Diferentes sectores de la salud siguen haciendo un llamado de emergencia al Gobierno Nacional por cuenta del estado financiero en el que está el sector.
Uno de ellos es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) que insistió en que los recursos destinados para la salud en la Adición Presupuestal aprobada en el Congreso no son suficientes para cubrir algunas atenciones.
“Tenemos una gran preocupación acerca de la desfinanciación del sector salud . Estimamos que son cerca de $10 billones los que se requieren para poder hacer el cierre financiero de este año y en la adición presupuestal solo se incorporaron dos", dijo Paula Acosta, presidente de Acemi.
Según Acosta, hay "una preocupación muy especial con los recursos que financian las atenciones que van por fuera del plan de beneficios, que se conoce como presupuestos máximos, en donde lo que está hoy presupuestado sólo alcanzará hasta el mes de junio”.
Y es que ese gremio ya le envió una carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando una revisión de los acuerdos establecidos para el sector de la salud en el proyecto de adición presupuestal. Según las EPS, se destinan $2,02 billones al sector salud, pero Acemi estima que se necesitan al menos $10,5 billones adicionales.
Además, advierten de la insostenible situación financiera del sector, al destacar que las EPS del régimen contributivo han tenido que destinar $102 por cada $100 recibidos para cubrir las atenciones de salud. Sumado a los costos operativos, esto ha generado pérdidas acumuladas por $2.3 billones, afectando el patrimonio de las aseguradoras afiliadas a Acemi.
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Acemi estima que se requieren $10,45 billones adicionales para evitar la desfinanciación de la salud de los colombianos. Esta cifra se divide en $3,1 billones para suplir la insuficiencia de la prima en 2023, que financia las aproximadamente 2,5 millones de atenciones diarias en el sistema de salud; $3,9 billones corresponden a faltantes estimados para este año y deudas pendientes de presupuestos máximos, desde 2021 y 2022 por parte de la Adres; y finalmente, $3,5 billones se destinan a cubrir deudas por recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades, y procesos de compensación pendientes.
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