El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Edwin Urrego. En desarrollo....
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
Cerca de 5.000 usuarios de la EPS Emssanar en el Valle del Cauca, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, resultaron afectados con la más reciente suspensión de servicios de salud de una institución privada.Se trata de la IPS Grupo de Especialistas en el Manejo de Enfermedades Crónicas, Gesencro, que a partir de hoy 10 de febrero suspendió la atención a los pacientes de esta EPS en las sedes de los municipios de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito.A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión, debido a la persistente falta de pago de Emssanar de las obligaciones económicas derivadas de servicios ya prestados."Una demostración más de la situación financiera que está viviendo el sistema y que acaba afectando a los pacientes. Es una cosa compleja, este centro presta servicios de baja complejidad en estos municipios. Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable", aseguró secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.La funcionaria aseguró que en estos momentos Emssanar está tratando de migrar la atención a sus usuarios a la red pública, siguiendo una orden del Ministerio de Salud, sin embargo, es una medida que no sería viable teniendo en cuenta que la red pública es insuficiente para atender tal demanda de pacientes."La red pública es incapaz de atender el 100% de los pacientes y se requiere el trabajo conjunto con la red privada. El señor ministro de Salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados", añadió Lesmes.La suspensión de servicios de salud a los pacientes de EPS intervenidas hace que otras instituciones se congestionen cada vez más. Tal es el caso de la clínica Versalles en Cali, que actualmente está atendiendo solo urgencias vitales, debido a su alto nivel de sobreocupación.
Tal como lo había adelantado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se firmó la prórroga por dos años con las cinco empresas concesionadas encargadas de la limpieza y recolección de residuos de la ciudad. Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, aseguró que con esta firma viene la innovación y actualización, que básicamente es la llegada, en los próximos tres meses, de 35 nuevos camiones compactadores de basuras a la capital con el fin de ampliar los recorridos de recolección, pero así mismo reducir los puntos críticos de concentración de basuras que se da en el centro y sur especialmente.“Hay que decirle a la ciudadanía que después del 11 de febrero vamos a mantener la cobertura en el 100 % de la ciudad en lo que tiene que ver con recolección, transporte, barrio, limpieza, lavanderías públicas. Venimos trabajando con los concesionarios con el fin de dar cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional en defensa de los recicladores de oficio para mantener las garantías que se tienen para ellos, pero adicionar a eso no solamente en garantías para los recicladores, sino también en mejoras en la prestación del servicio”, concluyó el director de la UAESP.Por su parte, también fue enfático en que a Bogotá se le van a extender los kilómetros de barrido, que pueden superar los 45 mil, para garantizar la cobertura total y así mismo no descartaron la instalación de cobertores en zonas residenciales para evitar que los residuos se queden en la calle. Entre tanto, el distrito aún está en la evaluación de aplicar más recolección en horarios nocturnos o diurnos en las zonas identificadas con mayor riesgo de acumulación.Así las cosas, se adelanta también un trabajo conjunto con varias secretarías de distrito, como Gobierno y Seguridad, para aplicar las sanciones a quienes sean vistos dejando desechos en las esquinas como escombros o material biológico que represente un riesgo.
En video de cámara de celular quedó registrado el momento exacto en el que un hombre, de 27 años, ataca de manera violenta una patrulla de la Policía en plena vía pública. El hombre, visiblemente alterado, rompe uno de los espejos del vehículo oficial, por lo que el uniformado que estaba en su interior desciende del mismo e increpa al agresor, acto seguido, este empieza a golpearlo en repetidas oportunidades.En un momento del video, se logra ver que el policía persuade al hombre para que no lo siga agrediendo, incluso junto con otra patrullera de la institución; sin embargo, el violento sujeto continúa golpeando al uniformado, sin importar que en el lugar había decenas de testigos.Tras conocerse las imágenes, la Policía de Bogotá adelantó un procedimiento en la localidad de Suba, en el cual logró la captura del hombre señalado de protagonizar el violento hecho de intolerancia contra el integrante de la institución.De acuerdo con la información oficial, este hombre fue quien arremetió de manera agresiva y temeraria contra un vehículo policial y contra un uniformado que se encontraba en el lugar, causándole varias lesiones en el rostro durante el ataque. La rápida reacción de los demás policías permitió controlar la situación y efectuar la captura del presunto agresor.Tras su detención, el ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado, amenazas e intimidación.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristián Quiroz, presentó la plataforma tecnológica que se va a utilizar para la postulación y acreditación de actores electorales, como los testigos de los partidos para el día de las elecciones.Al finalizar el encuentro, el magistrado Quiroz respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas una sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha cuestionado algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral.Petro, por medio de su cuenta de X, señaló que “el papel del CNE es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción”. Quiroz aseguró que las decisiones que toman desde el Consejo Nacional Electoral son basadas en la Constitución.