El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El panorama automotriz en Colombia atraviesa un fenómeno de contrastes. Mientras el mercado general busca estabilidad, el segmento de vehículos de lujo y alto desempeño acelera con fuerza. Según cifras de Andemos, durante el primer semestre de 2025 se comercializaron 3.780 unidades de alta gama, lo que representa un sólido incremento del 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este crecimiento del doble dígito ha dejado al descubierto una carencia crítica: la falta de profesionales capacitados para atender estas sofisticadas máquinas.En este escenario, la compañía LM3 Performance, ubicada en Zipaquirá, se ha erigido no solo como un centro de mantenimiento especializado, sino como una academia estratégica para el sector. Fundada hace más de una década por Jhon Alexander Vargas Vargas y el piloto Santiago Lozano Mesa, la firma ha logrado fusionar el rigor del automovilismo deportivo con la gestión empresarial, registrando un crecimiento cercano al 60% en el último año.La brecha técnica en el mercado premiumA pesar de que cada vez circulan más vehículos de marcas exclusivas como Ferrari o McLaren por las vías nacionales, el número de talleres que cumplen con los estándares de ética y precisión necesarios es limitado. Para Jhon Alexander Vargas, socio fundador de la empresa, el problema radica en la especificidad del conocimiento requerido.“Este es un mercado muy especializado y hay muy poca gente realmente preparada. No es solo saber mecánica, es entender el vehículo, la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica trabajar con carros de alto valor”, afirma Vargas. Actualmente, LM3 Performance atiende un promedio mensual de entre 60 y 70 vehículos, recibiendo clientes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Tunja. Esta demanda nacional subraya la necesidad de descentralizar y profesionalizar el servicio técnico en el país.Formación: El motor del cambioAnte la escasez de mano de obra calificada, la empresa ha decidido asumir un rol pedagógico. No se limitan a reparar motores; están formando a la próxima generación de técnicos. Al generar 10 empleos directos y 20 indirectos, la compañía abre sus puertas a jóvenes entusiastas que buscan aprender bajo estándares de lujo.“La demanda existe y sigue creciendo, pero no hay suficientes personas formadas para trabajar en este nivel. Por eso nuestro interés no es solo crecer como empresa, sino enseñar y compartir el conocimiento”, explica Vargas.Esta visión educativa se extiende también a los propietarios de los vehículos. Santiago Lozano, piloto con trayectoria internacional y cofundador, enfatiza que la potencia requiere responsabilidad.“A partir de los 300 caballos de fuerza ya es necesario saber manejarlos”, asegura Lozano.Bajo esta premisa, la empresa promueve la conducción responsable y el entendimiento de los límites técnicos para reducir riesgos en las vías públicas.La apuesta final de la compañía trasciende los fierros y la potencia. Según sus fundadores, la clave para profesionalizar el mercado radica en la transparencia y la experiencia del cliente. “El cliente debe sentirse cómodo, informado y seguro. Siempre hablamos con la verdad y buscamos la mejor solución posible según su realidad”, concluye Vargas.
El operador de telefonía móvil Millicom adquirió este miércoles mediante una OPA el 67,5 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), de propiedad de Telefónica Hispanoamérica, como parte de un negocio que le permitirá tomar el control de la compañía, informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).De esta forma Millicom, con sede en Luxemburgo, adquiere 2.301.779.819 títulos de propiedad del grupo español en Colombia Telecomunicaciones, también denominada Coltel, reveló la BVC en un boletín informativo para sociedades comisionistas de bolsa.Esta operación hace parte de un acuerdo previo de compraventa con Millicom anunciado el 13 de marzo de 2025 por Telefónica Hispanoamérica pero faltaba materializarla.La OPA fue presentada el pasado 20 de enero por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, "que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad", y máxima de 2.330.868.118, correspondientes al 68,35 %.En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Movistar y Tigo, controlada por Millicom, porque ofrece "beneficios potenciales" para los usuarios y el mercado colombiano, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de la compañía mexicana Claro.Dicha aprobación era necesaria para facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica, filial de la española Telefónica, en Colombia Telecomunicaciones por 400 millones de dólares, según el acuerdo de marzo de 2025.El 32,5 % restante de las acciones de Coltel pertenecen al Gobierno colombiano, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la venta de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en la compañía.El Estado colombiano espera recaudar más de 850.000 millones de pesos (unos 233 millones de dólares) con esa operación.Según dijo la compañía española cuando anunció el acuerdo con Millicom para la venta de sus activos en Colombia, esa operación "está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica".Como parte de esa política, Telefónica Hispanoamérica llegó el año pasado a acuerdos para vender sus filiales en Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay porque el Grupo Telefónica decidió centrar sus operaciones en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
