La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por sus recientes declaraciones sobre el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe. La decisión se toma en un contexto en el que el Ministerio Público ha llamado a una "paz electoral" y a evitar los discursos de odio de cara a las elecciones de 2026.
Las declaraciones de Montealegre, que han motivado la investigación, fueron realizadas en una entrevista con la revista Semana. En dicha conversación, el ministro calificó la precandidatura de Abelardo de la Espriella como "caricaturesca".
"Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia", afirmó Montealegre al poner en tela de juicio la trayectoria profesional del precandidato.
Además, la Procuraduría ha considerado las "duras descalificaciones" que Montealegre ha hecho en los últimos meses contra el expresidente Álvaro Uribe como otro de los motivos para abrir la investigación.
El ministro ha sido acreditado como víctima en el proceso contra el expresidente, y sus opiniones públicas han sido interpretadas como una posible participación indebida en política.
Advertencia de la Procuraduría a funcionarios públicos
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, hizo ayer un llamado a la calma y a una "paz electoral" a todos los actores políticos, incluyendo al presidente Gustavo Petro y su gabinete. Pacheco recordó que Colombia ha sufrido las consecuencias de la violencia política y subrayó la importancia de no repetir esa historia.
"Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa", declaró el procurador en un comunicado.El funcionario instó a los partidos y candidatos a llevar a cabo "una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones" en el camino a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.
La Procuraduría puso en alerta a todos los servidores públicos, recordándoles que su misión es vigilar tanto de manera preventiva como disciplinaria el comportamiento de los funcionarios. Pacheco enfatizó que, aunque el presidente y su gabinete tienen el derecho de defender su gestión y su pensamiento político, deben hacerlo siempre "en el marco de la ley y la Constitución".