El procurador Fernando Carrillo invitó a un diálogo al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el juez 11 administrativo de Bogotá para buscar una salida a la decisión de este último de ordenar al Gobierno pedir la prueba PCR negativa a viajeros que lleguen al país.El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a “sostener un espacio de diálogo para exponer los aspectos técnicos que motivaron la objeción al fallo de tutela que obliga a los viajeros que ingresan al país a presentar la prueba PCR negativa para COVID-19”, manifestó el funcionario a través de una carta enviada al Gobierno.El procurador indicó que, aunque “se reconoce que las sentencias que conceden tutelas deben tener efectos inmediatos en los términos que lo disponga la decisión judicial”, dijo que con el fin de buscar beneficios de la salud de las personas se hace necesario buscar una solución de tipo interinstitucional.El ministro de Salud manifestó en BLU Radio que no entendía cómo un juez tomaba decisiones epidemiológicas y que no acataría el fallo pues iba en contra de otros derechos fundamentales. Además, indicó que asumiría la responsabilidad por desacatar el fallo judicial.
El alcalde de Cartagena, William Dau, le respondió a los cuestionamientos del Procurador Fernando Carillo sobre la ejecución del presupuesto de la ciudad y los retrasos en la demolición del edificio Aquarela.Sin dejar de lado su estilo polémico, el mandatario cartagenero aseguró que él y su administración son víctimas de persecución por parte de la Procuraduría, y hasta afirmó que con este tipo de declaraciones el Procurador lo que busca es protagonismo con miras a las elecciones presidenciales de 2022.Dijo también que Carrillo Flórez "está aliado con las clases politiqueras de la ciudad".Sobre la ejecución del presupuesto de la ciudad, que hasta octubre va en el 72%, señaló que esto es producto de la pandemia y sucede también en otras ciudades del país como Bogotá, Cali y Barranquilla.Acerca de los cuestionamiento sobre la demolición de Aquarela, el alcalde Dau dijo que el Procurador está informado sobre los avances con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que actualmente el Distrito trabaja con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres sobre este tema.“Estamos trabajado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para la financiación y para el estudio de cómo proceder con la demolición. No venga usted ahora a engañar a la ciudadanía dando a entender que la Alcaldía no se está moviendo”, agregó.
El director del servicio informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, reveló en primicia en Voz Populi que el procurador Fernando Carrillo envió un documento al presidente del Senado, Arturo Char, con comentarios sobre el nuevo estatuto electoral que se esta discutiendo en el Congreso de la República.Uno de los pedidos del procurador en el concepto es que se mantenga la prohibición para la contratación directa, no solo de elecciones de carácter nacional, sino en las de las alcaldías y gobernaciones. Esto para evitar que se haga uso de esa plata para campañas políticas y haya posibles irregularidades.Otra de las observaciones es la fecha en la que entrará a operar este código electoral que se discute, pues según el procurador, si empieza a funcionar en 2024 o 2026, no sería muy positivo teniendo en cuenta que están muy encima las elecciones.Finalmente, Carrillo pide que le den ‘dientes’ a los entes para que se cumpla con la ley de cuotas, y que no sea solo en el papel que el 50% de las aspirantes a los cargos públicos sean mujeres, sino que eso tenga algunas herramientas para que se cumpla y sea efectivo.
La nueva procuradora, Margarita Cabello, deberá posesionarse en el cargo a mediados del mes de enero de 2021, si no sucede ningún contratiempo, puesto que su elección fue demandada ante el Consejo de Estado.Las mesas temáticas para el empalme se instalaron este miércoles por parte de Fernando Carrillo y la propia Margarita Cabello y estarán a cargo de la Universidad del Rosario, debido a la que funcionaria entrante pidió que ese centro educativo acompañe el proceso.La Procuraduría informó que el equipo de la Universidad del Rosario estará coordinado por el rector José Alejandro Cheyne y de él hacen parte las facultades de jurisprudencia, economía y ciencias políticas.A su vez, la actual viceprocuradora, Adriana Herrera Beltrán, estará a cargo del equipo saliente para entregar todo lo adelantado bajo la gestión de Fernando Carrillo.El empalme se desarrollará a través de mesas temáticas. Precisamente, el procurador Fernando Carrillo pidió durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos a la procuradora entrante que ojalá se mantuviera en su próxima administración estrategias para mitigar la vulneración del derecho fundamental a la salud, el cual es el que más quejas tiene ante el Ministerio Público.
