El presidente explicó que se aprobó la creación de un Tribunal Agrario y Rural, con sede en la ciudad de Tunja, y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó."Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas, permitiendo dirimir y resolver de manera justa las controversias existentes en materia de tenencia y uso de la tierra en Colombia", afirmó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el Gobierno nacional le aporte 40.000 millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país.Desde la judicatura indicaron que los jueces y magistrados de la Jurisdicción Agraria y Rural deberán incorporar medidas con enfoque diferencial para las mujeres que en la ruralidad han enfrentado barreras particulares para el ejercicio de sus derechos.Le puede interesar:
El Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional anunciaron que se repetirá todo el cronograma de convocatoria para los funcionarios de la Rama Judicial por inconsistencias encontradas en el proceso que se dio en agosto de 2018.“Se han advertido inconsistencias de diversa índole, que han afectado la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, lo que ha generado un conjunto de peticiones, quejas y reclamos, convocatorias de conciliación y acciones judiciales (como tutelas); los cuales no permiten satisfacer las expectativas de quienes aspiran a ocupar los cargos de jueces y magistrados de la comunidad jurídica y judicial y de la sociedad, dada la trascendencia que reviste el proceso de selección para designar a quienes han de administrar la justicia de nuestro país”, señalaron en un comunicado conjunto.La judicatura aclaró que los que se inscribieron en esa convocatoria tendrán que volver a presentar la prueba, hayan pasado o no, pues las inconsistencias fueron en los exámenes.Desde febrero del otro año iniciara nuevamente la etapa de pruebas y el cronograma de convocatoria finalizaría en noviembre de 2021.De acuerdo con la judicatura y la universidad las pruebas deben volver a realizarse pues “bajo el marco de procesos de selección que no ofrezcan el menor asomo de duda y brinden tranquilidad y confiabilidad en sus resultados”.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura apartó al magistrado Ariel Torres del caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.El tribunal le dio 48 horas para que el magistrado de la Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para separarse del proceso y que sea repartido nuevamente.Según la decisión, se vulneraron los derechos en medio del proceso contra el exgobernador.“Claramente se filtró la información y la ponencia por él (el magistrado Ariel Torres) presentada frente al caso del actor, siendo éste el guardián del expediente, el cual al ser el de una persona con cierto reconocimiento público debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia”, dijo el tribunal.“Y no se debió permitir que una providencia que ya tenía plasmada su análisis jurídico y de juicio fuera publicada por un noticiero, donde exhibieron dicho documento y leyeron parte del mismo, vulnerándose así el derecho al debido proceso e igualdad del actor”, añade.Noticias Uno reveló en enero apartes de lo que sería la ponencia que condenaba al exgobernador en el proceso que sigue la Corte desde el 2011.En la sentencia la Sala Disciplinaria también referencia otra filtración en 2018 sobre el caso que en ese momento lo manejaba Eyder Patiño en el proceso de Ramos.Ante esto, la Corte Constitucional fallo sobre que “existió una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtración del borrador de ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del aquí actor, hecho cometido por personas en averiguación”.La decisión se dio luego de que el exgobernador presentará una tutela que fue negada en primera instancia también por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 27 de agosto de 2020.Ahora ese mismo tribunal tumba la sentencia para en su lugar apartar a Ariel Torres.
Dos magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes ya completaron su periodo en la rama judicial, tras más de 12 años en carrera, enviaron un derecho de petición al presidente Iván Duque en el que le solicitan no enviar una terna para reemplazarlos. Lo anterior a pesar de que un concepto del Consejo de Estado en días pasados había abierto la posibilidad para resolver la interinidad en la que está desde hace más de cinco años la sala disciplinaria que recordemos es la que sanciona abogados, jueces en el país. Los dos ya terminaron su periodo, pero se niegan a abandonar sus cargos.Vea aquí: ¿A partir de cuándo tomarán posesión los nuevos magistrados de la corte?"Por lo anterior, nuestra permanencia obedece a una norma constitucional y no legal, pues fuimos elegidos como tales en propiedad por el Congreso de la República, como nominador para un periodo de 8 años, pero antes de vencerse nuestro periodo entró en vigencia el acto legislativo 02 del 2015 que estableció que los miembros de la Comisión de Disciplina se elegirán previa convocatoria pública reglada, lo que generó que se extendiera transitoriamente nuestra actividad judicial", señala el derecho de petición.La tesis o el argumento es que los magistrados de la Sala Disciplinaria ejercen su función hasta el momento de la posesión de quienes integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De esta manera, aseguran, aunque el periodo de un magistrado es de 8 años y ellos lleven más de 12, tienen razones válidas para seguir en sus cargos.
