas autorizadas: Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridosPara reclamar cualquier premio, el ganador deberá presentar:Billete original debidamente firmado.Fotocopia de la cédula de ciudadanía.Certificación bancaria vigente.Formulario de identificación de ganadores, correctamente diligenciado.Como recomendación final, la entidad insiste en verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro. Esto ayuda a evitar errores, retrasos o inconvenientes y garantiza que el trámite se realice conforme a la normativa vigente, brindando una experiencia segura y confiable a todos los ganadores.
El jueves 5 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2832El gran protagonista de la noche fue el número: 2815 de la serie 456, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premio Mayor de la Lotería del QuindíoEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 5 de febrero de 2025 es el: 7756 de la serie 171. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!MiLoto, ganadores sorteo 5 de febreroDurante el sorteo 480, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 22, 05, 09,10 y 25. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Resultados ColorLoto del 5 de febrero de 2026Los resultados oficiales de ColorLoto del 5 de febrero arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:2 negro7 blanco6 blanco3 rojo1 negro5 amarillo
EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur".El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves un sitio web con su nombre que permite acceder a una gama de medicamentos con descuento, un asunto clave en el país, donde estos precios están entre los más altos del mundo.Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en "TrumpRx" alcanzan incluso más del 80 % del precio actual. Para ello, firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos."A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores", dijo Trump en la Casa Blanca."Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo... el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo", agregó.El sitio web se lanza con descuentos en más de 40 medicamentos populares. Entre ellos están los fármacos antiobesidad.Así, Ozempic, de Novo Nordisk, vería su precio reducido de 1.000 a 199 dólares, mientras que Wegovy, de Eli Lilly, podría pasar de 1.300 a 199 dólares, dijo Trump. Los precios empezarán a subir después de dos meses.La medida forma parte del impulso de Trump para abordar el enojo de los votantes por el costo de la vida de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que sus copartidarios republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La guerrilla del ELN anunció un "paro armado" que comenzará a la medianoche de este sábado en cinco municipios del departamento colombiano del Chocó (oeste), debido a la ofensiva del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.Esta situación afectará a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, que están en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, además de la carretera que conecta a Nóvita con Torrá, de acuerdo con un comunicado del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN."Las unidades del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN seguimos en defensa de las comunidades y el territorio, cumpliendo nuestro deber y compromiso revolucionario, como prevención para evitar que la población se vea afectada en el desarrollo de operaciones defensivas el ELN decreta 'paro armado indefinido' en los ríos San Juan, Sipí y Cajón", dice el documento.El paro armado es una estrategia delincuencial que impide cualquier actividad comercial o cotidiana de las poblaciones afectadas a la que el ELN recurre con frecuencia, siendo el Chocó una de las regiones donde más la impone a sus pobladores.En el escrito, el ELN subraya que en la región hay una supuesta alianza entre militares y paramilitares del Clan del Golfo.A propósito de la seguridad del Chocó, el Ejército anunció el despliegue de 5.000 hombres en esa parte del país para contrarrestar el accionar de los grupos guerrilleros, de los grupos narcotraficantes y de los traficantes de personas.Para ello habrá despliegue de puestos de control terrestres y fluviales, además de patrullaje aéreo en todo el departamento. Además, se tendrán consejos de seguridad en varios municipios para aunar esfuerzos para combatir el delito.En ese contexto el Gobierno colombiano informó el sábado que presentó a la delegación de paz del ELN una "propuesta confidencial" para avanzar en los diálogos, que pasan por un momento crítico por las exigencias de esa guerrilla de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y la terminación del cese el fuego bilateral.Los términos de la propuesta serán dados a conocer más adelante, según las instrucciones recibidas del presidente colombiano, Gustavo Petro, según dijeron el senador Iván Cepeda, que hizo el anuncio junto con la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe.El cese del fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto y no se ha podido prorrogar. El grupo armado solicitó esta semana al Gobierno que lo retire del listado de grupos armados organizados (GAO) para reanudar la tregua.
En medio de la crisis del proceso de paz entre el Gobierno y el ELN, Blu Radio pudo establecer que La delegación del Gobierno nacional en los diálogos con el ELN, recibió instrucciones por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, para enviar una contrapropuesta, que por ahora es confidencial, al ELN. Lo anterior, con el único propósito de darle continuidad al proceso de paz. El ultimátum que le dio el ELN al Ejecutivo, para que excluya a esa guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), puso aún más contra las cuerdas la mesa de diálogos con ese grupo armado, que pasa por su peor crisis desde que se instaló el diálogo en medio de la propuesta de la Paz Total del jefe de Estado.Aunque era una propuesta que ya habían puesto en consideración, en relación con el pedido de eliminarlas de ese listado, manejado por las Fuerzas Militares y crucial para priorizar las operaciones militares estratégicas contra esas estructuras, un comunicado reciente elevó la presión hacia el Gobierno. Incluso condicionó un regreso a los diálogos a que se cumplía este requisito, por lo que pusieron como fecha límite el 23 de agosto. En la práctica, eliminar al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados significaría ajustar algunas políticas y reducir las operaciones militares contra esta estructura ilegal.No obstante, luego de que no se renovara el cese al fuego, que se cumplió el 3 de agosto, el Ministerio de Defensa anunció que retomará las acciones ofensivas. Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta propuesta es de fondo y que se sigue manteniendo un diálogo permanente con el ELN.
