En las próximas semanas podría reactivarse el cobro en el peaje Papiros para los vehículos de categorías 1 y 2 que transitan en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, y la sola idea empieza a reavivar las molestias entre los atlanticenses, en especial entre los habitantes de Puerto Colombia que se han manifestado como principales afectados por esta caseta.Después de un año y tres meses de protestas, bloqueos, mesas de diálogo, reuniones y demás, todavía no ha habido un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad sobre el futuro de este peaje, en el que hasta ahora solo se ha decidido el paso libre para automóviles y busetas, pero como una medida temporal.La Gobernación del Atlántico informó que para “el próximo 6 de mayo está programada una reunión con la comunidad del municipio, veedores y comités para socializar la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la tarifa diferencial de la caseta de cobro y sobre los estudios realizados por la Sociedad de Ingenieros del Atlántico”.Sin embargo, desde el Comité No al Peaje insisten en que no se conformarán con una rebaja en la tarifa, pues lo que buscan es el desmonte de la caseta. "Nosotros como comunidad no estamos solicitando en ningún momento una tarifa diferencial para categorías C1 y C2, nosotros lo que necesitamos es que no se cobre ni un solo peso", expresó William Álvarez, vocero del comité.Ante las molestias por supuestas reuniones que se estarían realizando a espaldas de la comunidad, la Gobernación del Atlántico aclaró que “en ningún momento se han tomado decisiones y soluciones definitivas sin antes involucrar a todas las partes: autoridades locales y nacionales, gremios, concesionarios y diputados”.La gobernación agregó que, “a través de la Secretaría del Interior, se continúan liderando las mesas técnicas con los actores involucrados, con el fin de llegar un consenso que beneficie, principalmente, al desarrollo del municipio de Puerto Colombia y a sus habitantes”.
La Sociedad Colombiana de Arquitectos (Regional Atlántico) 'salió al paso' este fin de semana para referirse a los proyectos de vivienda ‘Ciudad Mallorquín’ y ‘Portal del Norte’ del grupo empresarial Argos, que han desatado una fuerte polémica entre Barranquilla y Puerto Colombia por presuntas modificaciones irregulares en el uso del suelo.Siendo así, a través de un comunicado indicaron que nuestro territorio “depende de los ecosistemas ambientales" y que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6° y 7° de la ley 1625 de 2013, se deben garantizar la coordinación y el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla, garantizando un verdadero Plan Integral de Desarrollo Urbanístico a largo plazo, todo ello bajo un componente de ordenamiento territorial.Dentro de ese Plan Integral de Desarrollo, según explicó Alfredo Álvarez Castellanos, presidente de la Sociedad de Arquitectos Regional Atlántico, deben predominar los ecosistemas, corredores y parques ambientales que, según advierte, podrían estar en peligro por la puesta en marcha de los proyectos ‘Ciudad Mallorquín’ y ‘Portal del Norte’."Los entes territoriales que integran el Área Metropolitana de Barranquilla les corresponde acoger en sus POT todas estas reglamentaciones porque obligatoriamente deben tenerse en cuenta para todos los proyectos que se vayan a hacer", dijo. Además, en el documento dejan de manera explícita que el sistema natural es el soporte para el ordenamiento territorial, “si se considera que establece los parámetros de lo existente en términos de oferta y demanda de bienes y servicios ecosistémicos para la población”.Como se recordará, la Procuraduría comenzó desde hace más de dos semanas una etapa preventiva para atender las preocupaciones que se han dado en Barranquilla y el Atlántico frente a estos dos proyectos de la empresa Argos, teniendo en cuenta los impactos ambientales que se darían en la Ciénaga de Mallorquín, río Magdalena y Área Metropolitana.Por su parte, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, CRA, se encuentra revisando el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, teniendo en cuenta que los proyectos cuentan con un porcentaje significativo de avance pero, al parecer, no hay claridades sobre el manejo de alcantarillado, acueducto, vías, hospitales y colegios.