Este jueves 5 de febrero de 2026, la capital colombiana se transforma. Bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital adelanta una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una iniciativa que busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y fomentar medios de transporte alternativos entre los ciudadanos.La jornada, que se extiende desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., no es un evento fortuito. Se trata de la versión número 28 de una medida que ya es tradición y mandato legal. Su origen se remonta a la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los bogotanos votaron mayoritariamente a favor de institucionalizar este día el primer jueves de febrero de cada año.¿Quiénes no pueden circular?La restricción es estricta para el parque automotor particular. No podrán transitar:Carros y motos particulares.Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario (el día se repondrá al final del periodo adquirido).Vehículos de medios de comunicación con placas amarillas.Automóviles de enseñanza automotriz (academias de conducción).Vehículos híbridos o a gas (una de las restricciones más importantes a tener en cuenta este año).Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.Es fundamental recordar que el transporte de carga mantendrá su restricción habitual, regida por el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.Sí podrán circularTransporte público.Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilioTransporte para personas con discapacidad.Vehículos de emergencia.Transporte escolar.Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.Servicio públicos domiciliarios.Destinado al control de tráfico.Caravana presidencial.Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.Vehículos diplomáticos o consular.Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.Carrozas fúnebres.Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.Transporte de valores.Excepciones: ¿Quiénes tienen vía libre?Para garantizar el funcionamiento de la ciudad, ciertos sectores están exentos de la medida. Entre ellos se encuentran el transporte público en su totalidad, vehículos eléctricos o cero emisiones, rutas escolares, vehículos de emergencia, servicios públicos domiciliarios y transporte para personas con discapacidad.Asimismo, se permite la circulación de motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas de domicilios, siempre que estén debidamente acreditadas, y vehículos de seguridad (UNP, Fuerzas Militares y Policía).Operación de TransMilenio y transporte masivoPara absorber la demanda de millones de viajes que hoy no se realizarán en vehículo privado, el sistema de transporte masivo operará al 100% de su capacidad. La ciudad dispone de 10.482 buses entre rutas troncales, TransMiZonal (SITP), alimentadores y duales. Además, el TransMiCable en Ciudad Bolívar contará con sus 163 cabinas operativas.María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, destacó el compromiso del sistema:“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”.Sanciones y recomendacionesNo cumplir con la restricción no solo afecta la movilidad colectiva, sino también el bolsillo. La multa por transitar durante el Día sin Carro y sin Moto asciende a 633.000 pesos, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo, lo que incrementa significativamente el costo por los servicios de grúa y patios.Para quienes opten por la bicicleta —el medio de transporte estrella de la jornada—, la Secretaría de Movilidad recomienda el uso estricto del casco, hacerse visible con luces blanca (delantera) y roja (trasera) y respetar las señales de tránsito. "La vida es la prioridad en las vías", recuerdan las autoridades, instando a los conductores de vehículos exentos a proteger siempre al actor vial más vulnerable: el peatón y el ciclista.
La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4834 la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 9.000 millones de pesos.Premio Mayor de la Lotería del ValleEl número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el 2880 de la serie 050. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!Los premios de esta lotería se pueden reclamar en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador. Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas ubicadas en Calle 9 # 4-50 en Cali, para realizar el trámite de cobro de manera segura y conforme a los requisitos establecidos.Ganadores de los secos de la Lotería del ValleA continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.Premio de $500.000.000Número: 3570 – Serie: 135Premio de $100.000.000Número: 3438 – Serie: 272Número: 2188 – Serie: 288Premio de $60.000.000Número: 7660 – Serie: 058Número: 6116 – Serie: 081Número: 4708 – Serie: 098Premio de $40.000.000Número: 4992 – Serie: 000Premio de $30.000.000Número: 7246 – Serie: 032Número: 2977 – Serie: 035Número: 8187 – Serie: 004Número: 8853 – Serie: 248Número: 9536 – Serie: 003Número: 0985 – Serie: 238Número: 9201 – Serie: 252Número: 0383 – Serie: 260Número: 7271 – Serie: 086Número: 8652 – Serie: 281Número: 2735 – Serie: 154Número: 2469 – Serie: 050Número: 2161 – Serie: 060Número: 3755 – Serie: 142Número: 8042 – Serie: 076Número: 3648 – Serie: 036Número: 6153 – Serie: 133Número: 0195 – Serie: 071Número: 4318 – Serie: 098Número: 0362 – Serie: 250Número: 4740 – Serie: 271Número: 1983 – Serie: 295Número: 1457 – Serie: 036Número: 5724 – Serie: 176Número: 5858 – Serie: 309A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4834 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.Recuerde que si es el ganador el desembolso de los premios en efectivo de la lotería se realiza en un plazo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador. Por ello, es importante diligenciar correctamente la documentación requerida.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m., utilizando un sistema de baloteras electro neumático que garantiza transparencia y seguridad. La transmisión se realiza en vivo a través de Telepacífico, permitiendo a los jugadores verificar en directo el sorteo.La validación de billetes premiados de la Lotería inicia con la verificación del premio según el listado oficial y el respaldo presupuestal. El ganador debe firmar el billete con número de cédula y huella, y entregar copias del billete, cédula y certificación bancaria.El billete se revisa con las seguridades mínimas y la tira de control, y se solicita al proveedor impresor la certificación de autenticidad para premios mayores a $20 millones. Tras confirmar la autenticidad, se emite la resolución de pago y se envía a la dirección financiera para realizar el desembolso al ganador.