El control territorial del Estado parece estar perdiéndose en varias regiones, según admitió el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez. Esta problemática de seguridad se suma a que, tanto el ELN como la disidencia de las Farc y el Clan del Golfo, han duplicado su presencia en municipios del país y también su número de hombres, esto, según cifras del 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto del 2022, de acuerdo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.En diálogo con Mañanas Blu, se refirió a la ambiciosa meta en materia de paz que, desde un comienzo, se propuso el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual respondía, de alguna manera, a “la multiplicación de fenómenos de violencia y al crecimiento geométrico que tuvieron los grupos armados al margen de la ley” durante la administración anterior, ante lo que llamó la “ausencia de implementación” el acuerdo de paz con las exFarc y también ante la ausencia de una ofensiva militar en ese momento.En ese sentido, lamentó que la respuesta a una paz total por parte de estos grupos armados no haya sido la esperada. El ministro Cristo dijo que la mayoría de estas estructuras criminales siguen “persistiendo” en actos de violencia y se “aprovechan” del cese al fuego que se ha declarado anteriormente. Sin embargo, comentó que, por eso, en algunas zonas se levantó esta medida para la ofensiva de las fuerzas militares contra, por ejemplo, la de ‘Iván Mordisco’."El Gobierno Petro se propuso esa denominada paz total y hay que decir, con toda franqueza, que la respuesta de los grupos armados no ha sido la que esperaban los colombianos. Creo que la mayoría de esos grupos insisten, persisten en la violencia. Efectivamente, yo creo que han aumentado presencia en municipios comparado con el comienzo del Gobierno. No se ha podido frenar ese crecimiento de los grupos. Algunos han aprovechado los ceses al fuego y yo creo que esa reflexión se ha venido haciendo en el Gobierno las últimas semanas", sentenció.El ministro del Interior reveló que, incluso, se está “revisando el tema del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional”. Mencionó también que todo lo relacionado con esa estrategia del Gobierno de paz total hay que analizarla de “manera permanente” y “diferenciada”, sin dejar de lado la política de seguridad.“Hay que seguir insistiendo en que una son las negociaciones políticas con grupos de origen político que tienen ese estatus, independientemente de que sea difícil avanzar en procesos de paz con el ELN y, otra, que hay que definir, definitivamente, un marco jurídico para un sometimiento a la justicia de otros grupos armados, pero pues obviamente hay que seguir persistiendo en la paz sin abandonar la política de seguridad, como lo ha planteado el presidente y el ministro de Defensa”, puntualizó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
La Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones que había entre tribunales especiales para conocer los casos de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, como responsable de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.El alto tribunal determinó que la jurisdicción de Justicia y Paz es competente para el juicio de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, como Mancuso, en virtud del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.El conflicto de jurisdicciones surgió entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación).En la votación, el magistrado Vladimir Fernández salvó el voto, mientras que la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon el voto en relación con la decisión de la Corte.El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció durante tres horas ante la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'.Mancuso, quien ahora es gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no hizo declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.Esa fue la primera ocasión en la que Mancuso comparece ante la justicia en calidad de testigo, por hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares que tienen presencia en varias zonas de Colombia por lo que declaró contra el excongresista y ahora alcalde de Sincelejo, Sucre.
