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Como una “masacre” a la economía y al empleo formal calificaron gremios económicos en Antioquia el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia. Aseguraron que la decisión del Gobierno nacional podría derivar en mayor desempleo e informalidad.
Diferentes voces del sector comercial y empresarial en Antioquia no se hicieron esperar tras la oficialización por parte del presidente Gustavo Petro de lo que ya era un secreto a voces: el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia por encima de los dos dígitos.
El presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, no tuvo pronósticos menos positivos calificando la decisión del Gobierno nacional como “un atentado a la economía” y previendo un reemplazo mucho más agresivo de la mano de obra.
Se estima que el sector privado genera cerca del 88,5% del empleo y en la región el 99,4 % de la base empresarial está conformada por pequeñas empresas, las cuales generan 56% del empleo formal.
“Otras consecuencias de este atentado hacia la economía será la sustitución de la mano de obra por tecnología, dado que los costos laborales son demasiado altos en relación con la productividad. Desde el Integremial advertimos las consecuencias de tomar decisiones populistas y con cálculo político electoral”, dijo Posada.
María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en el departamento, aseguró que esta cifra pondría en riesgo asuntos mínimos como la alimentación de las familias y dejaría muchas personas con la única opción de migrar a la informalidad ante una eventual falta de ofertas laborales.
“Las personas que están imponiendo ese salario mínimo tan alto, están jugando con el hambre de los colombianos y están condenando especialmente a los que menos educación han tenido al desempleo y a la informalidad. Y ustedes saben que en la informalidad, pues es caldo de cultivo para dinámicas de grupos criminales, gota a gota, un montón de cosas”, aseveró Bernal.
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Por su parte, Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, más que advertir futuros para la economía del país o el departamento, lamentó que no haya existido concertación ni se haya escuchado la voz de los empresarios para tomar la crucial decisión en materia social económica.
“Evidencia la incapacidad para la concertación. Usted tuvo en cuenta la opinión de los principales generadores de empleo del país, que es el sector privado, entendiendo como sector privado las empresas de cualquier tamaño, micro, medianas, pequeñas, grandes empresas”, puntualizó Vélez.
El decreto del Gobierno nacional que rige a partir del próximo 1 de enero estableció que el salario mínimo será de 1.750.905 y con el auxilio de transporte, que se entrega a trabajadores que devenguen hasta los dos salarios mínimos, quedará en dos millones de pesos.
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