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Hace 15 años, el país se estremeció con la pavorosa revelación de que integrantes del Ejército se dedicaron a asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros de las Farc muertos en combate, con el fin de demostrar el éxito de la política de Seguridad Democrática, “corazón” del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
Hoy, la trascendental audiencia en Yopal, en la que 23 civiles y militares, incluyendo al general Henry William Torres Escalante, están admitiendo que participaron en una macabra estructura criminal que asesinó a más de 300 civiles en Casanare, muestra al país, la importancia que ha tenido la Jurisdicción Especial de Paz para lograr desenmarañar la verdad del conflicto armado.
No es un tema menor que un general haya decidido admitir su responsabilidad en estos crímenes, a pesar de que justifica su actuación en la presión permanente que ejercía en su contra el general Mario Montoya, que era el comandante del Ejército Nacional en esa época.
Adicionalmente, varios de los militares que han desfilado en la audiencia en Yopal, han señalado que la política de seguridad democrática fue uno de los detonantes para que se ejerciera presión para conseguir bajas.
A partir de lo sucedido en Yopal, viene una tarea compleja para la JEP, en la que seguirá buscando sólidos elementos que permitan enlazar los homicidios cometidos por militares en diferentes departamentos del país y buscar dos elementos clave: quiénes dieron la orden para que se cometieran semejantes horrores y determinar hasta qué nivel civil y militar tuvieron conocimiento de estos hechos.
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