El Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ratificó las medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega y Juan Sebastián Ávila, procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la tortura y posterior muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. En la misma decisión, el despacho desestimó la medida de aseguramiento impuesta a Solangie Trujillo, quien recuperará su libertad mientras continúa vinculada al proceso judicial.La determinación fue destacada por el abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, en medio de un caso que continúa avanzando en la etapa judicial. "Efectivamente hay hechos que yo creo que al momento de un juicio van a ser contundentes para ratificar una posible condena por esas situaciones previas y concomitantes al homicidio del joven Rincón".Los procesados enfrentan imputaciones por delitos como tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio, conductas atribuidas según el grado de participación individual de cada uno de los involucrados.De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los hechos habrían obedecido a un supuesto plan de venganza que derivó en actos de justicia por mano propia contra la víctima. El ente acusador sostiene que los procesados utilizaron perfiles falsos en redes sociales y habrían instrumentalizado a una menor de edad para atraer a Juan Felipe Rincón hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde posteriormente se registraron los hechos investigados.
Tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a cuatro personas por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, William Rincón, se conoció que un quinto implicado, Juan Sebastián Ávila, será judicializado el próximo miércoles. Según el abogado defensor de la familia, Juan Felipe Criollo, los cargos tienen que ver con tortura y con manipulación de la escena del crimen.De acuerdo con Criollo, la investigación apunta a que el joven fue víctima de un engaño que terminó en una venganza premeditada. En este señalamiento aparecen como presuntos responsables Andrés Camilo Sotelo, su hermana Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega y Solanggye Trujillo Devia, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la planeación y ejecución de los hechos.El abogado Criollo aseguró que el caso ha tenido un cambio radical frente a las primeras versiones que circularon públicamente. “Era el homicidio de un supuesto violador, unos calificativos que el joven Juan Felipe no ameritaba. Después de casi un año y medio de haber aportado pruebas, vemos cómo aquí no existían esos comportamientos que supuestamente trataron de endilgar como equivocados por parte del joven Rincón”, señaló el abogado de las víctimas. Por el contrario, Criollo afirma que se trató de una estrategia para confundir tanto a la opinión pública como a las autoridades.Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los implicados al considerarlos un peligro para la sociedad. La familia de la víctima, por su parte, insiste en que desde el comienzo se trató de un caso de engaño, versión que ahora cobra fuerza con los nuevos hallazgos. La investigación continúa en curso.
La Fiscalía General de la Nación presentará un nuevo escrito de preclusión a favor de Andrés Camilo Sotelo Torres, en medio del proceso judicial y la línea de investigación por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. Esta decisión se produce de manera paralela a la reciente imputación de cargos contra Sotelo y otras tres personas por los delitos de tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.Según el ente acusador, los hechos que rodearon la muerte del joven habrían sido producto de un plan estructurado que inició en redes sociales. La Fiscalía sostiene que “fue un plan calculado que inició en redes sociales contra Juan Felipe Rincón”, en el que, presuntamente, los implicados utilizaron perfiles falsos para contactar a la víctima.Dentro de esta estrategia, las autoridades señalaron que se habría instrumentalizado a una menor de edad identificada como S.V., quien fue usada como “señuelo” para atraer al joven hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la investigación, el móvil estaría relacionado con una acusación sin sustento probatorio. La Fiscalía indica que Katherine Sotelo habría señalado a Rincón de sostener conversaciones inapropiadas con su hija de 10 años, afirmación que habría detonado la planeación del ataque.En paralelo a estas imputaciones, el proceso judicial retoma una nueva etapa por el homicidio. Se está a la espera de que se fije fecha para la audiencia ante