El presidente chino, Xi Jinping, y su par de EE.UU., Donald Trump, mantuvieron este miércoles una conversación teléfonica, según informó la Cancillería china, mientras se planea la posible visita del líder estadounidense a China en abril, después de que ambos alcanzaran una tregua comercial el pasado noviembre.Xi y Trump hablaron este miércoles por la noche de China, según informó la Cancillería en un escueto mensaje, en el que no indicó por el momento los asuntos de los que hablaron los líderes de las mayores potencias mundiales.La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.Según el Kremlin, ambos líderes abordaron, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.Por su parte, Trump y Xi hablaron en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, si bien las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.Desde su encuentro, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.Asimismo, la llamada tiene lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
Las fuertes lluvias que se han presentado recientemente provocaron emergencias en al menos seis municipios del Huila dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Asimismo, Bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe, cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco en el sur del departamento.“El municipio con mayor número de eventos es Oporapa, donde se reportan nueve deslizamientos que mantienen cerradas varias vías secundarias y terciarias, afectando la movilidad rural. En el municipio de Saladoblanco, se registran deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en la vía Saladoblanco–Pitalito, con cierres totales en varios tramos. También una mujer y un menor quedaron atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran heridas de gravedad”, informó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Entre tanto, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar, que en lo corrido del mes de enero van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y cinco personas lesionadas.Puntualizó el coordinador para la atención de Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo que los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente, en el comportamiento de ríos y quebradas y le hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, así como a reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió rumores sobre una posible salida de la cartera para hacer campaña del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 2026.“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, escribió en su cuenta de X.Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que el jefe de la cartera política podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.A pesar de que el jefe de la cartera no está autorizado a hacer política, su círculo cercano asegura que hoy apoyaría al exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, y en caso de que ganara la consulta Frente por la Vida, se sumaría a su campaña.Benedetti respondió a Blu Radio sobre su encuentro con Barreras, afirmando que: "Estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política"."Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Yo no estoy descartando, ni asegurando. Lo único que estoy haciendo es diciendo que yo quiero ir hasta el 7", agregó el ministro Benedetti.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Un operativo de control vial terminó en una persecución policial y un fuerte accidente que dejó al descubierto un cargamento de 744 kilogramos de marihuana en carreteras del Valle del Cauca. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en uno de los principales corredores del departamento.Los hechos ocurrieron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta. Lejos de atender la orden, el sujeto aceleró el vehículo e intentó evadir el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las autoridades.Minutos después, a la altura de la entrada a la vereda Cumba, el conductor perdió el control del automotor y terminó colisionando contra un árbol. Tras el choque, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.Durante la inspección del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron varios paquetes de distintos tamaños que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y características, correspondía a marihuana. De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento cubría la ruta Corinto–Medellín y estaría vinculado a redes de tráfico de estupefacientes que utilizan las vías nacionales para el transporte de droga.“Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que eran transportados ilegalmente por la ruta Corinto–Medellín”, indicó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo y el cargamento quedaron bajo custodia judicial. Las autoridades señalaron que este resultado representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en los corredores viales del suroccidente del país.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.
Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca. Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, pudo hablar con el senador, quien le manifestó estar muy afectado, incluso, estaba llorando al momento de la llamada.A su vez, Benedetti confirmó que el carro atacado venía en una caravana desde Norte de Santander hacia Yopal para encontrarse con el senador.También reveló el ministro que otro vehículo que hacía parte de la caravana se encuentra perdido."He hablado con el senador Jairo Castellanos tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", escribió en su cuenta de X el ministro Benedetti.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.