Las denuncias por el presunto daño ambiental causado por el levantamiento de un complejo habitacional de 18.000 apartamentos en cerca de 80 hectáreas junto a la Ciénaga de Mallorquín, la cual está cobijada con la declaratoria Ramsar, ya es objeto de indagación para la Fiscalía General de la Nación, la cual se sumó a las averiguaciones que también está haciendo la Procuraduría a e ste proyecto de Argos.Blu Radio conoció que desde la Fiscalía Atlántico ya se están realizando varias diligencias asociadas a entrevistas, reconocimiento de terreno y recolección de documentos, pues las denuncias establecidas por organizaciones ciudadanas apuntan a que el proyecto urbanístico arrasó con más de 50 hectáreas de bosque seco tropical, que además hacía parte de una zona de desarrollo especial y limitado.Entre tanto, Gustavo Guerrero, procurador delegado ambiental y agrario en Barranquilla, señaló que tras identificar poca articulación entre las autoridades ambientales para las expediciones en su momento de los permisos y el seguimiento a la intervención de la obra, ahora buscará contener el desarrollo, si efectivamente hay un impacto ambiental negativo."Y la idea es generar mecanismos que permitan contener el desarrollo urbanístico, reducir las densidades y utilizar algunos mecanismos de compensación para que efectivamente haya una acción decidida que contenga la expansión urbana y que nos preserve este ecosistemaA esto se sumarán visitas en terreno a las zonas de la construcción para verificar el impacto de la obra.
Al término de una primera mesa de trabajo realizada en el norte de Barranquilla para revisar la puesta en marcha del polémico proyecto ‘Ciudad Mallorquín’ de la empresa Argos, la Procuraduría advirtió que la Ciénaga de Mallorquín ya estaría revelando sus primeros impactos ambientales, producto de la carga de construcción del complejo habitacional en Puerto Colombia, Atlántico.Al menos así lo dejó saber el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios del organismo de control, Gustavo Guerrero, quien explicó que muy posiblemente estarían en crisis la vegetación de la ciénaga respecto a la salacuna de peces, a lo que se sumaría una función vital como barrera natural contra los huracanes.Pese a que el funcionario público escuchó las explicaciones que entregaron distintas autoridades locales para justificar la construcción de 18.000 mil apartamentos, de los cuales hay terminados alrededor de 5.000 mil hasta el momento, consideró sorpresiva la desarticulación entre los distintos actores para llevar a cabo un proyecto urbanístico en zona protegida.Siendo así, para Guerrero aún no estaría claro el manejo que se le dará al alcantarillado, acueducto, vías, colegios, centros de salud que soporten una urbanización en la que se tiene previsto el asentamiento de más de 40.000 personas."Pues nos preocupa que se percibe una desarticulación institucional, frente a un escosistema que no es uno solo. No es solo un cuerpo de agua, es una cuenca, es un ecosistema que comparten dos municipios, por eso hemos instado a establecer medidas de articulación y concreción en cuanto a decisiones muy puntuales frente a la defensa de la Ciénaga de Mallorquín", dijo.Para Guerrero, inclusive, los impactos ambientales también podrían involucrar al parque Isla Salamanca, al río Magdalena y a la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que la Ciénaga de Mallorquín no es solo un cuerpo de agua, sino un completo ecosistema de reserva natural.
