La billetera digital 'dale!', del Grupo Aval, lanzó una campaña que premia la adopción de pagos digitales entre los pequeños comerciantes de Colombia. Se trata de una iniciativa que entregará más de $300 millones en incentivos a tenderos y emprendedores a lo largo del país.La campaña, que se extenderá desde el 17 de julio hasta el 31 de diciembre de 2024, está diseñada para dotar a pequeños negocios —como tiendas, misceláneas, droguerías y papelerías— de un sistema de pago digital. Esta herramienta les permitirá recibir pagos inmediatos de clientes desde cualquier banco o aplicación."Los emprendedores que forman parte de la economía popular son el eje fundamental para el desarrollo de nuestro país. Su capacidad de generar negocio no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fortalece el tejido social de nuestras comunidades", expresó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de 'dale!'.Los participantes en la campaña podrán acceder a varios incentivos. Se otorgarán premios diarios de $500.000 y premios mensuales de $2.000.000 al comercio que registre la mayor cantidad de transacciones en su billetera 'dale!'. Además, se ofrecerán invitaciones a eventos destacados, como conciertos de los Tigres del Norte y Luis Alfonso.¿Cómo participar?Los interesados en participar deben inscribirse en la página web www.dale.com.co/labilleteradetubarrio y descargar la aplicación “dale! Colombia”. Una vez inscritos, podrán recibir pagos de sus clientes de manera gratuita e inmediata, usando solo su número de celular, entre otros métodos.
Desde este martes, los bancos que hacen parte del Grupo Aval ofrecerán nuevas tasas de interés para la compra de vivienda, en medio de la guerra de tasas en la que ya entregaron otros bancos como Bancolombia y Davivienda.Según el Grupo Aval, desde este martes, tendrá financiación de vivienda con tasas de interés desde 9,5 % E.A. para leasing habitacional y desde 10 % E.A. para crédito hipotecario.>>> Lea también: Davivienda rebaja intereses para comprar casa: créditos desde esta atractiva tasaCabe recordar que, desde este lunes, el Gobierno viene adelantando varias reuniones con sectores públicos y privados para definir las mejores estrategias para la reactivación económica del país.Por otra parte, Grupo Aval aseguró que mantendrán varias medidas para ayudar a poblaciones que suelen tener más dificultades: Banco Popular apoyará a pensionados con ingresos entre 1 y 2 SMMLV a través de libranzas destinados a emprendimientos y proyectos productivos con tasas significativamente inferiores a las actuales para este producto (hasta 20 % menores).Este anuncio se suma al hecho por Davivienda, que, desde el próximo 16 de julio, habilitará créditos para vivienda con tasas de interés desde el 10 % efectivo anual y Bancolombia, que bajó al mismo porcentaje.La tasa del 10 % aplica a los créditos de leasing habitacional en proyectos de vivienda nueva financiados por Davivienda, para los demás proyectos de vivienda nueva los intereses irán desde el 11 % anual.¿Cuáles son los bancos del Grupo Aval?Banco de BogotáBanco de OccidenteBanco PopularBanco AV Villas
Forbes actualizó la lista de las personas más ricas del mundo, que es liderada por un hombre, único en el ranking, que supera los 200.000 millones de dólares de fortuna. En Colombia, la persona con mayor fortuna tiene un patrimonio que supera los 11.000 millones de dólares.El hombre más rico del mundo es Bernard Arnault, de 75 años, que ha consolidado su posición como una de las figuras más destacadas en el mundo de los negocios globales, en especial en el sector del lujo, gracias a su liderazgo en LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).La fortuna de Bernard Arnault, según el último ranking de Forbes, es de 222.400 millones de dólares, superando en el top 5 a personas como Jeff Bezos (198.700 millones de dólares), Elon Musk (190.200 millones), Mark Zuckerberg (174.400 millones) y Larry Ellison (153.400 millones).Arnault, a través de LVMH, ha supervisado la adquisición y el crecimiento de un impresionante portafolio de marcas de alta gama, lo que ha influido directamente en el aumento de su fortuna.¿Quién es la persona más rica de Colombia?Encabezando la lista de las fortunas más grandes de Colombia se encuentra David Vélez, el hombre detrás de Nubank. Su patrimonio, valorado en 11.500 millones de dólares, lo coloca en la cima de personas más ricas de Colombia.Le sigue en riqueza Jaime Gilinski, con un patrimonio valorado en 7.800 millones de dólares. Gilinski es un banquero y empresario colombiano, al mando del Grupo Gilinski. Entre sus posesiones se cuentan entidades y empresas como Lulo Bank, la revista Semana, el Banco GNB Sudameris y Servibanca.La tercera posición la ocupa Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien recientemente cedió su puesto como presidente de la junta directiva del Grupo Aval. A sus 91 años, Sarmiento Angulo acumula una fortuna de US$ 7.300 millones.
