Mesa de diálogo con Los Costeños y Los Pepes se instalaría en enero, en el Atlántico

Después de dos meses de la tregua que anunciaron Los Costeños y Los Pepes para demostrar su voluntad de paz, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución en la que autoriza de manera formal que se adelanten acercamientos exploratorios y contactos con estas bandas criminales, con miras a entablar un diálogo de paz.Con esta nueva resolución comienza una segunda fase, en la que se espera finiquitar o alistar todos los preparativos para instalar una mesa de diálogo, en lo posible, antes del próximo 20 de enero, cuando acabará la tregua pactada por las bandas criminales.Así lo manifestó Camilo Pineda, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien sostuvo que el Atlántico sería el escenario para estas conversaciones, por lo que se está trabajando en los traslados de Digno y ‘Castor’ a este departamento, una decisión que, no obstante, está en manos del Inpec."El objetivo es instalar el espacio de diálogo sociojurídico entre la tercera y la cuarta semana del mes de enero. La sede sería Barranquilla; sin embargo, estamos buscando la forma de generar unas dinámicas que nos ayuden a derrotar el centralismo barranquillero y poder llevar estas discusiones a la provincia del departamento del Atlántico", informó Pineda.En dicha resolución el presidente Petro autoriza al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus; al director de contrainteligencia de la DNI, Ricardo Rey Rosanía, y a Alexander Rojas, también del DNI, para que sean ellos quienes realicen dichos acercamientos, “con el fin de verificar la voluntad real de paz” de estas bandas, “avanzar en la formalización de diálogos y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el Presidente de la República”.Lo que dicen los expertosAhora bien, expertos en materia de seguridad advierten que, si bien “hay un interés tanto de los grupos criminales como del Gobierno Petro de seguir adelante, lo complicado aquí es que se está avanzando en un escenario que no tiene marco regulatorio que le dé peso jurídico a la mesa en la cual se busque dialogar”.Aun cuando la resolución afirma que “los términos de sometimiento a la justicia serán los que sean necesarios para pacificar los territorios”, el docente investigador Luis Trejos, experto en la materia, afirma que la incógnita aún sin resolver es, precisamente, de qué manera estas organizaciones se van a someter a la justicia."La pregunta es qué les va a ofrecer el Gobierno (a estas bandas), si no tiene beneficios jurídicos que otorgarles. ¿Cuáles serían los incentivos que el gobierno utilizaría para que ellos transiten desde la ilegalidad a la legalidad? Eso hoy no está claro", apuntó.Trejos afirma que esta falta de claridad frente al sometimiento de estos grupos armados a la justicia termina desgastando las mesas de diálogo y hasta rompiendo las treguas pactadas, como está ocurriendo en otras zonas del país, donde aún no se define qué ofrecerles a estas bandas.