El presidente explicó que se aprobó la creación de un Tribunal Agrario y Rural, con sede en la ciudad de Tunja, y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó."Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas, permitiendo dirimir y resolver de manera justa las controversias existentes en materia de tenencia y uso de la tierra en Colombia", afirmó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el Gobierno nacional le aporte 40.000 millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país.Desde la judicatura indicaron que los jueces y magistrados de la Jurisdicción Agraria y Rural deberán incorporar medidas con enfoque diferencial para las mujeres que en la ruralidad han enfrentado barreras particulares para el ejercicio de sus derechos.Le puede interesar:
El Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional anunciaron que se repetirá todo el cronograma de convocatoria para los funcionarios de la Rama Judicial por inconsistencias encontradas en el proceso que se dio en agosto de 2018.“Se han advertido inconsistencias de diversa índole, que han afectado la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, lo que ha generado un conjunto de peticiones, quejas y reclamos, convocatorias de conciliación y acciones judiciales (como tutelas); los cuales no permiten satisfacer las expectativas de quienes aspiran a ocupar los cargos de jueces y magistrados de la comunidad jurídica y judicial y de la sociedad, dada la trascendencia que reviste el proceso de selección para designar a quienes han de administrar la justicia de nuestro país”, señalaron en un comunicado conjunto.La judicatura aclaró que los que se inscribieron en esa convocatoria tendrán que volver a presentar la prueba, hayan pasado o no, pues las inconsistencias fueron en los exámenes.Desde febrero del otro año iniciara nuevamente la etapa de pruebas y el cronograma de convocatoria finalizaría en noviembre de 2021.De acuerdo con la judicatura y la universidad las pruebas deben volver a realizarse pues “bajo el marco de procesos de selección que no ofrezcan el menor asomo de duda y brinden tranquilidad y confiabilidad en sus resultados”.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura apartó al magistrado Ariel Torres del caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.El tribunal le dio 48 horas para que el magistrado de la Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para separarse del proceso y que sea repartido nuevamente.Según la decisión, se vulneraron los derechos en medio del proceso contra el exgobernador.“Claramente se filtró la información y la ponencia por él (el magistrado Ariel Torres) presentada frente al caso del actor, siendo éste el guardián del expediente, el cual al ser el de una persona con cierto reconocimiento público debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia”, dijo el tribunal.“Y no se debió permitir que una providencia que ya tenía plasmada su análisis jurídico y de juicio fuera publicada por un noticiero, donde exhibieron dicho documento y leyeron parte del mismo, vulnerándose así el derecho al debido proceso e igualdad del actor”, añade.Noticias Uno reveló en enero apartes de lo que sería la ponencia que condenaba al exgobernador en el proceso que sigue la Corte desde el 2011.En la sentencia la Sala Disciplinaria también referencia otra filtración en 2018 sobre el caso que en ese momento lo manejaba Eyder Patiño en el proceso de Ramos.Ante esto, la Corte Constitucional fallo sobre que “existió una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtración del borrador de ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del aquí actor, hecho cometido por personas en averiguación”.La decisión se dio luego de que el exgobernador presentará una tutela que fue negada en primera instancia también por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 27 de agosto de 2020.Ahora ese mismo tribunal tumba la sentencia para en su lugar apartar a Ariel Torres.
Dos magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes ya completaron su periodo en la rama judicial, tras más de 12 años en carrera, enviaron un derecho de petición al presidente Iván Duque en el que le solicitan no enviar una terna para reemplazarlos. Lo anterior a pesar de que un concepto del Consejo de Estado en días pasados había abierto la posibilidad para resolver la interinidad en la que está desde hace más de cinco años la sala disciplinaria que recordemos es la que sanciona abogados, jueces en el país. Los dos ya terminaron su periodo, pero se niegan a abandonar sus cargos.Vea aquí: ¿A partir de cuándo tomarán posesión los nuevos magistrados de la corte?"Por lo anterior, nuestra permanencia obedece a una norma constitucional y no legal, pues fuimos elegidos como tales en propiedad por el Congreso de la República, como nominador para un periodo de 8 años, pero antes de vencerse nuestro periodo entró en vigencia el acto legislativo 02 del 2015 que estableció que los miembros de la Comisión de Disciplina se elegirán previa convocatoria pública reglada, lo que generó que se extendiera transitoriamente nuestra actividad judicial", señala el derecho de petición.La tesis o el argumento es que los magistrados de la Sala Disciplinaria ejercen su función hasta el momento de la posesión de quienes integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De esta manera, aseguran, aunque el periodo de un magistrado es de 8 años y ellos lleven más de 12, tienen razones válidas para seguir en sus cargos.
