En diálogo con Mañanas Blu, Isabella Hernández, superintendente delegada de Notariado, salió al paso a la polémica por cuenta de la circular que prioriza a la Agencia Nacional de Tierras como compradora de terrenos en departamentos específicos del país. La circular señala que "los ciudadanos deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios que cumplan con los requisitos". Así las cosas, los predios que se encuentre al interior de uno de los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán tener como prioridad la "venta" a la ANT.Condición"Que la extensión del Predio sea superior a dos (2) Unidades Agrícolas Familiares UAF, según la reglamentación expedida por la Agencia Nacional de Tierras, o que la primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (1 p) años de conformidad con el Artículo 39 de la Ley 160 de 1994", señala la circular.Con respecto al comunicado la superintendente explicó que no se trata de una nueva normativa y que lo que hace es priorizar el proceso. Los propietarios deberán ofrecer primero sus tierras a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) si sus propiedades cumplen ciertos criterios, incluyendo si hace parte de la zonas de priorización.""Esto no es una novedad, sino una herramienta para agilizar la reforma agraria," señaló Hernández. Esto implica que el propietario que desee vender su tierra debe llenar un formulario en la página del Superintendencia y notificar a la ANT, quien tendrá 15 días hábiles para pronunciarse sobre la opción de compra preferencial. En caso de no recibir respuesta en el tiempo estipulado, el propietario queda en libertad de continuar con la venta a un tercero.Uno de los puntos críticos planteados por los ciudadanos es el temor sobre el precio que el Gobierno puede ofrecer por las tierras. En este sentido, la superintendente aclaró que las compras se regirán por el avaluó comercial, asegurando que no se vulneran los derechos del propietario. "El avalúo comercial se convierte en la base para determinar el precio de compra, garantizando que el ciudadano no perderá con la transacción," afirmó. En ese sentido, reiteró que no se trata de una "expropiación", sino de una negociación. "Es algo muy distinto a una expropiación, es una negociación, un acuerdo. Cuando prima el interés público, el interés particular cede", dijo. "La propiedad en Colombia tiene una función social," aclaró, enfatizando que la ley y la Constitución están diseñadas para equilibrar los intereses públicos y privados. Escuche aquí la entrevista:
Luego de un estudio, la Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de National Endowment for Democracy, llegó a la conclusión de que el proyecto de jurisdicción agraria podría generar serios riesgos para los derechos a la propiedad privada.Según dicha fundación, gran parte del articulado representa una amenaza para el Estado. Dentro de los principales hallazgos está que por ejemplo en la redacción del proyecto de ley se permitiría que la Agencia Nacional de Tierras adquiera o asigne tierras rurales mediante procedimientos administrativos sin un control judicial exhaustivo. Esto según ellos, reaviva el temor de una posible "expropiación exprés".Además, aseguran que "el proyecto de ley S-183 introduce restricciones significativas que afectan la capacidad de los propietarios de tierras rurales para defender su propiedad en casos de ocupaciones indebidas. El principio de "permanencia agraria" prohibiría la interrupción de actividades productivas en predios rurales por parte de sujetos vulnerables hasta que se resuelva la disputa legal. Así mismo, este principio impediría que los jueces ordenen medidas cautelares que detengan dichas actividades de manera total, incluso si el terreno está siendo ocupado ilegalmente o de forma indebida", dijeron luego del estudio.A lo anterior se le suma que, según la fundación, se incorpora medidas procesales destinadas a proteger a sujetos especialmente vulnerables, como campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, al hacerlo, genera un desequilibrio significativo en los juicios agrarios. Hacen énfasis en que una de las disposiciones más problemáticas es la denominada “presunción de veracidad”, que implica que las afirmaciones de estos sujetos se considerarán ciertas, incluso sin la necesidad de presentar pruebas que las respalden. Este desequilibrio se agrava aún más con la posibilidad de que los jueces emitan fallos que excedan las pretensiones de las partes."Creemos que como están radicados estos componentes no van a generar más paz en el campo, sino que van a traer más conflictos. Hay una serie de normas que podrían revivir la expropiación exprés, pueden incentivar la invasión de tierras, invadir las jurisdicciones que hay en el país. Se requiere de unos ajustes en la normatividad", dijo Luis Guillermo Vélez, presidente de la fundación.Hay que mencionar que este proyecto tampoco ha tenido buena acogida dentro del Congreso de la República porque al conocerse que iría con mensaje de urgencia, representantes como Katherine Miranda advirtieron que este abriría la puerta también no solo a la expropiación, sino además a la violación de la propiedad privada.
En medio de la controversia que rodea la adquisición de tierras por parte del Gobierno para su redistribución entre los sectores más necesitados, surge un creciente debate en torno a las medidas legales y administrativas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria. Este diálogo se intensifica aún más con la revelación de un proyecto de decreto que convoca a una "movilización campesina" y establece la creación de comités municipales, marcando un hito en la formalización de la organización campesina.Desde varios sectores se encendieron las alarmas por una posible expropiación exprés en medio de esta reforma agraria. La exministra de Agricultura Cecilia López habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los alcances de la reforma agraria que se tramitará en el Congreso.“A mí lo que me preocupa es que esto que logró, que es que el país aceptara que no puede haber concentración de tierras y hay que distribuirlas y entregarlas a esa población que tiene una diferencia de calidad de vida con la población urbana; esa idea se podía hacer concertadamente. Lo que han hecho ahora es que ese Decreto, que sí trata de agilizar la compra de tierras, lo están reglamentando y ahí meten el concepto de extinción de dominio y lo están poniendo de una manera que genera incertidumbre y que es una señal de que quieren hacer la reforma agraria no concertada, sino a la fuerza” señaló.Además, con base en una reciente columna que escribió, explicó si el Gobierno está tratando de meter la reforma agraria a la fuerza y en lo que consistiría la iniciativa planteada por el Ejecutivo.“El llamado que hice en ese artículo es que el presidente no deje que sus funcionarios prendan una llama frente a la reforma, porque en la reglamentación Están unas condiciones que le pueden dar mucha incertidumbre a una persona porque se supone que si no cumple la tierra la función social que ya la determina, aparentemente, la ministra, resulta que tiene que entregar la tierra y si no quiere le van pagando el 80 o el 60%, eso le genera un ruido y eso mata la idea esencial de la reforma agraria de que se va a concertar, no que se va a forzar decisiones”, enfatizó la ex funcionaria.Sobre el llamado del Gobierno a una movilización campesinaLópez, habló del pánico que se puede generar si la decisión de si la tierra no está cumpliendo su función social, no la expide un juez puede provocar pánico. También se refirió a la movilización social, la movilización de la población rural que esta convocando el Gobierno para que se apruebe la reforma.“Eso me parece tan inconveniente que me atrevo a plantear que si con eso están buscando es distraer una discusión por los muchos cuestionamientos sobre la reglamentación de este Decreto que habla de la extinción de dominio. Si le digo al presidente que no deje que le dañen el ambiente”, recalcó.Finalmente, la exministra mencionó que todos estos argumentos los hace desde el conocimiento y resaltó la oportunidad que tiene este Gobierno para llevar una reforma agraria histórica, en la que según ella, se va a ver beneficiado el propietario de la tierra cómo los que la van a recibir.“El presidente se desesperó, pero la forma no es crear un ambiente de conflicto porque si la gente si está temerosa va a ser muy difícil hacer una reforma agraria concertada. Aquí hay un elemento clave y es que el campo está en guerra, usted no puede llegar a poner más motivos de conflictos rurales, eso prende todo lo negativo hacia la reforma; aquí toca hacerlo por las buenas. Se que es posible, pero toca hacerlo como el presidente lo propuso en su campaña y no como ahora que unos funcionarios ineficientes lo están tratando de hacer a la fuerza”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Desde el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, Bolívar, donde participó de la entrega de más de 700 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto y firmantes de paz, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensajes a sus detractores y, en especial, a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder."Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", insistió el mandatario.En su discurso, el presidente defendió su política agraria y rechazó que con esta busquen expropiar y, por el contrario, cuestionó que las sentencias judiciales de tierras sigan estancadas por décadas."Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos, les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes o en dos meses comprada con el dinero público, les parece que eso se llama expropiación exprés, pero no les parecía un problema que las víctimas murieran sin tener un título", dijo Petro.Precisamente, el mandatario aclaró que los objetivos son devolverles la función social a las tierras y que sea cultivada por sí quien quiera hacerlo."Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivar, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso", puntualizó.Puede ver:
El artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro fue demandado porque “suprimió de un solo plumazo la fase judicial en los procedimientos agrarios como la extinción de dominio y eliminar esta etapa viola la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo el abogado constitucionalista Guillermo Forero a Blu Radio.Para el constitucionalista, en ese artículo del PND “les cortaron la cabeza a los jueces” y le dieron lo que sería facultades extraordinarias a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente al procedimiento de los procedimientos agrarios como la extinción de dominio.Asimismo, el jurista cree que el “presidente no sabe el ‘mico’ que metieron porque va en contra de la Cidh y el sustrato filosófico del propio presidente”.La demanda llegó hasta la Corte Constitucional para someter dicho artículo a la sala plena con el fin de que suspenda provisionalmente hasta que se tome una decisión de fondo frente a la constitucionalidad de la norma.El documento también alerta que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual es una “vulneración al principio de progresividad y la regla de no regresividad frente a los avances del derecho fundamental”.“Se evidencia el capricho irrazonable de suprimir la fase judicial para concentrar la función de juez y parte en la Agencia Nacional de Tierras, lo que repugna un Estado social de derecho”, dice el documento.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en su más reciente columna publicada en Contexto Ganadero, dejó en claro que, frente al acuerdo suscrito con el Gobierno para la compra directa de tierras con destino a la Reforma Agraria, el gremio se mantiene fiel y o seguirá honrando.“El 11 de mayo, en San Marcos, Sucre, el Gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo, y no se trata de una tierra cualquiera, sino de una inmejorable, no solo por su condición agrológica y ubicación en las goteras de San Marcos, sino por su dotación de riego, con pozos profundos y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible”, indicó el líder gremial.Adicionalmente, quien vende no es tampoco una empresa cualquiera, sino una que desplegó en la zona una invaluable labor de responsabilidad social en educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual, sin duda, muestra otra cara de la ganadería, la que estamos impulsando y desbarata estigmas injustos en su contra.Para el presidente de Fedegán, lo que viene representa un reto para la Agencia Nacional de Tierras, y que es necesario aprovechar lo que ya está construido e incluso menciona preservarlo como un piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, para que sea una “verdadera redención económica y social” para los asociados.Explicó que Fedegán busca que estos acuerdos salgan bien, por eso está en disposición de aportar su capacidad certificada de Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para brindar Asistencia Técnica y darle continuidad a todos los proyectos productivos ganaderos que vienen.“Finalmente, dos mensajes: el primero para invitar a los ganaderos interesados en vender tierras, a que hagan sus ofertas a través de Fedegán o directamente ante la ANT (..) El segundo para el Gobierno. Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza que construimos con la ANT en las regiones donde promovimos el acuerdo con éxito”, puntualizó Lafaurie.Le puede interesar:
“Es una expropiación muy peligrosa que pone en peligro la propiedad privada”, es la conclusión de la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sobre el proceso de compra de tierra para la reforma agraria que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo.Tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador planean demandar el artículo por inconstitucional pero para el gobierno es la posibilidad de destrabar el cumplimiento del acuerdo de paz con las FarcVarios de los congresistas que apoyaron la versión final del artículo dicen que por ninguna parte se incluyó un mecanismo de expropiación acelerada sino la agilización de los trámites de la agencia nacional de tierras.“Nadie la va a arrebatar la tierra a nadie”, dijo la coordinadora ponente del Plan de Desarrollo, Olga Lucía Velásquez. Según la congresista cuando el estado identifique una tierra improductiva le van a hacer una oferta de compra al dueño, si no vende tendrá que pagar impuestos más elevados (porque va a subir el predial).Las opciones para el dueño son “o prodúzcala o véndala o haga algo, pero no la deje ahí quieta”, agregó Velásquez.“En un país donde siete millones de colombianos comen una vez al día, en un país con los índices de pobreza de Colombia quien tiene tierra tiene que ponerla a producir”, dijo por su parte el ministro del interior Luis Fernando Velasco.¿Qué dice el artículo?El artículo incluye un proceso para compra de tierra por ofertas voluntarias de sus dueños pero al final tiene una frase que deroga apartes del procedimiento de reforma agraria que existe desde que se firmó el acuerdo de paz.Eso implica que el proceso de extinción del dominio de tierras incultas no tendrá que ir a un juez agrario y será decidido en la Agencia Nacional de Tierras. Según la ley 160 de 1994 el proceso de ‘extinción judicial’ es distinto al de expropiación.En todo caso cuando la ANT declara la extinción de dominio el dueño de la tierra tiene la posibilidad de usar una defensa legal en esa entidad o pedir una revisión del Consejo de Estado y solo cuando esa revisión termine el gobierno podrá registrar formalmente el cambio de propiedad en la escritura.Le puede interesar:
Polémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”, sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.De acuerdo con el texto que está en las plenarias de Senado y Cámara, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”, lo que para algunos es una clara expropiación.“Mi primera intervención en el Congreso en la plenaria sea no sólo para saludar a mis viejos compañeros del Senado y Cámara, sino para señalar con claridad que tenemos un presidente que honre su palabra. En campaña dijimos que este Gobierno no se metía a jugar con expropiaciones y no vamos a hacer eso. Ese artículo óigase bien, no es un artículo que apoye el Gobierno”, expresó el designado jefe de la cartera de la política.Esta semana en las plenarias del congreso esta previsto que se debata el plan nacional de desarrollo el cual debe estar aprobado el 6 de mayo y tiene más de trecientos artículos los cuales son la ruta para los cuatro años de Gobierno.Le puede interesar: Truco para saber si hay que cambiar las llantas del carro:
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), salió al paso frente a las reacciones que ha generado la cuestionada propuesta de una expropiación exprés que permitiría en cuestión de 21 días, quitarle la propiedad de un predio a una persona.El director manifestó desde Medellín que se trata de una herramienta que permitirá agilizar al máximo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz con las Farc relacionado con la reforma rural integral."Buscamos que la gente tenga la tierra ya, comprarla ya, de manera ágil, sin más dilaciones ni tardanzas", aseguró Vega.Además, el funcionario procuró atenuar el significado y consecuencias del término 'expropiación' manifestando que es una figura totalmente legal y usada por muchos alcaldes en las principales ciudades del país."Para comprar los predios del metro, para hacer una avenida los alcaldes todos los días compran de manera voluntaria, pero cuando se trata de los campesinos no quieren que compremos rápido", puntualizó.Según Vega, desde la entidad han procurado continuar con el diálogo constante que los ganaderos han sostenido con el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la exdirectiva de esa cartera, Cecilia López, y que ya varios han manifestado su voluntad de vender en zonas como Córdoba y el Magdalena Medio antioqueño.La reciente propuesta de la ANT se conoce horas después de que La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, asegurara, en Mañanas Blu, que el Gobierno nacional no tiene la necesidad de impulsar la iniciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Un nuevo video se convirtió en pieza clave dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.Las imágenes, conocidas por City Tv, muestran a Yulixa en las primeras horas del miércoles 13 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, acompañada por una de sus amigas más cercanas, quien estuvo con ella durante gran parte del día y fue testigo del delicado estado de salud en el que quedó tras la cirugía.En el video, grabado hacia las 7:25 de la mañana, se observa a Yulixa vestida con una sudadera negra, tenis blancos y un morral negro. Junto a su amiga abordó un vehículo que las llevó hasta el centro estético, ubicado en la localidad de Tunjuelito, donde estaba programado el procedimiento.Vea el video en el minuto 2:07Según el testimonio de Amalia Pardo, amiga de Yulixa, ambas llegaron al establecimiento alrededor de las 8:10 a. m. Aunque les informaron que la intervención tardaría cerca de dos horas, el procedimiento se prolongó durante casi cuatro.Cuando finalmente pudo verla, Amalia notó que su amiga no estaba bien: “Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, relató en Mañanas Blu, con Néstor Morales.Videos grabados por sus amigas muestran a Yulixa con dificultad para respirar y con evidentes signos de descompensación. En una de las grabaciones se escucha a un trabajador del lugar preguntarle qué sentía. “Yo necesito que tú me digas lo que te sientes”, le dice el hombre.Pese a los síntomas, el personal del establecimiento aseguró que se trataba de una reacción normal a la sedación. Incluso le pidieron a su amiga que fuera hasta su casa a recoger ropa para que pudiera pasar la noche en observación.Amalia salió del lugar para buscar prendas y artículos personales. Sin embargo, cuando regresó horas más tarde, encontró el establecimiento cerrado y sin respuestas por parte de los administradores.Fue en ese momento cuando comenzó la angustiosa búsqueda.Las autoridades establecieron después que, hacia las 7:24 de la noche, dos hombres vestidos de negro sacaron a Yulixa aparentemente inconsciente y la subieron a un Chevrolet Sonic azul sobre la Autopista Sur. Desde entonces no se conoce su paradero.La Policía Nacional de Colombia, la SIJÍN y el GAULA continúan con las investigaciones para ubicar a la mujer y establecer la responsabilidad de los propietarios y empleados del centro estético.
Luego de las peticiones y alertas que se han hecho desde Antioquia por las consecuencias que podría tener en el país la ocurrencia de un fenómeno de El Niño, que golpearía fuertemente entre los meses de julio y diciembre, y ante el pedido de la Sociedad Hidroituango y del gobernador Andrés Julián Rendón de autorizar que la central ubicada en Ituango operara a su máxima capacidad, hubo respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.La ANLA emitió un comunicado en el que aclaró y señaló que la Sociedad Hidroeléctrica está totalmente capacitada para implementar las acciones necesarias para operar con toda su capacidad útil, y agregó que no ha establecido ningún impedimento para que el titular ejerza dichas acciones.“El titular del ‘Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango’, desde el momento en que presentó la solicitud de licenciamiento ambiental en 2007, incluyó la capacidad útil del embalse dentro de las características y especificaciones técnicas del proyecto”, dice la misiva.Además, explicó que en la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental al proyecto, se definió que el nivel máximo de operación del embalse quedó establecido en la cota 420 m.s.n.m. Mediante el artículo cuarto de la Resolución 155 de 2009, el entonces Ministerio otorgó a la Sociedad Hidroeléctrica los permisos de aprovechamiento forestal requeridos para la adecuación del vaso del embalse, es decir, para alcanzar su capacidad máxima.En este contexto, se evidencia que la central cuenta con las autorizaciones necesarias para alcanzar la capacidad útil del embalse hasta los niveles previstos, los cuales fueron debidamente evaluados y aprobados en el marco de la licencia ambiental. En consecuencia, no se identifican restricciones impuestas por la ANLA que limiten o impidan al titular de la licencia ejecutar las obras y actividades contempladas en ella.“Por el contrario, una vez levantada la medida preventiva impuesta por la Resolución 820 del 1 de junio de 2018 y, en virtud de la Resolución 457 del 13 de marzo de 2025, el titular del proyecto quedó facultado para continuar con todas las actividades necesarias para realizar la remoción de la cobertura vegetal en el vaso del embalse, desde la cota 408 hasta la cota 420 m.s.n.m., es decir, su capacidad total útil. Desde el 13 de marzo de 2025, la Sociedad Hidroeléctrica quedó obligada a iniciar las actividades pendientes para la adecuación del vaso del embalse relacionadas con el aprovechamiento forestal, en su calidad de responsable de la construcción y operación del proyecto”, aseguró la entidad nacional.Por último, aseveró que esta autoridad ha informado al titular del proyecto que, si pretende realizar un llenado del embalse sin ejecutar la remoción de la cobertura vegetal prevista en los compromisos consignados en la licencia ambiental, es necesario que realice la identificación y valoración de los impactos que implicaría esta actividad.“Estos impactos, que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, incluirían afectaciones a la fauna, la alteración de la composición fisicoquímica e hidrobiológica del agua, la generación de olores ofensivos y las afectaciones a las actividades económicas de las comunidades aguas abajo del embalse, entre otros. Respecto a estos posibles efectos, actualmente el instrumento de control ambiental de Hidroituango no cuenta con medidas de manejo, toda vez que lo previsto para el llenado del vaso del embalse es el aprovechamiento de la vegetación del área”, dijo.En tal sentido, para cualquier nuevo impacto no previsto en la licencia ambiental, deberá surtirse lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015.“De esta manera, alcanzar el doble propósito de completar la capacidad útil del embalse y, a la vez, favorecer un mayor almacenamiento de agua —para garantizar la generación de energía en época seca o ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño— no depende de una autorización por parte de esta autoridad, sino de las determinaciones que el titular del proyecto adopte de manera unilateral y autónoma para cumplir los requerimientos ambientales establecidos”, dice el comunicado.Por último, aseguró que, ante la inminente ocurrencia del fenómeno de El Niño en los próximos meses, esta autoridad exhorta al titular del proyecto y a los demás titulares de proyectos hidroeléctricos del país a tomar todas las acciones pertinentes para asegurar la preservación del equilibrio ecológico de los cuerpos de agua intervenidos, la seguridad energética del país y el bienestar de la población. Asimismo, la ANLA realiza un seguimiento riguroso y exhaustivo al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los proyectos bajo su jurisdicción y en el marco legal de sus competencias.
En Medellín capturaron a alias ‘Dawil’, un estadounidense requerido por un fraude bancario de más de 212 millones de pesos en Puerto Rico. El extraditable utilizaba una aplicación para depositar cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, iba a sucursales de la entidad financiera para negociar el mismo título por segunda vez.La fuerza pública en compañía con organismos internacionales siguen dando golpes en la capital antioqueña frente a ciudadanos requeridos en diferentes partes del mundo por distintos delitos.El más reciente de ellos fue el de Dawil Noe de Jesús González, un estadounidense requerido por las requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico al ser señalado de diseñar un sofisticado esquema de fraude bancario en el que se habría alcanzado apropiar de hasta 56 mil dólares, cerca de 212 millones de pesos, tras una conducta que ejecutó en al menos 17 oportunidades.Según la Dijín, alias ‘Dawil’ aprovechaba las brechas temporales en los procesos de compensación tecnológica obteniendo cheques de gerente legítimos.El capturado utilizaba una aplicación financiera para depositar los cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, el capturado se desplazaba físicamente a otras sucursales de la entidad para negociar o depositar el mismo título valor por segunda vez y así obtener el dinero por duplicado.El extranjero quedó en poder de la Fiscalía General quien a través de su Dirección de Asuntos Internacionales gestiona los trámites respectivos para lograr su entrega a las autoridades puertorriqueñas.
La Universidad de Antioquia produjo el primer lote industrial de cloroquina, fármaco clave para el tratamiento de la malaria. El presidente Gustavo Petro destacó el logro frente a este producto, el primero del país producido por una planta de medicamentos públicaLuego de que a mediados de 2025 la Universidad de Antioquia recibiera el aval del Invima para la fabricación de cloroquina en su propia planta de medicamentos, su primer lote industrial ya salió al mercado.Así lo anunció en las últimas horas la institución de educación superior, quien destacó que en los próximos meses será constante la producción de este fármaco clave para el tratamiento de la malaria hasta cumplir con la demanda nacional.Wber Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Alma Máter, destacó la capacidad que actualmente tiene la dependencia que lidera para generar el medicamento que históricamente ha tenido que importarse en el país."La Universidad de Antioquia está en capacidad de entregar en dos meses 240.000 tabletas, y mes a mes seguir entregando un volumen tabletas importantes hasta cumplir la demanda que se requiere, que es de 1.700.000 tabletas"afirmó.Las tabletas producidas en este primer lote serán distribuidas a través de la Organización Panamericana de la Salud con el fin de fortalecer el acceso a medicamentos en las zonas más apartadas y vulnerables del país.El presidente Gustavo Petro se refirió a este hito como “orgullo industrial y del saber en Antioquia” y aseguró que “comienza la real producción farmacéutica en Colombia”.Esto a propósito de la producción en la misma planta de medicamentos públicos de la Niclosamida, el benznidazol y el praziquantel, otros tres fármacos incluidos en el convenio firmado con el Ministerio de Salud.En otro, ya está incluido otro recientemente respaldado por el Tribunal de la Comunidad Andina en medio de la disputa legal con farmacéuticas internacionales: el dolutegravir triconjugado, esencial para el tratamiento del VIH.
La Sociedad Hidroituango advierte una posible crisis energética tras el fenómeno de El Niño y evitar alza de tarifas. Se suma a la solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón a la ANLA para que permita que el megaproyecto pueda usar una mayor capacidad útil de su embalse ante los riesgos por un apagónLa sociedad Hidroituango S.A. advirtió que Colombia podría enfrentar aumentos en las tarifas de energía e incluso riesgos de racionamiento durante el segundo semestre de 2026, ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo en los próximos meses, específicamente entre julio y diciembre. La empresa señaló que, de no tomarse medidas preventivas, el país podría tener dificultades en el suministro eléctrico.Según la Sociedad hidroeléctrica, la reducción de lluvias y los bajos niveles de los embalses obligarían a depender más de las plantas térmicas, cuya operación es más costosa. Por eso, insistió en la necesidad de anticiparse a la temporada seca, almacenando más agua en el embalse de Hidroituango y utilizando desde ahora las termoeléctricas para preservar las reservas hídricas.“La central hidroeléctrica más grande de Colombia está hoy al 53 % y estamos botando agua por un tema de restricciones ambientales. Si se pudieran suprimir estas restricciones ambientales menores, por lo menos de carácter temporal, nos permitiría incrementar el embalse de Ituango al 100 % de su capacidad y con eso nos cogería el fenómeno del niño con el embalse lleno para poder estar generando energía al 100% de la capacidad”, dijo Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango S.A.El pronunciamiento se suma al del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde el Congreso de la ANDI le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizar un mayor uso de la capacidad de Hidroituango.Antioquia aporta cerca del 40 % de la energía del país en temporada de lluvias y alrededor del 30 % en época seca. Durante 2025 más del 80 % de la demanda nacional fue cubierta mediante generación hídrica, de la cual el departamento produjo aproximadamente la mitad.