El presidente explicó que se aprobó la creación de un Tribunal Agrario y Rural, con sede en la ciudad de Tunja, y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó."Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas, permitiendo dirimir y resolver de manera justa las controversias existentes en materia de tenencia y uso de la tierra en Colombia", afirmó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el Gobierno nacional le aporte 40.000 millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país.Desde la judicatura indicaron que los jueces y magistrados de la Jurisdicción Agraria y Rural deberán incorporar medidas con enfoque diferencial para las mujeres que en la ruralidad han enfrentado barreras particulares para el ejercicio de sus derechos.Le puede interesar:
El Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional anunciaron que se repetirá todo el cronograma de convocatoria para los funcionarios de la Rama Judicial por inconsistencias encontradas en el proceso que se dio en agosto de 2018.“Se han advertido inconsistencias de diversa índole, que han afectado la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, lo que ha generado un conjunto de peticiones, quejas y reclamos, convocatorias de conciliación y acciones judiciales (como tutelas); los cuales no permiten satisfacer las expectativas de quienes aspiran a ocupar los cargos de jueces y magistrados de la comunidad jurídica y judicial y de la sociedad, dada la trascendencia que reviste el proceso de selección para designar a quienes han de administrar la justicia de nuestro país”, señalaron en un comunicado conjunto.La judicatura aclaró que los que se inscribieron en esa convocatoria tendrán que volver a presentar la prueba, hayan pasado o no, pues las inconsistencias fueron en los exámenes.Desde febrero del otro año iniciara nuevamente la etapa de pruebas y el cronograma de convocatoria finalizaría en noviembre de 2021.De acuerdo con la judicatura y la universidad las pruebas deben volver a realizarse pues “bajo el marco de procesos de selección que no ofrezcan el menor asomo de duda y brinden tranquilidad y confiabilidad en sus resultados”.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura apartó al magistrado Ariel Torres del caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.El tribunal le dio 48 horas para que el magistrado de la Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para separarse del proceso y que sea repartido nuevamente.Según la decisión, se vulneraron los derechos en medio del proceso contra el exgobernador.“Claramente se filtró la información y la ponencia por él (el magistrado Ariel Torres) presentada frente al caso del actor, siendo éste el guardián del expediente, el cual al ser el de una persona con cierto reconocimiento público debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia”, dijo el tribunal.“Y no se debió permitir que una providencia que ya tenía plasmada su análisis jurídico y de juicio fuera publicada por un noticiero, donde exhibieron dicho documento y leyeron parte del mismo, vulnerándose así el derecho al debido proceso e igualdad del actor”, añade.Noticias Uno reveló en enero apartes de lo que sería la ponencia que condenaba al exgobernador en el proceso que sigue la Corte desde el 2011.En la sentencia la Sala Disciplinaria también referencia otra filtración en 2018 sobre el caso que en ese momento lo manejaba Eyder Patiño en el proceso de Ramos.Ante esto, la Corte Constitucional fallo sobre que “existió una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtración del borrador de ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del aquí actor, hecho cometido por personas en averiguación”.La decisión se dio luego de que el exgobernador presentará una tutela que fue negada en primera instancia también por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 27 de agosto de 2020.Ahora ese mismo tribunal tumba la sentencia para en su lugar apartar a Ariel Torres.
Dos magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes ya completaron su periodo en la rama judicial, tras más de 12 años en carrera, enviaron un derecho de petición al presidente Iván Duque en el que le solicitan no enviar una terna para reemplazarlos. Lo anterior a pesar de que un concepto del Consejo de Estado en días pasados había abierto la posibilidad para resolver la interinidad en la que está desde hace más de cinco años la sala disciplinaria que recordemos es la que sanciona abogados, jueces en el país. Los dos ya terminaron su periodo, pero se niegan a abandonar sus cargos.Vea aquí: ¿A partir de cuándo tomarán posesión los nuevos magistrados de la corte?"Por lo anterior, nuestra permanencia obedece a una norma constitucional y no legal, pues fuimos elegidos como tales en propiedad por el Congreso de la República, como nominador para un periodo de 8 años, pero antes de vencerse nuestro periodo entró en vigencia el acto legislativo 02 del 2015 que estableció que los miembros de la Comisión de Disciplina se elegirán previa convocatoria pública reglada, lo que generó que se extendiera transitoriamente nuestra actividad judicial", señala el derecho de petición.La tesis o el argumento es que los magistrados de la Sala Disciplinaria ejercen su función hasta el momento de la posesión de quienes integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De esta manera, aseguran, aunque el periodo de un magistrado es de 8 años y ellos lleven más de 12, tienen razones válidas para seguir en sus cargos.
