En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra.El mandatario señaló que el oficial tenía una “misión extra”, pues, según dijo, alguien le habría dado la orden de poner sustancias psicoactivas en su vehículo y que su propósito era sabotear la reunión con el entonces presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero. Con el Decreto 0147 se oficializó esta decisión.En el documento se lee: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.Cabe mencionar que, en conversación con Blu Radio, el general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial y agregó que, de ser necesario, se sometería al polígrafo.
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
Cerca de 5.000 usuarios de la EPS Emssanar en el Valle del Cauca, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, resultaron afectados con la más reciente suspensión de servicios de salud de una institución privada.Se trata de la IPS Grupo de Especialistas en el Manejo de Enfermedades Crónicas, Gesencro, que a partir de hoy 10 de febrero suspendió la atención a los pacientes de esta EPS en las sedes de los municipios de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito.A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión, debido a la persistente falta de pago de Emssanar de las obligaciones económicas derivadas de servicios ya prestados."Una demostración más de la situación financiera que está viviendo el sistema y que acaba afectando a los pacientes. Es una cosa compleja, este centro presta servicios de baja complejidad en estos municipios. Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable", aseguró secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.La funcionaria aseguró que en estos momentos Emssanar está tratando de migrar la atención a sus usuarios a la red pública, siguiendo una orden del Ministerio de Salud, sin embargo, es una medida que no sería viable teniendo en cuenta que la red pública es insuficiente para atender tal demanda de pacientes."La red pública es incapaz de atender el 100% de los pacientes y se requiere el trabajo conjunto con la red privada. El señor ministro de Salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados", añadió Lesmes.La suspensión de servicios de salud a los pacientes de EPS intervenidas hace que otras instituciones se congestionen cada vez más. Tal es el caso de la clínica Versalles en Cali, que actualmente está atendiendo solo urgencias vitales, debido a su alto nivel de sobreocupación.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristián Quiroz, presentó la plataforma tecnológica que se va a utilizar para la postulación y acreditación de actores electorales, como los testigos de los partidos para el día de las elecciones.Al finalizar el encuentro, el magistrado Quiroz respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas una sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha cuestionado algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral.Petro, por medio de su cuenta de X, señaló que “el papel del CNE es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción”. Quiroz aseguró que las decisiones que toman desde el Consejo Nacional Electoral son basadas en la Constitución.“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. Nosotros no tenemos derecho a interpretar, hay unas normas que están en la Constitución y la ley y lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicarlas y darle garantías a todos los candidatos y a todas las agrupaciones políticas de que en la próxima jornada electoral puedan participar”, dijo el presidente del CNE.Es importante recordar que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’ del próximo 8 de marzo.Además, el CNE tumbó algunas listas al Congreso del Pacto y le pidió al movimiento político volverlas a presentar, algo que ya se cumplió.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila frente a la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, tras la prórroga por 22 meses del esquema actual. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el funcionario afirmó que habrá cobertura del 100 % y continuidad en el servicio, descartando un escenario de crisis en la ciudad.Ojeda explicó que la prórroga de los contratos se realiza en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, particularmente relacionadas con la protección de los recicladores de oficio. Según indicó, esta extensión contractual no implica una simple continuidad del esquema actual, sino que incluye una serie de mejoras operativas.¿En qué mejorará la recogida de basuras en Bogotá?Entre las medidas anunciadas, el director de la Uaesp señaló la incorporación de 35 vehículos nuevos, el aumento de los kilómetros de barrido y el fortalecimiento de la interventoría para verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección, barrido y limpieza por parte de los prestadores del servicio.Durante la entrevista, Ojeda reconoció que uno de los principales problemas que afectan la limpieza de la ciudad está relacionado con los residuos voluminosos y de construcción y demolición. Mencionó que elementos como colchones, sanitarios o muebles están siendo dejados en el espacio público, pese a que los vehículos compactadores no pueden recolectarlos.Indicó que el Distrito ha tenido que destinar recursos adicionales para atender puntos críticos y arroyos clandestinos, los cuales, aunque han sido mitigados, continúan apareciendo. En ese contexto, anunció el fortalecimiento de Aguas de Bogotá, cuya capacidad de recolección pasó de 180 toneladas diarias a más de 400, y que después del 12 alcanzará las 1.000 toneladas diarias.El funcionario subrayó que gran parte de estos residuos no se depositan adecuadamente y reiteró que se viene trabajando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, en estrategias de cultura ciudadana y apropiación del espacio público.Cambios operativos y ecopuntosFrente a los ajustes realizados tras su llegada a la Uaesp, Ojeda explicó que será necesario volver a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para verificar los motivos que permitan asignar nuevas áreas de servicio. Mientras tanto, señaló que se han implementado mejoras como el incremento de los lavados en la ciudad, superando los 7.000 mensuales.También destacó el fortalecimiento de los Ecopuntos, espacios donde la ciudadanía puede llevar de manera gratuita residuos voluminosos y de construcción. Según indicó, estos puntos se incrementarán y se avanzará hacia un esquema que proteja a los recicladores y tenga en cuenta las experiencias previas con la contenedorización, que tuvo resultados dispares según la zona.