El Grupo Aval, uno de los conglomerados empresariales más prominentes de Colombia, experimenta un cambio significativo con la renuncia de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, figura emblemática en el ámbito financiero del país. A sus 91 años, Sarmiento Ángulo ha decidido dar un paso al costado y dejar su cargo en la junta directiva del Grupo Aval, según lo anunciado en la asamblea realizada el 20 de marzo."Hoy, durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas, anunciamos una transición significativa en nuestra dirección. Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha servido con distinción como presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, dejará el cargo", señaló el conglomerado. Así queda el Grupo Aval Luis Carlos Sarmiento Angulo postuló a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, para que ocupe su puesto en la junta directiva, marcando así una transición generacional en la gestión de esta importante entidad financiera. Esta medida refleja una estrategia de continuidad y renovación, busca garantizar la solidez y el crecimiento sostenido del Grupo Aval en el futuro.Con la salida de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, se plantea una reconfiguración en la estructura de liderazgo del Grupo Aval. Según lo propuesto, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien actualmente ejerce como presidente del Grupo Aval, ocuparía el puesto de presidente de la junta directiva. En tanto, María Lorena Gutiérrez, actual presidenta de Corficolombiana, sería designada como la nueva presidenta del Grupo Aval.
El reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo renunció este 20 de marzo a la junta directiva del Grupo Aval. Esta decisión se dio luego de la asamblea que se realizó en la tarde de este miércoles.A sus 91 años, el empresario tomó esta decisión y postuló a su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez para que lo sustituya en el cargo.De acuerdo con la información suministrada por el periodista Víctor Grosso, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien es el actual presidente del Grupo Aval, sería reemplazado por María Lorena Gutiérrez, actual presidente de Corficolombiana.El portal DataIFX informó que Luis Carlos Sarmiento Ángulo decidió dar un paso al costado para darle paso a las nuevas generaciones que vienen con ideas innovadoras a la agrupación financiera.Luis Carlos Sarmiento Ángulo indicó que seguirá informándose sobre lo que ocurra en la organización, pero desde su punto de vista como retirado. ¿Cómo le ha ido al Grupo Aval?Según DataIFX, el Grupo Aval reportó una reducción en sus ganancias, con una disminución del 70,2 %, llegando a los $739.000 millones. Esta caída se evidenció en los ingresos netos por intereses, los cuales cayeron a $6,28 billones durante el año, representando una baja del 18,8%.En el último trimestre, los ingresos alcanzaron los $1,53 billones, es decir, una caída del 13,3 % en comparación con el mismo periodo del año previo.Pese a lo anterior se resalta el un incremento del 15,1% en las comisiones netas durante el año.
