Desde el pasado 13 de diciembre, la exención del 4x1000 debió entrar en vigencia, pero su implementación ha presentado retrasos debido a la falta de interconexión entre las entidades financieras del país. Sin embargo, el ecosistema fintech asegura estar listo para operar bajo esta nueva regulación.Gabriel Santos, director de Colombia Fintech, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que las fintech ya han cumplido con los requerimientos necesarios para implementar la exención del impuesto a las transacciones financieras. “Podemos decirles tanto a ustedes como al país que estas compañías están listas, muchas de ellas con contratos firmados y 100 % prestas a operar este sistema una vez esté operativo”, aseguró Santos. Además, enfatizó que estas empresas están dispuestas a ofrecer el beneficio a los colombianos de manera inmediata.No obstante, a pesar de la preparación del sector fintech, el sistema de información general necesario para que la exención del 4x1000 funcione correctamente aún no está completamente desarrollado. La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, indicó recientemente que tanto las cooperativas como los bancos siguen trabajando en los ajustes tecnológicos necesarios para garantizar una operación efectiva.Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, explicó que una de las principales razones del retraso es la necesidad de interconectar a todas las entidades financieras del país. Sin esta interconexión, no es posible determinar en tiempo real si una transacción debe ser gravada o no. Ruiz destacó que algunas entidades han avanzado significativamente en este proceso, mientras que otras aún deben completar sus desarrollos tecnológicos.La debida diligencia es otro factor clave en la demora de la exención. Ruiz explicó que esto implica el desarrollo interno de infraestructura y la capacidad de cada entidad para conectarse con los sistemas de información necesarios para la correcta aplicación del beneficio tributario. Sin este engranaje, no es posible realizar las transacciones y verificaciones requeridas en tiempo real.
Gabriel Santos llegó a la presidencia de Colombia Fintech, luego de ser en los últimos 4 años representante a la Cámara de Bogotá por el partido Centro Democrático.En su paso por el Congreso de la República enfocó su trabajo en la profundización de la inclusión financiera y en hacer visibles los beneficios de modelos disruptivos dentro de distintos aspectos en materia de política pública como en el sector de las Fintech, así como de la implementación de tecnología blockchain para lograr mayores niveles de transparencia.Santos García llega a Colombia Fintech en un momento donde la industria se encuentra en crecimiento, tras la pandemia que dejó cifras récord de inclusión financiera y permitiendo que las plataformas fintech emitan volúmenes de crédito cercanos a la banca tradicional. Por tal razón, capitalizar sobre estos y otros índices será su gran reto.El nuevo presidente estuvo en los micrófonos de Blu 4.0 para contar su perspectiva y principales metas en su estreno como líder de esta agremiación. “Llegar a Colombia Fintech es un gran reto personal, en el que trabajaré para proteger y masificar la emisión del crédito digital, desarrollar la regulación sobre el Openfinance, permitiendo más competencia y mejor acceso al crédito para los colombianos más vulnerables. De igual manera lideraré la discusión regulatoria en relación con criptoactivos y medios de pago. Por otro lado, estaremos al frente del Latam Fintech Market 2022, el próximo 27 de septiembre, en Medellín. Este es el evento líder del sector, y esperamos a todos los actores de la industria Fintech en la capital antioqueña, para que generemos conversaciones entorno a las temáticas que nos competen”, afirmó Gabriel Santos García, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, quien, además, confirmó que ya no aspirará a la Alcaldía de Bogotá.