Los embates de la naturaleza continúan generando estragos en las playas de Puerto, Colombia, donde múltiples casetas quedaron completamente inundadas por cuenta del intenso oleaje de hasta 3.5 metros de altura que están provocando las fuertes ráfagas de vientos de hasta 56 km/h.Es el caso puntual de Playa Rosita, ubicada en el sector conocido como ‘Ciudad Intermedia’, en cercanías al muelle de Puerto Colombia, donde las aguas arrasaron con al menos diez casetas de las que dependen económicamente 150 familias de la zona, teniendo en cuenta que en ellas trabajan cocineros, meseros, entre otros. Y es que, pese a que los mismos comerciantes intentaron frenar la inclemencia de las aguas colocando sacos de arena en la orilla desde la noche de este martes, desafortunadamente la medida no dio resultados. Juan Muñoz, casetero de Playa Rosita, explicó que dormir es un lujo para ellos, pues temen que pueda registrarse una tragedia sin precedente alguno."Nosotros aquí no dormimos, vamos turnándonos una hora cada uno. Esto aquí es impresionante, las aguas han partido sillas, han reventado la madera, han socavado las bases de las casetas, no estamos tranquilos. Anoche fue una arremetida tremenda, el agua como que brincaba sobre los negocios", relató Muñoz. Y es que, como se recordará, dichas condiciones están relacionadas con la interacción entre sistemas de alta y baja presión que, a su vez, estarían alterando el flujo de los vientos para la costa norte colombiana.Alexander Martínez, meteorólogo de turno del Ideam, confirmó que en la zona marítima oriental y/o central del Caribe colombiano tuvo que ser declarada la alerta naranja."Tenemos alerta naranja particularmente hacia la zona marítima central/oriental, con vientos que van desde los 20 a 30 nudos, con posibilidad de que puedan intensificarse, con oleaje que podría llegar hasta los 3.5 metros de altura para esta zona", dijo.Debido a la situación, que podría extenderse para las próximas 72 horas, desde la capitanía del Puerto de Barranquilla piden extremar medidas en zonas portuarias, playas y en medio de labores de pesca. El capitán de navío Jesús Zambrano entregó recomendaciones, a propósito de la prevención en materia de emergencias."Este fenómeno se sentirá durante las próximas 72 horas y, al término de este lapso de tiempo, tendrá un proceso de disminución en la intensidad de oleaje, sin embargo, invitamos a la comunidad marítima que estén atentas para evitar emergencias".
A la empresa Argos la están cuestionando en el departamento del Atlántico por dos proyectos de construcción que está desarrollando en zonas que habrían sido sometidas a "sorpresivos" cambios de uso de suelo. Por un lado, están erigiendo una ciudadela de 18 mil apartamentos en una zona que era de reserva ambiental, y por la otra están proyectando la construcción de otro complejo habitacional en zona industrial, que hasta 2021 era de uso reservado para proyectos empresariales.En los últimos años el grupo Argos ha sido protagonista en la expansión urbanística de Barranquilla y Puerto Colombia. Precisamente, en este último municipio, la mencionada empresa está construyendo un complejo residencial de 18 mil apartamentos que fue levantado en una zona contigua a la Ciénaga de Mallorquín, la cual en 2007 fue protegida de proyectos habitacionales por la fragilidad de su ecosistema al ser cobijada por el Pomca (Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica) como zona de uso múltiple restringido. Sin embargo, María Correa, lideresa del barrio Las Flores, asegura que en 2017 la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) decidió retirarle esta restricción para convertirlo en sector para expansión urbana, con lo que Argos entró a levantar sus edificios.Pues esta mole de infraestructura no solo generaría un impacto al medio ambiente, sino que no contaría además con suficientes vías para la movilidad de los más de 24 mil vehículos que se prevé que ocuparían este proyecto, con lo que se estrangularía la movilidad de la zona.Ante esto, la líder Correa, envió el pasado 8 de marzo un derecho de petición de 14 puntos a la CRA, en los que cuestiona a la autoridad ambiental por dar luz verde al mencionado proyecto."¿Qué motivó la trascendental decisión de cambiar la zona de uso restringido a uno de expansión urbana? Que indiquen los términos y como plasmaron que se mantuviera la conectividad con los ecosistemas de agua y tierra. Una cosa son las lógicas humanas de desarrollo y otras son las de la naturaleza", expone Correa. También junto a una fábrica. Pero no solo esto le cuestionan a Argos, sino también la construcción de un complejo habitacional de viviendas de interés social en una zona de Barranquilla que hasta 2021 era suelo de uso industrial. Tal proyecto está ubicado junto a la conocida empresa Tecnoglass, una fábrica de vidrios junto a la cual no deberían haber residencias. La situación incluso generó molestias a la compañía, la cual considera que con esto están limitando la expansión operativa de una fabrica que actualmente genera más de diez mil empleos. Una situación por la que la lideresa María Correa también presentó un derecho de petición a los entes ambientales.Esta situación ha abierto un telón de dudas frente a las actuaciones desarrolladas al respecto por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la cual indicó que solo se limitarán a contestar el derecho de petición recibido por la comunidad, mientras que Argos indicó que alista un pronunciamiento al respecto.
