Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Sigue la incertidumbre sobre el futuro del modelo de expedición de pasaportes colombianos a partir del 1 de septiembre por cuenta de la salida del actual operador del contrato entre los que está Thomas Greg & Sons, y el inicio del nuevo modelo de manejo público por parte de la Imprenta Nacional en alianza con el Gobierno de Portugal.
La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, envió un derecho de petición a la Cancillería pidiendo explicaciones sobre el estado actual del contrato con Thomas Greg y el plan de contingencia para garantizar la expedición del documento de identificación clave para trasladarse a distintos países.
En primer lugar, Cabal pide información detallada sobre el plan de contingencia del Gobierno nacional para garantizar la emisión de pasaportes una vez finalice el contrato vigente en septiembre. También solicita saber si la Imprenta Nacional está técnicamente capacitada para asumir la producción de aproximadamente 8.000 pasaportes diarios, y en caso afirmativo, desde cuándo lo hará y bajo qué cronograma.
Asimismo, interroga si existe un contrato vigente con empresas o gobiernos extranjeros, como con Portugal, para asumir esta función, y requiere copia de dichos contratos si los hay. Frente a las denuncias de la Excanciller Laura Sarabia, la Senadora cuestiona las razones detrás de las demoras en la asignación de citas y pide conocer la posición oficial del Gobierno sobre las posibles interferencias en estos procesos.
Otro de los puntos claves se refiere al papel del señor Alfredo Saade en decisiones logísticas sobre la impresión de pasaportes, dado que esta función le corresponde a la Cancillería, y se indaga sobre las acciones tomadas para prevenir una crisis de documentación que afecte los derechos de los ciudadanos.
Por último, solicita información técnica sobre cómo se está gestionando actualmente el proceso de citas para expedir pasaportes, incluyendo el tipo de software utilizado, el proveedor del servicio, su operador y el funcionamiento del sistema. También pide detalles sobre las alternativas implementadas por el Gobierno para los ciudadanos que no logran agendar citas.
Publicidad
La senadora exige que se responda en un plazo de cinco días hábiles, apoyándose en los artículos 258 de la Ley 5 de 1992 y 16 de la Ley 1909 de 2018, que establecen el derecho de los congresistas y las organizaciones políticas en oposición a recibir información oficial de forma oportuna y clara.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.