BLU Radio conoció un informe que está en poder del Consejo Superior de la Judicatura en el que la Procuraduría le certifica que los radicados o procesos que menciona un anónimo en la denuncia que interpuso en contra del exfiscal del caso chuzadas Daniel Hernández, por supuestas interceptaciones ilegales, sí corresponden a 22 procesos de su despacho.El conflicto viene desde noviembre del año pasado cuando al Consejo Superior de la Judicatura llegó una denuncia de un señor Maximiliano Zapata, quien aseguraba que Hernández había ordenado interceptaciones ilegales a funcionarios de la Fiscalía, periodistas, líderes sociales, abogados, magistrados con el supuesto objetivo de "obtener información privilegiada respecto de las actividades y contactos de estas personas con fines personales fútiles".Vea aquí: El ‘trabajo especial’ solicitado a la red de chuzadas que nunca se ejecutóEn la denuncia se relacionaban números que hacían referencia a radicados de procesos en los que se estaría 'chuzando' de manera ilícita.Con esa denuncia, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó una inspección al despacho del fiscal Hernández, operativo que frustró el vicefiscal Jaime Camacho. Sin embargo, el equipo de policía judicial de la Procuraduría alcanzó a llevarse un archivo Excel con los números de radicado de los 98 procesos del despacho del reconocido fiscal.A pesar de que en su momento se dijo que no coincidían con procesos de su despacho, en el informe que acaba de entregar la Procuraduría al Consejo Superior de la Judicatura, conocido en exclusiva por BLU Radio, los investigadores dicen todo lo contrario.El documento le certifica al Consejo Superior de la Judicatura que los números que relaciona el denunciante que, al parecer, es un anónimo, son 12 números de radicado que coinciden en 22 procesos que están a cargo del fiscal Daniel Hernández, que no solo llevaba el caso chuzadas, si no también casos tan importantes como el del abogado Diego Cadena.BLU Radio consultó con fuentes de la Fiscalía sobre esa extraña coincidencia en los números de radicado y explicaron que los procesos denunciados son carecen de los 5 últimos números de identificación, que son procesos solo hasta el año de creación y que, si se hace una búsqueda de los mismos, obligatoriamente iban a coincidir. En otras palabras, que, al faltar los últimos cinco dígitos del radicado, son procesos sin identificación y que cualquier fiscal del país puede tener procesos que coincidan con los primeros 16 números que analizó la Procuraduría.
Este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura señaló que se abstiene de resolver un recurso que presentó la defensa del coronel Jorge Armando Pérez y otros cuatro militares para que el caso, por el asesinato de Dimar Torres, pase a la justicia penal militar. Dicen que el proceso debería ir a la juez que tiene ya el caso.De esta manera, la investigación sigue en manos de la justicia ordinaria, y no de la penal militar como se pretendía.Vea aquí: Video: Escalofriante relato del fiscal sobre el asesinato de Dimar TorresPor los hechos, se investiga también a Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Andrés Alarcón Castrillón.La sala disciplinaria advirtió que “es el superior jerárquico del Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías quien debe definir la impugnación de competencia planteada, en este caso a los jueces penales del circuito de conocimiento”.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
BLU Radio pudo establecer que los nuevos magistrados de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron trasladados al Complejo Comercial Avenida Chile de Bogotá por el cual pagará la Judicatura más de $4.380 millones de pesos anuales en arriendo. Este canon de arrendamiento para 10 pisos del Complejo Comercial Avenida Chile, no contempla los gastos de adecuaciones de las salas de audiencias, por el que hubo un contrato de tres meses por $560 millones de pesos. De igual forma, dentro de la contratación firmada el pasado mes de diciembre la Judicatura suscribió un contrato de arrendamiento por 35 meses que costó $6.943 millones de pesos en dos edificios auxiliares al Palacio de Justicia para el funcionamiento de juzgados y salas especiales de las altas cortes. Según el director Ejecutivo de la Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, este tipo de gastos se hacen necesarios por la cantidad de espacios que necesita la Rama Judicial. Otra de las justificaciones para desarrollar estos gastos es que se está a la espera de que se materialice un proyecto que agrupe a todo el complejo judicial en un solo sitio con estructuras propias en Bogotá. “Dotar totalmente a la rama judicial de infraestructura propia requiere de muchos recursos y porque a futuro se viene pensando en el caso de Bogotá el poder construir la ciudadela judicial”, aseguró el funcionario. Esta