Desde el pasado 13 de diciembre, la exención del 4x1000 debió entrar en vigencia, pero su implementación ha presentado retrasos debido a la falta de interconexión entre las entidades financieras del país. Sin embargo, el ecosistema fintech asegura estar listo para operar bajo esta nueva regulación.Gabriel Santos, director de Colombia Fintech, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que las fintech ya han cumplido con los requerimientos necesarios para implementar la exención del impuesto a las transacciones financieras. “Podemos decirles tanto a ustedes como al país que estas compañías están listas, muchas de ellas con contratos firmados y 100 % prestas a operar este sistema una vez esté operativo”, aseguró Santos. Además, enfatizó que estas empresas están dispuestas a ofrecer el beneficio a los colombianos de manera inmediata.No obstante, a pesar de la preparación del sector fintech, el sistema de información general necesario para que la exención del 4x1000 funcione correctamente aún no está completamente desarrollado. La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, indicó recientemente que tanto las cooperativas como los bancos siguen trabajando en los ajustes tecnológicos necesarios para garantizar una operación efectiva.Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, explicó que una de las principales razones del retraso es la necesidad de interconectar a todas las entidades financieras del país. Sin esta interconexión, no es posible determinar en tiempo real si una transacción debe ser gravada o no. Ruiz destacó que algunas entidades han avanzado significativamente en este proceso, mientras que otras aún deben completar sus desarrollos tecnológicos.La debida diligencia es otro factor clave en la demora de la exención. Ruiz explicó que esto implica el desarrollo interno de infraestructura y la capacidad de cada entidad para conectarse con los sistemas de información necesarios para la correcta aplicación del beneficio tributario. Sin este engranaje, no es posible realizar las transacciones y verificaciones requeridas en tiempo real.
Gabriel Santos llegó a la presidencia de Colombia Fintech, luego de ser en los últimos 4 años representante a la Cámara de Bogotá por el partido Centro Democrático.En su paso por el Congreso de la República enfocó su trabajo en la profundización de la inclusión financiera y en hacer visibles los beneficios de modelos disruptivos dentro de distintos aspectos en materia de política pública como en el sector de las Fintech, así como de la implementación de tecnología blockchain para lograr mayores niveles de transparencia.Santos García llega a Colombia Fintech en un momento donde la industria se encuentra en crecimiento, tras la pandemia que dejó cifras récord de inclusión financiera y permitiendo que las plataformas fintech emitan volúmenes de crédito cercanos a la banca tradicional. Por tal razón, capitalizar sobre estos y otros índices será su gran reto.El nuevo presidente estuvo en los micrófonos de Blu 4.0 para contar su perspectiva y principales metas en su estreno como líder de esta agremiación. “Llegar a Colombia Fintech es un gran reto personal, en el que trabajaré para proteger y masificar la emisión del crédito digital, desarrollar la regulación sobre el Openfinance, permitiendo más competencia y mejor acceso al crédito para los colombianos más vulnerables. De igual manera lideraré la discusión regulatoria en relación con criptoactivos y medios de pago. Por otro lado, estaremos al frente del Latam Fintech Market 2022, el próximo 27 de septiembre, en Medellín. Este es el evento líder del sector, y esperamos a todos los actores de la industria Fintech en la capital antioqueña, para que generemos conversaciones entorno a las temáticas que nos competen”, afirmó Gabriel Santos García, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, quien, además, confirmó que ya no aspirará a la Alcaldía de Bogotá.
