Se registró un nuevo caso que involucra a uniformados de la Policía Nacional en la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
En las últimas horas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria contra los patrulleros de la Policía Nacional Jhon Edison Ramírez Cardona y Diego Alejandro Sánchez Giraldo, por su presunta participación en el delito de concusión, tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2024 en el barrio Santa María, de Itagüí, cuando los uniformados habrían exigido dos millones de pesos al propietario de un vehículo particular para no inmovilizar su automotor. Según la víctima, los policías le manifestaron que el carro estaba involucrado en un supuesto caso de hurto y le insinuaron la posibilidad de ser capturado por el delito de receptación si no entregaba el dinero.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que un familiar del conductor realizó la consignación del dinero exigido en una cuenta bancaria perteneciente al padrastro del patrullero Sánchez Giraldo. Minutos después, este transfirió 1.800.000 pesos a su hijastro, quien retiró la suma en un cajero electrónico del mismo municipio.
Gracias a las evidencias recabadas por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, la Fiscalía presentó ante el juez los elementos materiales probatorios que permitieron imponer la medida de aseguramiento en contra de los dos patrulleros.
Los procesados fueron capturados por la Sijín de la Policía Nacional y, durante las audiencias concentradas, no aceptaron los cargos imputados.
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