situación ha sido cuestionada desde el interior de la rama judicial, al advertir que existen mecanismos para que la justicia tenga sus propias estructuras para su funcionamiento de forma independiente. “Esto es total improvisación, se acude a contratos directos sin la posibilidad de una licitación donde sean varios los oferentes y que nunca se acuden a la figura del leasing que son los arriendos con la posibilidad de compra”, aseguró Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial. Frente al traslado de los nuevos magistrados de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, BLU Radio pudo establecer que iniciarán sus labores desde febrero en el Complejo Comercial Avenida Chile. Este traslado contempla, cientos de miles de archivos de todos los procesos contra aforados, que, en algunos casos, ocupan espacios de grandes proporciones por la cantidad de pruebas recaudadas en procesos que llevan años en ese alto tribunal.
El Tribunal Superior de Bogotá admitió la demanda contra el sindicato de la Rama Judicial que mantiene un cese de actividades en más de 200 juzgados civiles municipales en Bogotá desde el 31 de octubre. BLU Radio conoció el documento en el cual la Judicatura expresa que, con este paro por parte de los jueces, se atenta contra el servicio público esencial de la justicia y por lo tanto le solicitó al alto tribunal la declaratoria de ilegalidad. Para la Judicatura, el cese de actividades no tiene por qué afectar los servicios a la ciudadanía, la cual no puede realizar trámites ordinarios en todos los juzgados civiles, incluidos los penales que están en las mismas instalaciones. Para Orlando Chinchilla, presidente del sindicato El Vocero Judicial, advierte que el cese de actividades se desarrolla en atención a una resolución que afecta los intereses de los jueces y de los funcionarios judiciales. Ver también: Presidente de Judicatura negó que hiciera lobby contra reforma a la justicia Según el dirigente sindical, el Consejo Superior de la Judicatura “ordenó convertir los juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, es decir, le quita la competencia para conocer los procesos de menor cuantía y aparte de ello quita un empleado en cada juzgado”, señaló Chinchilla. El Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Laboral, tendrá 10 días para determinar si declara ilegal el paro y las acciones administrativas en contra de más de 1.200 funcionarios judiciales que están participando del cese de actividades.
El próximo mes de diciembre el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castro Caballero termina su periodo constitucional de 8 años en la Corte Suprema de Justicia y, para obtener su pensión, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura ser trasladado al Tribunal de Bogotá, porque actualmente, con 52 años, no cuenta con la edad para retirarse, en un caso que se catalogaría en la popular ‘puerta giratoria’. El magistrado expuso en su derecho de petición a la Judicatura que, para ser magistrado de la Sala Penal, renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y por ello le parece que puede volver a su antiguo puesto, al menos hasta que alcance edad de pensión. Vea también: Choque de trenes en la Corte Suprema deja en firme condena contra Martín Morales Hay que recordar que un magistrado de alta corte actualmente tiene un salario de casi 33 millones de pesos mensuales, y dentro del escrito conocido por BLU Radio el magistrado Fernando Castro advierte que su “renuncia al Tribunal fue motivada solo por la necesidad de cumplir con una exigencia de carácter administrativo y no producto de (su) voluntad de abandonar la carrera judicial”. En el escrito, el magistrado Castro señala que “repudia a todo sentido lógico y de justicia que el ascenso de un servidor de carrera al máximo peldaño de la estructura judicial en un Estado de Derecho, pueda generarle automáticamente a ese servidor su exclusión del escalafón de la carrera judicial y con ello la pérdida de su estabilidad laboral”. De igual forma, cuestionó que en la reforma a la justicia se quiera inhabilitar a los magistrados después de que salgan de sus cargos, cuando en su caso no ha adquirido una pensión y no tendría campo de acción en su vida laboral. “Es importante considerar que la dignidad e integridad de la Justicia se ve seriamente afectada cuando sus más altos magistrados de la noche a la mañana son arrojados a la calle sin ninguna remuneración ni seguridad social, viéndose precisados entonces a ofrecer sus servicios profesionales en defensa de intereses privados para asegurar su congrua subsistencia”, indicó Castro. Sobre esta petición, el Consejo Superior de la Judicatura negó en primera instancia sus pretensiones al advertir que no puede activar su carrera judicial, no obstante, presentó un recurso de insistencia ante el mismo tribunal para ser resuelto.
