El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo el Barcelona frente a la Real Sociedad (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. La Real Sociedad ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del Barça, una jugada que Flick ha asegurado que tienen que “mejorar”.
La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, obras ejecutadas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre los años 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio alguno para los recursos públicos.De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamenta en la inexistencia de detrimento fiscal, ya que las obras sí fueron ejecutadas, recibidas formalmente y destinadas al fin para el cual fueron contratadas.La Contraloría determinó que los recursos invertidos no se perdieron y que los bienes existen, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad, lo que descarta cualquier menoscabo definitivo del patrimonio público.En su análisis, el Despacho estableció que la inversión pública cumplió su finalidad y que no se produjo perjuicio al erario. Por esta razón, y al no demostrarse daño fiscal, no es posible declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario. “Sin daño probado, no puede declararse responsabilidad fiscal”, señala la decisión.El fallo precisa que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su destinación al servicio de seguridad ciudadana quedó acreditada mediante contrato de comodato, actas de entrega y las órdenes de servicio correspondientes. Similar situación se describe con el CAI de Cuatro esquinas.En el proceso se concluyó que los recursos se orientaron a satisfacer una necesidad pública, se articularon con la política de seguridad ciudadana y se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.Tras la práctica de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, mencionado en la decisión como sustento, se comprobó que las obras se encuentran en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fueron contratadas.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, generan expectativa entre miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica simple y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes desean probar su suerte y consultar a diario los resultados del chance.Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado, lo que facilita la verificación inmediata de los números ganadores.Número ganador de Caribeña NocheEl número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 18 de enero de 2026 es el: 4991 - 5. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.Número ganador: 4991Dos últimas cifras: 91Tres últimas cifras: 991La quinta: 5A qué hora juega Caribeña NocheEl sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día.Cómo se juega el chanceEl chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.Cuánto cuesta apostarCaribeña Noche se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse para cualquier trámite.Documentos fundamentales para cualquier premioTiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT)Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: se debe presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: además del formato SIPLAFT, se solicita una certificación bancaria vigente, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, revisan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte y los astros estén de su lado.La transmisión en vivo del sorteo refuerza la transparencia del proceso y permite a los jugadores seguir su desarrollo en tiempo real, un aspecto clave para quienes consultan de forma constante los resultados oficiales del Super Astro Luna.Resultado del Super Astro Luna hoy domingo 18 de enero de 2026El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al domingo 18 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores. Este fue el resultado: 2704 - Sagitario.Número ganador: 2704 Tres últimas cifras: 704 Dos últimas cifras: 04 Signo zodiacal: SagitarioHorarios oficiales del Super Astro LunaEl Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que facilita una participación continua a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Esta programación permite a los participantes organizar sus apuestas y consultar los resultados de acuerdo con su rutina diaria, consolidando al Super Astro Luna como una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.¿Cómo jugar al Super Astro Luna?La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible, lo que lo hace atractivo para diferentes perfiles de jugadores. Para participar, se debe:Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.Seleccionar un signo zodiacal.Activar de manera opcional la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.Esta dinámica permite jugar de forma recreativa o aplicar una estrategia específica, según las preferencias de cada persona que consulta los resultados del chance nocturno.¿Dónde apostar al Super Astro Luna?Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto en la compra de las apuestas como en la validación de los premios.Requisitos para cobrar un premioEl procedimiento para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.El documento de identidad original y una fotocopia legible.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumplía con esa condición.Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.