“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. Nosotros no tenemos derecho a interpretar, hay unas normas que están en la Constitución y la ley y lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicarlas y darle garantías a todos los candidatos y a todas las agrupaciones políticas de que en la próxima jornada electoral puedan participar”, dijo el presidente del CNE.Es importante recordar que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’ del próximo 8 de marzo.Además, el CNE tumbó algunas listas al Congreso del Pacto y le pidió al movimiento político volverlas a presentar, algo que ya se cumplió.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila frente a la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, tras la prórroga por 22 meses del esquema actual. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el funcionario afirmó que habrá cobertura del 100 % y continuidad en el servicio, descartando un escenario de crisis en la ciudad.Ojeda explicó que la prórroga de los contratos se realiza en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, particularmente relacionadas con la protección de los recicladores de oficio. Según indicó, esta extensión contractual no implica una simple continuidad del esquema actual, sino que incluye una serie de mejoras operativas.¿En qué mejorará la recogida de basuras en Bogotá?Entre las medidas anunciadas, el director de la Uaesp señaló la incorporación de 35 vehículos nuevos, el aumento de los kilómetros de barrido y el fortalecimiento de la interventoría para verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección, barrido y limpieza por parte de los prestadores del servicio.Durante la entrevista, Ojeda reconoció que uno de los principales problemas que afectan la limpieza de la ciudad está relacionado con los residuos voluminosos y de construcción y demolición. Mencionó que elementos como colchones, sanitarios o muebles están siendo dejados en el espacio público, pese a que los vehículos compactadores no pueden recolectarlos.Indicó que el Distrito ha tenido que destinar recursos adicionales para atender puntos críticos y arroyos clandestinos, los cuales, aunque han sido mitigados, continúan apareciendo. En ese contexto, anunció el fortalecimiento de Aguas de Bogotá, cuya capacidad de recolección pasó de 180 toneladas diarias a más de 400, y que después del 12 alcanzará las 1.000 toneladas diarias.El funcionario subrayó que gran parte de estos residuos no se depositan adecuadamente y reiteró que se viene trabajando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, en estrategias de cultura ciudadana y apropiación del espacio público.Cambios operativos y ecopuntosFrente a los ajustes realizados tras su llegada a la Uaesp, Ojeda explicó que será necesario volver a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para verificar los motivos que permitan asignar nuevas áreas de servicio. Mientras tanto, señaló que se han implementado mejoras como el incremento de los lavados en la ciudad, superando los 7.000 mensuales.También destacó el fortalecimiento de los Ecopuntos, espacios donde la ciudadanía puede llevar de manera gratuita residuos voluminosos y de construcción. Según indicó, estos puntos se incrementarán y se avanzará hacia un esquema que proteja a los recicladores y tenga en cuenta las experiencias previas con la contenedorización, que tuvo resultados dispares según la zona.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la Cancillería colombiana concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una Declaración de Intención firmada por las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, en lo que marca, además, la primera visita de una canciller colombiana a ese país en 34 años.La alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y generen alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2011 se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que, según lo acordado, seguirán ampliándose como herramienta de prevención y construcción de convivencia.Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres, en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal que afecta a regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar y otras, por el paso de un frente frío que no se tenía previsto y que generó inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando a más de 70.000 familias.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
A más de 11.000 pies de altura, las tripulaciones de la Aviación del Ejército afinan maniobras, corrigen errores y enfrentan uno de los mayores retos para cualquier piloto militar: volar y aterrizar en montaña. El escenario es el municipio de Samacá, Boyacá, donde se desarrolla el curso de Operaciones en Montaña y Aterrizajes a Gran Altura (Omaga).El entrenamiento, fundamentado en el manual HAAT (High Altitude Army Aviation Training), busca fortalecer el entendimiento de los pilotos frente a los riesgos propios de la topografía andina: corrientes de aire cambiantes, baja densidad del aire, variaciones bruscas del clima y obstáculos naturales que pueden convertirse en amenazas invisibles para una tripulación inexperta.La capacitación es liderada por el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA) y está dirigida a oficiales pilotos que asumirán el rol de comandantes de helicóptero, específicamente en aeronaves MI-17 y Black Hawk. El objetivo es que puedan enfrentar despliegues en zonas de alta complejidad geográfica, donde la pericia técnica marca la diferencia entre el éxito de la misión y el riesgo operacional.El curso se divide en dos fases. La primera, teórica, tiene una duración de ocho días e incluye instrucción detallada sobre el comportamiento de las aeronaves en montaña, así como los efectos de la meteorología y la topografía en el rendimiento del vuelo. La segunda fase, práctica, se extiende por diez días, periodo en el que los pilotos aplican en terreno real los conocimientos adquiridos en aula.Este entrenamiento fortalece la capacidad diferencial de la División de Aviación Asalto Aéreo, permitiéndole contar con tripulaciones altamente entrenadas para operar en cualquier punto del territorio nacional. Además, se proyecta como un componente clave dentro del despliegue operacional previsto para el Plan Democracia 2026, en el que la movilidad aérea será determinante para garantizar seguridad y presencia institucional.