BLU Radio conoció un informe que está en poder del Consejo Superior de la Judicatura en el que la Procuraduría le certifica que los radicados o procesos que menciona un anónimo en la denuncia que interpuso en contra del exfiscal del caso chuzadas Daniel Hernández, por supuestas interceptaciones ilegales, sí corresponden a 22 procesos de su despacho.El conflicto viene desde noviembre del año pasado cuando al Consejo Superior de la Judicatura llegó una denuncia de un señor Maximiliano Zapata, quien aseguraba que Hernández había ordenado interceptaciones ilegales a funcionarios de la Fiscalía, periodistas, líderes sociales, abogados, magistrados con el supuesto objetivo de "obtener información privilegiada respecto de las actividades y contactos de estas personas con fines personales fútiles".Vea aquí: El ‘trabajo especial’ solicitado a la red de chuzadas que nunca se ejecutóEn la denuncia se relacionaban números que hacían referencia a radicados de procesos en los que se estaría 'chuzando' de manera ilícita.Con esa denuncia, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó una inspección al despacho del fiscal Hernández, operativo que frustró el vicefiscal Jaime Camacho. Sin embargo, el equipo de policía judicial de la Procuraduría alcanzó a llevarse un archivo Excel con los números de radicado de los 98 procesos del despacho del reconocido fiscal.A pesar de que en su momento se dijo que no coincidían con procesos de su despacho, en el informe que acaba de entregar la Procuraduría al Consejo Superior de la Judicatura, conocido en exclusiva por BLU Radio, los investigadores dicen todo lo contrario.El documento le certifica al Consejo Superior de la Judicatura que los números que relaciona el denunciante que, al parecer, es un anónimo, son 12 números de radicado que coinciden en 22 procesos que están a cargo del fiscal Daniel Hernández, que no solo llevaba el caso chuzadas, si no también casos tan importantes como el del abogado Diego Cadena.BLU Radio consultó con fuentes de la Fiscalía sobre esa extraña coincidencia en los números de radicado y explicaron que los procesos denunciados son carecen de los 5 últimos números de identificación, que son procesos solo hasta el año de creación y que, si se hace una búsqueda de los mismos, obligatoriamente iban a coincidir. En otras palabras, que, al faltar los últimos cinco dígitos del radicado, son procesos sin identificación y que cualquier fiscal del país puede tener procesos que coincidan con los primeros 16 números que analizó la Procuraduría.
Este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura señaló que se abstiene de resolver un recurso que presentó la defensa del coronel Jorge Armando Pérez y otros cuatro militares para que el caso, por el asesinato de Dimar Torres, pase a la justicia penal militar. Dicen que el proceso debería ir a la juez que tiene ya el caso.De esta manera, la investigación sigue en manos de la justicia ordinaria, y no de la penal militar como se pretendía.Vea aquí: Video: Escalofriante relato del fiscal sobre el asesinato de Dimar TorresPor los hechos, se investiga también a Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Andrés Alarcón Castrillón.La sala disciplinaria advirtió que “es el superior jerárquico del Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías quien debe definir la impugnación de competencia planteada, en este caso a los jueces penales del circuito de conocimiento”.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
BLU Radio pudo establecer que los nuevos magistrados de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron trasladados al Complejo Comercial Avenida Chile de Bogotá por el cual pagará la Judicatura más de $4.380 millones de pesos anuales en arriendo. Este canon de arrendamiento para 10 pisos del Complejo Comercial Avenida Chile, no contempla los gastos de adecuaciones de las salas de audiencias, por el que hubo un contrato de tres meses por $560 millones de pesos. De igual forma, dentro de la contratación firmada el pasado mes de diciembre la Judicatura suscribió un contrato de arrendamiento por 35 meses que costó $6.943 millones de pesos en dos edificios auxiliares al Palacio de Justicia para el funcionamiento de juzgados y salas especiales de las altas cortes. Según el director Ejecutivo de la Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, este tipo de gastos se hacen necesarios por la cantidad de espacios que necesita la Rama Judicial. Otra de las justificaciones para desarrollar estos gastos es que se está a la espera de que se materialice un proyecto que agrupe a todo el complejo judicial en un solo sitio con estructuras propias en Bogotá. “Dotar totalmente a la rama judicial de infraestructura propia requiere de muchos recursos y porque a futuro se viene pensando en el caso de Bogotá el poder construir la ciudadela judicial”, aseguró el funcionario. Esta situación ha sido cuestionada desde el interior de la rama judicial, al advertir que existen mecanismos para que la justicia tenga sus propias estructuras para su funcionamiento de forma independiente. “Esto es total improvisación, se acude a contratos directos sin la posibilidad de una licitación donde sean varios los oferentes y que nunca se acuden a la figura del leasing que son los arriendos con la posibilidad de compra”, aseguró Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial. Frente al traslado de los nuevos magistrados de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, BLU Radio pudo establecer que iniciarán sus labores desde febrero en el Complejo Comercial Avenida Chile. Este traslado contempla, cientos de miles de archivos de todos los procesos contra aforados, que, en algunos casos, ocupan espacios de grandes proporciones por la cantidad de pruebas recaudadas en procesos que llevan años en ese alto tribunal.
