El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles"."Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado miles de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió a aclarar las versiones sobre despidos masivos en la entidad, luego de que varios funcionarios aseguraran que más de 20 personas fueron declaradas insubsistentes tras la llegada de la nueva directora. A través de un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el número de desvinculaciones fue de 12 personas.Según el documento, todos los cargos correspondían a empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni contaban con estabilidad laboral reforzada, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el Dapre señaló que los funcionarios retirados eran personas de confianza de la anterior dirección, encabezada por Angie Rodríguez, y que su salida obedece a la conformación del nuevo equipo cercano de trabajo de la actual administración.Sin embargo, versiones de funcionarios consultados indican que el número de personas desvinculadas sería superior al informado oficialmente y que las decisiones se tomaron en bloque durante la noche del lunes 26 de enero. Entre los funcionarios que salieron del Dapre se encuentran asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dary Cruz -quien llevaba cerca de 25 años vinculada a la Casa de Nariño y estaba próxima a pensionarse- así como la jefa de Comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón.Estos movimientos se suman a los que actualmente se registran en la Cancillería, donde, según la Asociación Diplomática y Consular, al menos 100 funcionarios han salido de sus cargos. El gremio también ha advertido sobre una proliferación de contratos y declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados, a pocos meses de las elecciones.
Los sistemas antidrones con los que cuenta actualmente la Fuerza Pública, recientemente adquiridos, están quedando rezagados frente a una amenaza tecnológica usada por criminales del ELN y las disidencias de las Farc, drones controlados mediante fibra óptica. De acuerdo con información de inteligencia, estructuras están adquiriendo este tipo de aeronaves no tripuladas, que resultan prácticamente inmunes a los bloqueadores de señal tradicionales utilizados por el Ejército y la Policía.A diferencia de los drones convencionales, que dependen de una frecuencia de radio específica, los drones con tecnología de fibra óptica pueden cambiar de señal durante el vuelo o incluso operar sin depender de una única frecuencia. Esto les permite evadir los sistemas antidrones disponibles, diseñados para interferir solo una señal a la vez. En la práctica, cuando el bloqueador entra en acción, el dron modifica su canal de comunicación y continúa su desplazamiento sin dificultad.La tecnología de fibra óptica permite además que los operadores se comuniquen con el dron desde distintos puntos, lo que dificulta la localización del piloto y amplía el rango operativo del dispositivo. Según las autoridades, esta capacidad convierte a estos drones en herramientas complejas de combatir, especialmente en zonas rurales y selváticas donde el control del espacio aéreo es limitado.Los reportes de inteligencia señalan que el ELN estaría liderando la compra de estos equipos, presuntamente provenientes de Europa. Las adquisiciones serían coordinadas por alias ‘Caballo de Guerra’, cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez, con el objetivo de emplearlos en acciones armadas en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca. Antes de su captura a finales de 2025, alias ‘Drácula’ habría estado al frente de esta logística tecnológica.En algunas áreas selváticas, las autoridades han encontrado incluso restos de fibra óptica en las copas de los árboles, lo que evidencia el uso de estos drones en operaciones recientes. El hallazgo ha generado inquietud no solo por la amenaza a la seguridad, sino también por el impacto ambiental que puede provocar la acumulación de este material en ecosistemas sensibles.Otro factor que preocupa a los organismos de seguridad es la facilidad con la que estos sistemas pueden ser adquiridos. Según fuentes oficiales, se trata de tecnología relativamente económica y de acceso menos restringido de lo que se pensaba, lo que abre la puerta a una expansión rápida de su uso por parte de grupos armados ilegales.Mientras tanto, los sistemas antidrones que la Fuerza Pública ha venido adquiriendo para enfrentar ataques con explosivos transportados por drones resultan ineficaces frente a esta nueva modalidad. Expertos advierten que, sin una actualización tecnológica urgente, los bloqueadores actuales seguirán siendo inútiles ante drones con fibra óptica, consolidando una ventaja operativa para los grupos armados que ya los están utilizando.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
Las fuertes lluvias que se han presentado recientemente provocaron emergencias en al menos seis municipios del Huila dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Asimismo, Bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe, cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco en el sur del departamento.“El municipio con mayor número de eventos es Oporapa, donde se reportan nueve deslizamientos que mantienen cerradas varias vías secundarias y terciarias, afectando la movilidad rural. En el municipio de Saladoblanco, se registran deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en la vía Saladoblanco–Pitalito, con cierres totales en varios tramos. También una mujer y un menor quedaron atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran heridas de gravedad”, informó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Entre tanto, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar, que en lo corrido del mes de enero van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y cinco personas lesionadas.Puntualizó el coordinador para la atención de Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo que los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente, en el comportamiento de ríos y quebradas y le hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, así como a reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió rumores sobre una posible salida de la cartera para hacer campaña del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 2026.“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, escribió en su cuenta de X.Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que el jefe de la cartera política podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.A pesar de que el jefe de la cartera no está autorizado a hacer política, su círculo cercano asegura que hoy apoyaría al exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, y en caso de que ganara la consulta Frente por la Vida, se sumaría a su campaña.Benedetti respondió a Blu Radio sobre su encuentro con Barreras, afirmando que: "Estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política"."Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Yo no estoy descartando, ni asegurando. Lo único que estoy haciendo es diciendo que yo quiero ir hasta el 7", agregó el ministro Benedetti.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Un operativo de control vial terminó en una persecución policial y un fuerte accidente que dejó al descubierto un cargamento de 744 kilogramos de marihuana en carreteras del Valle del Cauca. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en uno de los principales corredores del departamento.Los hechos ocurrieron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta. Lejos de atender la orden, el sujeto aceleró el vehículo e intentó evadir el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las autoridades.Minutos después, a la altura de la entrada a la vereda Cumba, el conductor perdió el control del automotor y terminó colisionando contra un árbol. Tras el choque, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.Durante la inspección del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron varios paquetes de distintos tamaños que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y características, correspondía a marihuana. De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento cubría la ruta Corinto–Medellín y estaría vinculado a redes de tráfico de estupefacientes que utilizan las vías nacionales para el transporte de droga.“Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que eran transportados ilegalmente por la ruta Corinto–Medellín”, indicó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo y el cargamento quedaron bajo custodia judicial. Las autoridades señalaron que este resultado representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en los corredores viales del suroccidente del país.