El procurador General de la Nación, Fernando Carillo, anuncio la apertura de investigaciones por posibles omisiones y falta de acciones para evitar la masacre en Samaniego, Nariño, en la que hombres armados asesinaron a 8 jóvenes el pasado 15 de agosto.“Anunciaremos las primeras investigaciones por desatención, además de las alertas de la Defensoría del Pueblo”, dijo Carrillo.“Particularmente en el caso de la matanza de Samaniego en donde todos sabemos que asesinaron a sangre fría a 8 jóvenes. Queremos iniciar esa investigación contra funcionarios del orden nacional, departamental y municipal a ver qué gestiones adelantaron a raíz, precisamente, de las alertas temprana de la Defensoría del Pueblo”, añadió.Carrillo también manifestó que el Ministerio Público resguardará los intereses de los líderes sociales. Dijo que es “indispensable” que haya acciones concretas.La Defensoría señaló en su momento que se emitieron por lo menos dos alertas tempranas en Samaniego sobre la presencia y disputa de grupos armados y bandas criminales en la zona y sobre la compleja situación de los líderes sociales.“La inminente situación de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los 49.178 habitantes del municipio de Samaniego, departamento de Nariño", se lee en una de las alertas.
Este miércoles, se conoció un pronunciamiento del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en el que advierte que incumplir las órdenes de la Corte Suprema es incurrir en desacato.El pronunciamiento del Ministerio Público se da tras un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordena la suspensión de las escopetas calibre 12, pero, además, exhorta al ministro de Defensa a pedir disculpas por abusos policiales en medio de las protestas de los últimos días.Señala el procurador, en primer lugar, que: “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos”.Luego de que el ministro de Defensa señalara que pedirá a la Corte Constitucional revisar el fallo, señala la Procuraduría: La Procuraduría, además, convocará mesas de trabajo para expedir en 30 días los protocolos, planes de acción y cambios ordenados por la Sala Civil del alto tribunal.
A través de una carta enviada este jueves, el procurador Fernando Carrillo le escribió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para pedir algunas explicaciones sobre los hechos ocurridos en medio de las violentas protestas del miércoles.En la misiva, el procurador solicitó con carácter urgente la información a Holmes Trujillo considerando que la Policía es una institución adscrita al Ministerio de Defensa.Le puede interesar: Los 15 perfiles de redes desde donde habrían incitado a la violencia en las protestasEn la carta se solicita el protocolo de la fuerza pública para atender disturbios del orden público, además, preguntan por las instrucciones dadas desde el alto mando para el manejo de los disturbios que se registraron.También cuestiona al ministro sobre qué medidas preventivas se han dispuesto para atender situaciones como las del miércoles y cuáles han sido las acciones que el Ministerio de Defensa ha adoptado “frente a los uniformados que a la fecha se tienen identificados como participantes o presuntos responsables de las agresiones y lesiones causadas a la población civil”.Solicita conocer las medidas “inmediatas” que se van a adoptar para evitar que situaciones como las de este miércoles 9 de septiembre se vuelvan a presentar.Además, se pregunta sobre los disparos que dejaron varias personas muertas: “fuentes abiertas de información dejaron escuchar disparos durante la jornada de protestas el día de ayer (miércoles) en donde ciudadanos fueron heridos o perdieron la vida por armas de fuego, ¿accionó la fuerza pública sus armas de fuego contra los ciudadanos?”.
