El candidato a la presidencia David Luna interpuso ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue el caso de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió esperando una medicina para la hemofilia.Luna asegura en el documento que se debe determinar si en este caso sí pudo haber cometido algún delito y, de ser así, pide que se identifique a los responsables.“Nuestra intención no es la de realizar señalamientos directos o concluyentes, sino la de poner en conocimiento de la autoridad competente una serie de hechos de público conocimiento que, por su gravedad, amerita. Una investigación exhaustiva y diligente”, dice Luna en el documento.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha generado una polémica al referirse al tema, pues ha dicho que la familia debió haber tomado medidas de prevención y una de ellas era no permitirle montar en la bicicleta.El mandatario también ha ordenado una investigación para poder esclarecer los hechos.El candidato Luna, al referirse a su solicitud a la Fiscalía, dijo: “He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminó en su muerte, y que se evalúe la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
Desde hace varios meses, habitantes de los barrios San Judas y Villa del Sur, en el sur de Cali, vienen denunciando el hallazgo constante de gatos muertos en diferentes puntos de estos sectores. Según los residentes, las alertas fueron puestas en conocimiento de las autoridades desde los primeros casos, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni acciones visibles frente a la situación.La preocupación ha crecido entre la comunidad, que teme que detrás de estas muertes pueda existir maltrato sistemático. Entre las hipótesis que circulan están posibles envenenamientos, uso de los animales en prácticas esotéricas o incluso ataques por parte de personas en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.El activista y defensor de los derechos de los animales Terry Hurtado señaló que la situación debe ser investigada con celeridad y pidió a las autoridades ambientales y a la Policía Ambiental adelantar las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Por su parte, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a los organismos competentes para que atiendan las denuncias de la comunidad y garanticen la protección de los animales en estos sectores del sur de la capital vallecaucana.Los habitantes esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer las causas de estas muertes y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. Entre tanto, la situación continúa generando consternación y preocupación entre los vecinos.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
El Grupo Volkswagen estudia aplicar nuevos recortes de costes que podrían alcanzar un 20 % adicional, según informó la revista alemana Manager Magazin, en medio de una de las mayores crisis que ha atravesado la compañía en los últimos años.A finales de 2024, el grupo pactó con los sindicatos el despido de hasta 35.000 trabajadores hasta 2030 y acordó valorar el posible cierre de alguna de sus fábricas en Alemania.¿Por qué Volkswagen quiere recortar un 20 % más sus gastos?Según la revista económica, la marca estaría buscando un recorte adicional del 20 %, que se sumaría a los ahorros ya implementados.Volkswagen alcanzó recientemente un acuerdo con Amazon para ahorrar hasta 1.000 millones de euros en sus fábricas en los próximos años. Sin embargo, ese ajuste no sería suficiente.Además, la compañía puso en marcha hace tres años un programa de reducción de costes que, según declaró un portavoz citado por Reuters, ha permitido recortar “decenas de miles de millones de euros”.De acuerdo con ese portavoz, estos ajustes ayudaron al grupo a superar “contratiempos geopolíticos” como los aranceles a los coches producidos fuera de Estados Unidos impuestos por la administración de Donald Trump, así como la creciente competencia en el mercado chino.¿Qué fábricas podría cerrar Volkswagen?La revista alemana señala que, a mediados de enero, el consejero delegado Oliver Blume y el director financiero Arno Antlitz presentaron a los directivos del grupo un plan a medio plazo durante una reunión privada.Ese plan incluiría “grandes” ahorros que podrían alcanzar un 20 % adicional y contemplar el cierre de alguna de sus fábricas, una posibilidad que ya se había planteado a finales de 2024.No obstante, la publicación no detalla en qué plantas podrían producirse esos recortes.¿Volkswagen mantendrá su apuesta por los carros eléctricos?Pese al ajuste de costes, el grupo no renuncia a su estrategia de electrificación. Según declaraciones recogidas por Reuters, un portavoz de la compañía afirmó:“Independientemente de los acontecimientos políticos o regulatorios, el Grupo Volkswagen sigue comprometido con su plan de transformación a largo plazo [hacia los eléctricos]”.El portavoz también señaló que, como empresa global, el grupo tiene en cuenta las condiciones específicas de cada mercado en su planificación estratégica y cumple con los requisitos regulatorios en todos los países.Mientras tanto, Volkswagen continúa centrado en sus próximos lanzamientos de eléctricos pequeños, como el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Polo, que se fabricarán en España.
Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
La difusión de un video atribuido a alias 'Iván Mordisco', en el que convoca a una cumbre entre distintos grupos armados ilegales tras la caída de Nicolás Maduro, ha reabierto el debate sobre los riesgos de seguridad en Colombia y su impacto regional, especialmente en Venezuela. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la viabilidad de un encuentro de este tipo es limitada, pero el mensaje tiene un fuerte peso simbólico y político.Bonilla explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”, y advirtió que no se trata de un anuncio fácil de materializar. A su juicio, más que una cumbre concreta, lo que se observa es “un reavivamiento de una narrativa política en grupos armados que buscan legitimarse”, particularmente figuras como 'Iván Mordisco', en un contexto muy distinto al de las décadas pasadas.Narrativas políticas y control territorialSegún la analista, estos grupos ya no cuentan con la legitimidad social que alguna vez tuvieron. “Es muy difícil que hoy se interprete a 'Iván Mordisco' como una guerrilla tradicional”, afirmó, señalando que se trata de organizaciones profundamente vinculadas a economías ilegales. No obstante, subrayó que el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en el narcotráfico, sino en el control territorial. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, sostuvo Bonilla.Este fenómeno, agregó, no es exclusivo de Colombia y se replica en otros países de la región, como México, Brasil y varias zonas de Centroamérica, lo que configura un desafío creciente para los Estados de derecho.Respuesta del Estado y desafíos estructuralesFrente a la postura del gobierno colombiano, que insiste en el debilitamiento de estos grupos y en llamados a la desmovilización, Bonilla expresó preocupación por una lectura estratégica incompleta. “Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió. Recordó que, incluso sin negociaciones, estas organizaciones crecieron de manera sostenida en años recientes.La experta insistió en la necesidad de fortalecer la justicia, las autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado, pues las acciones militares aisladas resultan insuficientes ante estructuras que operan inmersas en la población civil.Impacto regional y escenario venezolanoSobre Venezuela, Bonilla anticipó que la crisis de orden público “va a ocurrir sí o sí”, debido a la combinación de corrupción, minería ilegal y presencia de mafias armadas. En ese sentido, alertó que “entre más dificultades tenga Venezuela, nuestra frontera también, y entre más dificultades tenga Colombia, Venezuela también”, lo que obliga a ambos países a actuar con una estrategia regional coordinada.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero de 2026, retomando así una de las rutas internacionales más solicitadas entre Colombia y Venezuela tras una pausa de más de un mes. Esta decisión se tomó luego de un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para sus viajeros y tripulaciones.La suspensión temporal de esta ruta había sido anunciada el 4 de diciembre de 2025, cuando Wingo decidió detener sus operaciones hacia y desde Caracas mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. En aquel momento, la aerolínea enfatizó que se trataba de una medida preventiva enfocada en la seguridad, tras la advertencia de Estados Unidos de sobrevolar el territorio Venezolano, antes del ataque y operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.Durante la pausa en la operación, según informó la aerolínea, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas recibieron notificaciones a través de los canales registrados en sus reservas. La compañía ofreció opciones de protección que permitieron a los viajeros autogestionar reembolsos o cambios de vuelo sin penalidades, facilitando así la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.La reanudación proyectada para el 16 de enero representa una señal de normalización en la conectividad aérea entre ambas capitales, que había sufrido interrupciones en los últimos meses. Wingo informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo en conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.Este anuncio llega en un momento en que otras aerolíneas también ajustan sus itinerarios hacia Venezuela, reflejando una recuperación gradual de los vínculos aéreos bilaterales. Esto, tras la aparente calma que se vive luego de la intervención de Estados Unidos en el vecino país.
Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica recorrieron varias zonas del Catatumbo para constatar en terreno el impacto que están teniendo los enfrentamientos armados sobre la población civil.Durante el recorrido por los corregimientos, la misión evidenció en Versalles, que desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está restringida, las familias permanecen encerradas y no entra comida, ni gas. En Pacelli no hay transporte y la economía está paralizada. Ademas, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico.En Filogringo, en El Tarra, las organizaciones señalan que los habitantes han huido, ya que los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Adicionalmente, en el casco urbano de El Tarra y en sectores como el kilómetro 16, se registró la llegada de familias desplazadas que aun no reciben ayuda humanitaria.“Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.Por su parte, Brigitta Von Messling, de la Misión de Verificación de la ONU Norte de Santander, hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos de los colombianos. “Hacemos un llamado a todos los grupos armados a cesar las afectaciones y las violencias contra la población civil, a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.Desde la Iglesia Católica, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, pidió frenar la confrontación armada y escuchar a las comunidades. “Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos que claman por la paz en este territorio, quieren movilizarse por las diferentes vías, quieren educación para sus hijos, quieren vivir en paz y quieren recuperar la tranquilidad en sus casas”, afirmó.Finalmente, las organizaciones le hicieron un llamado urgente al estado para que adopte las medidas necesarias que protejan a la población, además de presencia permanente en el Catatumbo.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.