La JEP reveló el testimonio completo del excomandante del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', en calidad de testigo. Úsuga aseguró que se entregó a las autoridades ya que, según él, si lo capturaban lo hubieran matado. "Había operaciones, pero como a diario mantienen esas operaciones en el Urabá yo llegué voluntariamente a la tropa, donde estaba el Ejército y no fue captura así de quieto porque sino lo cogen a uno y lo matan ahí mismo".También le preguntaron si el Clan del Golfo había tenido un acercamiento con algún Gobierno para una eventual negociación de paz y alias 'Otoniel' aseguró que sí se dio con el expresidente Juan Manuel Santos, pero señaló al exfiscal Néstor Humberto Martínez como el responsable de que no se lograra dicha negociación y aseguró que, de concretarse, hubiera logrado la desmovilización de entre 4.000 y 5.000 personas pertenecientes al grupo.Por último, aseguró que el Clan del Golfo aún está buscando un acercamiento con el Gobierno, pero que esto se ha dificultado desde su captura, según dijo, este grupo tendría en este momento entre 7.500 y 8.000 personas."Sí se estaban haciendo unas gestiones para bregar a llegar a un acercamiento y mandarle una propuesta al Gobierno para un arreglo con la organización, pero estos días hubo razón que la gente sigue motivada para seguir, de pronto si se puede llegar a un acuerdo con el Gobierno", afirmó. Finalmente, dijo que espera aportar verdad antes de ser extraditado hacia Estados Unidos, que seguirá apoyando y aportando información sobre lo que él sepa.
A un debate de ser ley se encuentra el proyecto propuesto por el representante Gabriel Santos que busca recortar, en un mes, las vacaciones de los congresistas, para que comiencen a sesionar, cada año, desde el 16 de febrero, y no en marzo, como ocurre actualmente.“Aprobamos en séptimo debate y de manera unánime nuestro proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas. Logramos el apoyo de todas las personas de la comisión primera y que lo agendaran de manera prioritaria. Le damos las gracias a los que la votaron”, expreso el representante del Centro Democrático.Pese a la aprobación por unanimidad en la Comisión Primera del Senado, el proyecto seguirá en la carrera contrarreloj para evitar que se hunda, pues como es un acto legislativo, tiene plazo hasta el 16 de diciembre y le falta el debate en la Plenaria del Senado.El próximo debate puede iniciar después de ocho días de ser aprobado en la Comisión Primera del Senado y queda en manos del presidente del senado Juan Diego Gómez que lo agende en la Plenaria del Senado.Lea también
Un nuevo capítulo se registró en la polémica entre el representante Gabriel Santos y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, por cuenta del proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresistas. Ahora la Comisión de la Mujer del Congreso rechazó la ‘violencia política’ en contra de Arias. En esta pelea hasta el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la presidenta Arias.El origen de esta polémica es un proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresistas de cuatro a dos meses y que necesita la firma de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, para que inicie sus últimos 4 debates de ocho que necesita para ser aprobado y que el pasado 20 de junio cumplió su primera vuelta con éxito. Según el representante Santos, desde hace más de un mes ese proyecto está en la presidencia de la Cámara y no ha sido firmado.Ante la negativa de la presidenta de la Cámara de firmar este proyecto, el representante Santos dijo que después de buscar de diferentes formas que ella firmara este documento con reuniones, a través de otros congresistas, e incluso personalmente, no fue posible. Por eso, en las últimas horas, decidió poner carteles de ‘se busca’, con la foto de Arias en la que pide que firme este proyecto y que no sea la ‘sepulturera’ de esta propuesta.“Llevamos más de un mes suplicándole a la presidenta de la Cámara desengavete este proyecto. Ella ha preferido cobrar unas peleas personales por haberme opuesto a su elección que permitir que este proyecto siga su tránsito”, afirmó.Luego de ‘empapelar’ el Congreso y que las imágenes se volvieran virales, el expresidente Álvaro Uribe salió a terciar en esta polémica, puesto que ambos congresistas son del Centro Democrático y escribió en su cuenta de Twitter que no podía tolerar el irrespeto hacia la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.