En diálogo con Mañanas Blu el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo. Al ser preguntado sobre si tiene relación con el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, negó rotundamente conocerlo. Lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, delineó su visión de país y desmintió los señalamientos que lo vinculan con la actual cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Durante la conversación, De La Espriella enfatizó que su proyecto político busca restaurar el orden y la justicia en Colombia, asegurando que no habrá concesiones para quienes hayan abusado del poder.Desmentido de vínculos con la Fiscalía y la "estratagema" de PetroUno de los puntos centrales de la entrevista fue la supuesta cercanía de De La Espriella con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. El candidato fue enfático al declarar: "No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido", calificando tales afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" del presidente Petro para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que rodean a su administración, como los casos de Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo.De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador. Según el abogado, el presidente busca meterse en una pelea directa con él para proteger a su "heredero", Iván Cepeda, y sacarlo de la ecuación pública.Auditoría internacional y justicia sin impunidadAl ser consultado sobre sus intenciones respecto al actual mandatario, De La Espriella fue tajante al expresar que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley. El precandidato propuso realizar una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país "cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron".“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, afirmó, señalando que su compromiso moral y legal es realizar un corte de cuentas riguroso. Aseguró que los resultados de dicha auditoría serían entregados a los organismos de justicia correspondientes para que tomen las decisiones necesarias.Un plan de choque para la seguridad nacionalEn materia de orden público, De La Espriella presentó un plan de choque de 90 días destinado a capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor. Su estrategia incluye la fumigación de las 330.000 hectáreas de coca existentes y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, para lo cual busca fortalecer alianzas con Estados Unidos e Israel.Para el candidato, la seguridad es el eje fundamental que genera confianza inversionista y permite el desarrollo social. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, explicó, añadiendo que su gobierno sería de transición para "organizar la casa".Escuche aquí también la entrevista:
La senadora Aída Quilcué, reconocida líder indígena y miembro del Pacto Histórico, confirmó que sus captores se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una de las principales estructuras disidentes de las FARC en el suroccidente del país. El hecho ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, departamento del Cauca, cuando Quilcué se desplazaba desde La Plata (Huila) hacia Popayán junto a su esquema de seguridad.El vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, quienes la obligaron a descender del carro y la condujeron a un área boscosa de difícil acceso. “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”, relató Quilcué en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu.La senadora, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y es una figura histórica del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narró con serenidad cómo se mantuvo firme ante sus captores. “Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, recordó. Según explicó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, aparentemente presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.“Era un secuestro dirigido”Durante la entrevista, Quilcué afirmó que el grupo portaba radioteléfonos y mantenía comunicación constante con otros hombres apostados en la zona, lo que indica que se trató de una acción planificada. “Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, expresó la senadora.La propia congresista reconoció que su esquema de protección fue clave para mantener la calma, aunque admitió que el operativo de rescate se facilitó por la reacción comunitaria. “La acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”, sostuvo.La columna Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una de las más violentas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, mantiene presencia en los municipios de Toribío, Caldono, Inzá y Totoró, zonas donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques, secuestros y hostigamientos a la población civil.Otro secuestro agravó la tensión en la regiónEl rapto de Quilcué coincidió con el secuestro, pocas horas después, del alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá, quien fue liberado tras una operación del Ejército Nacional. Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, aumentaron la preocupación por el deterioro del orden público en el departamento.El alcalde Guachetá relató que fue intimidado y golpeado por sus captores: “Nos encañonaron, nos golpearon en el rostro y nos despojaron de los celulares y de la camioneta”, dijo tras recuperar la libertad. Las autoridades atribuyen ambos hechos a las mismas estructuras armadas que controlan corredores estratégicos del norte y oriente del Cauca.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a las acusaciones sugeridas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a un alto oficial de la policía de haber intentado plantar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial. El general Edwin Urrego, quien ha ocupado cargos de relevancia en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, calificó estos señalamientos como una "locura" y manifestó su total sorpresa ante lo que considera una desinformación del mandatario.Una "locura" sin fundamentosEl general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”. Según el oficial, su labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, pero recalcó que el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quienes no tiene contacto directo.Disposición ante la justicia y el polígrafoAnte la gravedad de las acusaciones, que sugieren un plan para sabotear una supuesta reunión del presidente con Donald Trump, Urrego manifestó su total disposición para aclarar la situación. “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó el oficial, destacando que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE. Urrego sostiene que, al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con este supuesto complot.El episodio del allanamiento a BenedettiOtro de los puntos de fricción es la relación que el presidente Petro estableció entre el oficial y el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Barranquilla. El general Urrego aclaró que, aunque era el comandante en esa ciudad cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana. Explicó que él no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal y que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial que venían desde Bogotá. “No podía ni oponerme y, por el contrario, mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
El papa León XIV pidió hoy prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, en un llamamiento durante los saludos en español en su Audiencia General de los miércoles.El pontífice estadounidense encomendó al amparo de la Virgen "a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia".Y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y por el desbordamiento de ríos como el Sinú y el San Jorge en la región caribeña del país implicará millonarias inversiones en los próximos meses."La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará (...) una decena de billones, en los próximos meses", escribió en X el mandatario, quien convocó un consejo de ministros para abordar la emergencia climática provocada por las lluvias, con al menos 14 muertos y decenas de miles de familias damnificadas.León XIV también recordó que en la diócesis de la que fue obispo, en Chiclayo, en Perú, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y confió "a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María".
