Varios hechos ocurridos en las últimas horas confirman que la tensión entre Colombia y Estados Unidos pareciera estar lejos de superarse, en particular por hechos que tienen que ver con la desconfianza para compartir información de inteligencia entre los dos países para la lucha contra el narcotráfico.
A pesar de que anoche el presidente Petro cambió de postura y echó para atrás parcialmente la decisión de no compartir información de inteligencia colombiana con agencias estadounidenses, llama la atención la decisión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, de ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre los responsables del atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, en el que fueron asesinados 13 policías.
El argumento de Estados Unidos para ofrecer recompensa para capturar a los responsables de este acto terrorista, cometido presuntamente por las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Calarcá', es que el helicóptero atacado es estadounidense y había sido entregado en comodato a la Policía Nacional.
Una pregunta que surge tras conocer esta recompensa ofrecida de manera autónoma por Estados Unidos, es qué harán las autoridades norteamericanas con la información que reciban, toda vez que no es claro que hoy pudieran adelantar un operativo conjunto con las fuerzas armadas colombianas para capturar a los responsables.
De manera simultánea, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de la banda criminal La Inmaculada. Esta es una “papa caliente” que ahora pasa a manos del presidente Petro, quien tendrá que decidir si autoriza o no la extradición de ese delincuente, con el que se han producido algunos acercamientos con el gobierno nacional, tras la petición que hizo 'Pipe Tuluá' para ser beneficiario de la Paz Total del presidente Petro. Las autoridades estadounidenses estarán muy pendientes de la decisión que tome el jefe de Estado.
Para acabar de completar el cuadro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por haber compartido evento con jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá en el famoso tarimazo el pasado 21 de junio.