Los hechos se registraron en el barrio San Vicente, luego de que la central de radio alertara sobre una riña en plena vía pública en la que una persona resultó gravemente herida. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía con lesiones ocasionadas, al parecer, con arma cortopunzante.De acuerdo con las autoridades, gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de cámaras de seguridad del sector, se activó un Plan Candado que permitió ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables del ataque. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.En video quedó registrado el momento exacto en el que el presunto agresor saca un arma cortopunzante y persigue a la víctima en plena vía pública, propinándole varias heridas de gravedad. Luego del ataque, el hombre huyó por una de las cuadras del sector.El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye. Según la Policía, esta persona registra anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o del CAI más cercano.
Una nueva modalidad de ocultamiento de elementos robados surge en Bogotá. Tras la llamada de emergencia de dos ciudadanos por el hurto de sus celulares, la Policía comenzó la persecución en el barrio Ramajal de San Cristóbal a un taxi que fue identificado con varios dispositivos ocultos en su interior, pero llama la atención que estaban forrados en papel aluminio para, aparentemente, evitar ser rastreados.En medio del proceso de verificación, dentro del taxi había cuatro celulares hurtados avaluados en 10 millones de pesos, ya que son de alta gama. De acuerdo con la explicación de las autoridades, al envolverlos en papel aluminio, posiblemente funcionaría como inhibidor de señal para evitar ser monitoreados con el GPS de otros teléfonos.Así las cosas, la Policía también confirmó que de los cinco capturados, tres ya tienen antecedentes por delitos de hurto agravado y falsedad marcaria. Entre tanto, los señalados delincuentes deberán enfrentar cargos por hurto y falsificación y ya están a disposición de la fiscalía para legalizar su captura.Por otro lado, en lo corrido del 2026, en San Cristóbal se han hecho 296 capturas por hurto de celulares y la recuperación de 20 móviles que han sido devueltos a sus propietarios.
Este miércoles 12 de noviembre, el Hospital Santa Clara informó sobre un nuevo parte médico del menor de 7 años que fue arrollado junto a otras 10 personas en la localidad de San Cristóbal, exactamente en el barrio Santa Rita, el pasado sábado 8 de noviembre.“Los pacientes reciben seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial, en un proceso de atención integral y humanizada”, dice el comunicado.Sin embargo, precisaron que, en relación con el menor de 7 años, este permanece en estado crítico y recibe todo el tratamiento pertinente a su condición de salud.Asimismo, informaron sobre el estado de salud de la otra menor, de 12 años, quien se encuentra hospitalizada, estable y recibe acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar.Cabe recordar que un hombre que también fue arrollado, y quien ya había sido dado de alta, tuvo que ser ingresado nuevamente. “Al paciente masculino de 27 años se informa que ingresó el lunes 10 de noviembre por el servicio de urgencias del Hospital La Victoria, desde donde fue trasladado el mismo día al Hospital Santa Clara para continuar con su manejo especializado”, detallaron.“El Distrito reitera su compromiso con una atención digna, humana y continua, así como su solidaridad con las familias de los pacientes, a quienes se brinda acompañamiento psicosocial permanente”, aseguraron en el comunicado.Cabe recordar que Karol Stephania Arturo Torres, la adolescente de 15 años involucrada en el accidente, murió el pasado martes 11 de noviembre y había sido diagnosticada con muerte cerebral y que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días.El conductor que arrolló a las 11 personas se encontraba en estado de ebriedad, identificado como José Eduardo Chalá de 56 años, aceptó los cargos por homicidio agravado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. Además, el hombre aseguró que solo se había tomado 4 cervezas.
Después de permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, falleció Karol Stepania Arturo Torres, la menor de 15 años que había resultado gravemente herida tras ser arrollada por un taxista en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.El lamentable hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad. Stepania fue una de las víctimas con lesiones más severas y permaneció hospitalizada en condición crítica.¿De qué murió la menor que fue arrollada por taxista ebrio?Según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Clara con indicios de muerte encefálica y un pronóstico poco alentador desde su ingreso. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció a las 4:34 de la tarde de este 11 de noviembre, producto de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del centro médico.“La Subred lamenta profundamente el fallecimiento de la menor Karol Stepania Arturo Torres, víctima del siniestro vial en la localidad de San Cristóbal. Nuestro equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y de soporte vital establecidos”, indicó la entidad en un comunicado oficial.La Secretaría de Salud del Distrito reiteró que la familia de la víctima está recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y evitar tragedias similares.En cuanto al estado de las demás víctimas, se conoció que un menor de siete años, hermano de la menor de 15 años que falleció, permanece en la UCI bajo protocolos de neuroprotección cerebral, mientras que otra niña de 12 años presenta un trauma craneoencefálico leve y continúa en observación médica.Por su parte, el conductor involucrado fue enviado a prisión preventiva tras aceptar cargos por tentativa de homicidio agravado y lesiones personales dolosas. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven, la Fiscalía podría reclasificar los delitos a homicidio consumado.El Distrito insistió en su compromiso de garantizar atención integral a los afectados y en fortalecer las acciones de prevención para proteger a los peatones y usuarios viales más vulnerables.