BLU Radio conoció un informe que está en poder del Consejo Superior de la Judicatura en el que la Procuraduría le certifica que los radicados o procesos que menciona un anónimo en la denuncia que interpuso en contra del exfiscal del caso chuzadas Daniel Hernández, por supuestas interceptaciones ilegales, sí corresponden a 22 procesos de su despacho.El conflicto viene desde noviembre del año pasado cuando al Consejo Superior de la Judicatura llegó una denuncia de un señor Maximiliano Zapata, quien aseguraba que Hernández había ordenado interceptaciones ilegales a funcionarios de la Fiscalía, periodistas, líderes sociales, abogados, magistrados con el supuesto objetivo de "obtener información privilegiada respecto de las actividades y contactos de estas personas con fines personales fútiles".Vea aquí: El ‘trabajo especial’ solicitado a la red de chuzadas que nunca se ejecutóEn la denuncia se relacionaban números que hacían referencia a radicados de procesos en los que se estaría 'chuzando' de manera ilícita.Con esa denuncia, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó una inspección al despacho del fiscal Hernández, operativo que frustró el vicefiscal Jaime Camacho. Sin embargo, el equipo de policía judicial de la Procuraduría alcanzó a llevarse un archivo Excel con los números de radicado de los 98 procesos del despacho del reconocido fiscal.A pesar de que en su momento se dijo que no coincidían con procesos de su despacho, en el informe que acaba de entregar la Procuraduría al Consejo Superior de la Judicatura, conocido en exclusiva por BLU Radio, los investigadores dicen todo lo contrario.El documento le certifica al Consejo Superior de la Judicatura que los números que relaciona el denunciante que, al parecer, es un anónimo, son 12 números de radicado que coinciden en 22 procesos que están a cargo del fiscal Daniel Hernández, que no solo llevaba el caso chuzadas, si no también casos tan importantes como el del abogado Diego Cadena.BLU Radio consultó con fuentes de la Fiscalía sobre esa extraña coincidencia en los números de radicado y explicaron que los procesos denunciados son carecen de los 5 últimos números de identificación, que son procesos solo hasta el año de creación y que, si se hace una búsqueda de los mismos, obligatoriamente iban a coincidir. En otras palabras, que, al faltar los últimos cinco dígitos del radicado, son procesos sin identificación y que cualquier fiscal del país puede tener procesos que coincidan con los primeros 16 números que analizó la Procuraduría.
Este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura señaló que se abstiene de resolver un recurso que presentó la defensa del coronel Jorge Armando Pérez y otros cuatro militares para que el caso, por el asesinato de Dimar Torres, pase a la justicia penal militar. Dicen que el proceso debería ir a la juez que tiene ya el caso.De esta manera, la investigación sigue en manos de la justicia ordinaria, y no de la penal militar como se pretendía.Vea aquí: Video: Escalofriante relato del fiscal sobre el asesinato de Dimar TorresPor los hechos, se investiga también a Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Andrés Alarcón Castrillón.La sala disciplinaria advirtió que “es el superior jerárquico del Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías quien debe definir la impugnación de competencia planteada, en este caso a los jueces penales del circuito de conocimiento”.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
BLU Radio pudo establecer que los nuevos magistrados de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron trasladados al Complejo Comercial Avenida Chile de Bogotá por el cual pagará la Judicatura más de $4.380 millones de pesos anuales en arriendo. Este canon de arrendamiento para 10 pisos del Complejo Comercial Avenida Chile, no contempla los gastos de adecuaciones de las salas de audiencias, por el que hubo un contrato de tres meses por $560 millones de pesos. De igual forma, dentro de la contratación firmada el pasado mes de diciembre la Judicatura suscribió un contrato de arrendamiento por 35 meses que costó $6.943 millones de pesos en dos edificios auxiliares al Palacio de Justicia para el funcionamiento de juzgados y salas especiales de las altas cortes. Según el director Ejecutivo de la Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, este tipo de gastos se hacen necesarios por la cantidad de espacios que necesita la Rama Judicial. Otra de las justificaciones para desarrollar estos gastos es que se está a la espera de que se materialice un proyecto que agrupe a todo el complejo judicial en un solo sitio con estructuras propias en Bogotá. “Dotar totalmente a la rama judicial de infraestructura propia requiere de muchos recursos y porque a futuro se viene pensando en el caso de Bogotá el poder construir la ciudadela judicial”, aseguró el funcionario. Esta situación ha sido cuestionada desde el interior de la rama judicial, al advertir que existen mecanismos para que la justicia tenga sus propias estructuras para su funcionamiento de forma independiente. “Esto es total improvisación, se acude a contratos directos sin la posibilidad de una licitación donde sean varios los oferentes y que nunca se acuden a la figura del leasing que son los arriendos con la posibilidad de compra”, aseguró Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial. Frente al traslado de los nuevos magistrados de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, BLU Radio pudo establecer que iniciarán sus labores desde febrero en el Complejo Comercial Avenida Chile. Este traslado contempla, cientos de miles de archivos de todos los procesos contra aforados, que, en algunos casos, ocupan espacios de grandes proporciones por la cantidad de pruebas recaudadas en procesos que llevan años en ese alto tribunal.