Bajo estrictas medidas de bioseguridad y por salones, como lo hizo hace unos días la Cámara de Representantes en la elección del Defensor del Pueblo, se hará la votación para definir el nuevo procurador general de la Nación el próximo 27 de agosto a las 11:00 de la mañana.En la sesión, que será de manera presencial, se elegirá el remplazo de Fernando Carrillo, de la terna que salió por parte del Consejo de Estado, quien presentó a Juan Carlos Cortes; Corte Suprema de Justicia, quien ternó a Wilson Ruiz y la candidata de la Presidencia, quien fue Margarita Cabello.Cabe señalar que la candidata más fuerte es Margarita Cabello, quien tiene el apoyo de: Centro Democrático, partido que le aportaría 19 votos, Cambio Radical 16, el Partido de la U 14, el Partido Conservador otros 14 y los liberales 14 votos, para una total de 77 a su favor.En los próximos días también los partidos Colombia Justa Libres y Mira estarían definiendo su postura y la exministra de Justicia podría tener otros seis votos, ya que hacen parte de los partidos de Gobierno.Los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Decentes y Colombia Humana no han fijado una postura frente a la elección del procurador.Este mismo día está previsto que se elija el remplazo del magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, para la cual están aspirando Natalia Ángel Cabo, Marino Tadeo Henao Ospina y Jorge Enrique Ibáñez Najar.Organizaciones electorales y educativas piden una Procuraduría independienteEn la asociación colombiana de facultades de derecho hay preocupación por la elección del procurador porque consideran que con la elección de Cabello no se rompería la independencia.“Se rota este puesto, que se pasa del ministerio a la procuraduría en la misma línea que va el Gobierno. Eso nos preocupa, nos preocupa la autonomía”, expresó la presidenta de la Asociación Colombiana de facultades de Derecho, Nancy Alvarado.Desde la Misión de Observación Electoral también expresaron preocupación e insistieron en la independencia.“Para poder mantener un balance en el poder y la capacidad de control de esta institución, la independencia y la autonomía frente al ejecutivo. La credibilidad de la Procuraduría general de la Nación no puede quedar entre dicho si estas dos características de independencia y autonomía no se da”, señaló la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
Este jueves se conoció el nombre del candidato que la Corte Suprema de Justicia escogió para la postulación a ocupar el cargo de procurador en reemplazo de Fernando Carrillo. La elección de Wilson Ruiz se dio tras una amplia discusión desde temprano en la mañana por parte de la Sala Plena del alto tribunal.El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz Orejuela, en 2008, fue ternado para el cargo de defensor por el expresidente Uribe.Le puede interesar: Procuraduría investiga a expersonero de Barranquilla por irregularidades en contratosEn la lista de candidatos aparecían precisamente, entre otros, el exministro de Justicia Enrique Gil Botero, quien ocupó ese cargo durante una parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.También el exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro, quien en su momento apoyó la nulidad de la elección del exprocurador Alejandro Ordóñez, en el año 2016.También aparecía Jorge Armando Otalora, conocido principalmente por que fue defensor del Pueblo entre 2012 y 2016.
Hay una gran expectativa en el sector público colombiano, en medio de la carrera por la Procuraduría General de la Nación. La decisión la tomaría el Senado a finales de agosto de una terna integrada por las postulaciones de tres candidatos: uno de la Presidencia, otro del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema.En el Consejo de Estado se estudiaron 25 nombres y los más opcionados serían el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, el exmagistrado Humberto Sierra Porto y el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'Meara. Por Presidencia, el Gobierno Duque se la jugaría definitivamente por la ministra de Justicia, Margarita Cabello. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, se estudiaron 37 nombres. En el alto tribunal suena con mucha fuerza Wilson Ruiz Orejuela, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Escuche este análisis en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Un desalojo pacífico fue lo que le pidieron a las más de 4.000 familias que invaden la Hacienda Santa Elena, un predio de 120 mil hectáreas en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde desde hace varios meses estos habitantes han buscado establecer sus viviendas de manera irregular.Quienes hacen parte de esta masiva invasión celebraron, con caravanas y banderas de Colombia, el anuncio del presidente Gustavo Petro el pasado 11 de abril, cuando le pidió al alcalde de la localidad que buscara haciendas con tierra fértil y terrenos de la SAE para dar soluciones de vivienda a estas familias, pero la dicha les duró poco, porque este lunes la entidad confirmó que este terreno no puede ser negociado ni utilizado para proyectos sociales, por su estatus jurídico."Donde hay predios de la SAE le pediré que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda, integren una asociación de vivienda y el Gobierno Nacional va a ayudarles", expresó el mandatario.Luego de ello, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y un representante de la Sociedad de Activos Especiales, en el que evidenciaron que la posición de la comunidad es no abandonar el sitio hasta que no sean reubicados. Mauricio Urquijo, director de la SAE regional Occidente, aclaró por qué este predio no aplica para la promesa del presidente."Sobre el predio Santa Elena es importante decir que es un predio que por orden judicial no nos permite de ninguna manera hacer ningún tipo de negociación, hacer allí algún proyecto de carácter social y es por eso que requerimos que la comunidad organizada establezca un diálogo con las instituciones públicas, con la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades hermanas", afirmó Urquijo.Durante su discurso, Petro también le propuso al mandatario local identificar un terreno apto para construir casas con el apoyo del Gobierno Nacional, con el fin de resolver el déficit de vivienda que existe en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, que según el mandatario de esa localidad es de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.