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó la muerte de la menor de edad que permanecía en el Hospital Santa Clara tras ser arollada por el taxista que manejaba en estado de embriaguez en el sur de Bogotá el sábado 8 de noviembre. En ese siniestro vial también resultaron lesionadas otras 10 personas en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal.Lamentablemente Karol Stephania Arturo Torres, la adolescente de 15 años, quien fue diagnosticada con muerte cerebral y que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días, falleció este martes, 11 de noviembre, a las 4:34 de la tarde a causa de un paro cardiorrespiratorio."Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales", escribió el secretario en su cuenta de X.En las últimas horas, la comunidad de ese sector se reunió en una velatón para orar y pedir por la recuperación de los menores luego de este grave accidente que, infortunadamente, acaba con la vida de una joven que se encontraba caminando con su familia en el barrio.A la cárcel taxista que manejaba en estado de embriaguezEl taxista José Eduardo Chalá, responsable de atropellar a once personas, entre ellas cuatro menores de edad, fue enviado a prisión tras aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales, según informó la Fiscalía.Tras la muerte de la menor de 15 años, su hermano de siete años permanece en estado crítico en UCI, mientras que el resto de los heridos fueron atendidos en centros asistenciales cercanos.Vale recordar que, tras el accidente, la Policía trasladó a Chalá a un hospital, donde fue sometido a una valoración médica y posteriormente a exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales confirmaron que tenía grado tres de alcoholemia, el nivel más alto permitido por la ley. Según el reporte de la Fiscalía, el conductor perdió el control del vehículo, arrolló a los peatones que estaban en una esquina, cerca a una barbería, y finalmente chocó contra la fachada de una vivienda.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó al taxista ante un juez de control de garantías, quien ordenó su medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Durante la audiencia, Chalá aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambos agravados, reconociendo su responsabilidad en el trágico hecho que ha conmocionado a la capital del país.La Policía de Tránsito también reveló que el conductor tenía un historial de más de 10 multas por infracciones cometidas en los últimos años.
En la noche de este lunes, 10 de noviembre, se realizó una conmovedora velatón en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá, para pedir por la salud de los dos menores en estado crítico y los demás heridos luego de ser embestidos por un taxista que conducía en estado de embriaguez. Decenas de personas se reunieron en el sur de Bogotá para orar por la recuperación de los lesionados, especialmente de los menores de edad que permanecen en estado crítico, pues uno de ellos, según familiares, tiene muerte cerebral.Vale recordar que el sábado 8 de noviembre el vehículo que manejaba el taxista José Eduardo Chalá embistió a un grupo de personas que estaba cerca de una barbería luego de exceder los límites de velocidad y, posteriormente, impactar con la fachada de la casa, dejando 11 personas afectadas.A la cárcel taxista de accidenteEl taxista fue enviado a la cárcel por un juez luego de aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales. Chalá atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio Santa Rita, en el sur de la capital.El accidente ocurrió cuando Chalá conducía en estado de embriaguez y a exceso de velocidad, perdiendo el control del vehículo y colisionando contra un grupo de personas que estaban en una esquina. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona y dos de ellos permanecen en estado crítico.La Fiscalía informó que Chalá se encontraba en grado tres de alcoholemia, lo que indica un alto nivel de embriaguez. Además, se reveló que el taxista tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito en los últimos años.Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con traumas craneoencefálicos graves y uno con muerte cerebral. Una menor de 12 años se encuentra en observación pediátrica con evolución satisfactoria.Chalá aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. La Policía de Tránsito de Colombia informó que se tomarán medidas para prevenir accidentes similares en el futuro.
Bogotá sigue consternada por el trágico accidente ocurrido el pasado sábado en horas de la noche en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad.El siniestro fue protagonizado por el taxista José Eduardo Chala Franco, de 56 años, quien arrolló violentamente a once personas que caminaban por la vía. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad: un bebé de cuatro meses, un niño de siete años, una niña de doce y una adolescente de quince, tres de los cuales permanecen en estado crítico en el Hospital Santa Clara, ubicado en el centro de la capital.El estado de los menores atropellados por taxistaSegún el reporte médico emitido por el Hospital Santa Clara este lunes 10 de noviembre, la joven de quince años se encuentra en proceso de confirmación de muerte encefálica. El menor de siete años continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estrictos protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.Por su parte, la niña de doce años permanece en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y lesiones de tejidos blandos, aunque su evolución ha sido positiva, de acuerdo con el informe de la entidad de salud.El taxista tenía más de diez comparendosDurante una entrevista con Blu Radio, la general Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito de la Policía, reveló que José Chala conducía el vehículo pese a tener restricción por pico y placa y contaba con más de diez comparendos por diversas infracciones, entre ellas exceso de velocidad y estacionamiento en zonas prohibidas.Asimismo, explicó que, según el Código Nacional de Tránsito, una persona que conduzca en grado dos de embriaguez —como lo determinaría el informe de Medicina Legal— puede enfrentar una suspensión de la licencia por cinco años y una multa superior a 300 salarios mínimos legales diarios, equivalente a unos 15 millones de pesos.La general Blanco también advirtió sobre el preocupante aumento de víctimas por accidentes viales: 6.200 muertes en lo corrido del año, lo que representa un incremento de 300 casos respecto al año anterior.Alcalde Carlos Fernando Galán exige justiciaTras conocerse la magnitud del siniestro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció enérgicamente: “Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal”.El mandatario distrital expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el compromiso de la administración con el acompañamiento a las víctimas. “Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, brindando apoyo y seguimiento permanente”, aseguró.El caso ha generado profunda indignación en la ciudadanía, que exige mayor control y sanciones más severas para conductores que, bajo los efectos del alcohol o la imprudencia, ponen en riesgo la vida de los demás.