El Tribunal Superior de Bogotá admitió la demanda contra el sindicato de la Rama Judicial que mantiene un cese de actividades en más de 200 juzgados civiles municipales en Bogotá desde el 31 de octubre. BLU Radio conoció el documento en el cual la Judicatura expresa que, con este paro por parte de los jueces, se atenta contra el servicio público esencial de la justicia y por lo tanto le solicitó al alto tribunal la declaratoria de ilegalidad. Para la Judicatura, el cese de actividades no tiene por qué afectar los servicios a la ciudadanía, la cual no puede realizar trámites ordinarios en todos los juzgados civiles, incluidos los penales que están en las mismas instalaciones. Para Orlando Chinchilla, presidente del sindicato El Vocero Judicial, advierte que el cese de actividades se desarrolla en atención a una resolución que afecta los intereses de los jueces y de los funcionarios judiciales. Ver también: Presidente de Judicatura negó que hiciera lobby contra reforma a la justicia Según el dirigente sindical, el Consejo Superior de la Judicatura “ordenó convertir los juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, es decir, le quita la competencia para conocer los procesos de menor cuantía y aparte de ello quita un empleado en cada juzgado”, señaló Chinchilla. El Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Laboral, tendrá 10 días para determinar si declara ilegal el paro y las acciones administrativas en contra de más de 1.200 funcionarios judiciales que están participando del cese de actividades.
El próximo mes de diciembre el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castro Caballero termina su periodo constitucional de 8 años en la Corte Suprema de Justicia y, para obtener su pensión, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura ser trasladado al Tribunal de Bogotá, porque actualmente, con 52 años, no cuenta con la edad para retirarse, en un caso que se catalogaría en la popular ‘puerta giratoria’. El magistrado expuso en su derecho de petición a la Judicatura que, para ser magistrado de la Sala Penal, renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y por ello le parece que puede volver a su antiguo puesto, al menos hasta que alcance edad de pensión. Vea también: Choque de trenes en la Corte Suprema deja en firme condena contra Martín Morales Hay que recordar que un magistrado de alta corte actualmente tiene un salario de casi 33 millones de pesos mensuales, y dentro del escrito conocido por BLU Radio el magistrado Fernando Castro advierte que su “renuncia al Tribunal fue motivada solo por la necesidad de cumplir con una exigencia de carácter administrativo y no producto de (su) voluntad de abandonar la carrera judicial”. En el escrito, el magistrado Castro señala que “repudia a todo sentido lógico y de justicia que el ascenso de un servidor de carrera al máximo peldaño de la estructura judicial en un Estado de Derecho, pueda generarle automáticamente a ese servidor su exclusión del escalafón de la carrera judicial y con ello la pérdida de su estabilidad laboral”. De igual forma, cuestionó que en la reforma a la justicia se quiera inhabilitar a los magistrados después de que salgan de sus cargos, cuando en su caso no ha adquirido una pensión y no tendría campo de acción en su vida laboral. “Es importante considerar que la dignidad e integridad de la Justicia se ve seriamente afectada cuando sus más altos magistrados de la noche a la mañana son arrojados a la calle sin ninguna remuneración ni seguridad social, viéndose precisados entonces a ofrecer sus servicios profesionales en defensa de intereses privados para asegurar su congrua subsistencia”, indicó Castro. Sobre esta petición, el Consejo Superior de la Judicatura negó en primera instancia sus pretensiones al advertir que no puede activar su carrera judicial, no obstante, presentó un recurso de insistencia ante el mismo tribunal para ser resuelto.
La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura formuló pliego de cargos en contra del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, por su participación en aparentes actos ilícitos cometidos cuando ostentaba la condición de funcionario público. Según el documento del alto tribunal, Moreno Rivera incurrió en los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada en falta "gravísima dolosa".Vea también: Fiscalía de EE.UU. felicitó a su par en Colombia por cooperar en caso Gustavo Moreno Los hechos, por los cuales se desarrollará este juicio disciplinario, se relacionan con las exigencias que realizó Moreno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de favorecerle en procesos penales. La sala disciplinaria, con ponencia del magistrado Fidalgo Javier Estupiñán, adelantará la etapa de pruebas documentales y testimoniales alrededor de los hechos para luego tomar una decisión de fondo. La sala disciplinaria informó que, a partir de este martes, Moreno y su defensa tendrán 10 días para presentar los recursos y solicitar las pruebas que existen en su contra, para controvertirlas en juicio disciplinario a través de descargos.