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Alrededor del mediodía de este martes se registró un ataque sicarial en el norte de Cali, a la altura de la Avenida Vásquez Cobo con calle 34 norte, frente a la sede administrativa del Deportivo Cali, hecho que desató el pánico entre trabajadores y transeúntes de la zona, que de inmediato dieron aviso a las autoridades.Según algunos testigos del hecho, hombres armados llegaron en motocicleta y atacaron a disparos a un hombre que se encontraba en un negocio de compraventa de vehículos. La víctima fue identificada como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, quien, al parecer, laboraba por la zona.La Policía llegó al sitio de la balacera, acordonando la zona y cerrando por completo ambas calzadas de la avenida Vásquez Cobo, mientras se realizan las respectivas labores de levantamiento."En una oportuna y muy rápida reacción de nuestras unidades de Policía en el sector. Se logra la captura de dos personas, las cuales portaban dos armas de fuego y se movilizaban en una motocicleta. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial Sijín", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo (e) de la Policía Cali.Unidades de Policía y el CTI permanecen en el sitio, recolectando todo el material probatorio del lugar. Se desconocen las causas del crimen ni quienes serían los responsables. Las autoridades tratan de establecer si esta balacera tendría relación con otro hecho registrado días atrás, donde varios vehículos ubicados en esa compraventa fueron incinerados.
Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ han consolidado en el Cauca uno de sus principales bastiones armados a través del denominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura que articula frentes rurales, urbanos y corredores estratégicos hacia el Pacífico. De acuerdo con información de inteligencia, esta facción mantiene una presencia activa y violenta en amplias zonas del departamento, con capacidad para ejecutar atentados, controlar economías ilícitas y ejercer presión directa sobre la población civil.En la cúspide del Bloque Occidental aparece Iván Jacobo Idrobo, alias ‘Marlon’, identificado como el principal cabecilla y uno de los hombres más peligrosos del suroccidente colombiano. Su historial incluye asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y expansión territorial en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Bajo su mando delinque un aparato armado con fuerte énfasis en acciones terroristas, uso de explosivos y guerra con uso de drones.Uno de los hombres clave del bloque es Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Viejo Dionisio Rayo’, ideólogo y explosivista, señalado de haber participado en el ataque con morteros contra el Palacio de Nariño en 2002. Actualmente, coordina acciones simultáneas, incluyendo el uso de drones y vehículos cargados con explosivos, lo que ha elevado el nivel de amenaza contra la Fuerza Pública y la población civil en el Cauca.En el componente financiero aparece Geovanny Gómez, alias ‘Mahecha’, cabecilla de finanzas, quien articula el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Su estructura controla producción y rutas de cocaína con destino a mercados internacionales, además de lavado de activos mediante inversiones en bienes y negocios, lo que sostiene la operación armada en municipios caucanos clave.En el territorio caucano delinquen varias estructuras subordinadas. La estructura ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de alias ‘Jairo Ramírez’ o ‘Jairito’, concentra su accionar en Suárez, Buenos Aires, Morales y Cajibío, controlando corredores hacia el Pacífico y regulando economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el mercado de marihuana. Esta facción ha ejecutado ataques con explosivos y drones, generando desplazamientos forzados y un esquema de “gobernanza armada” sobre comunidades rurales.Otra de las estructuras más violentas es la ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, liderada por Alex Vitongo Andela, alias ‘David’ o ‘Mípez’, responsable de atentados con carros bomba, asesinatos selectivos de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores. Su influencia se extiende por municipios del norte del Cauca, donde también cobra “peajes” al narcotráfico y mantiene secuestros y extorsiones sistemáticas.En el sur del departamento actúa la estructura ‘Carlos Patiño’, comandada por Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Zamora’, señalada de secuestros masivos, incluido el plagio de 29 uniformados, ataques en El Plateado, Argelia, El Tambo y Patía, así como asesinatos de líderes sociales y menores que se negaron a ser reclutados. Su financiación proviene principalmente del tráfico de cocaína y la extorsión a campesinos y comerciantes.A estas se suman la estructura ‘Andrés Patiño’, con presencia en el macizo colombiano y municipios como Bolívar y La Vega; y la estructura 30 ‘Jhonnier Toro Arenas’, responsable de atentados en Timbiquí y desplazamientos masivos en la costa pacífica caucana. Ambas combinan acciones terroristas, reclutamiento de menores y control de economías ilícitas, ampliando la presión armada sobre comunidades rurales e indígenas.El documento también advierte sobre la articulación de estas estructuras con frentes urbanos y con otros bloques, lo que refuerza la capacidad de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para sostener una ofensiva prolongada. En el Cauca, este entramado criminal se traduce en violencia persistente, control territorial ilegal y un impacto directo sobre la seguridad y la vida cotidiana de la población civil, que sigue atrapada entre el miedo, el desplazamiento y la ausencia efectiva del Estado.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la Cancillería colombiana concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una Declaración de Intención firmada por las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, en lo que marca, además, la primera visita de una canciller colombiana a ese país en 34 años.La alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y generen alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2011 se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que, según lo acordado, seguirán ampliándose como herramienta de prevención y construcción de convivencia.Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres, en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal que afecta a regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar y otras, por el paso de un frente frío que no se tenía previsto y que generó inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando a más de 70.000 familias.
