En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, enfrentó los diversos cuestionamientos que rodean su campaña de reelección en el departamento de Córdoba, tras la circulación de unos audios donde presuntamente se habla de compra de votos y burocracia. Ante esto, el senador rechazó su veracidad y sugirió que podrían ser manipulados técnicamente."Hoy cualquiera sabe que, con una herramienta de inteligencia artificial, en solo 10 segundos se puede imitar la voz de cualquier persona”, aseguró, desmarcándose de cualquier práctica ilegal.“Mi campaña no compra votos ni compra conciencias. Esa no es la manera como yo hago la política. Son audios anónimos, sin verificación alguna y que tratan de ligarlos a mi campaña", aseveró el congresista.“Yo no he ordenado, y lo digo enfáticamente en los micrófonos, ni autorizado ni participado en ninguna práctica de ese tipo”, explicó. Sobre el escándalo de la UNGRD y la investigación en la Corte:Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue su vinculación al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque testigos como Olmedo López y Sneider Pinilla lo han señalado, Chagüi sostuvo su inocencia de manera tajante:“Hasta hoy ningún testigo ha señalado que yo haya ni recibido dinero, ni entregado dinero, ni recompuna conducta legal”, aseveró. Escuche la entrevista aquí:
El presidente Gustavo Petro se reunirá el próximo 13 de marzo con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un punto de la frontera común, probablemente en la ciudad de Cúcuta, confirmaron este jueves a EFE fuentes oficiales.Este será el primer viaje de carácter internacional de la jefa de Estado venezolana, que asumió el cargo en reemplazo de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en Caracas en una operación militar estadounidense.Según fuentes del Gobierno colombiano, "la reunión será en la frontera, no está confirmado el punto exacto pero será probablemente en Cúcuta", capital del departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.El pasado 18 de febrero, Rodríguez y Petro hablaron por teléfono y tras la conversación la presidenta encargada de Venezuela dijo que se reunirían "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista a Colombia.En las últimas semanas se planteó la fecha del sábado 14 para la reunión en la ciudad histórica de Villa del Rosario, vecina de Cúcuta, pero fuentes oficiales dijeron a EFE que hoy se decidió cambiarla al 13, aunque está por confirmarse el lugar exacto de la frontera en que se encontrarán los dos mandatarios.El 17 de febrero de 2023, Petro se reunió con Maduro en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Puente Tienditas, pero el entonces mandatario venezolano no llegó a pasar al lado colombiano.Según explicó Delcy Rodríguez tras la llamada telefónica con Petro, el objetivo del encuentro que tendrán la próxima semana es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".El comercio bilateral superó en 2008 los 7.000 millones de dólares pero con la crisis ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.La recuperación comenzó en 2022, cuando el Gobierno de Petro reanudó las relaciones comerciales con ese país, y el año pasado las exportaciones a Venezuela superaron los 1.000 millones de dólares, según la agencia estatal ProColombia.Colombia tiene la ventaja comercial de que comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros con pasos limítrofes bien conectados con ciudades del interior, mientras que los otros dos lindes de ese país, con Brasil y Guyana, están situados en zonas selváticas de más difícil acceso y alejadas de los centros de producción.Por otra parte, Petro invitó en enero pasado a Rodríguez a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras la detención de Maduro.