La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura formuló pliego de cargos en contra del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, por su participación en aparentes actos ilícitos cometidos cuando ostentaba la condición de funcionario público. Según el documento del alto tribunal, Moreno Rivera incurrió en los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada en falta "gravísima dolosa".Vea también: Fiscalía de EE.UU. felicitó a su par en Colombia por cooperar en caso Gustavo Moreno Los hechos, por los cuales se desarrollará este juicio disciplinario, se relacionan con las exigencias que realizó Moreno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de favorecerle en procesos penales. La sala disciplinaria, con ponencia del magistrado Fidalgo Javier Estupiñán, adelantará la etapa de pruebas documentales y testimoniales alrededor de los hechos para luego tomar una decisión de fondo. La sala disciplinaria informó que, a partir de este martes, Moreno y su defensa tendrán 10 días para presentar los recursos y solicitar las pruebas que existen en su contra, para controvertirlas en juicio disciplinario a través de descargos.
El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta, horarios diarios y premios por aciertos parciales, este juego de azar se mantiene entre las opciones favoritas de quienes consultan a diario los resultados oficiales del chance.Resultado del Chontico Noche del 15 de mayo de 2026El resultado oficial del Chontico Noche de este viernes 15 de mayo de 2026 dejó como número ganador: Las cifras oficiales del sorteo fueron las siguientes:Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: ¿A qué hora juega el Chontico Noche?El horario del sorteo cambia dependiendo del día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del tradicional Chontico Noche, la marca también cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en horario nocturno.¿Cómo funciona el Chontico Noche?El sistema de juego del Chontico Noche permite realizar apuestas desde montos bajos, facilitando la participación de jugadores con diferentes presupuestos.Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial publicado y respetar el orden exacto de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad seleccionada.Modalidades de apuestaEl Chontico Noche ofrece varias opciones de juego según la cantidad de cifras acertadas:Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden.Combinado de cuatro cifras: gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: entrega premio si las tres cifras coinciden en cualquier posición.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.Una cifra o uña: el jugador gana acertando únicamente la última cifra del sorteo.¿Cuánto cuesta apostar?Los valores de apuesta pueden variar dependiendo de la modalidad elegida:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000Esta flexibilidad ha permitido que el Chontico Noche mantenga una alta participación diaria entre los aficionados al chance en Colombia.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.Documentos necesariosTiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Condiciones según el valor del premioPremios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: también será necesaria una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de vigencia y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.
Este viernes, 15 de mayo, en un operativo adelantado por las autoridades en compañía de miembros de la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se logró la captura en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, Bogotá, al presunto responsable de causarle la muerte al estudiante Freddy Santiago Guzmán el pasado 15 de abril en la estación de Transmilenio Minuto de Dios.En desarrollo.
La Superintendencia Nacional de Salud solicitó información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años reportada como desaparecida luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.Según el comunicado de la Superintendencia de Salud, el requerimiento busca establecer cuáles han sido las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente al establecimiento donde presuntamente fue realizado el procedimiento. Además, anunció que se hará una mesa técnica nacional junto al Ministerio de Salud, secretarías territoriales, asociaciones científicas y otras autoridades competentes para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y fortalecer acciones de protección a la ciudadanía.La Superintendencia de Salud hizo también hizo un llamado a intensificar las labores de búsqueda activa, verificación, seguimiento, inspección y control sobre establecimientos que no estén habilitados como prestadores de servicios de salud y que, aun así, ofrecen este tipo de procedimientos.Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, informó, en medio de la petición de la Superintendencia de Salud, haber recibido 282 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en servicios estéticos entre enero de 2025 y mayo de 2026. Según la entidad, 194 de esos casos corresponden a sitios clandestinos o no habilitados.La Secretaría detalló además que 58 denuncias involucran Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 corresponden a prestadores independientes y 7 a establecimientos cuya actividad no está relacionada con la prestación de servicios de salud.Las autoridades distritales advirtieron que varios pacientes han llegado a servicios de urgencias con complicaciones graves como infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.También señalaron que durante los operativos de inspección han identificado y cerrado quirófanos clandestinos que funcionaban en casas y apartamentos sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.Como parte de las acciones de control, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que las instituciones estén habilitadas y que los profesionales se encuentren registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS antes de realizarse cualquier procedimiento médico-estético invasivo.
