El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Edwin Urrego. En desarrollo....
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
Cerca de 5.000 usuarios de la EPS Emssanar en el Valle del Cauca, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, resultaron afectados con la más reciente suspensión de servicios de salud de una institución privada.Se trata de la IPS Grupo de Especialistas en el Manejo de Enfermedades Crónicas, Gesencro, que a partir de hoy 10 de febrero suspendió la atención a los pacientes de esta EPS en las sedes de los municipios de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito.A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión, debido a la persistente falta de pago de Emssanar de las obligaciones económicas derivadas de servicios ya prestados."Una demostración más de la situación financiera que está viviendo el sistema y que acaba afectando a los pacientes. Es una cosa compleja, este centro presta servicios de baja complejidad en estos municipios. Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable", aseguró secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.La funcionaria aseguró que en estos momentos Emssanar está tratando de migrar la atención a sus usuarios a la red pública, siguiendo una orden del Ministerio de Salud, sin embargo, es una medida que no sería viable teniendo en cuenta que la red pública es insuficiente para atender tal demanda de pacientes."La red pública es incapaz de atender el 100% de los pacientes y se requiere el trabajo conjunto con la red privada. El señor ministro de Salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados", añadió Lesmes.La suspensión de servicios de salud a los pacientes de EPS intervenidas hace que otras instituciones se congestionen cada vez más. Tal es el caso de la clínica Versalles en Cali, que actualmente está atendiendo solo urgencias vitales, debido a su alto nivel de sobreocupación.
Tal como lo había adelantado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se firmó la prórroga por dos años con las cinco empresas concesionadas encargadas de la limpieza y recolección de residuos de la ciudad. Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, aseguró que con esta firma viene la innovación y actualización, que básicamente es la llegada, en los próximos tres meses, de 35 nuevos camiones compactadores de basuras a la capital con el fin de ampliar los recorridos de recolección, pero así mismo reducir los puntos críticos de concentración de basuras que se da en el centro y sur especialmente.“Hay que decirle a la ciudadanía que después del 11 de febrero vamos a mantener la cobertura en el 100 % de la ciudad en lo que tiene que ver con recolección, transporte, barrio, limpieza, lavanderías públicas. Venimos trabajando con los concesionarios con el fin de dar cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional en defensa de los recicladores de oficio para mantener las garantías que se tienen para ellos, pero adicionar a eso no solamente en garantías para los recicladores, sino también en mejoras en la prestación del servicio”, concluyó el director de la UAESP.Por su parte, también fue enfático en que a Bogotá se le van a extender los kilómetros de barrido, que pueden superar los 45 mil, para garantizar la cobertura total y así mismo no descartaron la instalación de cobertores en zonas residenciales para evitar que los residuos se queden en la calle. Entre tanto, el distrito aún está en la evaluación de aplicar más recolección en horarios nocturnos o diurnos en las zonas identificadas con mayor riesgo de acumulación.Así las cosas, se adelanta también un trabajo conjunto con varias secretarías de distrito, como Gobierno y Seguridad, para aplicar las sanciones a quienes sean vistos dejando desechos en las esquinas como escombros o material biológico que represente un riesgo.
En video de cámara de celular quedó registrado el momento exacto en el que un hombre, de 27 años, ataca de manera violenta una patrulla de la Policía en plena vía pública. El hombre, visiblemente alterado, rompe uno de los espejos del vehículo oficial, por lo que el uniformado que estaba en su interior desciende del mismo e increpa al agresor, acto seguido, este empieza a golpearlo en repetidas oportunidades.En un momento del video, se logra ver que el policía persuade al hombre para que no lo siga agrediendo, incluso junto con otra patrullera de la institución; sin embargo, el violento sujeto continúa golpeando al uniformado, sin importar que en el lugar había decenas de testigos.Tras conocerse las imágenes, la Policía de Bogotá adelantó un procedimiento en la localidad de Suba, en el cual logró la captura del hombre señalado de protagonizar el violento hecho de intolerancia contra el integrante de la institución.De acuerdo con la información oficial, este hombre fue quien arremetió de manera agresiva y temeraria contra un vehículo policial y contra un uniformado que se encontraba en el lugar, causándole varias lesiones en el rostro durante el ataque. La rápida reacción de los demás policías permitió controlar la situación y efectuar la captura del presunto agresor.Tras su detención, el ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado, amenazas e intimidación.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristián Quiroz, presentó la plataforma tecnológica que se va a utilizar para la postulación y acreditación de actores electorales, como los testigos de los partidos para el día de las elecciones.Al finalizar el encuentro, el magistrado Quiroz respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas una sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha cuestionado algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral.Petro, por medio de su cuenta de X, señaló que “el papel del CNE es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción”. Quiroz aseguró que las decisiones que toman desde el Consejo Nacional Electoral son basadas en la Constitución.