Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
El candidato de la Gran Consulta por Colombia David Luna respondió a la decisión de algunos partidos políticos que le pidieron a su militancia no votar las consultas del 8 de marzo.“Invitar a no votar es una equivocación profunda. La democracia se construye en las urnas, no desde el cálculo político ni desde el miedo”, dijo Luna.En el mismo sentido aseguró que los partidos tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad.Es importante recordar que el Pacto Histórico, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador pidieron no votar las consultas del 8 de marzo.“El partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido. Por lo tanto, no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador”, señala el comunicado del Directorio Nacional del Partido Conservador.El Partido Liberal tampoco tiene candidato presidencial hasta el momento, al igual que Cambio Radical aunque algunos congresistas de este partido han manifestado su preferencia hacia Abelardo de la Espriella.Por su parte el Pacto Histórico sí tiene candidato presidencial, sin embargo, el senador Iván Cepeda se presentará directamente a la primera vuelta.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
Tras confirmarse su renuncia del Centro Democrático, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aseguró que su decisión no buscaba generar alguna afectación a la candidatura de Paloma Valencia, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que en la carrera por la Presidencia estará de lado de Abelardo de la Espriella, pese que su esposa, María Fernanda Cabal, sí lo hará.“Yo merezco un mínimo de respeto. A mí me sorprendió la filtración de esa carta. Después supimos quién la filtró, de qué manera la filtró, nunca entendimos para qué la filtró. No obstante, seguí tramitando ante el partido la necesidad de conocer la realidad de lo que fue el proceso. A la fecha no he recibido ninguna información, ni buena ni mala (…) En la carta de renuncia yo dejo a salvo a Paloma Valencia, que nada tiene que ver con mi desagrado y con el maltrato”, dijo el presidente de Fedegan.En ese orden ideas, Lafaurie aseguró que su decisión de salir del Centro Democrático se dio más porque se “sintió ofendido” por parte de ellos en la elección del candidato, cuando fue elegida Paloma Valencia y el trabajo que hizo la firma chilena, que tanto él como María Fenanda Cabal consideran que “no se hizo de forma correcta”.“María Fernanda ha guardado prudente silencio, no ha querido salirle a este tema. He salido yo porque me siento ofendido, y me siento ofendido porque sé cómo le metieron las manos, sé quién le metió las manos (…) Entonces llega un momento que uno dice, a esta edad ya a esta edad de la vida, 70 años, tener que seguirse aguantando semejante, sí, ofensas, porque son ofensas”, puntualizó.Reiteró que María Fernanda Cabal sí apoyará a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo, al igual que en las elecciones si llega a estar en la contienda para primera vuelta.“Ella siempre ha cumplido sus compromisos, es que ella sigue siendo una senadora del Centro Democrático. Es que el país no puede olvidar que ella sacó más de 200.000 votos, incluso, por lo menos 2 senadores del partido se deben a que ella logró sacar más allá de lo que estableció la cifra repartidora. Ya tiene un derecho en el partido”, añadió.
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control y de la organización electoral hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral.El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático. “Respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después, cuando se le reclama, se dice: no es que esas son meras opiniones; pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, afirmó.El registrador nacional, Hernán Penagos, también defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución.“Lo que sí hay que cuidar es la independencia y la autonomía de todos los órganos, de las ramas del poder público y de los órganos de control; y pueden asediar la entidad cuantas veces quieran, pero vamos a defender esa autonomía y esa independencia porque es nuestro deber, porque hay que actuar con determinación y porque la Constitución se cumple. No sé por qué eso es un delito o es una falta, porque cumplir el deber y exigir independencia de la entidad se convierte en una falta. Cada uno cumple sus deberes y los estamos cumpliendo a cabalidad”, sostuvo.Por su parte, el contralor general, Hernán Rodríguez, también se refirió al contexto electoral y reveló que existen investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. “El procurador ayer adelantó algo y manifestó algo que hemos conversado en privado y que sabemos para dónde van las cosas: que hay cerca de 40 investigaciones a servidores públicos por presunta participación indebida en política, que lógicamente va a ir de la mano con utilización de recursos públicos”, señaló.