La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó de manera categórica el preacuerdo presentado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de participar en el magnicidio del precandidato presidencial ocurrido en junio del año pasado en el barrio Modelia en la localidad de Fontibon, en medio de un mitin político donde le dispararon en la cabeza a Miguel Uribe.A través de un comunicado firmado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño calificaron como “inaceptable” que se otorguen beneficios judiciales a alias 'El Costeño', al considerar que tuvo un rol determinante en el crimen.Según la familia, el procesado habría actuado como “coordinador y enlace jerárquico” en el asesinato, además de haber presenciado el crimen y, presuntamente, inducido al menor de edad que accionó el arma. Por ello, advirtieron que cualquier rebaja de pena representaría “un premio a la impunidad”.En el pronunciamiento, los familiares de Miguel Uribe señalaron que, aunque respetan la autonomía de la Fiscalía, consideran que el preacuerdo constituye “una grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública”.Asimismo, cuestionaron que, en su criterio, el señalado no ha aportado una colaboración efectiva al esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, aseguran que su defensa ha incurrido en “maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”.María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, publicó en sus redes sociales el comunicado acompañado de un mensaje: “Este señor tuvo un papel determinante en el magnicidio de mi esposo. No ha realizado ninguna colaboración significativa; por el contrario, se ha dedicado a entorpecer y desviar el proceso".
A partir del monitoreo y las proyecciones que hay frente a El Niño, la Corporación Regional Autónoma en el Atlántico elaboró un plan de contingencia, prevención y atención, el cual cual incluye acciones para la mitigación y reducción de los efectos de este fenómeno en el departamento, tales como la recuperación de los cuerpos de agua y una serie de restricciones y recomendaciones para evitar el desarrollo de incendios forestales.La CRA advierte que en el departamento del Atlántico “los posibles efectos de un evento de El Niño adquieren especial relevancia por la dependencia territorial de fuentes estratégicas como el río Magdalena, el Canal del Dique y el embalse El Guájaro, así como por la sensibilidad de las fuentes superficiales y subterráneas locales ante reducciones de la precipitación”.Alertan que “un escenario seco prolongado podría reflejarse en el descenso de niveles y caudales, mayores presiones sobre los sistemas de abastecimiento, afectaciones a distritos de riego, actividades agropecuarias y municipios próximos a cuerpos de agua estratégicos”.En este sentido, entre las principales acciones están la limpieza de arroyos y drenajes, y mantenimientos del Embalse El Guájaro, la Ciénaga de Mallorquín y ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.Además, se llevó a cabo un monitoreo fisicoquímico, microbiológico e hidrobiológico en 19 cuerpos de agua del departamento del Atlántico, correspondientes a 16 ciénagas, el Embalse del Guájaro, el Arroyo León y el río Magdalena, con el propósito de evaluar su calidad y estado actual.En cuanto a medidas para prevenir incendios forestales, están la prohibición total de quemas a cielo abierto de material vegetal dentro del Atlántico, prohibición de prácticas de quema de rastrojos y descapote para preparación de terrenos agrícolas y suspensión temporal de la producción de carbón vegetal mientras persistan los efectos del fenómeno El Niño en el departamento, aun cuando se cuente con los respectivos permisos ambientales.Existen a su vez unas lineamientos, tales como identificar puntos críticos de incendios recurrentes y fuentes de agua vulnerables; identificar la infraestructura, población y animales expuestos que se podrían ver afectados, y fortalecer el sistema de información con datos actualizados sobre recursos, motores, plantas eléctricas, inventario de carrotanques, tanques de almacenamiento de agua y estado de la maquinaria amarilla.