Bajo exhaustivo análisis del gremio transportador del Atlántico, Comité 'No Más Peaje' y la Autoridad Departamental se mantiene la propuesta hecha por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre cobijar a los vehículos de categorías CIII en adelante con una tarifa diferencial en el polémico peaje ‘Papiros’.Esto, luego de una mesa técnica sostenida el pasado viernes en medio de la Comisión Accidental instalada, desde hace varias semanas, para revisar los avances en materia de acuerdos sobre el futuro que debería tomar la caseta de recaudo, ubicada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Y es que, al margen de dicha propuesta, durante el encuentro se ratificó que la concesión Ruta Costera tiene el compromiso de entregar un informe en cuanto a las modelaciones de tráfico para que la Sociedad de Ingenieros del Atlántico pueda emitir un concepto.El diputado Camilo Torres Villalba, quien funge como presidente de la Comisión Accidental, indicó que resulta positiva la disposición de la ANI para concertar acuerdos con la comunidad de Puerto Colombia, sobre todo para el sector transporte y/o comercio.“La primera de las victorias es que fue ratificada la participación y apoyo de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico para la realización de un nuevo estudio técnico de viabilidad de la caseta de cobro Papiros. Este estudio da nuevas luces de transparencia que son necesarias para encaminar una solución definitiva”, expresó el diputado.“Destaco la buena voluntad de la ANI que realiza estos estudios para establecer una tarifa diferencial para las categorías C3 a C7, es decir, camiones de carga. Es un alivio para los comerciantes de la zona que se dedican a esto. Hay que resaltar, que el cobro de las categorías C1 y C2 siguen suspendidas”, puntualizó.Las mesas técnicas son lideradas por la Gobernación del Atlántico, en cabeza del secretario del Interior, José Luque, en conjunto con la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la ANI, Concesión Ruta Costera, Asamblea del Atlántico y Comité ‘No Más Peaje’.
En menos de un mes se registró una segunda muerte por inmersión en Puerto Colombia, Atlántico. Esta vez en un sector aledaño al icónico muelle del municipio, donde un joven de 22 años ingresó al mar, pese a ser esta una zona prohibida para bañistas, y fue arrastrado por la corriente.La víctima, identificada como Juan Diego Durango Borja, fue rescatada por el grupo de salvavidas y llevada hasta el Hospital Municipal de Puerto Colombia, pero allí los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.Las autoridades ahora investigan si su muerte tuvo que ver con alguna indigestión o el consumo de algún alimento, pues ingresó al mar justo después de comer, o si por el contrario se trató de una imprudencia, ya que también se estaba bañando en un área no permitida."Nosotros en el municipio de Puerto Colombia tenemos un dispositivo de 55 unidades de salvavidas que garantizan la seguridad de todas estas personas que llegan a las playas, pero hay zonas con restricciones para bañistas y aun así hay personas que no acatan estas normas de prevención que establecemos para garantizar la integridad de ellas", explicó el jefe de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leyva.Según Leyva, cada fin de semana entre 15 y 17 personas son rescatadas en las playas de Puerto Colombia y en su mayoría son jóvenes que se ven en riesgo como consecuencia de su misma imprudencia.