A 100 días del Mundial de Fútbol de 2026, el futbolista brasileño Rodrygo, quien hace parte del Real Madrid, sufrió una grave lesión en el partido que se disputó ayer contra el Getafe y que el Real Madrid perdió 1 a 0. Esta lesión le impedirá jugar el resto de la temporada e incluso el Mundial de Norteamérica 2026.La lesión ocurrió en el partido Real Madrid 0- 1 Getafe Así lo informó el Real Madrid después de concluir los exámenes médicos que determinaron la lesión. El comunicado dice: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el equipo español en un breve comunicado.¿Se pierde el Mundial 2026 Rodrygo?Esta lesión no es menor y, aunque el club no precisó el tiempo de recuperación, normalmente con este tipo de lesiones los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a la cancha.Por su parte, en un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó con el futbolista y le deseó pronta recuperación y pronto retorno a las canchas. Esta lesión puede ser problemática para Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, y para Carlo Ancelotti, técnico de la selección de fútbol de Brasil, en la medida en que la ausencia del delantero obligaría a reconfigurar ambos equipos. También, se conoció hoy que la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé también estará ausente en los próximos partidos de los merengues a causa de una lesión.
La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.
A la Contaduría General de la Nación y a la Procuraduría llegó una denuncia administrativa y fiscal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. El denunciante asegura que estas entidades no tienen implementado un sistema de costos que permita determinar técnicamente el valor de los pasaportes, visas y demás servicios consulares, lo que “vulneraría el artículo 338 de la Constitución y las normas del Régimen de Contabilidad Pública”.La queja se sustenta en una respuesta oficial a un derecho de petición en la que la Cancillería reconoció que no cuenta con dicho sistema y, además, retoma las alertas de la Contraloría sobre la falta de una proyección completa de costos en el nuevo modelo de pasaportes que comenzará a aplicarse el 1 de abril, en el marco de un convenio con la Imprenta y la Casa da Moneda de Portugal por cerca de 185.000 millones de pesos.En el derecho de petición citado, aunque la Cancillería menciona normas que regulan las tasas y resoluciones que han ajustado las tarifas en los últimos años, afirma que “a la fecha (…) no cuentan con un sistema para determinar costos” y que “no se han adoptado modelos de costeo”. Las tarifas se reajustan con base en la variación del IPC certificada por el DANE. Además, el Ministerio reconoce que “actualmente no existe estudio técnico y financiero que justifique la recuperación de los costos de los servicios prestados” y que, al no haber una estimación técnica, “los elementos del costo enunciados (…) no han sido determinados”.De acuerdo con la denuncia, esta ausencia de un sistema de costos impediría verificar si las tarifas cobradas a los ciudadanos corresponden realmente a la recuperación de los costos del servicio, como exige la ley, y podría generar riesgos de detrimento patrimonial, sobrecostos en la contratación o cobros desproporcionados a los usuarios.En ese sentido, el denunciante solicita a las autoridades verificar si la Cancillería ha cumplido con el reporte de gestión de costos, informar si existen hallazgos relacionados con la ausencia del sistema, confirmar si es obligatorio contar con dicha herramienta para fijar tarifas, investigar posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales, evaluar si hubo detrimento patrimonial o cobros injustificados y, finalmente, ordenar la implementación inmediata de un sistema de costos.