el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, donde se evaluará la nueva solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía.Cabe recordar que, en esta misma línea de investigación por homicidio, el ente acusador ya había solicitado previamente la preclusión a favor de Sotelo Torres. En ese momento, la Fiscalía argumentó que el arma encontrada en su poder era inoperante, lo que permitía descartar que hubiera sido el autor del disparo que causó la muerte del joven. No obstante, dicha solicitud fue negada por un juez de conocimiento, lo que obligó a replantear la solicitud.El caso se remonta a los hechos ocurridos el 24 de noviembre, cuando Juan Felipe Rincón falleció tras recibir un impacto de arma de fuego en el pectoral derecho, en medio de un forcejeo con varias personas. Según el expediente, el día anterior el joven había compartido en su apartamento con una menor, y posteriormente se trasladó al barrio Quiroga con el propósito de llevarla a su vivienda. Fue en ese lugar donde se desencadenaron los hechos violentos que derivaron en su muerte.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega y Solangie Trujillo, por su presunta responsabilidad en la tortura previa a la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón. Los delitos imputados, según el grado de participación, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.De acuerdo con la tesis del ente acusador, el caso habría iniciado con un engaño digital a través de redes sociales. “El 13 de noviembre del año 2024, a través de la red social TikTok, se realizó un primer contacto”, explicó la Fiscalía, señalando que posteriormente se creó un perfil falso en Instagram que “se utilizó para contactar activamente a la víctima a través del chat”. Según la investigación, la comunicación se intensificó bajo el pretexto de presentarle a una menor de edad identificada como (S.V.B.R).El fiscal detalló que “la menor S.V.B.R insistió en entablar una conversación con la víctima, manifestándole su deseo de conocerlo personalmente”, lo que hacía parte de una estrategia para llevarlo hasta un inmueble en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Allí, según las autoridades, operaba un punto de venta y consumo de estupefacientes que “funcionaba como una olla, presuntamente liderada por Andrés Camilo Sotelo Torres”.El móvil del plan, según la Fiscalía, se originó en un señalamiento sin verificación. “Katherine Andrea Sotelo Torres señaló ante los demás copartícipes que la víctima, en este caso el joven Juan Felipe Rincón, habría sostenido conversaciones y videollamadas de contenido sexual o sexualizado con su hija menor de edad, M.J.S., de 10 años, a través de Instagram. Según su relato, estos hechos habrían ocurrido mientras ella se encontraba en el segundo piso de la vivienda, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes”.El plan acordado consistía en que, una vez la víctima ingresara al inmueble, “sería sometida a una golpiza o castigo físico en represalia por la conducta que se le indilgaba”, indicó el ente acusador, que además precisó que ninguno de los involucrados tenía pruebas sobre las acusaciones hechas contra el joven.Por este motivo, se instrumentaliza a la menor (S.V.B.R), quien fue inducida al consumo de sustancias y utilizada para conducir a la víctima al lugar acordado, luego de reunirse en un centro comercial. Ante la condición de vulnerabilidad de la menor, la víctima accedió a llevarla a su casa esa noche. “En una videollamada posterior, Katherine Andrea Sotelo Torres se hizo pasar por la hermana mayor de SVBR para engañar a la víctima”, logrando que accediera a trasladarse al barrio Quiroga bajo el supuesto de compartir un desayuno.El día de los hechos, el 24 de noviembre, el joven se movilizó con la menor, inicialmente en motocicleta. Sin embargo, el recorrido tuvo un cambio imprevisto al encontrarse con su escolta. A pesar de esto, la Fiscalía señaló que “pese a la advertencia, Andrea Sotelo Torres impartió instrucciones para que se continuara con el plan”, incluso ordenando redirigir el encuentro a un coliseo o parque cercano.En ese lugar se produjo la agresión. Según el relato del fiscal, “Andrea Sotelo Torres lo agredió físicamente, propinándole los primeros golpes”, tras lo cual los demás implicados se unieron. “Se exaltó así una golpiza colectiva e inmisericorde contra la víctima, utilizando puños, patadas y objetos contundentes”, añadió, indicando que incluso se intentó incitar a la comunidad a participar en un linchamiento.Las autoridades establecieron que antes del disparo fatal, el joven ya había sufrido múltiples lesiones. “La víctima había