El Gobierno nacional anunció su intención de empezar los diálogos con el Clan del Golfo, grupo armado ilegal que está pidiendo iniciar el proceso “de justicia transicional y no de sometimiento”, según explicó su abogado, Ricardo Giraldo. En Mañanas Blu, aclaró que no han pedido que se abra una nueva jurisdicción ni que se establezcan nuevas leyes para negociar; aseguró que no es necesario.Ante las críticas por las practicas de financiamiento del Clan del Golfo durante años, reconoció que “no son pastorcitos de Belén”, pero dijo que “tampoco son narcotraficantes puros” como los señalan. En ese sentido, recalcó que este grupo considera que la solución al conflicto armado en el país no es a través del sometimiento y por eso habló explorar otras vías de justicia.“Ellos han sido muy claros en eso. Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista hace unos 15 días lo dijo a viva voz, que ellos quieren es que haya justicia transicional, porque es que sometimiento eso no va a garantizar que haya pacificación de los territorios, porque es que ellos vienen de varios procesos de sometimiento completamente fallidos. Entonces, eso no va a ser la solución real para para que haya paz en Colombia y la resolución es clara”, recalcó.Giraldo también se refirió a esos diálogos “socio jurídicos” que intenta entablar el Gobierno nacional. Señaló que, desde la parte jurídica, lo analizarán porque las resoluciones “son actos administrativos, pero hablan de sometimiento y “ellos han sido muy claros en que no va a haber sometimiento”, porque creen, y coincidió, “en que la solución al conflicto armado interno colombiano no se resuelve con el sometimiento”.Manifestó que, con esto, por lo menos “se abre la puerta para que se sienten las partes y se miren a la cara” para exponer “qué propuestas son las que tiene el Ejército Gaitanista y cuáles propuestas tiene el Gobierno”; con esto buscan, según agregó, que las partes puedan avanzar hacia un proceso de paz “que de verdad sea estable y duradero”.En cuanto al papel de la justicia en este proceso, el abogado Giraldo aseveró que es fundamental que esta juegue “un rol activo” y que todas las partes involucradas, incluyendo la sociedad civil y las víctimas, estén presentes en las negociaciones. Además, hizo énfasis en la importancia de la reparación a las víctimas como una prioridad en estas conversaciones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, denunció la presencia de 300 hombres, aproximadamente, pertenecientes a las disidencias de las Farc en el municipio de Ataco, en el sur del departamento.“En el sur vamos a reforzar mucho porque tenemos problemas nuevamente con las disidencias de las Farc, especialmente, en el municipio de Ataco. Estamos preocupados porque sabemos de la presencia de casi 300 hombres en el municipio de Ataco y nosotros no podemos permitir que las disidencias de las Farc ingresen al departamento y se lo tomen”, aseguró Matiz.La mandataria de los tolimenses hizo un llamado al Gobierno nacional, solicitando apoyo al para combatir la presencia de los grupos armados, para así mismo mantener el control territorial en todo el departamento.Ante el silencio del Ministerio de Defensa por el ataque con drones a la base militar Casa Verde, crece el temor y la zozobra en la población por la toma de las disidencias de las Farc en el departamento.“Necesitamos seguir haciendo ese control territorial y por eso regresamos nuevamente a hacer ese llamado que le hemos hecho desde el mes de enero al Gobierno nacional para que no nos dejen solos en esta tarea y que nos ayuden por supuesto a combatirlos”, agregóLos operativos contra las disidencias en el TolimaCon la designación el 9 de agosto del 2023 del coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso como comandante de la Policía, se desplegó una operación conjunta entre el Ejército Nacional, y la Policía del Tolima y el Huila, gracias a esto se logró la captura de Edwin Collo, alias ‘Guajiro’, uno de los principales cabecillas de la estructura ‘Ismael Ruiz’, de las disidencias las Farc en la vereda Santa Rosa, en Planadas, zona rural del municipio de Rioblanco, Tolima.Alias ‘Guajiro’, para el momento de la captura tenía más de 12 años de trayectoria criminal y era señalado por las autoridades como el hombre que ordenó y dirigió el atentado que dejó a 7 Policías muertos en la vía que comunica a Neiva, Huila, con el corregimiento de San Luis, en donde fueron masacrados.A inicio de septiembre de 2023, el coronel Ojeda aseguró que, apoyados en el testimonio de un capturado, en el departamento solo quedaban alrededor de 15 disidentes de las Farc. También fue enfático cuando aseveró que había otros grupos del estado mayor, que pretenden ingresar al departamento proveniente del Huila, para ese momento anunció acciones operativas en contra de esta estructura en el sur de la región.A finales de marzo de 2024, en un operativo conjunto del Ejército, Policía Nacional y la Fuerza aérea lograron la ubicación y muerte de Yohan Arley Vanegas, alias ‘Capotillo’, jefe de finanzas de la estructura ‘Ismael Ruiz’ en el sur del Tolima, y quien estaba encargado de conformar el Bloque Central del Estado Mayor Central, además era señalado de proferir amenazas contra funcionarios de la Gobernación del Tolima y diputados de la Asamblea Departamental.La muerte de alias ‘Capotillo’ se registró en la vereda Espíritu Santo entre las poblaciones de Chaparral y Rioblanco. Por Yohan Arley la Gobernación del Tolima ofrecía la suma de 100 millones de pesos a quien brindara información sobre su ubicación.Con estas acciones la tranquilidad había retornado a las familias del sur tolimense que estaban siendo intimidadas por el grupo denominado ‘Ismael Ruiz’, señalado de ejecutar extorsiones, secuestros y desplazamiento forzado en el sur del Tolima, los habitantes de los municipios del sur aseguran que el cese al fuego, lo único que dejó fue el fortalecimiento de las disidencias en su región.Pese a que el Ejército Nacional y la Policía del departamento de Tolima han sido enfáticos al asegurar que no van a permitir que las disidencias de las Farc vuelvan a sembrar terror y zozobra en los municipios del sur, el miedo es latente en la comunidad, ya que hombres al margen de la ley no solo están llegando desde el norte del Huila, sino también desde el Cauca.