A tan solo cuatro días de haberse iniciado la ofensiva militar contra Irán, el panorama político y estratégico de la región ha dado un giro drástico. Según Emanuel Otolengui, politólogo italiano e investigador del Centro para Investigación de Financiamiento del Terrorismo (CENTE), dijo en Mañanas Blu, que la operación liderada por Estados Unidos e Israel no busca necesariamente un cambio de régimen inmediato por la fuerza, sino neutralizar las capacidades ofensivas de Irán, específicamente su programa de mísiles balísticos y sus renovados esfuerzos nucleares.El fin de la "inmunidad nuclear"El motivo principal de la intervención radica en el avance acelerado del programa nuclear y armamentístico iraní. De acuerdo con Otolengui, Teherán estaba alcanzando un punto de "total inmunidad", donde cualquier golpe posterior habría sido ineficaz para detener sus ambiciones. Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas, Washington y Jerusalén decidieron actuar antes de que el potencial misilístico y de drones de Irán se volviera imparable.El error de cálculo de JameneiA diferencia de la narrativa oficial del régimen, que intenta presentar la muerte de Alí Jamenei como un acto de "martirio" para cohesionar a las facciones internas, Otolengui sostiene que se trató de un error grave de evaluación y de arrogancia. El régimen confió excesivamente en que las negociaciones diplomáticas seguirían dilatando el tiempo, como lo habían hecho durante décadas. Sin embargo, se encontraron con una administración estadounidense que no actuó como sus predecesoras, rompiendo el esquema de seguridad de un régimen históricamente paranoico.El descontento interno: ¿Realidad o diseño extranjero?Frente a las teorías que sugieren que las protestas en Irán han sido diseñadas desde el exterior, el experto es enfático: el deseo de cambio es auténtico. "La población quiere un cambio", afirma Otolengui, señalando que durante más de 20 años los iraníes han salido a las calles pidiendo democracia y transparencia. A pesar del miedo a la represión, que cobró la vida de miles de personas a principios de año, sectores diversos que incluyen jóvenes, mujeres y minorías étnicas han celebrado en las calles la debilidad actual del régimen.Escuche aquí la entrevista:
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano, liderada por el expresidente César Gaviria Trujillo, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.La colectividad argumentó que no cuenta con candidatos propios ni representación en ese proceso, por eso piden mantener esa postura de abstención institucional frente a esta etapa de las elecciones presidenciales de 2026.Según el comunicado, al no tener una figura que represente las banderas del partido en ninguna de las tres consultas, no es apropiado intervenir institucionalmente y pide centrar los esfuerzos en las elecciones legislativas para Congreso de la República y consolidar una bancada fuerte que permita mantener y ampliar su presencia en el Legislativo.Aun así, el partido enfatizó que se respeta la autonomía de cada militante para actuar según su criterio personal.Así las cosas, el partido Liberal se suma al Pacto Histórico y a Cambio Radical, que han pedido a sus simpatizantes no participar en dichas consultas y, por el contrario, concentrarse en las campañas de cara a la primera vuelta o al Congreso.
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, anunció su renuncia al Centro Democrático. Es importante recordar que Lafaurie tuvo algunas diferencias con el proceso de selección de candidata del partido.Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, aseguró que con esta decisión no busca afectar la candidatura de Paloma Valencia.“No pretendo alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, dijo Lafaurie.Esta carta fue enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.“Presento formalmente mi renuncia al Partido Centro Democrático lo hago sin salvedades personales, pero con claridad política. Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, dijo Lafaurie.Es importante recordar que Lafaurie había pedido la escisión del Centro Democrático pero no obtuvo respuesta sobre el tema. Ahora se irá a Salvación Nacional, partido que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella.
El exsenador José Obdulio Gaviria aseguró que el hoy candidato presidencial Iván Cepeda “sí tiene por qué estar asustado”, al referirse a las menciones que aparecen en los computadores incautados tras la operación militar contra el jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’ en 2008.En entrevista radial, Gaviria sostuvo que las referencias a Cepeda en esos archivos “son ciertas” y que los hechos descritos allí pueden ser objeto de verificación judicial, pese a las decisiones que han limitado el uso probatorio directo de ese material en procesos penales.La discusión se reactivó luego de una publicación de La Silla Vacía que confirmó que el nombre de Cepeda aparece en correos atribuidos a integrantes de las FARC, específicamente en mensajes en los que se habla de coordinar la participación en la marcha del 6 de marzo de 2008, convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).