sufrido múltiples lesiones contundentes y abrasivas en cabeza, espalda y extremidades”, producto de la agresión colectiva.Durante el enfrentamiento, el escolta intervino para proteger a la víctima, pero la situación escaló hasta el uso de un arma de fuego. “Lamentablemente, el joven Juan Felipe Rincón Morales falleció en el lugar a causa de un trauma severo por proyectil de arma de fuego que comprometió estructuras vitales torácicas”, señaló la Fiscalía.Finalmente, otro elemento clave en la investigación fue el manejo del celular de la víctima. El ente acusador reveló que el dispositivo fue ocultado en Ciudad Bolívar y que “utilizaron papel aluminio para evitar que la señal del dispositivo móvil fuese rastreada”, lo que evidenciaría intentos de ocultamiento de pruebas.Con estos elementos, la Fiscalía sostiene que se trató de un hecho premeditado, con participación coordinada de varias personas y el uso de engaños para atraer a la víctima, en un caso que continúa en desarrollo judicial sobre la línea de la responsabilidad del homicidio y el origen de la bala que acabó con la vida de la víctima.
La Fiscalía General de la Nación adelantó nuevos interrogatorios dentro de la segunda línea de investigación por el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del director general de la Policía Nacional, general William Rincón, ocurrido en noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. Estas diligencias buscan esclarecer posibles conductas adicionales relacionadas con tortura agravada y otros delitos que habrían rodeado los hechos.El abogado Saúl León, defensor de Andrés Camilo Sotelo Torres, inicialmente señalado como uno de los partícipes del crimen, y de su pareja Tatiana Vega, confirmó que estas nuevas diligencias obedecen al desarrollo paralelo de dos investigaciones. La primera se centra en el homicidio del joven; la segunda, en posibles actos de tortura y otras conductas punibles que habrían ocurrido en el contexto del ataque.En la línea principal por homicidio, el abogado León recordó que la Fiscalía ya había solicitado la preclusión a favor de Sotelo, tras determinar que el arma encontrada en su poder era inoperante, por lo que se descartó que él hubiera accionado el disparo mortal. Sin embargo, la solicitud fue negada por un juez de conocimiento, y la defensa está a la espera de que la Fiscalía decida si presentará nuevamente la petición.En cuanto a la segunda línea de investigación, la Fiscalía citó a Sotelo y Tatiana Vega a diligencia de interrogatorio. Según la defensa, ambos comparecieron y manifestaron su voluntad de colaborar.“Nos han citado a diligencia de interrogatorio a la cual comparecimos y básicamente dejamos constancia de que en todo lo que esté en procura de esclarecer la verdad y a la Administración de Justicia, pues básicamente se facilitará por parte de los procesados y estaremos compareciendo a todas las citaciones”.También se refirió sobre el motivo por el cual la pareja de Sotelo fue citada “Tatiana Vega la citan a interrogatorio porque estuvo presente en el lugar de los hechos, porque hay unos presuntos señalamientos de algunas personas que manifiestan que tuvo que ver con los hechos que rodearon el fallecimiento del joven y pues porque considera la Fiscalía que debe vincularse formalmente a una investigación penal”.Le puede interesar: Fiscalía cita a interrogatorio a 7 personas en el caso de Juan Felipe RincónParalelamente, la Fiscalía culminó la toma de los siete interrogatorios a testigos y vecinos del barrio donde ocurrió la agresión el 24 de noviembre de 2024. Este material probatorio será determinante para que el ente acusador evalúe una eventual imputación de cargos contra las personas involucradas en esta segunda línea de investigación.Por su parte, Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, recientemente señaló que la investigación por tortura avanza desde comienzos de este año, en paralelo al expediente por homicidio. Según indicó, la Fiscalía ha recopilado pruebas documentales, técnicas y testimoniales que respaldarían la hipótesis de que las conductas investigadas no se limitaron al asesinato, sino que incluirían otros delitos graves. “Confiamos en que esta línea arrojará resultados conforme al derecho y con base en los elementos que reposan en el expediente”, afirmó.Con estas nuevas diligencias, el caso entra en una etapa decisiva en la que la Fiscalía deberá definir si existieron actos adicionales que agravaron el crimen y si hay más personas responsables de lo ocurrido. La familia de la víctima y las partes procesales esperan que las conclusiones se conozcan en las próximas semanas.
La Fiscalía General de la Nación decretó nuevas pruebas dentro de la investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón y citó a interrogatorio a siete personas. Entre los llamados figuran Andrés Camilo Sotelo, inicialmente señalado como uno de los participantes en los hechos, varios integrantes de su familia y vecinos del barrio, en el sur de Bogotá, donde ocurrió la agresión el 24 de noviembre de 2024.De acuerdo con el abogado de la familia Rincón, Juan Felipe Criollo, esta línea de investigación avanza desde comienzos de este año, en paralelo a la indagación por homicidio. Según explicó “se han practicado una multiplicidad de elementos materiales probatorios, se han recaudado pruebas técnicas, documentales, testimoniales, que han llevado a la Fiscalía a tomar esta determinación en la cual confiamos que se dé algún tipo de resultados conforme al derecho y a los elementos que reposan dentro del expediente, que en criterio de esta representación de víctimas constituirían un delito de tortura y otros más que están siendo investigados”, afirmó Criollo.Los hechos que originaron la investigaciónEl 24 de noviembre, en un parque del barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, se produjo una confrontación que escaló rápidamente. Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del general William Rincón, actual director de la Policía Nacional, llegó acompañado por su escolta y una menor de 15 años. Según testimonios, allí se encontró con familiares de la adolescente, quienes lo increparon por presuntas conversaciones inapropiadas que sostenía con ella a través de redes sociales.La discusión subió de tono hasta convertirse en un forcejeo y, posteriormente, en una agresión directa que involucró golpes y confrontación física.. El informe de Medicina Legal indica que Rincón recibió impacto de bala, además de múltiples traumas en la cabeza, la espalda y las extremidades.En un primer momento, las sospechas se dirigieron hacia Andrés Camilo Sotelo Torres. Sin embargo, la Fiscalía determinó que el arma encontrada en su poder era inoperante, descartando que hubiera accionado el disparo mortal. Esto abrió nuevas dudas sobre la autoría del tiro que terminó con la vida del joven.De manera paralela, la familia Rincón contrató a investigadores privados cuyos análisis han arrojado hallazgos adicionales. Según uno de los informes técnicos, en la escena del crimen se recuperaron seis vainillas: cinco corresponderían al arma del escolta de la víctima, el patrullero Rico Rueda, pero una sexta no coincide con su dotación oficial. La conclusión preliminar sugiere la presencia de una segunda arma disparada por una persona aún no identificada.
Durante la ceremonia en la escuela de cadetes General Santander, ubicada en el sur de Bogotá, el general William Rincón Rincón habló de sus principales retos ahora que regresa a la institución; cabe recordar que el alto oficial se había retirado a inicios de 2025 tras ocupar cargos como la Inspección y la Unipep.“Me comprometo a garantizar que la Policía acompañe a sus hombres y mujeres en los momentos más difíciles. No solo con palabras, sino con hechos concretos. Y lo digo con autoridad moral, porque lo viví. Los vientos fuertes de la indolencia, y la soledad, y de la ingratitud, y de la insolidaridad, en medio de la tragedia de perder a mi hijo”, dijo Rincón.Y es que Rincón también es recordado por el doloroso caso del homicidio de su hijo en extrañas circunstancias al sur de Bogotá, el 24 de noviembre de 2024, un hecho que lo convirtió en una figura conocida fuera de los círculos estrictamente policiales.El lunes en la mañana fue visto en el Palacio Presidencial, lo que avivó las versiones de que podría regresar a ocupar un rol protagónico.“A partir de estas vivencias, he determinado que cuando un uniformado caiga herido, estaremos allí para sostener a su familia. Cuando uno de nuestros policías sufra una pérdida, o atraviesa una crisis emocional, tendrá el apoyo psicológico y el acompañamiento espiritual, sin temer a ser estigmatizado”, agregó el general.El nuevo director aseguró además que una de sus tareas será priorizar la erradicación de la corrupción entre los uniformados, refiriéndose al caso de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' y considerado el zar del contrabando.“Para que se sostenga la confianza ciudadana y el honor de nuestra institución. No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la Policía para sus fines de enriquecimiento ilícito y perversión moral”, puntualizó.