El Tribunal Superior de Bogotá admitió la demanda contra el sindicato de la Rama Judicial que mantiene un cese de actividades en más de 200 juzgados civiles municipales en Bogotá desde el 31 de octubre. BLU Radio conoció el documento en el cual la Judicatura expresa que, con este paro por parte de los jueces, se atenta contra el servicio público esencial de la justicia y por lo tanto le solicitó al alto tribunal la declaratoria de ilegalidad. Para la Judicatura, el cese de actividades no tiene por qué afectar los servicios a la ciudadanía, la cual no puede realizar trámites ordinarios en todos los juzgados civiles, incluidos los penales que están en las mismas instalaciones. Para Orlando Chinchilla, presidente del sindicato El Vocero Judicial, advierte que el cese de actividades se desarrolla en atención a una resolución que afecta los intereses de los jueces y de los funcionarios judiciales. Ver también: Presidente de Judicatura negó que hiciera lobby contra reforma a la justicia Según el dirigente sindical, el Consejo Superior de la Judicatura “ordenó convertir los juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, es decir, le quita la competencia para conocer los procesos de menor cuantía y aparte de ello quita un empleado en cada juzgado”, señaló Chinchilla. El Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Laboral, tendrá 10 días para determinar si declara ilegal el paro y las acciones administrativas en contra de más de 1.200 funcionarios judiciales que están participando del cese de actividades.
El próximo mes de diciembre el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castro Caballero termina su periodo constitucional de 8 años en la Corte Suprema de Justicia y, para obtener su pensión, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura ser trasladado al Tribunal de Bogotá, porque actualmente, con 52 años, no cuenta con la edad para retirarse, en un caso que se catalogaría en la popular ‘puerta giratoria’. El magistrado expuso en su derecho de petición a la Judicatura que, para ser magistrado de la Sala Penal, renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y por ello le parece que puede volver a su antiguo puesto, al menos hasta que alcance edad de pensión. Vea también: Choque de trenes en la Corte Suprema deja en firme condena contra Martín Morales Hay que recordar que un magistrado de alta corte actualmente tiene un salario de casi 33 millones de pesos mensuales, y dentro del escrito conocido por BLU Radio el magistrado Fernando Castro advierte que su “renuncia al Tribunal fue motivada solo por la necesidad de cumplir con una exigencia de carácter administrativo y no producto de (su) voluntad de abandonar la carrera judicial”. En el escrito, el magistrado Castro señala que “repudia a todo sentido lógico y de justicia que el ascenso de un servidor de carrera al máximo peldaño de la estructura judicial en un Estado de Derecho, pueda generarle automáticamente a ese servidor su exclusión del escalafón de la carrera judicial y con ello la pérdida de su estabilidad laboral”. De igual forma, cuestionó que en la reforma a la justicia se quiera inhabilitar a los magistrados después de que salgan de sus cargos, cuando en su caso no ha adquirido una pensión y no tendría campo de acción en su vida laboral. “Es importante considerar que la dignidad e integridad de la Justicia se ve seriamente afectada cuando sus más altos magistrados de la noche a la mañana son arrojados a la calle sin ninguna remuneración ni seguridad social, viéndose precisados entonces a ofrecer sus servicios profesionales en defensa de intereses privados para asegurar su congrua subsistencia”, indicó Castro. Sobre esta petición, el Consejo Superior de la Judicatura negó en primera instancia sus pretensiones al advertir que no puede activar su carrera judicial, no obstante, presentó un recurso de insistencia ante el mismo tribunal para ser resuelto.
La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura formuló pliego de cargos en contra del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, por su participación en aparentes actos ilícitos cometidos cuando ostentaba la condición de funcionario público. Según el documento del alto tribunal, Moreno Rivera incurrió en los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada en falta "gravísima dolosa".Vea también: Fiscalía de EE.UU. felicitó a su par en Colombia por cooperar en caso Gustavo Moreno Los hechos, por los cuales se desarrollará este juicio disciplinario, se relacionan con las exigencias que realizó Moreno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de favorecerle en procesos penales. La sala disciplinaria, con ponencia del magistrado Fidalgo Javier Estupiñán, adelantará la etapa de pruebas documentales y testimoniales alrededor de los hechos para luego tomar una decisión de fondo. La sala disciplinaria informó que, a partir de este martes, Moreno y su defensa tendrán 10 días para presentar los recursos y solicitar las pruebas que existen en su contra, para controvertirlas en juicio disciplinario a través de descargos.
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional identificaron y desarticularon una red señalada de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea. Cinco presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y judicializados por su posible participación en estas actividades.De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que, presuntamente, se podía acceder mediante el pago de dinero. Los investigadores establecieron que los señalados integrantes de la red se encargarían de administrar estos espacios virtuales, además de almacenar y distribuir el material.Las labores investigativas fueron adelantadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional y permitieron identificar a los presuntos responsables. Las capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que ahora hacen parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso y que serán analizadas por las autoridades.La Fiscalía estableció que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, los integrantes de la red habrían compartido imágenes y registros audiovisuales que involucraban a menores de edad en situaciones de carácter sexual con más de 140 contactos que, según la investigación, hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.La investigación también permitió establecer que algunos de los presuntos integrantes habrían utilizado de manera individual otros espacios virtuales para difundir este tipo de contenido y obtener a cambio diferentes sumas de dinero.Con los elementos recopilados durante la investigación, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías.A los procesados les fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.Entre los cinco judicializados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los otros cuatro procesados no aceptaron los cargos y también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.¿A qué hora juega Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