“El señor Cepeda sí tiene por qué estar asustado. Eso puede trascender a investigaciones que hoy hacen fiscales en Estados Unidos respecto a hechos criminales narrados allá”, afirmó Gaviria.Operación y custodia de los computadoresEl exsenador recordó que los equipos fueron incautados tras el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano y que, según la versión oficial de la época, fueron entregados a autoridades competentes sin ser manipulados.Señaló que el entonces gobierno coordinó la entrega del material a instancias internacionales para verificar su integridad y que, en su concepto, el contenido del archivo puede servir como insumo investigativo si se comprueban “circunstancias de modo, tiempo y lugar”.En la entrevista, Gaviria afirmó que distintas instancias han cruzado información proveniente de esos computadores con otros elementos de prueba y defendió que las menciones allí contenidas no fueron alteradas.La mención a CepedaSegún lo citado en la publicación periodística, uno de los correos atribuidos a integrantes de la estructura internacional de las FARC señala: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países”.Sobre ese punto, Gaviria afirmó que “toda la afirmación respecto a Cepeda y la marcha del 6 de marzo es cierta” y agregó que, a su juicio, hubo intención de la guerrilla de respaldar esa movilización.Cabe recordar que, según La Silla Vacía, lo que aparece en los archivos es una mención hecha por miembros de las FARC, y no mensajes enviados directamente por Cepeda desde esos equipos.La defensa de Cepeda ha sostenido que la sola mención de su nombre en comunicaciones de terceros no implica relación directa con la organización ilegal y ha reiterado que judicialmente esos archivos no constituyen prueba válida para abrirle un proceso penal.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
En medio de la contienda por la gran consulta de la centro-derecha, una figura ha cobrado relevancia silenciosa pero determinante en el entorno de Mauricio Cárdenas: su esposa, Cristina Fernández Mejía. Economista, doctora en la materia por la Universidad del Rosario y profesora universitaria, Fernández no solo acompaña al candidato en tarima, sino que también incide en los contenidos y enfoques de su discurso.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Fernández dejó claro que su papel trasciende el apoyo emocional. “Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si influye en las decisiones y posturas del exministro. Su especialidad es la informalidad laboral, un tema estructural en la economía colombiana, y desde allí —según explicó— ha buscado incorporar propuestas concretas en la agenda de campaña.Uno de los debates recientes ha sido el aumento del salario mínimo del 23%. Para la académica, la discusión no puede centrarse en reversar decisiones ya tomadas. “Una vez aumentado el salario no se le puede rebajar a los trabajadores”, afirmó. Sin embargo, advirtió que hacia adelante se deben evitar sorpresas para los empresarios, quienes proyectan costos laborales con anticipación. En su visión, el reto está en generar reglas claras y previsibilidad.Pero es en la informalidad donde Fernández marca mayor distancia frente a algunos sectores académicos. Aunque hay quienes defienden que el camino es fortalecer grandes empresas que absorban empleo informal, ella considera que “eso no se da tan fácil y no se da orgánicamente”. Su apuesta está en fortalecer al trabajador por cuenta propia, mejorar su productividad e impulsar mecanismos como el monotributo para facilitar su inserción formal en la economía.Ese enfoque también ha permeado el documento programático de la campaña. La propia Fernández reconoce que, además de acompañar a Cárdenas en actividades como el volanteo —“ya soy experta”, dijo entre risas—, también ha escrito artículos y aportado en la construcción de propuestas sobre pequeñas empresas e informalidad.El respaldo no ha sido solo técnico. En los momentos en que la consulta era vista por algunos como el “club del 1%”, Fernández insistió en que su esposo debía perseverar. Destacó su capacidad para unir sectores políticos que antes parecían irreconciliables, incluidos quienes trabajaron en gobiernos distintos y enfrentados. “No era tan fácil”, subrayó, al referirse al trabajo de filigrana que implicó consolidar esa alianza.En lo personal, reconoce que no es sencillo “tener un marido candidato”. La exposición pública, los tiempos familiares y la presión constante forman parte del paquete. Sin embargo, también reivindica el ejemplo que, según dice, sus hijas ven en su padre: la persistencia frente a la adversidad.Sobre una eventual llegada a la Casa de Nariño, Fernández no descarta asumir un rol activo, especialmente en temas de microempresas e informalidad, aunque insiste en que no abandonaría del todo la academia. “Uno tiene una responsabilidad”, aseguró, al señalar que el poder de convocatoria de una primera dama no puede desperdiciarse.Así, entre ecuaciones que —según aclara— no dominan las conversaciones cotidianas en casa y jornadas de campaña que exigen paciencia, Cristina Fernández se consolida como una pieza clave en la estrategia de Mauricio Cárdenas.
