Vendedores ambulantes en Medellín piden suspender operativos de espacio público

Así como en otras ciudades del país, diciembre es una de las épocas del año más importantes para el comercio formal e informal en Medellín. Sin embargo, controles y operativos al espacio público, especialmente en el centro de la ciudad, siguen generando preocupación e inconformidades en el sector de las economías populares por lo que decidieron tomar nuevas medidas ante acciones que consideran ilegales.Y es que a propósito del quinto encuentro que sostuvieron representantes de este sector con autoridades para discutir un pliego de exigencias planteado desde el año anterior, se conoció la solicitud que radicaron ante la Defensoría del Pueblo exigiendo la suspensión total de los operativos mientras se corrigen sus procedimientos.Lubín Torres, vicepresidente del sindicato Familia de la Calle, advirtió que el actual modelo permite que contratistas sin autoridad policial realicen decomisos, impongan medidas correctivas y adelanten actuaciones que solo pueden ejercer servidores investidos de poder público, pero además que muchos procedimientos se llevan a cabo sin ofrecer garantías ni alternativas de sustento, contradiciendo lo expresado por la Corte Constitucional."Hasta que no se garantice el debido proceso, esos operativos son ilegales. ¿Qué hace que sea ilegal? Entre otras cosas, que no se le ofrece una alternativa económica distinta al trabajador que es víctima del desalojo o de la incautación. Antes de un desalojo o una incautación de los medios de trabajo, se le tiene que haber ofrecido otra alternativa económica distinta", explicó.Según datos de las organizaciones que representan las economías populares en este espacio de diálogo, entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 18.859 operativos de espacio público, un promedio de 45 al día, por lo que Esteban Romero, integrante del Colectivo Ciudad en Movimiento, advirtió que la institucionalidad se ha quedado corta en la oferta de mejores alternativas para unas 70.000 personas que hacen parte de este tipo de actividades económicas en la capital antioqueña."Hay un una incapacidad de la institucionalidad para atender y proveer posibilidades para el trabajo digno de las y los trabajadores durante esta temporada decembrina, que además de la presión económica que hay sobre el espacio público, también se correlaciona con, pues, la incapacidad que tiene el el espacio público para regular atendiendo a los principios constitucionales", añadió.El reciente recurso planteado ante la Defensoría busca que esta entidad del Ministerio Público intervenga de manera urgente en lo operativo y que mientras se establecen mecanismos que consideran los denunciantes más acordes a la ley se les permita seguir ejerciendo las labores en el espacio público, especialmente en una época clave para la dinámica comercial como lo es navidad y fin de año.