Varias organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza por la Democracia, rechazaron las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, por su alocución del pasado 3 de marzo en la que volvió a cuestionar la transparencia del sistema electoral a pocos días de los comicios.En un comunicado, advirtieron que las declaraciones del mandatario son “irresponsables y peligrosas”, al considerar que desde su posición debe garantizar la estabilidad institucional y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas democráticas. Según señalaron, sembrar dudas sobre la integridad del proceso puede afectar la legitimidad del sistema democrático y generar desinformación o tensiones que incluso deriven en violencia política.El pronunciamiento también menciona antecedentes internacionales para advertir sobre los riesgos de este tipo de discursos, recordando las acusaciones de fraude impulsadas por Donald Trump tras las elecciones de 2020, que contribuyeron a un clima de polarización que terminó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021. De igual manera, citaron los cuestionamientos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro antes y después de los comicios de 2022, que tuvieron como resultado ataques contra instituciones democráticas en Brasil en 2023.También hubo pronunciamiento acerca del preconteo, que el presidente señaló de ser ilegal y un gasto innecesario. Para estas organizaciones es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares el día de las elecciones a partir de los formularios E-14 firmados por jurados y testigos electorales. Según explicaron, este proceso no tiene efectos jurídicos ni declara ganadores.Los resultados oficiales, indicaron, solo se determinan a través del escrutinio, un procedimiento posterior realizado por jueces de la República y autoridades electorales. Alianza por la Democracia considera además que las declaraciones del presidente confunden ambos mecanismos y pueden inducir a error a la opinión pública.En el comunicado también se refieren a la impugnacion masiva de las mesas, una solicitud hecha por el mandatario en su intervención por televisión nacional. En opinión de quienes firman el documento, los recuentos de mesas solo proceden cuando existe una justificación concreta, como inconsistencias matemáticas significativas en los resultados, enmendaduras en los formularios o dudas técnicas sobre los cómputos.Promover impugnaciones generalizadas, advirtieron, podría saturar las comisiones escrutadoras, retrasar la consolidación de los resultados oficiales y generar dudas injustificadas sobre la voluntad popular.Y por último, sobre las dudas alrededor del código fuente, que es la receta con la que se ejecuta el software de las elecciones, explican que puede ser auditado por partidos, campañas, movimientos políticos y organizaciones de observación electoral. Estas revisiones incluyen acceso al código fuente, participación en simulacros y la presencia de testigos técnicos durante el procesamiento de los resultados.Las organizaciones concluyeron que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples controles institucionales, entre ellos, jurados de votación, testigos de partidos, escrutinio público, control judicial, observación electoral y auditorías técnicas. Por ello, hicieron un llamado a todos los actores políticos, especialmente al presidente Petro, a actuar con responsabilidad institucional y contribuir a fortalecer la confianza en las elecciones.
El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 que rinde homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay, exconcejal, expresidente del Cabildo Distrital y exsenador de la República, con una serie de reconocimientos en distintos espacios de la ciudad.La iniciativa, impulsada por la bancada del Centro Democrático, establece que la Avenida Calle 34 pasará a llamarse “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”, en el tramo comprendido entre la carrera Séptima y la avenida de Las Américas con calle 26.Además, el Distrito podrá asignar su nombre a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público, lo que incluye la primera línea del Metro de Bogotá, estaciones de TransMilenio o incluso el sistema de cable aéreo.El acuerdo también contempla otras acciones simbólicas para preservar la memoria del dirigente político. Entre ellas se encuentra la denominación del Salón presidentes Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá, la instalación de un busto en la plazoleta interna del Cabildo, un óleo en el Salón Comuneros y un monumento en el mausoleo del Cementerio Central.Asimismo, el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón —lugar donde ocurrió su atentado— será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento en su honor.El proyecto también abre la posibilidad de que otros espacios culturales o deportivos de la ciudad lleven su nombre, como el estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE Chapinero, siempre que exista viabilidad técnica y jurídica. Sin embargo, esto no es un hecho.En el ámbito educativo, el acuerdo establece que una nueva sede educativa distrital podrá llevar su nombre y que se promoverán espacios académicos y de investigación sobre su legado, en articulación con instituciones educativas, el sector privado y organizaciones sociales.Una de las medidas más representativas incluidas en este proyecto es que el 11 de agosto de cada año será declarado día cívico en Bogotá, en honor a su memoria. En esa fecha se promoverán actividades