La reforma pensional está ad portas de convertirse en ley en Colombia, y sobre todo el proyecto y el articulado aprobado por el Senado en días recientes son muchas las preguntas que quedan para los cotizantes.Para hablar sobre esta reforma, se conectó a Sala de Prensa Blu, Kevin Harman, experto en sistemas pensionales, con amplio conocimiento sobre el sistema colombiano, y analizó las implicaciones de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la República. En la conversación, Harman destacó la importancia de tener en cuenta las particularidades de cada persona al momento de abordar el sistema pensional. Señala que la pensión es un reflejo de la vida laboral de cada persona, y que factores como la estabilidad laboral, los salarios y las oportunidades de cotización pueden afectar significativamente la pensión final. En cuanto a la reciente reforma pensional, Harman afirma que hay aspectos positivos y otros que requieren mayor atención. Por un lado, destaca el pilar solidario de la reforma, que busca garantizar una ayuda económica a aquellas personas que no han tenido una pensión adecuada. Sin embargo, también resalta la importancia de fortalecer el pilar semi-contributivo, ya que muchas personas podrían quedar relegadas a este pilar debido a las dificultades del mercado laboral. Harman, además, hizo énfasis en la necesidad de aumentar la protección social en la vejez, teniendo en cuenta la realidad laboral y las desigualdades existentes en el país. También mencionó la importancia de facilitar la cotización al sistema de pensiones para aquellos trabajadores informales, y propone la implementación de programas que permitan cotizar de forma gradual y accesible. Privado vs. PúblicoEn cuanto al debate sobre los fondos privados de pensiones y el sistema público, Harman señala que ambas opciones tienen ventajas y desventajas dependiendo del perfil y los ingresos del trabajador.Explicó que los fondos privados pueden ser más beneficiosos para aquellos trabajadores con salarios más bajos, mientras que el sistema público puede ser más adecuado para aquellos con salarios más altos. Sin embargo, resalta la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema y buscar mecanismos para evitar pensiones insuficientes en el futuro. "Entonces si usted gana entre uno o dos salarios mínimos, normalmente le conviene más estar en un fondo privado, ¿por qué? Porque existe ese mecanismo que pueden ser menos años y está el fondo de garantía de pensión mínima", detalló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En San Juan de Rioseco, Cundinamarca, la comunidad se encuentra consternada por el brutal asesinato de Juliana Maecha, una niña de tan solo 15 años. Juliana, quien vivía con sus abuelos en una vereda del municipio, fue encontrada muerta en una quebrada, cerca de su hogar, luego de no llegar a casa tras regresar del colegio."La verdad es un hecho que nos tiene muy consternados, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Juliana Maecha, una niña de 15 años que vivía en una vereda aquí del municipio de San Juan de Rioseco junto a sus abuelos. Habitualmente se desplazaba a la institución educativa donde cursaba noveno grado", indicó Ericka González, alcaldesa de San Juan de Rioseco.Según Juan Carlos Pardo, secretario de gobierno del municipio, Juliana bajó de la ruta escolar que la llevaba a casa, pero nunca llegó. Preocupados, sus abuelos comenzaron a buscarla junto a la comunidad. Trágicamente, la encontraron sin vida en una quebrada cerca de su residencia. Inmediatamente, dieron aviso a la estación de policía del municipio, quienes se desplazaron al lugar.En este momento, la Policía Judicial se encuentra en la zona realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el gobernador de Cundinamarca ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la captura del o los responsables de este horrendo crimen.La noticia ha generado conmoción en toda la región y ha despertado el llamado de las autoridades a la comunidad para colaborar en el esclarecimiento del caso. "Es fundamental la colaboración de todos para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen atroz. Pedimos a la comunidad que si tienen alguna información relevante, la compartan con las autoridades", expresó la alcaldesa González.La comunidad de San Juan de Rioseco se encuentra de luto y exige justicia para Juliana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones con la esperanza de encontrar prontamente al responsable de este terrible crimen que ha conmocionado a todos en el municipio y en el departamento de Cundinamarca.
