La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucia Ramírez, se pronunció tras el informe de la CIDH sobre las protestas en el país, en el marco del paro nacional. Aseguró que algunas de las recomendaciones son válidas, pero que otras no son compartidas por el Gobierno.
En entrevista con Mañanas BLU, la canciller dijo, en primer lugar, que Colombia sí cuenta con instituciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos y que se tienen protocolos propios para castigar los casos de exceso de fuerza durante las manifestaciones.
"Colombia no necesita una tutoría. Acá no vemos que haya una ausencia institucional”, afirmó.
Ramírez también se refirió al anuncio de la alcaldesa Claudia López sobre permitir a la CIDH instalar el mecanismo especial de seguimiento en Bogotá.
“Eso se lo estamos contestando a la alcaldesa, haciéndole ver que la relación del Estado colombiano con terceros la maneja el Gobierno, en cabeza del presidente. (…) Este tipo de relaciones no las podemos estar desarrollando en función de lo que cada alcalde considere”, señaló.
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Además, la vicepresidenta agregó: “Hablar de instalar mecanismos de un organismo internacional en Colombia eso no le compete a la alcaldesa, no lo puede decidir y, por supuesto, no lo va a hacer el Gobierno nacional”.
Por otra parte, sobre el tema de los bloqueos, Ramírez reiteró que están catalogados como un delito y no se pueden permitir, más aún cuando afectan a las personas: “Es la opinión de ellos, pero el Gobierno tiene que regirse a su regulación interna y dice que los bloqueos son un delito”.
Finalmente, la canciller destacó que el informe reconoce algunas acciones del Gobierno e insistió en el compromiso de investigar todos los casos de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
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