Este 2026 las altas cortes concentran la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro por varios temas de interés en manos de los altos tribunales, uno de ellos, el decreto del salario mínimo expedido en diciembre del año pasado y que generó controversia.En ese sentido, el Consejo de Estado decidió no dar por terminado el proceso de nulidad promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo, pese a que él mismo pidió retirar la demanda tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.El alto tribunal explicó en un auto conocido por este medio que al tratarse de una acción de simple nulidad, el demandante no puede desistir libremente de las pretensiones, ya que este tipo de procesos tienen un carácter público y buscan proteger el ordenamiento jurídico, más allá del interés particular de quien los presenta.Además, el Consejo de Estado señaló que la solicitud de retiro y desistimiento no obedecía a una manifestación libre y espontánea, sino que estaba mediada por presuntas presiones y actos de intimidación derivados de la exposición pública del caso.“Es deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar cualquier acto que resulte contrario a la dignidad de la justicia. En el presente caso, dicha dignidad se ve gravemente comprometida por la coerción ejercida por quienes discrepan de la postura jurídica del demandante”, señaló el Consejo de Estado.Por las mismas razones, el Consejo de Estado también negó la petición de renunciar a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, al considerar que dicha decisión estaba igualmente influenciada por el clima de hostilidad denunciado por el actor.Esto en la práctica significa que este proceso seguirá vivo y el Consejo de Estado deberá determinar si suspende o no provisionalmente el decreto del salario mínimo.
Dos hombres de 50 y 63 años fueron capturados en flagrancia en zona rural de Cundinamarca luego de un intercambio de disparos con la Policía, tras ser sorprendidos cuando intentaban cometer un hurto en la vereda El Silencio.De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de que la comunidad alertara sobre una camioneta sospechosa que se desplazaba por el sector. Con la información suministrada, los policías del sector activaron un operativo de cierre de vías que permitió interceptar el vehículo en una zona rural.Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías con el fin de evadir la captura, lo que derivó en un cruce de disparos. La rápida reacción de los policías permitió reducir a los sospechosos sin que se registraran personas heridas.En la inspección del vehículo, las autoridades hallaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos, un arma traumática y procedieron a la inmovilización de la camioneta en la que se movilizaban.Los capturados, oriundos de los municipios de Yacopí y Granada, Meta, presentan un amplio historial judicial. Según los registros oficiales, ambos tienen antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.Los hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
En una tensa jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló en Mañanas Blu, sobre la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad. Calderón calificó el acto como una "canallada" y un acto de sevicia, especialmente considerando que se produjo justo cuando el DAPRE conmemora su 70 aniversario."Masacre laboral"Según el testimonio de Calderón, la decisión fue inesperada pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular en la que exhortaba a no realizar despidos, incluso mencionando que no se debía sacar a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no la sacarían, pidiéndole que no creyera en "cuentos" y que el presidente se reuniría con ellos. No obstante, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.El drama de Luz Dari Rojas y los 25 años de servicioUno de los casos más críticos mencionados en la entrevista es el de Luz Dari Rojas, una funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encuentra a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a la dignidad de alguien que entregó su vida a la entidad. "Luz Dari es el Dapre", afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones."Andar con cuchillo en Palacio" y la creación de un sindicatoLa tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección ante lo que percibían como un ambiente hostil. Al ser consultada sobre la frase "hay que andar con cuchillo en Palacio", Calderón explicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera fulminante.La barrida en el DAPRE ocurre a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, lo que deja a los afectados con un margen de maniobra nulo para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.Escuche aquí la entrevista:
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.