El presidente Gustavo Petro encabezó en Montería un extenso consejo de ministros —cercano a cinco horas— marcado por la emergencia invernal, anuncios fiscales, denuncias de presuntos sabotajes, críticas a instituciones del Estado y pronunciamientos sobre política energética, electoral y administrativa. Aunque el eje formal del encuentro fueron las inundaciones que afectan a Córdoba y a otras regiones del país, el mandatario abordó múltiples frentes, generando reacciones políticas y respuestas institucionales.Emergencia por lluvias y ultimátum a la Corte ConstitucionalEl Gobierno calcula que se requieren 8 billones de pesos para atender la emergencia causada por el invierno. Petro condicionó la ruta financiera a la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre.“Vamos a dar hasta mañana y tenemos un problema de tiempos, pero también de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces yo quiero ver qué momento, que no se demore, porque si no, de todas maneras no podemos esperar mucho", dijo el presidente.Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresasEl ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que, de decretarse una nueva emergencia, el Ejecutivo propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas para financiar la reconstrucción.“Proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Y con el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas de medidas tributarias que hemos mencionado, se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza, se le conoce", dijo.Balance de daños: “No hay plata para reconstruir”La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo presentó un panorama crítico de afectaciones humanas, territoriales y económicas: “Va a ser realmente una pérdida extraordinariamente grande. Vea, nosotros hemos hecho unos cálculos con las imágenes satelitales que nos arrojan unas 48.000 hectáreas en este momento bajo el agua. Eso, haciendo un poco más matemáticas de servilleta, nos puede estar dando que tendríamos unas 250.000 o 300.000 hectáreas afectadas. Recuperar eso cuesta una fortuna. Restituirles las viviendas a las miles de familias que lo perdieron cuesta demasiado dinero”, dijo Carlos Carillo, director de la entidad.Polémica por protocolo del consejo de ministrosEl mandatario defendió el procedimiento del encuentro tras críticas por alcaldes que esperaron atención sentados en el piso.“Críticas que alcaldes se tiraron por ahí en un correo a decir que no lo recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros, tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones. Lo que estamos es resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente. El Consejo de Ministros tiene un protocolo", dijo Petro.Propuesta energética a EE. UU. y críticas empresarialesPetro reveló que propuso a Donald Trump integrar infraestructura para transportar gas venezolano, con el objetivo de abaratar precios. En ese contexto lanzó críticas a grandes empresarios.“Le dije a Trump: ayúdeme a importar, le pongo el tubo para que exporte usted al mundo, porque los gringos no necesitan gas, y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela se use, porque mitiga un poco el impacto del CO2, y parte de ese gas llega aquí y desplomamos todos estos precios, ministro.”Denuncia de presunto sabotaje y plan contra su seguridadEl presidente aseguró que existió un intento de sabotear su reunión con Trump mediante la siembra de sustancias ilícitas en su vehículo, y reiteró que hay planes para atentar contra su vida.“Hay un general que ordena retirar la policía, tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden, no, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no, su casa era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión… eso me coloca en una situación de alarma", denunció.Isla Gorgona como centro internacional de investigaciónPetro planteó transformar la isla en un eje científico y sanitario: “Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública con prevención, y eso implica antiofídico y eso implica refrigeración, lo cual implica energía”.Nuevo pasaporte colombianoEl mandatario presentó el diseño preliminar del nuevo documento, destacando su seguridad y el fin de la tercerización.“Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia y ordenado cambiarlas. Y nada, la trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos".Defensa de Ricardo Roa y críticas al sistema electoralPetro defendió al presidente de Ecopetrol frente a las imputaciones anunciadas y cuestionó decisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía. “Ahora Roa, por sobre topes de campaña, que yo que me he leído ese proceso de pie a paso, pues no tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobre costo. Ustedes no pueden decir que porque duplicaron la factura…Y el señor Prada es el que armó esto… sobre topes que cuando yo veo resulta que no son…”