Este domingo, 28 de abril, en Sala De Prensa Blu, Carlos Felipe Moreno, uno de los sobrevivientes de la tragedia de 21 Ángeles del colegio Agustiniano Norte, contó su historia luego de dos décadas de haber perdido a su hermano.Carlos recuerda que, como cualquier niño, suprimió recuerdos de su infancia para aliviar el dolor, sin embargo, lo condena la reminiscencia de aquel día que aún acecha su mente. Su recuerdo más impactante es de él volando por el aire junto a su hermano, quien lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente.Dos décadas del accidente de bus del colegio Agustiniano Norte"La gente que vive esta situación siente que tiene dos opciones: renegar de Dios o afianzarse en él. Personalmente, creo que la segunda es la mejor elección. Es decir, siento que esta es una oportunidad para encontrar una vida espiritual más profunda y trascendente, para salir de uno mismo. A veces nos concentramos demasiado en alcanzar ciertos estatus o metas, y olvidamos que estamos aquí por un propósito más grande que nosotros mismos", afirmó.Durante estos 20 años, las familias de los niños fallecidos han seguido unidas, encontrando consuelo y apoyo mutuo, y esta fecha quisieron tomarla para reunirse, recordar y homenajear a sus seres queridos. A Carlos, esta reunión le ha hecho revivir sentimientos de nostalgia y dolor, pero también de amor y de unidad.La pérdida de su hermano mayor ha dejado un vacío en su vida que nada puede llenar, sin embargo, Carlos se aferra a la memoria de su hermano y agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de seguir adelante. Él ve su supervivencia como una oportunidad para encontrar un propósito más allá de sí mismo y ayudar a los demás.En este aniversario de la tragedia, Carlos manda un mensaje a su hermano Sebastián Camilo, recordándole que siempre estará presente en su vida. Su amor y recuerdo son su motor para seguir adelante."Mi hermano, esta lucha continúa. Son 20 años que estás presente y siempre estarás presente, que el recuerdo tuyo y de los otros, angelitos, pues nos permita siempre darnos cuenta de lo verdaderamente importante, que siempre vamos a recordar ese amor y esa ternura y que va a ser siempre nuestro motor para seguir adelante", dijo.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
La Defensoría del Pueblo emitió el informe de tutelas por vulneración del derecho a la salud durante el 2023. De las 633.475 tutelas interpuestas en el país, 197.765 corresponden a servicios relacionados con la salud, siendo la tercera cifra más alta desde que ese mecanismo de protección fue instaurado en la Constitución de 1991.El recurso para amparar el derecho fundamental a la salud aumentó el 26,44% en relación con el 2022, cuando fueron interpuestas 156.413.“El mayor número de tutelas se sigue concentrado en los departamentos de Antioquia, con el 18,79%, seguido de Valle del Cauca (10,83 %), Bogotá (9,61%), Norte de Santander (7,35%) y Santander (5,75%). No obstante, el registro por cada 10.000 habitantes dio cuenta de que Arauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y San Andrés tuvieron los indicadores más elevados”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el 80.72 %, se constituyeron como las entidades más vulneradoras, seguida por las instituciones prestadoras de salud (IPS), como las que prestan servicios al Magisterio (4,92 %), y el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía (4,47 %).La Nueva EPS, hoy intervenida, fue la aseguradora más tutelada, al registrar 44.323 acciones constitucionales (actualmente, con más de 10 millones de afiliados), para una participación del 27,37%. En segundo lugar se ubicó la también intervenida Sanitas, con 16.212 tutelas (10,01%). Le siguieron Sura EPS, con 15.170 (9,37%), Savia Salud, con 14.255 (8,8%), y Asmet Salud, con 12.459 (7,68%).Atendiendo al número de tutelas por cada 10.000 afiliados, Savia Salud fue la aseguradora con el indicador más alto, al registrar 85. Le siguieron Asmet Salud, con 68; Comfaoriente, con 57; Servicio Occidental de Salud, con 50, y Emssanar, con 46.Los pacientes que más interpusieron tutelas fueron aquellos que padecen tumores (11,73%), enfermedades del sistema osteomuscular (9.51 %) y enfermedades del sistema circulatorio (9.42 %).