conmemorativas dentro de la llamada “Caminata de la Solidaridad”, incluyendo la media maratón Miguel Uribe Turbay.Desde la bancada que impulsó la iniciativa, entre los que estuvieron los concejales Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto ‘Papo’ Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea ‘Tata’ Hernández, señalaron que este reconocimiento busca destacar el liderazgo y la trayectoria pública de Uribe Turbay, quien se desempeñó como concejal de Bogotá, fue también presidente del Concejo, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República.Los concejales también resaltaron que uno de los ejes de su pensamiento político fue la seguridad, al sostener que “sin seguridad no hay paz” y que fortalecer la institucionalidad y la Fuerza Pública era clave para garantizar la libertad y el desarrollo del país.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que el proceso de escrutinio en las elecciones podría tomar más tiempo de lo habitual debido al aumento significativo de testigos electorales en todo el país. Según explicó, el número de observadores designados por campañas y partidos es muy superior al registrado en procesos anteriores.Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, Barrios explicó que la duración del conteo dependerá en gran parte de las solicitudes que realicen los testigos durante la revisión de los votos. Este factor, dijo, podría ralentizar el proceso en algunos puestos de votación.“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, afirmó Barrios. La directora de la MOE recordó que en las elecciones de hace cuatro años había cerca de 200.000 testigos, mientras que en el actual proceso la cifra supera el millón solo para el Congreso.Según la experta en temas electorales, muchos de estos testigos han recibido la instrucción de estar atentos al conteo para pedir reconteos cuando consideren que hay inconsistencias. “Por eso podría tomar más tiempo del necesario el proceso”, señaló Barrios al referirse al impacto que esto podría tener en la velocidad del escrutinio.La directora de la MOE también explicó en qué casos un testigo electoral puede presentar una reclamación durante el conteo de votos. Estas solicitudes deben estar sustentadas y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.“Normalmente se activa cuando no coincida número de personas con número de votos, cuando el jurado no muestra cada uno de los votos de manera adecuada y cuando no coincide o se tiene dudas al número que se escribe en el formulario E-14”, detalló Barrios.Asimismo, subrayó que las reclamaciones deben presentarse mediante un formato específico y con razones claras. “Uno no puede hacer reclamaciones porque sí, siempre tiene que haber una razón”, explicó la directora de la MOE.Barrios agregó que el reconteo de votos no puede realizarse de forma repetitiva sin justificación, ya que se trata de un procedimiento público y formal. Según indicó, cada solicitud queda registrada en actas junto con la reclamación del respectivo testigo electoral.En la entrevista también alertó sobre posibles irregularidades relacionadas con presión laboral a votantes. Este tipo de situaciones, explicó, ya ha sido reportado por la MOE a las autoridades competentes.“Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios, quien añadió que estos hechos hacen parte de los reportes de delitos electorales.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a cambios en algunos puestos de votación debido a las condiciones climáticas. Según indicó, hasta mitad de semana se habían registrado varios traslados en el departamento de Córdoba.“Hasta el miércoles llevábamos 19 puestos que se han movido en Córdoba, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación que tengan que moverse por lluvias”, concluyó Barrios al referirse al impacto del invierno en la logística electoral.
La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas por reportes de presunta presión laboral a votantes en algunas zonas del país durante el actual proceso electoral. La directora de la organización, Alejandra Barrios, aseguró que estos casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, la directora de la MOE explicó que este tipo de denuncias corresponden a uno de los delitos electorales que más preocupa a las organizaciones de vigilancia electoral.“Otro delito tiene que ver con la coacción laboral. Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios.La experta explicó que la información recopilada por la MOE sobre estos posibles hechos ya fue trasladada a las autoridades competentes para su verificación. “Toda esta información ha sido entregada a las autoridades”, agregó la directora de la organización.Barrios señaló que, además de las denuncias por presión laboral, el proceso electoral enfrenta otros retos logísticos que podrían influir en el desarrollo del escrutinio. Uno de ellos es el aumento considerable en el número de testigos electorales acreditados por campañas y partidos.Según explicó, en comparación con elecciones anteriores el número de testigos creció de manera significativa. Hace cuatro años había cerca de 200.000, mientras que en esta ocasión la cifra supera el millón solo para las elecciones al Congreso.Este incremento, indicó Barrios, podría impactar la duración del proceso de conteo de votos, ya que muchos de estos testigos han recibido instrucciones de revisar detalladamente el escrutinio y solicitar verificaciones cuando detecten inconsistencias.