En diálogo con Mañanas Blu, Isabella Hernández, superintendente delegada de Notariado, salió al paso a la polémica por cuenta de la circular que prioriza a la Agencia Nacional de Tierras como compradora de terrenos en departamentos específicos del país. La circular señala que "los ciudadanos deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios que cumplan con los requisitos". Así las cosas, los predios que se encuentre al interior de uno de los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán tener como prioridad la "venta" a la ANT.Condición"Que la extensión del Predio sea superior a dos (2) Unidades Agrícolas Familiares UAF, según la reglamentación expedida por la Agencia Nacional de Tierras, o que la primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (1 p) años de conformidad con el Artículo 39 de la Ley 160 de 1994", señala la circular.Con respecto al comunicado la superintendente explicó que no se trata de una nueva normativa y que lo que hace es priorizar el proceso. Los propietarios deberán ofrecer primero sus tierras a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) si sus propiedades cumplen ciertos criterios, incluyendo si hace parte de la zonas de priorización.""Esto no es una novedad, sino una herramienta para agilizar la reforma agraria," señaló Hernández. Esto implica que el propietario que desee vender su tierra debe llenar un formulario en la página del Superintendencia y notificar a la ANT, quien tendrá 15 días hábiles para pronunciarse sobre la opción de compra preferencial. En caso de no recibir respuesta en el tiempo estipulado, el propietario queda en libertad de continuar con la venta a un tercero.Uno de los puntos críticos planteados por los ciudadanos es el temor sobre el precio que el Gobierno puede ofrecer por las tierras. En este sentido, la superintendente aclaró que las compras se regirán por el avaluó comercial, asegurando que no se vulneran los derechos del propietario. "El avalúo comercial se convierte en la base para determinar el precio de compra, garantizando que el ciudadano no perderá con la transacción," afirmó. En ese sentido, reiteró que no se trata de una "expropiación", sino de una negociación. "Es algo muy distinto a una expropiación, es una negociación, un acuerdo. Cuando prima el interés público, el interés particular cede", dijo. "La propiedad en Colombia tiene una función social," aclaró, enfatizando que la ley y la Constitución están diseñadas para equilibrar los intereses públicos y privados. Escuche aquí la entrevista:
Luego de un estudio, la Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de National Endowment for Democracy, llegó a la conclusión de que el proyecto de jurisdicción agraria podría generar serios riesgos para los derechos a la propiedad privada.Según dicha fundación, gran parte del articulado representa una amenaza para el Estado. Dentro de los principales hallazgos está que por ejemplo en la redacción del proyecto de ley se permitiría que la Agencia Nacional de Tierras adquiera o asigne tierras rurales mediante procedimientos administrativos sin un control judicial exhaustivo. Esto según ellos, reaviva el temor de una posible "expropiación exprés".Además, aseguran que "el proyecto de ley S-183 introduce restricciones significativas que afectan la capacidad de los propietarios de tierras rurales para defender su propiedad en casos de ocupaciones indebidas. El principio de "permanencia agraria" prohibiría la interrupción de actividades productivas en predios rurales por parte de sujetos vulnerables hasta que se resuelva la disputa legal. Así mismo, este principio impediría que los jueces ordenen medidas cautelares que detengan dichas actividades de manera total, incluso si el terreno está siendo ocupado ilegalmente o de forma indebida", dijeron luego del estudio.A lo anterior se le suma que, según la fundación, se incorpora medidas procesales destinadas a proteger a sujetos especialmente vulnerables, como campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, al hacerlo, genera un desequilibrio significativo en los juicios agrarios. Hacen énfasis en que una de las disposiciones más problemáticas es la denominada “presunción de veracidad”, que implica que las afirmaciones de estos sujetos se considerarán ciertas, incluso sin la necesidad de presentar pruebas que las respalden. Este desequilibrio se agrava aún más con la posibilidad de que los jueces emitan fallos que excedan las pretensiones de las partes."Creemos que como están radicados estos componentes no van a generar más paz en el campo, sino que van a traer más conflictos. Hay una serie de normas que podrían revivir la expropiación exprés, pueden incentivar la invasión de tierras, invadir las jurisdicciones que hay en el país. Se requiere de unos ajustes en la normatividad", dijo Luis Guillermo Vélez, presidente de la fundación.Hay que mencionar que este proyecto tampoco ha tenido buena acogida dentro del Congreso de la República porque al conocerse que iría con mensaje de urgencia, representantes como Katherine Miranda advirtieron que este abriría la puerta también no solo a la expropiación, sino además a la violación de la propiedad privada.