A más de 11.000 pies de altura, las tripulaciones de la Aviación del Ejército afinan maniobras, corrigen errores y enfrentan uno de los mayores retos para cualquier piloto militar: volar y aterrizar en montaña. El escenario es el municipio de Samacá, Boyacá, donde se desarrolla el curso de Operaciones en Montaña y Aterrizajes a Gran Altura (Omaga).El entrenamiento, fundamentado en el manual HAAT (High Altitude Army Aviation Training), busca fortalecer el entendimiento de los pilotos frente a los riesgos propios de la topografía andina: corrientes de aire cambiantes, baja densidad del aire, variaciones bruscas del clima y obstáculos naturales que pueden convertirse en amenazas invisibles para una tripulación inexperta.La capacitación es liderada por el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA) y está dirigida a oficiales pilotos que asumirán el rol de comandantes de helicóptero, específicamente en aeronaves MI-17 y Black Hawk. El objetivo es que puedan enfrentar despliegues en zonas de alta complejidad geográfica, donde la pericia técnica marca la diferencia entre el éxito de la misión y el riesgo operacional.El curso se divide en dos fases. La primera, teórica, tiene una duración de ocho días e incluye instrucción detallada sobre el comportamiento de las aeronaves en montaña, así como los efectos de la meteorología y la topografía en el rendimiento del vuelo. La segunda fase, práctica, se extiende por diez días, periodo en el que los pilotos aplican en terreno real los conocimientos adquiridos en aula.Este entrenamiento fortalece la capacidad diferencial de la División de Aviación Asalto Aéreo, permitiéndole contar con tripulaciones altamente entrenadas para operar en cualquier punto del territorio nacional. Además, se proyecta como un componente clave dentro del despliegue operacional previsto para el Plan Democracia 2026, en el que la movilidad aérea será determinante para garantizar seguridad y presencia institucional.
En diálogo con Mañanas Blu el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo. Al ser preguntado sobre si tiene relación con el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, negó rotundamente conocerlo. Lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, delineó su visión de país y desmintió los señalamientos que lo vinculan con la actual cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Durante la conversación, De La Espriella enfatizó que su proyecto político busca restaurar el orden y la justicia en Colombia, asegurando que no habrá concesiones para quienes hayan abusado del poder.Desmentido de vínculos con la Fiscalía y la "estratagema" de PetroUno de los puntos centrales de la entrevista fue la supuesta cercanía de De La Espriella con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. El candidato fue enfático al declarar: "No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido", calificando tales afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" del presidente Petro para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que rodean a su administración, como los casos de Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo.De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador. Según el abogado, el presidente busca meterse en una pelea directa con él para proteger a su "heredero", Iván Cepeda, y sacarlo de la ecuación pública.Auditoría internacional y justicia sin impunidadAl ser consultado sobre sus intenciones respecto al actual mandatario, De La Espriella fue tajante al expresar que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley. El precandidato propuso realizar una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país "cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron".“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, afirmó, señalando que su compromiso moral y legal es realizar un corte de cuentas riguroso. Aseguró que los resultados de dicha auditoría serían entregados a los organismos de justicia correspondientes para que tomen las decisiones necesarias.Un plan de choque para la seguridad nacionalEn materia de orden público, De La Espriella presentó un plan de choque de 90 días destinado a capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor. Su estrategia incluye la fumigación de las 330.000 hectáreas de coca existentes y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, para lo cual busca fortalecer alianzas con Estados Unidos e Israel.Para el candidato, la seguridad es el eje fundamental que genera confianza inversionista y permite el desarrollo social. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, explicó, añadiendo que su gobierno sería de transición para "organizar la casa".Escuche aquí también la entrevista:
La senadora Aída Quilcué, reconocida líder indígena y miembro del Pacto Histórico, confirmó que sus captores se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una de las principales estructuras disidentes de las FARC en el suroccidente del país. El hecho ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, departamento del Cauca, cuando Quilcué se desplazaba desde La Plata (Huila) hacia Popayán junto a su esquema de seguridad.El vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, quienes la obligaron a descender del carro y la condujeron a un área boscosa de difícil acceso. “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”, relató Quilcué en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu.La senadora, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y es una figura histórica del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narró con serenidad cómo se mantuvo firme ante sus captores. “Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, recordó. Según explicó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, aparentemente presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.