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La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones para la ciudadanía y cada vez más, para los miembros del Concejo Distrital. Desde esa corporación, varios concejales han denunciado con firmeza las fallas en la gestión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como los problemas estructurales en el sistema de videovigilancia, considerado clave para la prevención y control del delito en la capital.
El concejal Julián Uscátegui, del partido Centro Democrático, reveló que entre 2022 y 2024 se celebraron tres contratos entre la Secretaría de Seguridad y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por más de 15.500 millones de pesos, con el propósito de fortalecer 800 frentes de seguridad ciudadana mediante tecnologías como cámaras, botones de pánico y estaciones de monitoreo. No obstante, solo se beneficiaron 100 grupos ciudadanos, es decir, el 12,5 % de la meta proyectada.
“Se gastaron miles de millones, pero los resultados son irrisorios. Y lo peor: los equipos no quedaron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al final de los contratos. Un desperdicio total de recursos públicos”, criticó Uscátegui, quien además recordó que el actual secretario de Seguridad, César Restrepo, está siendo investigado por presuntas irregularidades administrativas.
La Contraloría Distrital, por su parte, calificó como “críticas” las fallas en la planeación contractual y advirtió la inexistencia de estudios comparativos de mercado, posibles sobrecostos y hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos.
Durante un debate en el Concejo sobre seguridad urbana, la concejala Quena Ribadeneira puso sobre la mesa otra grave situación: el mal estado del sistema de videovigilancia. Según sus declaraciones, de las 5.824 cámaras propiedad de la Secretaría de Seguridad, 1.793 están fuera de servicio, 335 presentan novedades y 168 están en caída masiva.
“Esto significa que cerca del 40 % del sistema de videovigilancia de la ciudad no está operando, dejando expuesta a Bogotá, especialmente en zonas críticas como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Engativá, donde se concentran homicidios, extorsiones y hurtos”, advirtió la cabildante.
El concejal Óscar Ramírez Vahos, citante al debate de control político y quien ha seguido de cerca el deterioro del sistema y ha denunciado los reiterados incumplimientos contractuales. “¿Cómo se puede hablar de una Bogotá que camina segura cuando más de 1.793 cámaras están fuera de servicio, con contratos estancados, prórrogas sucesivas y una Administración que se resiste a declarar incumplimientos evidentes?”, cuestionó con contundencia.
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Las denuncias de los concejales reflejan un panorama preocupante: la ciudad está invirtiendo millonarios recursos en tecnología de seguridad, pero los resultados siguen siendo deficientes, mientras que el crimen sigue afectando a miles de ciudadanos en sus barrios y localidades.
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