Tras la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional, será el general William Rincón el que asuma la dirección de esta organización. Así lo dio a conocer Presidencia, que informó de su proceso de reintegración a la institución tras retirarse."Continuar con la misión de la Policía Nacional que está articulada con las Fuerzas Militares para los cinco retos que establecimos nosotros, es uno enfocado al control territorial y garantía de la seguridad ciudadana, dos la soberanía nacional, tres el plan democracia y el cuarto y el quinto que soportan esos tres que es fortalecer las capacidades y garantizar siempre la transparencia de las instituciones", indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El caso de Juan Felipe Rincón, hijo del general William RincónEl nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional trajo de regreso el caso que, hasta ahora, sigue en materia de investigación y fue la muerte de su hijo en extrañas circunstancia en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio Quiroga, el 24 de noviembre de 2024. El menor murió en medio de una riña por un disparo.Cabe recordar que, en diálogo con Séptimo Día, el propio general habló del dolor que dejó este caso en su familia y la manera en que se dieron la cosas. Detalló que el crimen se trató de un "concierto para delinquir" y una extorsión, pues, en videos de cámaras de seguridad, se ha visto la brutal golpiza que recibió antes de su muerte."Cuando empieza la conversación, él le pregunta cuantos años tiene, ella le dice que tiene 22, luego 16 y posteriormente 11. Pero la edad era para posteriormente llevarlo, seguramente al lugar, decirle que usted está hablando con una joven y acusarlo de pedófilo", dijo.Así fue la muerte del joven Juan Felipe RincónLa muerte del joven, de 21 años, se dio luego de que tuviera una cita con una menor de 15 años en el centro de comercial Titán Plaza y, posteriormente, movilizarse hasta su apartamento en la 170 en donde, supuestamente, intentó tener relaciones con ella. Fue la mañana siguiente cerca de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en donde se encontraron con Katherine Sotelo, de 33 años. Los presentaron, pero minutos después Andrés Sotelo y Tatiana Vega, su pareja, irrumpen violentamente en la escena y atacan a Rincón.En la escena hubo una fuerte pelea y en medio de eso el escolta intentó dispararles a los agresores, mientras lo señalaban de "violador" por haber estado con la menor, pero ellos lo golpean con un revólver y, minutos después, se escuchan cuatro disparos de los cuales uno acabó con su vida.
Este martes, 21 de octubre, se conoció que el general William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional. La información fue confirmada por la Presidencia y, ahora, iniciará el trámite para su reintegro a la institución. El general William Rincón fue inspector general de la Policía y salió hace ocho meses en el remezón que acompañó la llegada de Triana a la dirección. Pese a ello, mantiene una imagen en sectores del alto Gobierno y de la institución. Su hoja de vida está marcada por múltiples reconocimientos y condecoraciones.Este lunes en la mañana fue visto en el Palacio Presidencial, lo que avivó las versiones de que podría regresar a ocupar un rol más protagónico, en este caso, como el nuevo director de la institución. Asesinato de su hijo, Juan Felipe RincónRincón también es recordado por el doloroso caso del homicidio de su hijo en extrañas circunstancias en el sur de Bogotá, un hecho que aún sigue en investigación. El hecho ocurrió en el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe Uribe el pasado 24 de noviembre.Desde entonces, el CTI de la Fiscalía ha adelantado operaciones para determinar quién fue el responsable de quitarle la vida a este joven, de 21 años. Recientemente, el general Rincón habló sobre la muerte de su hijo. En una entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, dijo que se trató de un crimen involucrado con una extorsión y "concierto para delinquir"."Aquí no solamente hay un homicidio, sino hay una tortura y hay un concierto para delinquir", afirmó.Trayectoria del nuevo director de la Policía NacionalSu último cargo fue el de inspector general, considerado uno de los de mayor jerarquía. El general Rincón salió de la Policía en febrero pasado tras la llegada de Triana Beltrán y durante su carrera estuvo vinculado a unidades como la Operación Agamenón, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Cuerpo Élite.A propósito del nombramiento de un nuevo director de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los restos que enfrentará son los siguientes: "Continuar con la misión de la Policía Nacional que está articulada con las Fuerzas Militares para los cinco retos que establecimos nosotros, es uno enfocado al control territorial y garantía de la seguridad ciudadana, dos la soberanía nacional, tres el plan democracia y el cuarto y, el quinto que soportan esos tres, que es fortalecer las capacidades y garantizar siempre la transparencia de las instituciones", mencionó el ministro.
El general retirado William Rincón, padre de Juan Felipe Rincón, el joven de 21 años asesinado en el sur de Bogotá el pasado 24 de noviembre, en entrevista con Séptimo Día, afirmó que el crimen se trató de un "concierto para delinquir" y una extorsión. Rincón afirmó que detrás de la brutal golpiza y el disparo que acabó con la vida de su hijo, no fue la supuesta pedofilia, sino un montaje criminal orquestado por un "grupo delincuencial que utiliza la dignidad de las personas para extorsionar". El general retirado explicó que Juan Felipe no estaba chateando con una niña de 11 años, sino con Katherine Sotelo, una mujer de 33 años que "es la dueña del perfil y la que creó el usuario falso". "Cuando empieza la conversación, él le pregunta cuantos años tiene, ella le dice que tiene 22, luego 16 y posteriormente 11. Pero la edad era para posteriormente llevarlo, seguramente al lugar, decirle que usted está hablando con una joven y acusarlo de pedófilo", afirmó el papá de Juan Felipe. Sobre las fotos, el sujeto señaló que se trató de manipulación. Rincón ha calificado la revisión de las nuevas pruebas como los audios de los vídeos de cámaras de seguridad, nuevas tomas de la escena de aquel día y fotografías, como una "tortura" personal, pues ha tenido que ver a su hijo más de 100 veces "cómo muere y repetir la escena de cómo lo golpean"."Aquí no solamente hay un homicidio, sino hay una tortura y hay un concierto para delinquir". El general criticó a Andrés Camilo Sotelo, a quien describió como un actor completo que manipula los escenarios. Rincón cuestionó el actuar del presunto agresor, señalando que "este señor Sotelo sale ese día con gorra tapada, con armas de fuego en la mano, golpeando a mi hijo, diciendo una cantidad de vulgaridades y hoy vaya véalo en los medios de comunicación, como si fuera un santo". Cabe resaltar que Andrés Camilo Sotelo Torres, identificado en los videos como uno de los agresores, habló sobre las acusaciones.Sotelo afirmó que los hechos no fueron premeditados, sino el resultado de una alerta de su hermana, Katherine, después de haberle informado el día anterior que su sobrina "estaba entablando una conversación con una persona y se estaban mandando fotos y videollamadas".Sotelo asegura que fue el escolta de Juan Felipe quien propinó el disparo que acabó con su vida y afirma ser inocente. Vea el video completo aquí:
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