“Era un secuestro dirigido”Durante la entrevista, Quilcué afirmó que el grupo portaba radioteléfonos y mantenía comunicación constante con otros hombres apostados en la zona, lo que indica que se trató de una acción planificada. “Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, expresó la senadora.La propia congresista reconoció que su esquema de protección fue clave para mantener la calma, aunque admitió que el operativo de rescate se facilitó por la reacción comunitaria. “La acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”, sostuvo.La columna Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una de las más violentas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, mantiene presencia en los municipios de Toribío, Caldono, Inzá y Totoró, zonas donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques, secuestros y hostigamientos a la población civil.Otro secuestro agravó la tensión en la regiónEl rapto de Quilcué coincidió con el secuestro, pocas horas después, del alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá, quien fue liberado tras una operación del Ejército Nacional. Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, aumentaron la preocupación por el deterioro del orden público en el departamento.El alcalde Guachetá relató que fue intimidado y golpeado por sus captores: “Nos encañonaron, nos golpearon en el rostro y nos despojaron de los celulares y de la camioneta”, dijo tras recuperar la libertad. Las autoridades atribuyen ambos hechos a las mismas estructuras armadas que controlan corredores estratégicos del norte y oriente del Cauca.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a las acusaciones sugeridas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a un alto oficial de la policía de haber intentado plantar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial. El general Edwin Urrego, quien ha ocupado cargos de relevancia en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, calificó estos señalamientos como una "locura" y manifestó su total sorpresa ante lo que considera una desinformación del mandatario.Una "locura" sin fundamentosEl general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”. Según el oficial, su labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, pero recalcó que el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quienes no tiene contacto directo.Disposición ante la justicia y el polígrafoAnte la gravedad de las acusaciones, que sugieren un plan para sabotear una supuesta reunión del presidente con Donald Trump, Urrego manifestó su total disposición para aclarar la situación. “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó el oficial, destacando que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE. Urrego sostiene que, al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con este supuesto complot.El episodio del allanamiento a BenedettiOtro de los puntos de fricción es la relación que el presidente Petro estableció entre el oficial y el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Barranquilla. El general Urrego aclaró que, aunque era el comandante en esa ciudad cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana. Explicó que él no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal y que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial que venían desde Bogotá. “No podía ni oponerme y, por el contrario, mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
En horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2025 se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita.Se trató del accidente de una avioneta, que por ahora se encuentra determinando si dejó victimas mortales. Hasta el momento, las autoridades se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección y las investigaciones correspondientes para establecer las causas que provocaron el siniestro.Según confirmó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, "se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama".En este accidente, según confirmaron las autoridades, murió el artista de música popular Yeison Jiménez. Además viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora."La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", afirmaron."La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes", concluyeron.
En operativo de cooperación internacional, la Policía Nacional capturó en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de hurto calificado y agravado. El requerimiento está relacionado con el robo a mano armada de al menos USD 100.000 en joyas, en el estado de Florida, en el cual el capturado, identificado como Fandiño Bonilla, habría estado involucrado.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals, como parte de la lucha contra el crimen trasnacional. El implicado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, donde es investigado por los hechos registrados en 2023.De acuerdo con las autoridades, el detenido habría participado en un asalto armado de joyas valoradas aproximadamente en $374 millones. Según la información oficial, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, periodo en el que habría utilizado diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia, entre esas cambiar de residencia y de líneas telefónicas, no registrar bienes a su nombre y mantenerse alejado de las redes sociales.La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su consecución se logró tras labores de inteligencia y seguimiento adelantadas en Colombia. Según la Policía Nacional, esta operación hace parte del fortalecimiento de la cooperación judicial con Estados Unidos y del compromiso institucional de ubicar y capturar personas solicitadas por cortes internacionales que intentan ocultarse en el país.El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los trámites legales correspondientes para definir su eventual extradición, conforme a la normatividad vigente.
El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.