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El presidente Gustavo Petro envió una carta a la Corte Constitucional solicitando levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 para poder actuar, según el, con mayor rapidez frente a la emergencia humanitaria causada por fenómenos climáticos extremos en Córdoba, Sucre y otras regiones.
En el documento, la Presidencia argumenta que la situación se ha agravado desde que el decreto fue suspendido: al menos 14 personas han muerto, más de 9.000 viviendas han sido destruidas, cerca de 50.000 familias (unas 300.000 personas) resultaron afectadas y más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares. Advierte además del riesgo de hambruna y de nuevos frentes fríos que podrían empeorar la crisis.
También señala que no se trata de un debate político o ideológico, sino de una urgencia humanitaria que exige decisiones inmediatas. Y agrega que la decisión de la Corte limita la capacidad de respuesta del Estado, por lo que pide habilitar de nuevo las herramientas excepcionales del decreto.
Cabe mencionar que la Corte Constitucional había suspendido provisionalmente los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada el 29 de enero de 2026 por votación 6–2; sin embargo, para ese momento la Presidencia tampoco solicitó una prórroga de tal decreto, aunque tenía 30 días para hacerlo.
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