“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, señaló la directora de la MOE, quien advirtió que las solicitudes de reconteo podrían prolongar la revisión de los resultados.La funcionaria también explicó que los testigos electorales tienen la posibilidad de presentar reclamaciones durante el conteo, pero estas deben estar debidamente justificadas. Entre los motivos válidos están diferencias entre el número de votantes y el total de sufragios, errores en el registro del formulario E-14 o irregularidades en la exhibición de los votos.Finalmente, Barrios mencionó que las condiciones climáticas también han generado ajustes en algunos puestos de votación. Según informó, hasta mitad de semana se habían trasladado 19 mesas en el departamento de Córdoba debido a las lluvias, aunque la MOE espera que la cifra no supere los 25 cambios en total.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) convocó para el próximo 13 de marzo a las 8:30 de la mañana una audiencia pública para analizar la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral de 2026.La petición del Ministerio Público busca que, mientras se resuelve de fondo una acción popular, presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, se adopte una medida preventiva para proteger el derecho colectivo al adecuado funcionamiento del servicio electoral.En concreto, la Procuraduría pidió que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer afirmaciones en discursos, intervenciones públicas o redes sociales que puedan generar dudas sobre la transparencia del proceso electoral si no están respaldadas por pruebas verificadas.Es importante destacar que, en una providencia del 5 de marzo, el tribunal decidió no tramitar la solicitud como una medida cautelar de urgencia, sino darle el procedimiento ordinario, al considerar que la relevancia del tema requiere escuchar a las partes y analizar con mayor profundidad cada uno de los argumentos y las pruebas presentadas.Por esa razón, el Tribunal ordenó notificar a las partes del proceso, entre ellas la Presidencia de la República, para que se pronuncien en un plazo de cinco días.Además, el TAC citó a una audiencia pública virtual en la que participarán autoridades electorales, organismos de control y expertos, entre ellos a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios; a Miroslav Jenca, director de la MOE de la Unión Europea, y a Leonel Fernández, director de la MOE de la Organización de Estados Americanos, con el fin de analizar las garantías del sistema electoral y la solicitud de medida cautelar.La decisión se da en medio de la polémica por las declaraciones del presidente Petro, quien ha expresado en varias ocasiones dudas sobre el software electoral, los kits de votación y posibles irregularidades en el proceso electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.
El expresidente Álvaro Uribe estuvo en el departamento del Caquetá hablando sobre las propuestas de sus aspirantes al Congreso y de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.En el encuentro con las comunidades se refirió al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.“Esta tierra de estos nobles colombianos caqueteños es hoy uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota al pacto de la selva. Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a guardar silencio sobre el asesinato de los soldados, a imponer una nueva modalidad de paramilitarismo que son las guardias campesinas”, dijo Uribe.Además Uribe dijo que el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentará hoy una queja ante el registrador, Hernán Penagos, pues habría mesas en el Caquetá donde, según él, no llegarán los soldados sino las guardias campesinas.“Hay mesas donde no dejan llegar soldados y policías, la vigilancia, dicen, la harán las guardias campesinas que están trabajando bajo las ordenes de grupos terroristas”, agregó Uribe.
El Consejo de Estado aceptó una solicitud con la cual se busca que se decrete la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Caldas Santiago Osorio. Las razones que argumenta el demandante es que el congresista se habría ausentado en más de seis sesiones plenarias en las que se discutieron proyectos de ley o se realizaron debates de moción de censura."Como sustento de su solicitud, la parte actora sostuvo que durante las legislaturas que tuvieron lugar en los años 2023, 2024 y 2025 el señor Osorio Marín no asistió, de forma injustificada, a más de seis (6) sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes. Adicionalmente, aseguró que los reportes que le fueron suministrados por la Cámara evidencian que el señor Osorio Marín se ausentó al momento de las votaciones, de manera que en la plenarias celebradas de febrero a diciembre de dos mil veintitrés (2023) el demandado no ejerció el derecho al voto en 160 oportunidades, en el año dos mil veinticuatro (2024) se abstuvo de votar en 348 ocasiones", explica el Consejo de Estado.Para el demandante el congresista incumplió con su deber de asistir a las sesiones, pues no habría presentado excusa o justificación para no ir. El Consejo de Estado recibió los soportes aportados con la solicitud de pérdida de investidura y ahora se va a evaluar el tema de fondo."PRIMERO: ADMITIR la solicitud de pérdida de investidura formulada por el ciudadano Cristian Fernando Muñoz Buitrago, en contra del Congresista Santiago Osorio Marín. SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta providencia al señor Santiago Osorio Marín, con la entrega de la solicitud, su corrección y sus anexos", señaló el Consejo de Estado en su decisión.
Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
El candidato de la Gran Consulta por Colombia David Luna respondió a la decisión de algunos partidos políticos que le pidieron a su militancia no votar las consultas del 8 de marzo.“Invitar a no votar es una equivocación profunda. La democracia se construye en las urnas, no desde el cálculo político ni desde el miedo”, dijo Luna.En el mismo sentido aseguró que los partidos tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad.Es importante recordar que el Pacto Histórico, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador pidieron no votar las consultas del 8 de marzo.“El partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido. Por lo tanto, no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador”, señala el comunicado del Directorio Nacional del Partido Conservador.El Partido Liberal tampoco tiene candidato presidencial hasta el momento, al igual que Cambio Radical aunque algunos congresistas de este partido han manifestado su preferencia hacia Abelardo de la Espriella.Por su parte el Pacto Histórico sí tiene candidato presidencial, sin embargo, el senador Iván Cepeda se presentará directamente a la primera vuelta.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
Tras confirmarse su renuncia del Centro Democrático, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aseguró que su decisión no buscaba generar alguna afectación a la candidatura de Paloma Valencia, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que en la carrera por la Presidencia estará de lado de Abelardo de la Espriella, pese que su esposa, María Fernanda Cabal, sí lo hará.“Yo merezco un mínimo de respeto. A mí me sorprendió la filtración de esa carta. Después supimos quién la filtró, de qué manera la filtró, nunca entendimos para qué la filtró. No obstante, seguí tramitando ante el partido la necesidad de conocer la realidad de lo que fue el proceso. A la fecha no he recibido ninguna información, ni buena ni mala (…) En la carta de renuncia yo dejo a salvo a Paloma Valencia, que nada tiene que ver con mi desagrado y con el maltrato”, dijo el presidente de Fedegan.En ese orden ideas, Lafaurie aseguró que su decisión de salir del Centro Democrático se dio más porque se “sintió ofendido” por parte de ellos en la elección del candidato, cuando fue elegida Paloma Valencia y el trabajo que hizo la firma chilena, que tanto él como María Fenanda Cabal consideran que “no se hizo de forma correcta”.“María Fernanda ha guardado prudente silencio, no ha querido salirle a este tema. He salido yo porque me siento ofendido, y me siento ofendido porque sé cómo le metieron las manos, sé quién le metió las manos (…) Entonces llega un momento que uno dice, a esta edad ya a esta edad de la vida, 70 años, tener que seguirse aguantando semejante, sí, ofensas, porque son ofensas”, puntualizó.Reiteró que María Fernanda Cabal sí apoyará a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo, al igual que en las elecciones si llega a estar en la contienda para primera vuelta.“Ella siempre ha cumplido sus compromisos, es que ella sigue siendo una senadora del Centro Democrático. Es que el país no puede olvidar que ella sacó más de 200.000 votos, incluso, por lo menos 2 senadores del partido se deben a que ella logró sacar más allá de lo que estableció la cifra repartidora. Ya tiene un derecho en el partido”, añadió.
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano, liderada por el expresidente César Gaviria Trujillo, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.La colectividad argumentó que no cuenta con candidatos propios ni representación en ese proceso, por eso piden mantener esa postura de abstención institucional frente a esta etapa de las elecciones presidenciales de 2026.Según el comunicado, al no tener una figura que represente las banderas del partido en ninguna de las tres consultas, no es apropiado intervenir institucionalmente y pide centrar los esfuerzos en las elecciones legislativas para Congreso de la República y consolidar una bancada fuerte que permita mantener y ampliar su presencia en el Legislativo.Aun así, el partido enfatizó que se respeta la autonomía de cada militante para actuar según su criterio personal.Así las cosas, el partido Liberal se suma al Pacto Histórico y a Cambio Radical, que han pedido a sus simpatizantes no participar en dichas consultas y, por el contrario, concentrarse en las campañas de cara a la primera vuelta o al Congreso.
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, anunció su renuncia al Centro Democrático. Es importante recordar que Lafaurie tuvo algunas diferencias con el proceso de selección de candidata del partido.Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, aseguró que con esta decisión no busca afectar la candidatura de Paloma Valencia.“No pretendo alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, dijo Lafaurie.Esta carta fue enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.“Presento formalmente mi renuncia al Partido Centro Democrático lo hago sin salvedades personales, pero con claridad política. Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, dijo Lafaurie.Es importante recordar que Lafaurie había pedido la escisión del Centro Democrático pero no obtuvo respuesta sobre el tema. Ahora se irá a Salvación Nacional, partido que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella.