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A tres días de las elecciones atípicas que definirán al nuevo gobernador del Magdalena, el clima político y de seguridad en el departamento es cada vez más tenso. Las autoridades confirmaron que habrá un refuerzo extraordinario de Policía y Ejército, en medio de denuncias por amenazas, constreñimiento al electorado y una confrontación abierta entre campañas que ha marcado el rumbo de esta contienda.
La Policía Nacional anunció presencia en los 155 puestos de votación, vigilancia para más de 1.400 mesas, acompañamiento a zonas vulnerables y reacción rápida frente a delitos electorales. Por su parte, el Ejército Nacional, a través de la Segunda Brigada y el Batallón Córdoba, cubrirá 132 mesas en áreas rurales, donde se han advertido riesgos por la presencia de grupos armados.
A este dispositivo se suma la llegada de delegados del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, quienes estarán en el Magdalena hasta el 25 de noviembre para monitorear la jornada.
El ambiente ya venía caldeado. La semana pasada, el exgobernador Carlos Caicedo denunció un supuesto “pacto criminal” para “robarse las elecciones”, involucrando al Clan del Golfo, los Pachenca, la Registraduría y la campaña del candidato Rafael Noya, lo que desató un huracán político.
Noya respondió con una denuncia penal por injuria y calumnia, y negó cualquier nexo con grupos ilegales.
Pero este miércoles, la candidata del partido Fuerza Ciudadana, Margarita Guerra, sumó un nuevo capítulo a la tensión electoral: denunció amenazas y constreñimiento a líderes de su campaña en varios municipios del sur del Magdalena.
“No se ha podido abrir nuestra sede de campaña por el constreñimiento y las amenazas que están sufriendo nuestros líderes sociales por parte del Clan del Golfo (…) Están dando la orden de no votar por mí y de votar por el traidor del pueblo. Eso se llama constreñir”, afirmó Guerra desde Sabanas de San Ángel, municipio donde aseguró que el miedo está afectando la participación ciudadana.
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La candidata pidió garantías al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Defensa y a la Registraduría. “No podemos volver a la época del 2000, cuando los grupos al margen de la ley decidían quiénes eran los alcaldes o gobernadores”, dijo.
El Comité de Seguimiento Electoral revisó, además, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y discutió los posibles escenarios ante la decisión pendiente del CNE sobre tres solicitudes de revocatoria de inscripción contra igual número de candidatos.
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