Un indignante caso de abuso sexual contra una menor de 16 años en Acacías terminó en la condena de 4 hombres a una pena de 18 años de cárcel, por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en estado de indefensión, y ordenó la adopción de medidas de reparación a favor de la víctima, tras evidenciar no solo la gravedad de los hechos, sino también episodios de revictimización durante el proceso judicial. Todo ocurrió en Acacías, Meta, cuando la víctima, de 16 años, salió a una discoteca con familiares y posteriormente se desplazó a otro establecimiento con su novio.De acuerdo con el expediente, la menor consumió una alta cantidad de alcohol y fue vista inconsciente en el exterior del lugar. Testigos relataron que varios hombres, entre ellos su pareja sentimental, la levantaron y se la llevaron del sitio. De la joven no se tuvo noticia hasta el día siguiente, cuando llegó a su casa y manifestó no recordar lo sucedido, señalando que había amanecido en la vivienda de su novio.Asimismo, el fallo advirtió que durante el juicio la menor fue víctima de violencia institucional; al evidenciar una conducta hostil por parte del juez del caso durante la práctica del testimonio tanto de la víctima como de su hermana, la Corte pidió investigarlo por estas conductas. El alto tribunal también cuestionó la pérdida de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.
El pasado sábado 29 de noviembre se conoció la muerte de la reconocida influencer Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, quien perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un conjunto de apartamentos residenciales en São Paulo, Brasil.El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores y en todo el país, ya que las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio. El principal sospechoso es su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, quien quedó registrado en videos de seguridad mientras agredía a la joven.La influencer vivía con su esposo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el 1 de diciembre, día en que se llevó a cabo el funeral, el hombre se mostró visiblemente conmovido. Incluso, varias imágenes lo muestran sentado junto al ataúd, entre lágrimas.Revelan videos de las agresiones Cabe señalar que, en la madrugada del día de la muerte de Maria, fue su esposo quien llamó a los servicios de emergencia para informar que la joven “había saltado desde el piso 10”. No obstante, tras varios días de investigación, las autoridades establecieron, gracias a las cámaras de seguridad del edificio, que su versión no coincidía con lo ocurrido.En los videos se observa cómo Alex Leandro Bispo agrede a la joven: en uno de ellos, aparece jalándola del cabello dentro de un ascensor y empujándola. En otro material audiovisual se aprecia el momento en el que la arroja al piso en lo que sería el parqueadero del edificio y la golpea.Posteriormente, ambos subieron nuevamente al ascensor y se dirigieron al décimo piso, lugar donde la joven perdió la vida. Gracias al análisis de estos registros, las autoridades lograron vincular a Alex Leandro Bispo con la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, por lo que fue capturado el pasado martes 9 de diciembre.
La solicitud fue presentada por el presidente de la Veeduría Nacional, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación. La petición busca establecer si la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P., como máximo órgano de dirección y control de la empresa, conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es investigado.Marimón Reyes afirmó que “el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011”. La ausencia de estos elementos, añadió, podría constituir delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado.La Veeduría fundamenta su solicitud en el rol de la Junta Directiva en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público. Además, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que los órganos directivos no pueden eludir su deber de control y que la Corte Constitucional señala que la vigilancia y supervisión deben ser reales y efectivas, con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales en caso de incumplimiento.Con esta acción, la Veeduría busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de gran impacto financiero para la ciudad, reafirmando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Moverse por Bogotá en TransMilenio podría dejar de ser un dolor de cabeza adicional para miles de usuarios que sienten cómo el costo del pasaje golpea cada vez más el bolsillo. En el Concejo de Bogotá comenzó a discutirse una propuesta que apunta a una demanda recurrente de los pasajeros: que el sistema devuelva el dinero del pasaje cuando el servicio falla o el recorrido no se puede completar.La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que, aunque no es nuevo, sigue siendo parte del día a día de la movilidad en la ciudad: quién asume los costos cuando la operación se interrumpe. El planteamiento surge en un contexto sensible, marcado por bloqueos frecuentes debido a manifestaciones, evacuaciones de estaciones, fallas técnicas y molestias ciudadanas frente a los ajustes tarifarios.En ese escenario, la propuesta busca un cambio de fondo en la relación entre TransMilenio y sus usuarios, trasladando el foco hacia los derechos del pasajero y no únicamente hacia la operación del sistema.Cuándo devolverían el pasaje de TransMilenioDe acuerdo con lo expuesto por el concejal Óscar Ramírez, autor de la iniciativa, la propuesta plantea implementar un mecanismo de devolución automática del valor del pasaje. Este aplicaría en situaciones en las que bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otras contingencias obliguen a los usuarios a descender del bus o abandonar estaciones y portales sin llegar a su destino final.Para Ramírez, no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales. El planteamiento apunta a reconocer un principio básico: el usuario no debería asumir el costo de una falla que no depende de él.Bloqueos en TransMilenio y el impacto en los usuariosEl concejal respaldó su propuesta con cifras que reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024, TransMilenio registró 339 bloqueos, lo que evidencia que estas interrupciones no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes dentro de la operación del sistema.En la práctica, estos episodios se traducen en miles de personas bajándose de los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera repentina y trayectos interrumpidos. A pesar de ese impacto, el pasaje no se devuelve y la carga económica recae exclusivamente en el usuario, una situación que, según Ramírez, se ha normalizado sin mayor debate público.Tarifa de TransMilenio y exigencias de corresponsabilidadLa discusión cobra mayor fuerza en medio del debate por un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio y del SITP. Frente a ese escenario, el concejal cuestiona que se planteen incrementos sin ofrecer garantías claras sobre la continuidad y calidad del servicio.Ramírez recordó que la definición de la tarifa es competencia del alcalde y no del Concejo, y pidió mayor transparencia hacia la ciudadanía. En su concepto, cualquier ajuste en el pasaje debería ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.