“He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra. Sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes”, escribió.Ahora el nuevo capítulo de esta polémica es por cuenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, porque desde esta célula legislativa se sumaron al apoyo a la presidenta de la Cámara y rechazaron la ‘violencia política’ en contra de Arias, e invitaron al representante Santos a retirar los mensajes que ha publicado."Los invitamos a tramitar con decoro sus reclamos y a retirar de sus redes sociales y/o lugares púbicos, aquellos mensajes que maltratan el buen nombre de una Representante de las mujeres colombianas”, menciona el comunicado.Escuche más noticias del día aquí:
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Santos se desmarcó de su partido al apoyar la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el millonario contrato para llevar internet a zonas rurales del país.Santos, sin embargo, aseguró que acatará la decisión que tome la bancada frente a la jefe de la cartera TIC.El representante Santos, en diálogo con BLU Radio, justificó su postura frente a la ministra.“Tenemos el pleno convencimiento de que no se obró con un deber de diligencia suficiente para evitar, no solo que se perdieran los 70.000 millones, sino que hoy en día tuviéramos zonas de la Colombia rural sin la posibilidad de acceso a internet. No tener conectadas a esas personas envió de manera decidida a millones de colombianos a la pobreza”, dijo.Además, señaló que la ministra Abudinen debe renunciar a su cargo porque lo sucedido hace insostenible su continuidad. “La responsabilidad política que ella tiene en todo lo que ha acontecido es absolutamente insalvable. Celebró los esfuerzos que ella relató sobre lo que ha hecho el Ministerio para recuperar la plata y como caducó el contrato, pero el hecho de que esto haya ocurrido es imposible que la ministra continúe en su cargo”.No obstante, el representante del Centro Democrático reconoció que es muy difícil que prospere la moción de censura. “Nunca ha prosperado. Uno tiene que ser muy aspiracional, pero también algo realista. Esto nunca ha prosperado y no vería yo por qué esta vez fuera diferente”, afirmó.Y añadió: "Hoy en Colombia somos expertos en pasar la responsabilidad a otros. Los máximos jefes de una nación o entidad los que deben asumir las responsabilidades de los errores y las irregularidades.Escuche la entrevista completa en las Noticias de la Mañana:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acto legislativo que busca recortar el receso de los congresistas de cuatro a dos meses.Es decir, en el primer semestre entrarían a sesiones el 20 de julio y terminarían el 20 de diciembre; el segundo periodo arrancaría el 20 de enero y finalizaría el 20 de junio.“Los ciudadanos merecen un Congreso que funcione los 12 meses del año, por los cuales nos pagan, donde se haga control político, se promuevan leyes que beneficien a los ciudadanos”, señaló el representante Gabriel Santos.Santos aseguró que el objetivo de la medida es que los congresistas puedan beneficiarse si tienen periodos más largos, porque es una oportunidad de mostrar sus capacidades y aprobar más proyectos en el periodo de legislatura.
Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, formuló duras críticas ante la inminente llegada de otros partidos a la coalición de Gobierno a cambio de puestos y llamó a esto ‘rifa de ministerios’. En entrevista con Mañanas BLU el congresista, además, lanzó un fuerte ataque a lo que llamó “castas políticas”. “A Colombia la han pretendido gobernar con el eufemismo de la ‘gobernabilidad’ de manera histórica. Eso ha hecho cimentar castas políticas que no han permitido acceso a nuevas personas a la democracia, eso ha permitido a la política regional cimentarse y quedarse con los recursos de los más pobres”, indicó el congresista. Le puede interesar: No puedo compartir con quien se ha lucrado con sangre: Gabriel Santos sobre ‘Santrich’“Yo no puedo desconocer el apellido que yo tengo, mal haría yo, pero lo que puedo es tratar de hacer las cosas distinto”, agregó. Según el congresista, quienes cuestionan sus declaraciones y la asocian con la salida de su padre, Francisco Santos, de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, están equivocados. “El tono no ha cambiado, ha sido el mismo, es una crítica sopesada”, sostuvo. Escuche completa la entrevista con el representante Gabriel Santos en Mañanas BLU:
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