La JEP reveló el testimonio completo del excomandante del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', en calidad de testigo. Úsuga aseguró que se entregó a las autoridades ya que, según él, si lo capturaban lo hubieran matado. "Había operaciones, pero como a diario mantienen esas operaciones en el Urabá yo llegué voluntariamente a la tropa, donde estaba el Ejército y no fue captura así de quieto porque sino lo cogen a uno y lo matan ahí mismo".También le preguntaron si el Clan del Golfo había tenido un acercamiento con algún Gobierno para una eventual negociación de paz y alias 'Otoniel' aseguró que sí se dio con el expresidente Juan Manuel Santos, pero señaló al exfiscal Néstor Humberto Martínez como el responsable de que no se lograra dicha negociación y aseguró que, de concretarse, hubiera logrado la desmovilización de entre 4.000 y 5.000 personas pertenecientes al grupo.Por último, aseguró que el Clan del Golfo aún está buscando un acercamiento con el Gobierno, pero que esto se ha dificultado desde su captura, según dijo, este grupo tendría en este momento entre 7.500 y 8.000 personas."Sí se estaban haciendo unas gestiones para bregar a llegar a un acercamiento y mandarle una propuesta al Gobierno para un arreglo con la organización, pero estos días hubo razón que la gente sigue motivada para seguir, de pronto si se puede llegar a un acuerdo con el Gobierno", afirmó. Finalmente, dijo que espera aportar verdad antes de ser extraditado hacia Estados Unidos, que seguirá apoyando y aportando información sobre lo que él sepa.
A un debate de ser ley se encuentra el proyecto propuesto por el representante Gabriel Santos que busca recortar, en un mes, las vacaciones de los congresistas, para que comiencen a sesionar, cada año, desde el 16 de febrero, y no en marzo, como ocurre actualmente.“Aprobamos en séptimo debate y de manera unánime nuestro proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas. Logramos el apoyo de todas las personas de la comisión primera y que lo agendaran de manera prioritaria. Le damos las gracias a los que la votaron”, expreso el representante del Centro Democrático.Pese a la aprobación por unanimidad en la Comisión Primera del Senado, el proyecto seguirá en la carrera contrarreloj para evitar que se hunda, pues como es un acto legislativo, tiene plazo hasta el 16 de diciembre y le falta el debate en la Plenaria del Senado.El próximo debate puede iniciar después de ocho días de ser aprobado en la Comisión Primera del Senado y queda en manos del presidente del senado Juan Diego Gómez que lo agende en la Plenaria del Senado.Lea también
Un nuevo capítulo se registró en la polémica entre el representante Gabriel Santos y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, por cuenta del proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresistas. Ahora la Comisión de la Mujer del Congreso rechazó la ‘violencia política’ en contra de Arias. En esta pelea hasta el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la presidenta Arias.El origen de esta polémica es un proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresistas de cuatro a dos meses y que necesita la firma de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, para que inicie sus últimos 4 debates de ocho que necesita para ser aprobado y que el pasado 20 de junio cumplió su primera vuelta con éxito. Según el representante Santos, desde hace más de un mes ese proyecto está en la presidencia de la Cámara y no ha sido firmado.Ante la negativa de la presidenta de la Cámara de firmar este proyecto, el representante Santos dijo que después de buscar de diferentes formas que ella firmara este documento con reuniones, a través de otros congresistas, e incluso personalmente, no fue posible. Por eso, en las últimas horas, decidió poner carteles de ‘se busca’, con la foto de Arias en la que pide que firme este proyecto y que no sea la ‘sepulturera’ de esta propuesta.“Llevamos más de un mes suplicándole a la presidenta de la Cámara desengavete este proyecto. Ella ha preferido cobrar unas peleas personales por haberme opuesto a su elección que permitir que este proyecto siga su tránsito”, afirmó.Luego de ‘empapelar’ el Congreso y que las imágenes se volvieran virales, el expresidente Álvaro Uribe salió a terciar en esta polémica, puesto que ambos congresistas son del Centro Democrático y escribió en su cuenta de Twitter que no podía tolerar el irrespeto hacia la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.