Una multa de un salario mínimo mensual vigente, cada uno, es el precio que tendrán que pagar los dos hombres que la noche del pasado domingo 10 de marzo protagonizaron una violenta riña al interior del exclusivo club de playa Kilymandiaro, en Pradomar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico.Los hechosLa versión que rindieron algunos testigos a las autoridades apunta a que la pelea se habría desatado luego de que uno de los hombres, al parecer, le faltara el respeto a una mujer que se encontraba en el lugar y la pareja de esta lo enfrentó y hasta hizo disparos al aire con un arma traumática para amenazarlo.Sobre los responsables de la peleaAmbos hombres fueron trasladados a la Unidad de Servicios Especializados de Convivencia y Justicia (UCJ).Sellaron temporalmente el club de playaMientras tanto, el centro turístico fue sellado temporalmente por 10 días por orden del comandante de la Estación de Policía de Puerto Colombia, Atlántico.Las razones"A este establecimiento se le practicó un cierre durante 10 días por no realizar los controles pertinentes para evitar el ingreso de armas a este negocio", informó el jefe de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leyva."Seguimos trabajando por parte de la Oficina para realizar los operativos pertinentes y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en nuestro municipio", agregó.Pese a que hubo un par de disparos y la situación causó conmoción en el balneario, las autoridades confirmaron que el hecho no dejó personas heridas.
Fueron capturadas cinco personas mediante una orden judicial emanada por el delito de concierto para delinquir agravado en Puerto Colombia, Atlántico, luego de que investigaciones los señalaran como autores de la comisión de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla.Las diligencias de registro y allanamiento, realizadas entre los barrios Altos del Girasol, Colina del Sol y Altos de la Rissota en el municipio de Puerto Colombia, fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Mediante diligencias de registro y allanamiento, en el municipio de Puerto Colombia unidades de Investigación Criminal e Inteligencia capturan a cinco personas por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado", explicó el coronel Cesar Sarabia, subcomandante de la Policía de Barranquilla. Así mismo, el coronel Sarabia indicó que "éstos presuntos delincuentes serían los principales dinamizadores de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en el municipio de Puerto Colombia y sectores aledaños".Además, la Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que dentro de los capturados se encuentra un sujeto conocido como alias ‘Cabe’, quien registra tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto."La Policía Metropolitana de Barranquilla continuará desarrollando acciones preventivas y operativas con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. De igual forma, invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123", reiteró.
Este domingo, 28 de abril, en Sala De Prensa Blu, Carlos Felipe Moreno, uno de los sobrevivientes de la tragedia de 21 Ángeles del colegio Agustiniano Norte, contó su historia luego de dos décadas de haber perdido a su hermano.Carlos recuerda que, como cualquier niño, suprimió recuerdos de su infancia para aliviar el dolor, sin embargo, lo condena la reminiscencia de aquel día que aún acecha su mente. Su recuerdo más impactante es de él volando por el aire junto a su hermano, quien lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente.Dos décadas del accidente de bus del colegio Agustiniano Norte"La gente que vive esta situación siente que tiene dos opciones: renegar de Dios o afianzarse en él. Personalmente, creo que la segunda es la mejor elección. Es decir, siento que esta es una oportunidad para encontrar una vida espiritual más profunda y trascendente, para salir de uno mismo. A veces nos concentramos demasiado en alcanzar ciertos estatus o metas, y olvidamos que estamos aquí por un propósito más grande que nosotros mismos", afirmó.Durante estos 20 años, las familias de los niños fallecidos han seguido unidas, encontrando consuelo y apoyo mutuo, y esta fecha quisieron tomarla para reunirse, recordar y homenajear a sus seres queridos. A Carlos, esta reunión le ha hecho revivir sentimientos de nostalgia y dolor, pero también de amor y de unidad.La pérdida de su hermano mayor ha dejado un vacío en su vida que nada puede llenar, sin embargo, Carlos se aferra a la memoria de