Un grave accidente de tránsito tiene conmocionados a los ciudadanos de Bogotá, luego de conocerse los videos de las cámaras de seguridad que registraron el momento en que un taxi arrolló a más de 11 personas en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal.Las autoridades confirmaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo que provocó que las heridas de las víctimas fueran de gran gravedad. Entre los afectados se encuentran cuatro menores de edad, hermanos, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes permanecen internados en el hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá.En entrevista con Caracol Televisión, Heidy Miranda, familiar de los niños atropellados, reveló entre lágrimas el estado de salud de los menores y sus familiares: “Estefanía tiene muerte cerebral; Martín está en una condición muy delicada; Daniela está estable, y una prima será trasladada a otro centro asistencial, donde le practicarán cirugías en la rodilla, la cadera y los brazos". Este es el videoAdemás, añadió que "solo pedimos que Dios obre en esta familia y nos dé fortaleza”. Por su parte, Jorge Arturo, padre de los menores, manifestó su dolor y lanzó un llamado a la responsabilidad.“No tiene presentación, no me hallo, porque amo a mis hijos. Si es voluntad de Dios que no estén más con nosotros, los entrego en sus manos, pero pido a todos los colombianos que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Mire las consecuencias: hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, expresó. El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, confirmó que el conductor fue detenido tras comprobarse que manejaba en estado de embriaguez. “Se pudo establecer que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol. El dictamen determinó grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”, señaló.
Un grave accidente de tránsito conmocionó a los habitantes del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, durante la noche del viernes 8 de noviembre. Un taxi, cuyas placas ya fueron identificadas por las autoridades, perdió el control y arrolló a 11 personas que se encontraban en la vía, dejando caos y angustia entre los vecinos.El vehículo, que se desplazaba a alta velocidad, terminó impactando contra una vivienda y, según confirmó la Policía, su conductor fue capturado en el lugar de los hechos por las autoridades.De acuerdo con los reportes médicos, entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes sufrieron heridas de gravedad. Dos de ellos permanecen en condición crítica por trauma craneoencefálico y abdominal severo.Todos los lesionados fueron trasladados de inmediato al Hospital de La Victoria y al Hospital Santa Clara, donde reciben atención especializada. Las primeras investigaciones confirmaron que el conductor del taxi, un hombre de 56 años, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.Este es el video El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, informó que las pruebas practicadas arrojaron resultado positivo para grado de embriaguez, motivo por el cual el responsable fue detenido en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.“El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que presentaba grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”, informó Silva.Por ahora, la comunidad exige justicia por la tragedia y pide a las autoridades más controles para evitar este tipo de hechos, teniendo en cuenta el aumento de siniestros en las vías por consumo de bebidas embriagantes.Uno de ellos fue el registrado días atrás en la avenida Mutis, en Bogotá, donde una pareja perdió la vida, presuntamente porque el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.
La Asociación Colombiana de Defensores de Familia denunció las agresiones de las que fueron víctimas varios funcionarios del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la localidad de San Cristóbal, al parecer, por parte según ellos de integrantes de la llamada primera línea y colectivos activistas.Los manifestantes llegaron hasta la sede del ICBF en protesta por presuntos casos de abuso sexual cometidos contra varios niños en un jardín infantil de la zona, un hecho que ha generado profunda indignación en todo el país. Sin embargo, en medio de la protesta, destaca la denuncia que defensores de familia y equipos interdisciplinarios fueron agredidos y retenidos en el interior del centro, impidiéndoles el libre ejercicio de sus funciones.La asociación aclaró que los defensores de familia no tienen funciones administrativas ni de contratación sobre los jardines infantiles y que su labor es restituir derechos mediante procesos legales a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. Justamente, en ese momento estaban cumpliendo con este deber cuando se produjo el cerco y las agresiones.La asociación denunció que este tipo de ataques no solo ponen en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, sino que también afectan el derecho de los propios niños a ser protegidos, ya que se obstruye el trabajo que permite verificar si hay más víctimas de agresiones o abusos.“No es la primera vez que los defensores enfrentan este tipo de situaciones. Por ello, Acodefam exige medidas urgentes de protección por parte del Gobierno Nacional y la Directora del ICBF, así como acompañamiento efectivo de los organismos de seguridad para garantizar que estos profesionales puedan ejercer su misión sin amenazas ni violencia”, indicó la asociación.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
