Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda y una de las organizaciones que se ha "puesto las botas" para ayudar a los daminificados por lluvias en Córdoba, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta emergencia y la gravedad de la situación.“Cuando ya tú te pones las botas y empiezas a caminar los municipios, los corregimientos, te das cuenta de la magnitud de los damnificados y de la magnitud de las inundaciones. La gente está todavía con el agua, ya no al cuello, ya la tienen a la rodilla, pero siguen teniendo el problema de la inundación”, indicó Barguil, quien hizo un llamado a la constancia en la ayuda."No nos suelten sus manos, porque después vamos a necesitar más cuando pase todo esto, porque ya es cuando viene el mosquito, las enfermedades, los parásitos. Lo que yo no quiero es que nos echen al olvido. Por eso pedí ayuda a todos”, aseveró Barguil. Sobre su compromiso con la región, Barguil dijo que seguirán firmes ayudando al departamento, no solo a ciudadanos en Montería, sino incluso a los sitios donde ha sido difícil el acceso. "Seguiremos aquí con la camiseta y ahora con las botas puestas para poder seguir llegando a los más necesitados”, enfatizó.La Fundación A la Rueda Rueda se encuentra desplegando brigadas en corregimientos como Murindó, Palo de Agua y Pelayo, este último en compañía de la Cruz Roja para brindar actividades lúdicas a los niños afectados. Las ayudas recolectadas se están entregando directamente en albergues y puntos críticos censados por la organizaciónPara quienes deseen colaborar desde otras ciudades, se ha dispuesto un centro de acopio en Bogotá de la Fundación A la Rueda Rueda ubicado en la carrera 11a # 96-51, donde se reciben donaciones que son transportadas en camiones hacia la región Caribe. Escuche la entrevista:
De cara a las elecciones del 8 de marzo, la izquierda sigue dividida tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera al candidato Iván Cepeda. El precandidato Roy Barreras siguió adelante con su consulta del Frente por la Vida en la que participa con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.Esto generó molestia al interior del sector que apoya a Cepeda e incluso en el mismo candidato. Este miércoles se conoció una circular interna en la que el Pacto Histórico le pide a sus militantes no votar las consultas y advierte también sanciones a quienes decidan hacerlo; frente a esto respondió en un video Barreras, asegurando que es una petición que responde al miedo.“Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos”, dijo.También se refirió a las amenazas sobre sanciones: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos. Estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego de unir a Colombia”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el Gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. El mandatario insiste en que los bancos deben destinar un porcentaje de los recursos que captan (como depósitos y ahorros) a instrumentos específicos definidos por el Ejecutivo para atender, entre otros temas, la emergencia climática.A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”, escribió.Las declaraciones del presidente se dieron en medio de las protestas de más de 200 líderes sindicales del sector cañero y de palma africana, quienes se tomaron la entrada del Ministerio de Minas y Energía para exigir garantías para la producción nacional de etanol y biodiésel. Frente a la situación, Petro responsabilizó al sector bancario. “Si hay una sobreproducción de etanol, es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y un uso ineficiente de la tierra”, afirmó.Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos.
El candidato a la presidencia David Luna interpuso ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue el caso de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió esperando una medicina para la hemofilia.Luna asegura en el documento que se debe determinar si en este caso sí pudo haber cometido algún delito y, de ser así, pide que se identifique a los responsables.“Nuestra intención no es la de realizar señalamientos directos o concluyentes, sino la de poner en conocimiento de la autoridad competente una serie de hechos de público conocimiento que, por su gravedad, amerita. Una investigación exhaustiva y diligente”, dice Luna en el documento.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha generado una polémica al referirse al tema, pues ha dicho que la familia debió haber tomado medidas de prevención y una de ellas era no permitirle montar en la bicicleta.El mandatario también ha ordenado una investigación para poder esclarecer los hechos.El candidato Luna, al referirse a su solicitud a la Fiscalía, dijo: “He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminó en su muerte, y que se evalúe la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
Un giro inesperado e insólito ha dado el caso de un bebé de nueve meses de nacido que a mediados de diciembre falleció en el barrio Juan XXIII de la Comuna 13 en Medellín, aparentemente tras sufrir un golpe al caerse de la cama.Sin embargo, a la investigación de lo ocurrido estaba vinculado su padre, un hombre de 24 años de edad, pues en el momento el niño estaba a su cuidado y según las valoraciones médicas registraba lesiones que denotaban algún grado de violencia contra su humanidad.Tras varias semanas de investigación y recopilación de información en campo, con testigos e incluso el mismo vinculado al caso, en las últimas horas fue capturado por parte de la policía tras dictámenes de Medicina Legal que indican que efectivamente la víctima sufrió un impacto en su cabeza tras ser lanzado con fuerza contra el piso.Sin embargo, uno de las circunstancias que ha generado mayor conmoción es que el procedimiento policial, según pudo conocer extraoficialmente Blu Radio, se produjo en las últimas horas en el cementerio Jardines Montesacro, al sur de Medellín, justo cuando el padre visitaba la tumba del niño para conmemorar lo que hubiera sido su primer año de vida.Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles sobre la captura de este hombre tan pronto finalicen las diligencias judiciales que lidera la Fiscalía General. "Lo que necesitamos es que se haga justicia. Esta persona ha sido capturada. Pero es muy importante también otros casos que vamos a mostrar frente que tienen que ver con seguridad y buenos golpes, que hemos dado a todos estos criminales", confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.En el caso, tras las primeras revisiones en la Unidad Intermedia de San Javier, el bebé fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe por la complejidad de sus lesiones, pero a pesar de los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
Tras el cierre de las festividades de fin de año y los cuatro puentes festivos que marcaron la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance sobre el estado de las vías en el país y las principales recomendaciones para los viajeros que se movilizan durante este fin de semana.En diálogo con Noticias de la Mañana, el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que, a esta hora, la red vial nacional presenta condiciones estables, aunque se registran afectaciones menores por lluvias en al menos nueve departamentos.El oficial explicó que ninguna de estas situaciones representa cierres de gran magnitud, pero insistió en la importancia de que los conductores consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente a través del numeral #767, habilitado para informar en tiempo real sobre novedades viales.¿Cómo está la vía al Llano?Sobre la vía al Llano, uno de los corredores con mayor flujo vehicular desde y hacia Bogotá, el coronel Gómez confirmó que se encuentra habilitada y operando con normalidad, aunque recomendó transitar con precaución, puesto que la región ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas.Entre los corredores con mayor afluencia durante este puente festivo se destacan las vías Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja y los accesos por la calle 80 desde Villeta y Guaduas. En otras regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se espera un alto volumen de vehículos por el retorno tras las festividades locales.También se reporta movilidad significativa en Manizales y en el corredor de La Línea, que, según la Policía, permanece habilitado sin novedades.¿Cómo funcionará el pico y placa regional este puente festivo?La Policía recordó que el lunes festivo aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en los horarios establecidos.Finalmente, el coronel Gómez reiteró el llamado a realizar un chequeo mecánico previo del vehículo, portar la documentación en regla y mantener comportamientos responsables en la vía, como respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.Cabe recordar que durante este puente festivo se espera alta congestión en las vías del país, por lo que el llamado a la prudencia y a la paciencia al volante es clave para los conductores que se movilizarán este fin de semana.“El respeto por las normas de tránsito son clave para garantizar un regreso seguro a casa”, concluyó el coronel.Escuche la entrevista completa aquí:
La difusión de un video atribuido a alias 'Iván Mordisco', en el que convoca a una cumbre entre distintos grupos armados ilegales tras la caída de Nicolás Maduro, ha reabierto el debate sobre los riesgos de seguridad en Colombia y su impacto regional, especialmente en Venezuela. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la viabilidad de un encuentro de este tipo es limitada, pero el mensaje tiene un fuerte peso simbólico y político.Bonilla explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”, y advirtió que no se trata de un anuncio fácil de materializar. A su juicio, más que una cumbre concreta, lo que se observa es “un reavivamiento de una narrativa política en grupos armados que buscan legitimarse”, particularmente figuras como 'Iván Mordisco', en un contexto muy distinto al de las décadas pasadas.Narrativas políticas y control territorialSegún la analista, estos grupos ya no cuentan con la legitimidad social que alguna vez tuvieron. “Es muy difícil que hoy se interprete a 'Iván Mordisco' como una guerrilla tradicional”, afirmó, señalando que se trata de organizaciones profundamente vinculadas a economías ilegales. No obstante, subrayó que el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en el narcotráfico, sino en el control territorial. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, sostuvo Bonilla.Este fenómeno, agregó, no es exclusivo de Colombia y se replica en otros países de la región, como México, Brasil y varias zonas de Centroamérica, lo que configura un desafío creciente para los Estados de derecho.Respuesta del Estado y desafíos estructuralesFrente a la postura del gobierno colombiano, que insiste en el debilitamiento de estos grupos y en llamados a la desmovilización, Bonilla expresó preocupación por una lectura estratégica incompleta. “Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió. Recordó que, incluso sin negociaciones, estas organizaciones crecieron de manera sostenida en años recientes.La experta insistió en la necesidad de fortalecer la justicia, las autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado, pues las acciones militares aisladas resultan insuficientes ante estructuras que operan inmersas en la población civil.Impacto regional y escenario venezolanoSobre Venezuela, Bonilla anticipó que la crisis de orden público “va a ocurrir sí o sí”, debido a la combinación de corrupción, minería ilegal y presencia de mafias armadas. En ese sentido, alertó que “entre más dificultades tenga Venezuela, nuestra frontera también, y entre más dificultades tenga Colombia, Venezuela también”, lo que obliga a ambos países a actuar con una estrategia regional coordinada.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero de 2026, retomando así una de las rutas internacionales más solicitadas entre Colombia y Venezuela tras una pausa de más de un mes. Esta decisión se tomó luego de un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para sus viajeros y tripulaciones.La suspensión temporal de esta ruta había sido anunciada el 4 de diciembre de 2025, cuando Wingo decidió detener sus operaciones hacia y desde Caracas mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. En aquel momento, la aerolínea enfatizó que se trataba de una medida preventiva enfocada en la seguridad, tras la advertencia de Estados Unidos de sobrevolar el territorio Venezolano, antes del ataque y operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.Durante la pausa en la operación, según informó la aerolínea, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas recibieron notificaciones a través de los canales registrados en sus reservas. La compañía ofreció opciones de protección que permitieron a los viajeros autogestionar reembolsos o cambios de vuelo sin penalidades, facilitando así la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.La reanudación proyectada para el 16 de enero representa una señal de normalización en la conectividad aérea entre ambas capitales, que había sufrido interrupciones en los últimos meses. Wingo informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo en conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.Este anuncio llega en un momento en que otras aerolíneas también ajustan sus itinerarios hacia Venezuela, reflejando una recuperación gradual de los vínculos aéreos bilaterales. Esto, tras la aparente calma que se vive luego de la intervención de Estados Unidos en el vecino país.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.