su hermano y agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de seguir adelante. Él ve su supervivencia como una oportunidad para encontrar un propósito más allá de sí mismo y ayudar a los demás.En este aniversario de la tragedia, Carlos manda un mensaje a su hermano Sebastián Camilo, recordándole que siempre estará presente en su vida. Su amor y recuerdo son su motor para seguir adelante."Mi hermano, esta lucha continúa. Son 20 años que estás presente y siempre estarás presente, que el recuerdo tuyo y de los otros, angelitos, pues nos permita siempre darnos cuenta de lo verdaderamente importante, que siempre vamos a recordar ese amor y esa ternura y que va a ser siempre nuestro motor para seguir adelante", dijo.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
La Defensoría del Pueblo emitió el informe de tutelas por vulneración del derecho a la salud durante el 2023. De las 633.475 tutelas interpuestas en el país, 197.765 corresponden a servicios relacionados con la salud, siendo la tercera cifra más alta desde que ese mecanismo de protección fue instaurado en la Constitución de 1991.El recurso para amparar el derecho fundamental a la salud aumentó el 26,44% en relación con el 2022, cuando fueron interpuestas 156.413.“El mayor número de tutelas se sigue concentrado en los departamentos de Antioquia, con el 18,79%, seguido de Valle del Cauca (10,83 %), Bogotá (9,61%), Norte de Santander (7,35%) y Santander (5,75%). No obstante, el registro por cada 10.000 habitantes dio cuenta de que Arauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y San Andrés tuvieron los indicadores más elevados”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el 80.72 %, se constituyeron como las entidades más vulneradoras, seguida por las instituciones prestadoras de salud (IPS), como las que prestan servicios al Magisterio (4,92 %), y el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía (4,47 %).La Nueva EPS, hoy intervenida, fue la aseguradora más tutelada, al registrar 44.323 acciones constitucionales (actualmente, con más de 10 millones de afiliados), para una participación del 27,37%. En segundo lugar se ubicó la también intervenida Sanitas, con 16.212 tutelas (10,01%). Le siguieron Sura EPS, con 15.170 (9,37%), Savia Salud, con 14.255 (8,8%), y Asmet Salud, con 12.459 (7,68%).Atendiendo al número de tutelas por cada 10.000 afiliados, Savia Salud fue la aseguradora con el indicador más alto, al registrar 85. Le siguieron Asmet Salud, con 68; Comfaoriente, con 57; Servicio Occidental de Salud, con 50, y Emssanar, con 46.Los pacientes que más interpusieron tutelas fueron aquellos que padecen tumores (11,73%), enfermedades del sistema osteomuscular (9.51 %) y enfermedades del sistema circulatorio (9.42 %).
En el Club Militar de Paipa, Boyacá, el presidente Gustavo Petro se reúne en este momento con su gabinete ministerial para analizar la situación política del país y estudiar los efectos de las recientes movilizaciones, particularmente las ocurridas el domingo 21 de abril.Desde el sábado 27 de abril el Consejo de Gobierno se reunió en este conclave donde ya abordaron los siguientes puntos:Se expusieron los avances, la evolución y los desafíos del Programa de Gobierno.El Departamento Nacional de Planeación presentó los evidentes avances del gobierno y el seguimiento a los indicadores de gestión y las prioridades de cada entidad.Se reafirmó la importancia de pasar de una economía extractivista a una productiva.Se solicitó reportar y cargar de manera periódica la ejecución presupuestal, destacando la efectividad, estrategia y planificación en el uso de los recursos asignados por parte de los ministerios y direcciones.El Ministerio de Hacienda resaltó la relevancia de impulsar los sectores estratégicos de la economía y la necesidad de reestructurar el modelo productivo colombiano, reduciendo la dependencia de las bonanzas petroleras.Se destacó la necesidad de fortalecer la comunicación sobre los avances y logros del Gobierno Nacional.Se hizo un llamado a fortalecer la conexión y participación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno, tanto en barrios de las grandes ciudades como en zonas rurales del país.En el marco de la planeación estratégica, se revisó el presupuesto de 2025, se establecieron las fechas de las metas y se expusieron los legados que el Gobierno Nacional tiene previsto dejar en 2026.Se reafirmó el compromiso de trabajar en equipo y avanzar en el cambio social consignado en el programa de gobierno.
La representante a la Cámara, por el partido Fuerza Ciudadana del Magdalena, Ingrid Aguirre Juvinao hizo publica una denuncia, que presentó ante la Fiscalía, el Gaula, la Unidad de Protección Nacional y el Ministerio de Defensa, en donde señala que ella, su familia y su equipo de trabajo están siendo víctimas de mensajes amenazantes, que han recibido por diferentes modalidades, siendo las redes sociales, el primer canal en donde las recibe.De acuerdo lo manifestado por Aguirre Juvinao, las amenazas recibidas provienen de redes sociales públicas y privadas, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía, además, asegura que estos mensajes intimidatorios comenzaron a llegar cuando ella se inició la campaña de recolección de firma en contra de las empresas comercializadoras de energía en el Caribe, Air-e y Afinia, por medio de la cual espera recoger 2 mil firmas que respalden el descontentos de los costeños con estas entidades."Amenazas mediante las que se ha puesto en riesgo tanto mi integridad, mi vida y la de mi familia, militantes que respaldan la iniciativa e incluso la de mi propio equipo de trabajo", ratificó la congresista.En el escrito, firmado por la Representante, Aguirre Juvinao sindica que ya se tiene conocimiento de las personas que estarían detrás de estas amenazas, y que la Fiscalía adelanta todas las investigaciones para esclarecer los hechos."Debo indicar que las autoridades ya tienen conocimiento de las personas involucradas dentro de las cuales se encuentran magistrados, periodistas, parlamentarios y poderosos empresarios; sin embargo, confío en las instituciones y en la pronta administración de justicia", agregó.Finalmente, la congresista aseguró que continuará dando la lucha por su gente y porque estas empresas no sigan abusando del bolsillo de los costeños.“Como ciudadana, Representante a la Cámara, militante de Fuerza Ciudadana, y especialmente como mujer, no me amilanaré ante estas amenazas. Confío en las autoridades, en la administración de justicia y por ello, seguiré comprometida con todas las causas actuales, pensadas en beneficio exclusivo del pueblo y la gente honrada de la costa caribe”, puntualizó.
Organismos de socorro se encuentran en la búsqueda de una persona extraviada en el corregimiento de Los Andes, en el sector de Peñas blancas de Cali, que fue reportada como perdida desde la noche de este sábado por la comunidad.El equipo de rescate de bomberos fue activado de manera inmediata, quienes realizan las labores en la zona densa aledaña a los Farallones de la ciudad."Estimamos más o menos que cerca de las cuatro de la tarde se pueda hacer contacto con la persona y podamos extraerlo sin ningún contratiempo, en total son 27 bomberos los que están en la zona, buscando a este ciudadano", dijo el capitán José Alberto Hernández, director de gestión de riesgos y emergencias de los Bomberos de Cali.La persona perdida sería, al parecer, un funcionario público de Parques Nacionales Naturales que adelantaba una labor en la zona, y, por tanto, se decidió activar un Puesto de Mando Unificado para entregar información detallada del minuto a minuto de la búsqueda."Por este tipo de evento es importante coordinar con otras entidades, a raíz de esto se instaló el PMU, y como es un funcionario público y por la naturaleza de su trabajo se puede decir que conoce muy bien la zona, es una persona que está entrenada para esto, entonces creemos que esto puede facilitar que de señales de su paradero", expresó Jocelyn Daza, secretaria de Gestión de Riesgo de la alcaldía de Cali.En la búsqueda también participan hombres del Ejército Nacional, la Defensa Civil e incluso la Policía de Carabineros para entrar a la espesa selva con los equinos.