“He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra. Sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes”, escribió.Ahora el nuevo capítulo de esta polémica es por cuenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, porque desde esta célula legislativa se sumaron al apoyo a la presidenta de la Cámara y rechazaron la ‘violencia política’ en contra de Arias, e invitaron al representante Santos a retirar los mensajes que ha publicado."Los invitamos a tramitar con decoro sus reclamos y a retirar de sus redes sociales y/o lugares púbicos, aquellos mensajes que maltratan el buen nombre de una Representante de las mujeres colombianas”, menciona el comunicado.Escuche más noticias del día aquí:
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Santos se desmarcó de su partido al apoyar la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el millonario contrato para llevar internet a zonas rurales del país.Santos, sin embargo, aseguró que acatará la decisión que tome la bancada frente a la jefe de la cartera TIC.El representante Santos, en diálogo con BLU Radio, justificó su postura frente a la ministra.“Tenemos el pleno convencimiento de que no se obró con un deber de diligencia suficiente para evitar, no solo que se perdieran los 70.000 millones, sino que hoy en día tuviéramos zonas de la Colombia rural sin la posibilidad de acceso a internet. No tener conectadas a esas personas envió de manera decidida a millones de colombianos a la pobreza”, dijo.Además, señaló que la ministra Abudinen debe renunciar a su cargo porque lo sucedido hace insostenible su continuidad. “La responsabilidad política que ella tiene en todo lo que ha acontecido es absolutamente insalvable. Celebró los esfuerzos que ella relató sobre lo que ha hecho el Ministerio para recuperar la plata y como caducó el contrato, pero el hecho de que esto haya ocurrido es imposible que la ministra continúe en su cargo”.No obstante, el representante del Centro Democrático reconoció que es muy difícil que prospere la moción de censura. “Nunca ha prosperado. Uno tiene que ser muy aspiracional, pero también algo realista. Esto nunca ha prosperado y no vería yo por qué esta vez fuera diferente”, afirmó.Y añadió: "Hoy en Colombia somos expertos en pasar la responsabilidad a otros. Los máximos jefes de una nación o entidad los que deben asumir las responsabilidades de los errores y las irregularidades.Escuche la entrevista completa en las Noticias de la Mañana:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acto legislativo que busca recortar el receso de los congresistas de cuatro a dos meses.Es decir, en el primer semestre entrarían a sesiones el 20 de julio y terminarían el 20 de diciembre; el segundo periodo arrancaría el 20 de enero y finalizaría el 20 de junio.“Los ciudadanos merecen un Congreso que funcione los 12 meses del año, por los cuales nos pagan, donde se haga control político, se promuevan leyes que beneficien a los ciudadanos”, señaló el representante Gabriel Santos.Santos aseguró que el objetivo de la medida es que los congresistas puedan beneficiarse si tienen periodos más largos, porque es una oportunidad de mostrar sus capacidades y aprobar más proyectos en el periodo de legislatura.
Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, formuló duras críticas ante la inminente llegada de otros partidos a la coalición de Gobierno a cambio de puestos y llamó a esto ‘rifa de ministerios’. En entrevista con Mañanas BLU el congresista, además, lanzó un fuerte ataque a lo que llamó “castas políticas”. “A Colombia la han pretendido gobernar con el eufemismo de la ‘gobernabilidad’ de manera histórica. Eso ha hecho cimentar castas políticas que no han permitido acceso a nuevas personas a la democracia, eso ha permitido a la política regional cimentarse y quedarse con los recursos de los más pobres”, indicó el congresista. Le puede interesar: No puedo compartir con quien se ha lucrado con sangre: Gabriel Santos sobre ‘Santrich’“Yo no puedo desconocer el apellido que yo tengo, mal haría yo, pero lo que puedo es tratar de hacer las cosas distinto”, agregó. Según el congresista, quienes cuestionan sus declaraciones y la asocian con la salida de su padre, Francisco Santos, de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, están equivocados. “El tono no ha cambiado, ha sido el mismo, es una crítica sopesada”, sostuvo. Escuche completa la entrevista con el representante Gabriel Santos en Mañanas BLU:
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