El Gobierno nacional y el conglomerado financiero Grupo Aval cerraron este miércoles un acuerdo para impulsar un plan de inversiones para atender las necesidades básicas insatisfechas que por años han afectado indígenas de dos poblaciones del departamento colombiano de La Guajira.La iniciativa, que beneficiará a comunidades indígenas Manaure y Uribia y que también tiene el apoyo del español Grupo Prisa, fue firmada por la directora de estatal Prosperidad Social, Laura Sarabia, y el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez."El objetivo de esta alianza es articular acciones que promuevan y fortalezcan las actividades orientadas hacia la sostenibilidad de los procesos de inclusión social y productiva, en los municipios de Manaure y Uribia", informó Prosperidad Social en un comunicado.La 'Misión La Guajira' fue presentada en la comunidad kaikashi del pueblo indígena wayúu, en Manaure, y en ella se tendrá en cuenta la cosmovisión y el conocimiento ancestral y matrilineal de las comunidades, a través de mecanismos para su participación, bajo un enfoque étnico y multicultural.La información explicó que se estructurará una estrategia de transformación territorial de largo plazo que, además de proveer soluciones a necesidades del territorio, cree las condiciones para la diversificación económica y el fortalecimiento del aparato productivo.Como resultado de varios proyectos de investigación, algunos culminados, otros en curso y otros que vendrán más adelante, se definirá el destino de las inversiones para atender asuntos relacionados como seguridad alimentaria y proyectos productivos.Para empezar a tener resultados en el corto plazo, en los próximos meses se comenzará con el despliegue del plan de choque, que consiste en la intervención directa en más de 70 comunidades de esta desértica zona que acumula las peores cifras de pobreza y desnutrición infantil.Allí se desarrollarán, una vez acordadas con ellas, acciones en seguridad alimentaria, soluciones energéticas, proyectos productivos e intervención social."Con esta alianza queremos trabajar en conjunto para que el desarrollo de huertas, sistemas de riego y paneles solares sean una realidad en este territorio", dijo la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.Por su lado Sarmiento Gutiérrez aseguró: "Este es un proyecto de largo plazo; no venimos a la Guajira de visita. Llegamos para quedarnos a trabajar"."Queremos demostrarle al país que el trabajo en grupo, entre lo público y lo privado, no sólo es posible, sino que cuando existe la debida articulación podemos contribuir de manera significativa al progreso consciente y sostenible del país", concluyó.Le puede interesar:
La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
La Fiscalía no reabrirá la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por el escándalo Odebrecht al responder una solicitud del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, y señalar que no adjuntó elementos que permitieran ordenar dicha reapertura.El secretario de Transparencia solicitó esa reapertura de la investigación contra Sarmiento Gutiérrez, pero la Fiscalía direccionó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que archivó esa investigación el 26 de febrero de 2021 y determinó que no se abrirá el caso.Para la Fiscalía: “La normatividad penal vigente, y las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, indican que la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba, sobre los cuales es necesario que exista claridad del origen y una legítima acreditación de las personas que los obtienen”.Razón por la cual, al determinar que el Gobierno del presidente Petro no tiene pruebas nuevas, la Fiscalía dijo: “Una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía ante cualquier requerimiento de los sujetos involucrados o de terceros que manifiesten algún tipo de interés”, razón por la cual el fiscal del caso rechazó de plano la solicitud de desarchivo de esta investigación.Le puede interesar:
Por medio de una carta rogatoria, la Fiscalía ya le solicitó a Estados Unidos información contra el Grupo Aval y Corficolombia, después de que la Agencia Jurídica del Estado pidiera las sanciones contra el conglomerado.“Tenemos conocimiento que la Fiscalía ya dio trámite por vía de la carta rogatoria a los Estados Unidos, pero mientras tanto hemos estado en reuniones de estudio y análisis con Superfinanciera y Supersociedades a la espera de que nos llegue la información oficial”, indicó la directora Martha Lucia Zamora.A mediados de agosto, la Agencia Jurídica del Estado anunció que pediría al Gobierno de Estados Unidos las sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos “requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.El presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impuso una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Le puede interesar:
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.