En medio de la controversia que rodea la adquisición de tierras por parte del Gobierno para su redistribución entre los sectores más necesitados, surge un creciente debate en torno a las medidas legales y administrativas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria. Este diálogo se intensifica aún más con la revelación de un proyecto de decreto que convoca a una "movilización campesina" y establece la creación de comités municipales, marcando un hito en la formalización de la organización campesina.Desde varios sectores se encendieron las alarmas por una posible expropiación exprés en medio de esta reforma agraria. La exministra de Agricultura Cecilia López habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los alcances de la reforma agraria que se tramitará en el Congreso.“A mí lo que me preocupa es que esto que logró, que es que el país aceptara que no puede haber concentración de tierras y hay que distribuirlas y entregarlas a esa población que tiene una diferencia de calidad de vida con la población urbana; esa idea se podía hacer concertadamente. Lo que han hecho ahora es que ese Decreto, que sí trata de agilizar la compra de tierras, lo están reglamentando y ahí meten el concepto de extinción de dominio y lo están poniendo de una manera que genera incertidumbre y que es una señal de que quieren hacer la reforma agraria no concertada, sino a la fuerza” señaló.Además, con base en una reciente columna que escribió, explicó si el Gobierno está tratando de meter la reforma agraria a la fuerza y en lo que consistiría la iniciativa planteada por el Ejecutivo.“El llamado que hice en ese artículo es que el presidente no deje que sus funcionarios prendan una llama frente a la reforma, porque en la reglamentación Están unas condiciones que le pueden dar mucha incertidumbre a una persona porque se supone que si no cumple la tierra la función social que ya la determina, aparentemente, la ministra, resulta que tiene que entregar la tierra y si no quiere le van pagando el 80 o el 60%, eso le genera un ruido y eso mata la idea esencial de la reforma agraria de que se va a concertar, no que se va a forzar decisiones”, enfatizó la ex funcionaria.Sobre el llamado del Gobierno a una movilización campesinaLópez, habló del pánico que se puede generar si la decisión de si la tierra no está cumpliendo su función social, no la expide un juez puede provocar pánico. También se refirió a la movilización social, la movilización de la población rural que esta convocando el Gobierno para que se apruebe la reforma.“Eso me parece tan inconveniente que me atrevo a plantear que si con eso están buscando es distraer una discusión por los muchos cuestionamientos sobre la reglamentación de este Decreto que habla de la extinción de dominio. Si le digo al presidente que no deje que le dañen el ambiente”, recalcó.Finalmente, la exministra mencionó que todos estos argumentos los hace desde el conocimiento y resaltó la oportunidad que tiene este Gobierno para llevar una reforma agraria histórica, en la que según ella, se va a ver beneficiado el propietario de la tierra cómo los que la van a recibir.“El presidente se desesperó, pero la forma no es crear un ambiente de conflicto porque si la gente si está temerosa va a ser muy difícil hacer una reforma agraria concertada. Aquí hay un elemento clave y es que el campo está en guerra, usted no puede llegar a poner más motivos de conflictos rurales, eso prende todo lo negativo hacia la reforma; aquí toca hacerlo por las buenas. Se que es posible, pero toca hacerlo como el presidente lo propuso en su campaña y no como ahora que unos funcionarios ineficientes lo están tratando de hacer a la fuerza”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Desde el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, Bolívar, donde participó de la entrega de más de 700 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto y firmantes de paz, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensajes a sus detractores y, en especial, a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder."Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", insistió el mandatario.En su discurso, el presidente defendió su política agraria y rechazó que con esta busquen expropiar y, por el contrario, cuestionó que las sentencias judiciales de tierras sigan estancadas por décadas."Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos, les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes o en dos meses comprada con el dinero público, les parece que eso se llama expropiación exprés, pero no les parecía un problema que las víctimas murieran sin tener un título", dijo Petro.Precisamente, el mandatario aclaró que los objetivos son devolverles la función social a las tierras y que sea cultivada por sí quien quiera hacerlo."Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivar, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso", puntualizó.Puede ver:
El artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro fue demandado porque “suprimió de un solo plumazo la fase judicial en los procedimientos agrarios como la extinción de dominio y eliminar esta etapa viola la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo el abogado constitucionalista Guillermo Forero a Blu Radio.Para el constitucionalista, en ese artículo del PND “les cortaron la cabeza a los jueces” y le dieron lo que sería facultades extraordinarias a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente al procedimiento de los procedimientos agrarios como la extinción de dominio.Asimismo, el jurista cree que el “presidente no sabe el ‘mico’ que metieron porque va en contra de la Cidh y el sustrato filosófico del propio presidente”.La demanda llegó hasta la Corte Constitucional para someter dicho artículo a la sala plena con el fin de que suspenda provisionalmente hasta que se tome una decisión de fondo frente a la constitucionalidad de la norma.El documento también alerta que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual es una “vulneración al principio de progresividad y la regla de no regresividad frente a los avances del derecho fundamental”.“Se evidencia el capricho irrazonable de suprimir la fase judicial para concentrar la función de juez y parte en la Agencia Nacional de Tierras, lo que repugna un Estado social de derecho”, dice el documento.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en su más reciente columna publicada en Contexto Ganadero, dejó en claro que, frente al acuerdo suscrito con el Gobierno para la compra directa de tierras con destino a la Reforma Agraria, el gremio se mantiene fiel y o seguirá honrando.“El 11 de mayo, en San Marcos, Sucre, el Gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo, y no se trata de una tierra cualquiera, sino de una inmejorable, no solo por su condición agrológica y ubicación en las goteras de San Marcos, sino por su dotación de riego, con pozos profundos y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible”, indicó el líder gremial.Adicionalmente, quien vende no es tampoco una empresa cualquiera, sino una que desplegó en la zona una invaluable labor de responsabilidad social en educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual, sin duda, muestra otra cara de la ganadería, la que estamos impulsando y desbarata estigmas injustos en su contra.Para el presidente de Fedegán, lo que viene representa un reto para la Agencia Nacional de Tierras, y que es necesario aprovechar lo que ya está construido e incluso menciona preservarlo como un piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, para que sea una “verdadera redención económica y social” para los asociados.Explicó que Fedegán busca que estos acuerdos salgan bien, por eso está en disposición de aportar su capacidad certificada de Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para brindar Asistencia Técnica y darle continuidad a todos los proyectos productivos ganaderos que vienen.“Finalmente, dos mensajes: el primero para invitar a los ganaderos interesados en vender tierras, a que hagan sus ofertas a través de Fedegán o directamente ante la ANT (..) El segundo para el Gobierno. Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza que construimos con la ANT en las regiones donde promovimos el acuerdo con éxito”, puntualizó Lafaurie.Le puede interesar:
“Es una expropiación muy peligrosa que pone en peligro la propiedad privada”, es la conclusión de la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sobre el proceso de compra de tierra para la reforma agraria que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo.Tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador planean demandar el artículo por inconstitucional pero para el gobierno es la posibilidad de destrabar el cumplimiento del acuerdo de paz con las FarcVarios de los congresistas que apoyaron la versión final del artículo dicen que por ninguna parte se incluyó un mecanismo de expropiación acelerada sino la agilización de los trámites de la agencia nacional de tierras.“Nadie la va a arrebatar la tierra a nadie”, dijo la coordinadora ponente del Plan de Desarrollo, Olga Lucía Velásquez. Según la congresista cuando el estado identifique una tierra improductiva le van a hacer una oferta de compra al dueño, si no vende tendrá que pagar impuestos más elevados (porque va a subir el predial).Las opciones para el dueño son “o prodúzcala o véndala o haga algo, pero no la deje ahí quieta”, agregó Velásquez.“En un país donde siete millones de colombianos comen una vez al día, en un país con los índices de pobreza de Colombia quien tiene tierra tiene que ponerla a producir”, dijo por su parte el ministro del interior Luis Fernando Velasco.¿Qué dice el artículo?El artículo incluye un proceso para compra de tierra por ofertas voluntarias de sus dueños pero al final tiene una frase que deroga apartes del procedimiento de reforma agraria que existe desde que se firmó el acuerdo de paz.Eso implica que el proceso de extinción del dominio de tierras incultas no tendrá que ir a un juez agrario y será decidido en la Agencia Nacional de Tierras. Según la ley 160 de 1994 el proceso de ‘extinción judicial’ es distinto al de expropiación.En todo caso cuando la ANT declara la extinción de dominio el dueño de la tierra tiene la posibilidad de usar una defensa legal en esa entidad o pedir una revisión del Consejo de Estado y solo cuando esa revisión termine el gobierno podrá registrar formalmente el cambio de propiedad en la escritura.Le puede interesar:
Polémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”, sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.De acuerdo con el texto que está en las plenarias de Senado y Cámara, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”, lo que para algunos es una clara expropiación.“Mi primera intervención en el Congreso en la plenaria sea no sólo para saludar a mis viejos compañeros del Senado y Cámara, sino para señalar con claridad que tenemos un presidente que honre su palabra. En campaña dijimos que este Gobierno no se metía a jugar con expropiaciones y no vamos a hacer eso. Ese artículo óigase bien, no es un artículo que apoye el Gobierno”, expresó el designado jefe de la cartera de la política.Esta semana en las plenarias del congreso esta previsto que se debata el plan nacional de desarrollo el cual debe estar aprobado el 6 de mayo y tiene más de trecientos artículos los cuales son la ruta para los cuatro años de Gobierno.Le puede interesar: Truco para saber si hay que cambiar las llantas del carro:
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), salió al paso frente a las reacciones que ha generado la cuestionada propuesta de una expropiación exprés que permitiría en cuestión de 21 días, quitarle la propiedad de un predio a una persona.El director manifestó desde Medellín que se trata de una herramienta que permitirá agilizar al máximo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz con las Farc relacionado con la reforma rural integral."Buscamos que la gente tenga la tierra ya, comprarla ya, de manera ágil, sin más dilaciones ni tardanzas", aseguró Vega.Además, el funcionario procuró atenuar el significado y consecuencias del término 'expropiación' manifestando que es una figura totalmente legal y usada por muchos alcaldes en las principales ciudades del país."Para comprar los predios del metro, para hacer una avenida los alcaldes todos los días compran de manera voluntaria, pero cuando se trata de los campesinos no quieren que compremos rápido", puntualizó.Según Vega, desde la entidad han procurado continuar con el diálogo constante que los ganaderos han sostenido con el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la exdirectiva de esa cartera, Cecilia López, y que ya varios han manifestado su voluntad de vender en zonas como Córdoba y el Magdalena Medio antioqueño.La reciente propuesta de la ANT se conoce horas después de que La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, asegurara, en Mañanas Blu, que el Gobierno nacional no tiene la necesidad de impulsar la iniciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.