La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, es un hecho inédito en la historia de Colombia, que tiene profundas consecuencias políticas y financieras.
De acuerdo con el documento oficial, Petro es incluido en esta lista negra porque durante su gobierno se ha disparado la producción de cocaína en Colombia, sumado a que ha relativizado el consumo de cocaína. Sumado a esto, a que “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total.
A esto hay que agregarle las grandes dudas que hay en Estados Unidos sobre el presunto origen ilícito de una parte de la financiación de su campaña presidencial para 2022, la defensa permanente de Gustavo Petro de Nicolás Maduro, máximo cabecilla del Cartel de los Soles y haber filtrado públicamente información reservada de organizaciones de inteligencia financiera internacional, para justificar su indignación por el caso de la plataforma Pegasus.
El presidente Petro fue vinculado a la Lista Clinton mediante la Orden Ejecutiva 14059, creada en diciembre de 2021 por el presidente Joe Biden, para sancionar a cualquier persona extranjera que haya participado en actividades que contribuyan a la proliferación internacional de drogas ilícitas, haber recibido apoyo de personas que derivan sus ingresos de actividades relacionadas con el narcotráfico o de personas sancionadas por la OFAC.
En la práctica esto ordena bloquear todos los bienes e intereses de la persona sancionada, prohíben cualquier transferencia de crédito o pago entre instituciones financieras que estén sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Adicionalmente prohíbe cualquier transacción en divisas que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, invertir o comprar acciones o cualquier actividad financiera adicional.
En Colombia, los bancos han estado en permanente contacto con las autoridades estadounidenses durante este fin de semana, para determinar los alcances de las sanciones en la Lista Clinton para el presidente Petro y compañía, teniendo en cuenta que todos ellos tienen vínculos con la banca internacional.
La gran duda surge sobre qué va a pasar con las cuentas bancarias del presidente Petro, si tendrían o no que pagarle su salario en efectivo y hay dudas sobre lo que pasaría con su pensión a futuro.
El hecho de que la OFAC haya avanzado para incluir al presidente Petro y a su círculo más cercano en la lista Clinton, es un poderoso mensaje político que confirma que la administración del presidente Donald Trump definitivamente no quiere tener interlocución alguna con el actual gobierno de Colombia y que para una eventual normalización de las relaciones, esperará los resultados de las elecciones presidenciales del año entrante. La gran duda es qué pasará después del 7 de agosto de 2026 con el presidente Gustavo Petro frente a la justicia de Estados Unidos. ¿Esto podría ser cabeza de una eventual investigación penal?.