La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó en la noche de ayer, 19 de febrero, una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Cámara de Representantes. Para que la solicitud sea presentada formalmente se requieren 20 firmas de otros congresistas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 de ellos, encabezados por Pedraza.Entre los firmantes se encuentran los congresistas Julia Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Katherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Losada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Óscar Rodrigo Campo. Además, la iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano, pues en menos de 12 horas se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de la moción de censura.En el documento, firmado por Pedraza, se solicita la citación a debate del ministro Jaramillo, al considerar que existen “circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio” y fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud, particularmente en la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Los argumentos que presenta la congresista son cuatro y se basan en la exposición de hechos que, según el documento, podrían demostrar responsabilidades políticas del ministro. En primer lugar, se señala el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios. De acuerdo con la proposición, este comportamiento, advertido por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falla estructural del sistema y refleja deficiencias en el ejercicio de las funciones de dirección del Ministerio.En segundo lugar, se menciona la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con interrupciones de tratamientos, represamiento en la dispensación y demoras reiteradas en la asignación de citas médicas en distintos territorios del país. De acuerdo con el texto, estas situaciones vulneran los principios de disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.Otro de los hechos que sustentan la moción apunta a deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud, en un contexto de dificultades financieras de varias entidades, problemas en el flujo de recursos y ausencia de medidas estructurales acordes con la magnitud de la crisis. Para los firmantes, esta situación compromete la responsabilidad política del ministro.Finalmente, el documento incluye cuestionamientos a manifestaciones públicas del ministro frente a casos de pacientes afectados por barreras en el acceso a los servicios. Entre ellos, se refieren a las declaraciones relacionadas con el caso del menor Kevin Acosta, que, según el documento, han sido percibidas por familiares y organizaciones de pacientes como revictimizantes o carentes de empatía.Al respecto, la representante que lidera la solicitud fue enfática. “Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que ‘los ricos también lloran’. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, señaló Pedraza.Una vez se completen las 20 firmas en la carta y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria.
El Pacto Histórico ha enviado una circular a sus militantes y simpatizantes en la que hacen referencia a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Desde el Pacto piden no votar las consultas interpartidistas de ese día.“No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, señala la circular del Pacto.En la circular también se señala que todas las agrupaciones fundadoras del Pacto, organizaciones y procesos territoriales deben articularse política y organizativamente para ese 8 de marzo. Y que en la publicidad se usará la imagen del candidato único de Iván Cepeda.“Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y a las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, dice el documento del Pacto.El candidato Roy Barreras, quien estará en una de las consultas, ya reaccionó a la circular del Pacto.“No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando a las bases como se logra sumar, es abrazando a todos y dándole garantías a todos. Ojo, el sectarismo divide y la unidad se hace sumando”, dijo Barreras.
La actual representante a la Cámara Marelen Castillo presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, lo anterior, debido a la decisión de la autoridad electoral que revocó su candidatura al Senado por el Centro Democrático, argumentando que Castillo estaba incurriendo en doble militancia.En las últimas horas, la defensa de Castillo presentó una tutela contra el CNE; uno de los argumentos principales es que la actual representante no incurrió en doble militancia, pues ella obtuvo su curul ya que fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022.El argumento de la defensa de Castillo es que esta curul que obtuvo fue personal y no partidista, pues fue otorgada por haber ocupado el segundo lugar en las presidenciales.“En efecto, la controversia no se agota en una discrepancia interpretativa sobre el régimen de doble militancia, sino que plantea una afectación directa y sustancial de derechos fundamentales, en la medida en que la autoridad electoral impuso una afiliación política inexistente y, a partir de ella, adoptó medidas que restringen de forma grave el derecho a la participación política, la libertad de afiliación política y las garantías del debido proceso administrativo”, se lee en la tutela.Castillo además advierte sobre una vulneración a sus derechos políticos y por eso pide la revocatoria de la decisión que la dejó por fuera de la lista.“La acción de tutela se configura como el único mecanismo constitucional eficaz para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, al encontrarse comprometido el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, en su dimensión de derecho a ser elegida. Por ello, la intervención inmediata del juez constitucional resulta necesaria, urgente y proporcionada para restablecer de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados, mientras se surten, si a ello hubiere lugar, los mecanismos judiciales ordinarios correspondientes”, se lee en la tutela.