“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. Nosotros no tenemos derecho a interpretar, hay unas normas que están en la Constitución y la ley y lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicarlas y darle garantías a todos los candidatos y a todas las agrupaciones políticas de que en la próxima jornada electoral puedan participar”, dijo el presidente del CNE.Es importante recordar que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’ del próximo 8 de marzo.Además, el CNE tumbó algunas listas al Congreso del Pacto y le pidió al movimiento político volverlas a presentar, algo que ya se cumplió.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila frente a la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, tras la prórroga por 22 meses del esquema actual. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el funcionario afirmó que habrá cobertura del 100 % y continuidad en el servicio, descartando un escenario de crisis en la ciudad.Ojeda explicó que la prórroga de los contratos se realiza en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, particularmente relacionadas con la protección de los recicladores de oficio. Según indicó, esta extensión contractual no implica una simple continuidad del esquema actual, sino que incluye una serie de mejoras operativas.¿En qué mejorará la recogida de basuras en Bogotá?Entre las medidas anunciadas, el director de la Uaesp señaló la incorporación de 35 vehículos nuevos, el aumento de los kilómetros de barrido y el fortalecimiento de la interventoría para verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección, barrido y limpieza por parte de los prestadores del servicio.Durante la entrevista, Ojeda reconoció que uno de los principales problemas que afectan la limpieza de la ciudad está relacionado con los residuos voluminosos y de construcción y demolición. Mencionó que elementos como colchones, sanitarios o muebles están siendo dejados en el espacio público, pese a que los vehículos compactadores no pueden recolectarlos.Indicó que el Distrito ha tenido que destinar recursos adicionales para atender puntos críticos y arroyos clandestinos, los cuales, aunque han sido mitigados, continúan apareciendo. En ese contexto, anunció el fortalecimiento de Aguas de Bogotá, cuya capacidad de recolección pasó de 180 toneladas diarias a más de 400, y que después del 12 alcanzará las 1.000 toneladas diarias.El funcionario subrayó que gran parte de estos residuos no se depositan adecuadamente y reiteró que se viene trabajando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, en estrategias de cultura ciudadana y apropiación del espacio público.Cambios operativos y ecopuntosFrente a los ajustes realizados tras su llegada a la Uaesp, Ojeda explicó que será necesario volver a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para verificar los motivos que permitan asignar nuevas áreas de servicio. Mientras tanto, señaló que se han implementado mejoras como el incremento de los lavados en la ciudad, superando los 7.000 mensuales.También destacó el fortalecimiento de los Ecopuntos, espacios donde la ciudadanía puede llevar de manera gratuita residuos voluminosos y de construcción. Según indicó, estos puntos se incrementarán y se avanzará hacia un esquema que proteja a los recicladores y tenga en cuenta las experiencias previas con la contenedorización, que tuvo resultados dispares según la zona.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la Cancillería colombiana concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una Declaración de Intención firmada por las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, en lo que marca, además, la primera visita de una canciller colombiana a ese país en 34 años.La alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y generen alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2011 se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que, según lo acordado, seguirán ampliándose como herramienta de prevención y construcción de convivencia.Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres, en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal que afecta a regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar y otras, por el paso de un frente frío que no se tenía previsto y que generó inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando a más de 70.000 familias.
A más de 11.000 pies de altura, las tripulaciones de la Aviación del Ejército afinan maniobras, corrigen errores y enfrentan uno de los mayores retos para cualquier piloto militar: volar y aterrizar en montaña. El escenario es el municipio de Samacá, Boyacá, donde se desarrolla el curso de Operaciones en Montaña y Aterrizajes a Gran Altura (Omaga).El entrenamiento, fundamentado en el manual HAAT (High Altitude Army Aviation Training), busca fortalecer el entendimiento de los pilotos frente a los riesgos propios de la topografía andina: corrientes de aire cambiantes, baja densidad del aire, variaciones bruscas del clima y obstáculos naturales que pueden convertirse en amenazas invisibles para una tripulación inexperta.La capacitación es liderada por el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA) y está dirigida a oficiales pilotos que asumirán el rol de comandantes de helicóptero, específicamente en aeronaves MI-17 y Black Hawk. El objetivo es que puedan enfrentar despliegues en zonas de alta complejidad geográfica, donde la pericia técnica marca la diferencia entre el éxito de la misión y el riesgo operacional.El curso se divide en dos fases. La primera, teórica, tiene una duración de ocho días e incluye instrucción detallada sobre el comportamiento de las aeronaves en montaña, así como los efectos de la meteorología y la topografía en el rendimiento del vuelo. La segunda fase, práctica, se extiende por diez días, periodo en el que los pilotos aplican en terreno real los conocimientos adquiridos en aula.Este entrenamiento fortalece la capacidad diferencial de la División de Aviación Asalto Aéreo, permitiéndole contar con tripulaciones altamente entrenadas para operar en cualquier punto del territorio nacional. Además, se proyecta como un componente clave dentro del despliegue operacional previsto para el Plan Democracia 2026, en el que la movilidad aérea será determinante para garantizar seguridad y presencia institucional.
En diálogo con Mañanas Blu el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo. Al ser preguntado sobre si tiene relación con el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, negó rotundamente conocerlo. Lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, delineó su visión de país y desmintió los señalamientos que lo vinculan con la actual cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Durante la conversación, De La Espriella enfatizó que su proyecto político busca restaurar el orden y la justicia en Colombia, asegurando que no habrá concesiones para quienes hayan abusado del poder.Desmentido de vínculos con la Fiscalía y la "estratagema" de PetroUno de los puntos centrales de la entrevista fue la supuesta cercanía de De La Espriella con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. El candidato fue enfático al declarar: "No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido", calificando tales afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" del presidente Petro para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que rodean a su administración, como los casos de Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo.De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador. Según el abogado, el presidente busca meterse en una pelea directa con él para proteger a su "heredero", Iván Cepeda, y sacarlo de la ecuación pública.Auditoría internacional y justicia sin impunidadAl ser consultado sobre sus intenciones respecto al actual mandatario, De La Espriella fue tajante al expresar que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley. El precandidato propuso realizar una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país "cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron".“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, afirmó, señalando que su compromiso moral y legal es realizar un corte de cuentas riguroso. Aseguró que los resultados de dicha auditoría serían entregados a los organismos de justicia correspondientes para que tomen las decisiones necesarias.Un plan de choque para la seguridad nacionalEn materia de orden público, De La Espriella presentó un plan de choque de 90 días destinado a capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor. Su estrategia incluye la fumigación de las 330.000 hectáreas de coca existentes y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, para lo cual busca fortalecer alianzas con Estados Unidos e Israel.Para el candidato, la seguridad es el eje fundamental que genera confianza inversionista y permite el desarrollo social. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, explicó, añadiendo que su gobierno sería de transición para "organizar la casa".Escuche aquí también la entrevista:
La senadora Aída Quilcué, reconocida líder indígena y miembro del Pacto Histórico, confirmó que sus captores se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una de las principales estructuras disidentes de las FARC en el suroccidente del país. El hecho ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, departamento del Cauca, cuando Quilcué se desplazaba desde La Plata (Huila) hacia Popayán junto a su esquema de seguridad.El vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, quienes la obligaron a descender del carro y la condujeron a un área boscosa de difícil acceso. “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”, relató Quilcué en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu.La senadora, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y es una figura histórica del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narró con serenidad cómo se mantuvo firme ante sus captores. “Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, recordó. Según explicó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, aparentemente presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.“Era un secuestro dirigido”Durante la entrevista, Quilcué afirmó que el grupo portaba radioteléfonos y mantenía comunicación constante con otros hombres apostados en la zona, lo que indica que se trató de una acción planificada. “Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, expresó la senadora.La propia congresista reconoció que su esquema de protección fue clave para mantener la calma, aunque admitió que el operativo de rescate se facilitó por la reacción comunitaria. “La acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”, sostuvo.La columna Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una de las más violentas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, mantiene presencia en los municipios de Toribío, Caldono, Inzá y Totoró, zonas donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques, secuestros y hostigamientos a la población civil.Otro secuestro agravó la tensión en la regiónEl rapto de Quilcué coincidió con el secuestro, pocas horas después, del alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá, quien fue liberado tras una operación del Ejército Nacional. Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, aumentaron la preocupación por el deterioro del orden público en el departamento.El alcalde Guachetá relató que fue intimidado y golpeado por sus captores: “Nos encañonaron, nos golpearon en el rostro y nos despojaron de los celulares y de la camioneta”, dijo tras recuperar la libertad. Las autoridades atribuyen ambos hechos a las mismas estructuras armadas que controlan corredores estratégicos del norte y oriente del Cauca.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a las acusaciones sugeridas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a un alto oficial de la policía de haber intentado plantar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial. El general Edwin Urrego, quien ha ocupado cargos de relevancia en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, calificó estos señalamientos como una "locura" y manifestó su total sorpresa ante lo que considera una desinformación del mandatario.Una "locura" sin fundamentosEl general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”. Según el oficial, su labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, pero recalcó que el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quienes no tiene contacto directo.Disposición ante la justicia y el polígrafoAnte la gravedad de las acusaciones, que sugieren un plan para sabotear una supuesta reunión del presidente con Donald Trump, Urrego manifestó su total disposición para aclarar la situación. “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó el oficial, destacando que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE. Urrego sostiene que, al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con este supuesto complot.El episodio del allanamiento a BenedettiOtro de los puntos de fricción es la relación que el presidente Petro estableció entre el oficial y el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Barranquilla. El general Urrego aclaró que, aunque era el comandante en esa ciudad cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana. Explicó que él no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal y que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial que venían desde Bogotá. “No podía ni oponerme y, por el contrario, mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero de 2026, retomando así una de las rutas internacionales más solicitadas entre Colombia y Venezuela tras una pausa de más de un mes. Esta decisión se tomó luego de un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para sus viajeros y tripulaciones.La suspensión temporal de esta ruta había sido anunciada el 4 de diciembre de 2025, cuando Wingo decidió detener sus operaciones hacia y desde Caracas mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. En aquel momento, la aerolínea enfatizó que se trataba de una medida preventiva enfocada en la seguridad, tras la advertencia de Estados Unidos de sobrevolar el territorio Venezolano, antes del ataque y operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.Durante la pausa en la operación, según informó la aerolínea, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas recibieron notificaciones a través de los canales registrados en sus reservas. La compañía ofreció opciones de protección que permitieron a los viajeros autogestionar reembolsos o cambios de vuelo sin penalidades, facilitando así la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.La reanudación proyectada para el 16 de enero representa una señal de normalización en la conectividad aérea entre ambas capitales, que había sufrido interrupciones en los últimos meses. Wingo informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo en conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.Este anuncio llega en un momento en que otras aerolíneas también ajustan sus itinerarios hacia Venezuela, reflejando una recuperación gradual de los vínculos aéreos bilaterales. Esto, tras la aparente calma que se vive luego de la intervención de Estados Unidos en el vecino país.
Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica recorrieron varias zonas del Catatumbo para constatar en terreno el impacto que están teniendo los enfrentamientos armados sobre la población civil.Durante el recorrido por los corregimientos, la misión evidenció en Versalles, que desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está restringida, las familias permanecen encerradas y no entra comida, ni gas. En Pacelli no hay transporte y la economía está paralizada. Ademas, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico.En Filogringo, en El Tarra, las organizaciones señalan que los habitantes han huido, ya que los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Adicionalmente, en el casco urbano de El Tarra y en sectores como el kilómetro 16, se registró la llegada de familias desplazadas que aun no reciben ayuda humanitaria.“Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.Por su parte, Brigitta Von Messling, de la Misión de Verificación de la ONU Norte de Santander, hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos de los colombianos. “Hacemos un llamado a todos los grupos armados a cesar las afectaciones y las violencias contra la población civil, a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.Desde la Iglesia Católica, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, pidió frenar la confrontación armada y escuchar a las comunidades. “Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos que claman por la paz en este territorio, quieren movilizarse por las diferentes vías, quieren educación para sus hijos, quieren vivir en paz y quieren recuperar la tranquilidad en sus casas”, afirmó.Finalmente, las organizaciones le hicieron un llamado urgente al estado para que adopte las medidas necesarias que protejan a la población, además de presencia permanente en el Catatumbo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá."Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social."Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", concluye el breve mensaje del presidente estadounidense.El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba "bien" la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el Gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el presidente colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir al Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la Administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.
Un juez penal municipal con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete presuntos integrantes de una red de corrupción judicial que, según la Fiscalía, exigía pagos de hasta 1.000 millones de pesos para intervenir de manera ilegal en procesos de lavado de activos y frenar decisiones judiciales clave.La decisión fue adoptada por el Juzgado 72 Penal Municipal, que avaló la solicitud del ente acusador tras considerar que existen elementos suficientes para inferir la posible participación de los procesados en una estructura criminal organizada. Entre los enviados a prisión están el capitán de la Dijín Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y el exfuncionario de la policía ,Rosember Gil Ramírez.Adicionalmente, el juez impuso medida de aseguramiento domiciliaria al exfuncionario del Inpec Luis Eduardo Riveros García, al considerar que es víctima de amenazas por parte de la misma organización ilegal.Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó el presunto modus operandi de la red, que habría exigido sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos al exnarcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia. A cambio, los implicados ofrecían direccionar investigaciones, impedir órdenes de captura y bloquear medidas cautelares de extinción de dominio.Al sustentar la medida, el juez advirtió que la investigación permitió establecer una dinámica de presión y amenazas directas. En su decisión señaló que se evidenció cómo los implicados condicionaban el acceso a la información judicial al pago de dinero“Déjenos acceder a la investigación, manténganos al tanto de la investigación y se le da dinero, y cuando se niega dice: ‘ah, pero es que hay un compañero con una oficina de sicarios’”. Para el despacho, ese comportamiento constituye “un elemento de convicción bastante diciente” que permite inferir la autoría y participación de los procesados en los delitos imputados.El juez también resaltó que la actuación de la red no fue improvisada, sino producto de una organización estructurada. “Se hizo de manera confabulada, organizada, con precisión, con roles claramente definidos en cada una de las personas que intervinieron”, afirmó, al señalar que los implicados participaban en reuniones donde exigían dinero, desplegaban actos intimidatorios y mostraban fotografías de familiares y piezas procesales reservadas para presionar los pagos.Según lo expuesto en audiencia, la investigación también reveló que los procesados, aprovechando su rol como policías judiciales, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de forma deliberada para afectar el curso normal de los procesos penales.El juez advirtió, además, que tras las denuncias de los familiares de alias Manicomio, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones e intimidaciones adicionales. “Es grave que se pretenda acceder al contenido de la denuncia formulada por la víctima, porque se desconoce la reserva legal que protege una indagación preliminar y se compromete la seguridad del denunciante”, sostuvo, al advertir que estas conductas profundizan la obstrucción a la justicia.Finalmente, el despacho hizo un llamado sobre el impacto institucional de este tipo de redes, al señalar que no solo se intimidó a las víctimas y a su defensa, sino también a servidores judiciales. “Se deteriora severamente la imagen de una institución tan importante como la Policía Nacional, y más grave aún, de la Policía Judicial, que debe apoyar a la Fiscalía y no convertirse en un instrumento para hacer exigencias dinerarias multimillonarias”, concluyó el juez al justificar la medida de aseguramiento.
El Juzgado 27 de Ejecución de Penas negó por improcedente la acción de tutela presentada contra el decreto de emergencia económica expedido el pasado 22 de diciembre, mediante el cual el presidente de la República quedó habilitado para expedir impuestos con fuerza de ley. En su decisión, el despacho judicial advirtió que no es posible utilizar la tutela como un atajo jurídico para suspender una medida de este tipo , ni para reemplazar el control constitucional que le corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional.La acción fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, el director del partido Centro Democrático Gabriel Jaime Vallejo, Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio Aguiar, Elkin Darío Meriño y otros demandantes, quienes buscaban frenar la vigencia inmediata de los impuestos decretados durante el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.La estrategia pretendía aprovechar la imposibilidad temporal de la Corte Constitucional de ejercer el control automático e inmediato que le asigna la Carta Política frente a los estados de excepción.En su análisis, el juez fue enfático en señalar que “en ese contexto, resulta evidente que la acción de tutela no puede ser utilizado como un mecanismo paralelo, alternativo o sustituto del control de constitucionalidad atribuido de manera expresa a la Corte Constitucional”, se lee en el fallo. Para el despacho, acceder a la solicitud de suspensión del decreto implicaría desconocer el modelo institucional previsto por el constituyente.El juzgado advirtió que aceptar la pretensión de los accionantes significaría una alteración grave del equilibrio entre las ramas del poder público. En ese sentido, sostuvo que una decisión favorable “desplazaría las competencias que la Constitución asignó de manera exclusiva a la Corte Constitucional, alterando de forma indebida el equilibrio funcional y constitucional entre las ramas del poder público”.La providencia también enfatiza que la tutela no puede convertirse en una herramienta para revisar, suspender o dejar sin efectos decretos de emergencia, pues ello desnaturalizaría su carácter excepcional y residual. “Acceder a las pretensiones de los accionantes orientadas a la suspensión provisional del decreto implicaría desconocer tanto en el plano fáctico como en el sustancial el diseño institucional y procedimental que el constituyente previó”, indicó el juez.Finalmente, el despacho concluyó que conceder la medida solicitada no solo carece de sustento jurídico, sino que comprometería la arquitectura constitucional del control del poder.Con esta decisión, el juzgado reiteró que será la Corte Constitucional, una vez finalice la vacancia judicial el próximo martes y avoque conocimiento del caso, la única autoridad competente para evaluar la legalidad del decreto de emergencia económica y de las medidas adoptadas en su desarrollo.